La intervención de Estados Unidos en Venezuela marca un punto de quiebre político que va mucho más allá del caso venezolano. No se trata solo de una operación concreta, sino de un precedente operativo: la decisión de actuar de facto fuera de las amarras del derecho internacional y de asumir abiertamente el costo político de hacerlo. A partir de ese momento, el tablero cambia. No porque todo vaya a ocurrir de inmediato, sino porque lo que antes parecía impensable entra ahora en el terreno de lo plausible.
El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca acelera esta mutación. No por su estilo retórico, sino porque encarna una lógica de poder que ya no se esfuerza en justificar sus actos dentro del marco normativo internacional. La señal es clara: cuando la hegemonía percibe que pierde terreno estructural —económico, tecnológico, comercial— puede optar por imponer reglas de facto, incluso a costa de dinamitar el discurso que sostuvo durante décadas.
Desde ese punto de quiebre, se abren al menos seis escenarios plausibles que conviene observar con atención.
Escenario 1: persecución política extraterritorial y castigo a figuras incómodas
Tras Venezuela, la criminalización de actores políticos extranjeros deja de ser excepcional. El uso del derecho interno estadounidense para perseguir, sancionar o bloquear a personas fuera de su jurisdicción se amplía. El caso de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, sancionada y hostigada políticamente por su trabajo, es un precedente inquietante. La línea que separa la crítica diplomática de la persecución personal se vuelve difusa.
En este escenario, presidentes, exmandatarios, jueces internacionales, relatores de derechos humanos y dirigentes políticos críticos de Washington pasan a ser objetivos legítimos de campañas de descrédito, sanciones financieras o amenazas judiciales. No se busca necesariamente encarcelar, sino disciplinar y advertir.
Escenario 2: intervención indirecta y presión sobre gobiernos no alineados en América Latina
Gobiernos que mantengan posiciones autónomas o incómodas entran en zona de riesgo. El presidente colombiano Gustavo Petro, crítico de la política antidrogas estadounidense y partidario de reformas estructurales, es un ejemplo de figura bajo presión constante. Colombia, pese a ser aliado histórico de Estados Unidos y albergar varias bases militares estadounidenses, no está exenta de fricciones si el gobierno se desvía del libreto esperado.
La presión no adopta necesariamente la forma de un golpe clásico. Puede expresarse mediante chantaje económico, bloqueo de cooperación, operaciones mediáticas, presión militar indirecta o incentivación de fracturas internas. La experiencia latinoamericana muestra que estos mecanismos son bien conocidos.
Escenario 3: uso de la “guerra contra las drogas” como cobertura de intervención
Bolivia aparece aquí como un caso particularmente sensible. País productor de litio y sin salida soberana al mar, Bolivia es vulnerable a narrativas de “Estado fallido”, “narcoestado” o “amenaza regional”. Bajo la lógica de la lucha contra el narcotráfico, una intervención directa o indirecta podría justificarse con facilidad ante la opinión pública internacional, aun cuando el objetivo real sea el control de recursos estratégicos y corredores logísticos.
Este escenario no es nuevo, pero el precedente venezolano reduce el umbral político para ejecutarlo. Ya no sería necesario un consenso regional ni un mandato multilateral sólido.
Escenario 4: captura o control de infraestructuras estratégicas y rutas comerciales
Panamá y su canal vuelven a ocupar un lugar central. En un contexto de disputa global por rutas comerciales, el control efectivo —formal o informal— de pasos estratégicos se convierte en herramienta de presión. Lo mismo ocurre con el aumento del tráfico por el Estrecho de Magallanes, donde la proyección naval y logística adquiere renovada importancia.
En América del Sur, la aparición del puerto de Chancay en Perú, con fuerte participación china, y el desarrollo de corredores bioceánicos que conectan Brasil con el Pacífico, introducen tensiones adicionales. Estados Unidos no necesita bloquear estas infraestructuras; le basta con condicionar su operación, presionar a gobiernos, o instalar presencia militar o “cooperación en seguridad” en puntos clave.
Escenario 5: presión sobre aliados y fractura interna en países del norte
Ni siquiera los aliados tradicionales quedan fuera del tablero. Canadá enfrenta tensiones internas, particularmente en Alberta, donde el peso del petróleo, las disputas fiscales y las narrativas secesionistas pueden ser instrumentalizadas. La idea, expresada de forma provocadora por sectores cercanos a Trump, de una eventual anexión o subordinación política, aunque hoy parezca absurda, cumple una función: desestabilizar el marco de certezas.
Groenlandia, por su parte, sigue siendo objeto de interés estratégico por el control de rutas árticas, recursos y proyección militar. Aquí el derecho internacional también se vuelve flexible cuando chocan intereses mayores.
Escenario 6: proyección coercitiva en África y castigo a potencias emergentes
El continente africano, y en particular el Sahel, aparece como espacio de intervención indirecta bajo el discurso de la lucha contra el terrorismo y la seguridad regional. La retirada o debilitamiento de actores europeos abre espacio para reposicionamientos agresivos. Sudáfrica, miembro del grupo BRICS y actor político relevante, puede convertirse en blanco de sanciones, presiones económicas o aislamiento diplomático si profundiza su alineamiento con China y Rusia.
Aquí la coerción adopta formas más sofisticadas: castigo financiero, bloqueo comercial, presión sobre empresas estratégicas y operaciones de influencia.
Un tablero sin reglas claras
Estos escenarios no son profecías ni planes escritos. Son posibilidades abiertas por un cambio de fase. Lo ocurrido en Venezuela no inaugura una nueva era de legalidad alternativa; inaugura una etapa donde la legalidad deja de ser un límite confiable. El mensaje es que el poder está dispuesto a actuar primero y discutir después.
Para América Latina y el sur global, la lección es incómoda pero clara. La neutralidad ya no garantiza protección. La diversificación de alianzas, la resiliencia institucional y el control soberano de infraestructuras estratégicas se vuelven cuestiones de supervivencia política.
El tablero se ha vuelto más crudo y el juego ha cambiado de reglas. Y tras Venezuela, nadie puede decir que no fue advertido.
