La madrugada del 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión peligroso en el orden internacional. Explosiones en Caracas y en otras regiones de Venezuela, acompañadas de sobrevuelos de aeronaves y ataques contra instalaciones militares y estratégicas, han sido denunciadas por el Estado venezolano como un bombardeo ejecutado por Estados Unidos sobre su territorio soberano. Más allá de los eufemismos habituales, lo ocurrido constituye el uso directo de la fuerza armada contra un Estado miembro de las Naciones Unidas.

Llamemos a las cosas por su nombre. No se trata de “operaciones quirúrgicas”, ni de “acciones de interdicción”, ni de un capítulo más de la retórica de seguridad hemisférica. Se trata de bombardeos. Ataques aéreos sobre territorio soberano, con efectos materiales y simbólicos que no pueden ser minimizados sin vaciar de contenido el derecho internacional. Cuando un Estado poderoso decide recurrir a la fuerza sin mandato multilateral ni situación comprobada de legítima defensa inminente, la Carta de las Naciones Unidas deja de ser un marco vinculante y pasa a ser papel mojado.

El derecho internacional es inequívoco en este punto. El uso de la fuerza está prohibido salvo en circunstancias estrictamente delimitadas. No existe autorización del Consejo de Seguridad que habilite estos ataques, ni se ha acreditado un ataque armado previo que permita invocar la legítima defensa. La consecuencia es clara: la soberanía venezolana ha sido violentada y, con ella, el principio mismo que sostiene la convivencia entre Estados desde 1945.

Negar esta realidad mediante el lenguaje edulcorado de la comunicación oficial no la hace desaparecer. La violencia ejercida por un Estado contra otro con fines políticos, fuera de los marcos legales internacionales, tiene un nombre preciso: terrorismo de Estado. No porque lo diga un gobierno u otro, sino porque así lo define la práctica jurídica y política cuando la fuerza se utiliza para coaccionar, intimidar o imponer un resultado por fuera del derecho.

El impacto de estos bombardeos no se limita a Venezuela. Atraviesa a toda América Latina y, en rigor, al sistema internacional en su conjunto. Si un Estado puede bombardear a otro sin consecuencias reales, el mensaje es devastador: las soberanías dejan de ser garantías y pasan a ser concesiones revocables por la fuerza. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier país cuyo territorio, recursos o alineamientos resulten incómodos.

Aquí se juega una tesis incómoda pero ineludible. Sin una respuesta colectiva contundente, el precedente queda instalado. El silencio, la ambigüedad diplomática o las condenas tibias se interpretan como permiso. Permiso para nuevas acciones unilaterales, para más bombardeos, para una escalada donde la fuerza sustituye al derecho y la ley del más fuerte se normaliza.

La responsabilidad histórica recae ahora sobre la comunidad internacional. Los organismos multilaterales, las instancias regionales y los Estados que aún reivindican el valor del derecho no pueden mirar hacia otro lado. Condenar estos bombardeos no es un gesto ideológico, es una obligación jurídica y ética. Convocar instancias de emergencia, exigir explicaciones formales y activar los mecanismos previstos para frenar el uso ilegal de la fuerza no es radicalismo: es defensa del orden internacional mínimo que evita el caos.

La historia es implacable con los momentos de cobardía colectiva. Cada vez que una agresión queda impune, el siguiente paso resulta más fácil y más brutal. O se detiene ahora esta deriva, o se acepta que el mundo entra en una fase donde las soberanías caen en cadena y el derecho internacional se convierte en una ficción conveniente.

Este bombardeo no es solo un ataque contra Venezuela. Es un ataque contra la idea misma de que los Estados, grandes o pequeños, pueden convivir bajo reglas comunes. Si ese principio cae, lo que sigue no es seguridad ni estabilidad, sino una espiral de violencia que nadie podrá controlar después.

Foto de Xinhua