¿Cómo erradicar el cáncer de la corrupción que carcome las instituciones del poder en Mauritania? Carta abierta del diputado Biram Dah Abeid (*)

Un pueblo secuestrado por la corrupción y la depredación

Desde hace décadas, el pueblo de Mauritania soporta la impotencia y el sufrimiento ante el saqueo sistemático de sus riquezas comunes. Los sucesivos regímenes no se han contentado con perpetuar la tendencia a la depredación, sino que la han acelerado y amplificado hasta llevar al país al borde del abismo.
Los indicadores de pobreza extrema, desempleo generalizado, colapso del sistema educativo y elevada mortalidad materna e infantil confirman la magnitud de la catástrofe.

Los informes de Transparency International y del Foro Económico Mundial documentan de manera elocuente el alcance del saqueo organizado, lo que convierte a Mauritania en un símbolo de la corrupción en África, ocupando el puesto 130 en el índice universal. Aquí, las élites del Estado acaparan los fondos públicos, sin pudor ni compasión por la mayoría desfavorecida.

Promesas vacías y gobernanza en declive

A pesar de los grandilocuentes eslóganes y las falsas promesas de cada nuevo Gobierno sobre la reforma y el saneamiento de la gestión, la realidad sigue ilustrando el declive de una entidad que se hunde cada vez más en el estancamiento y el fracaso.

Desde el Partido Republicano Democrático y Social (Prds) hasta el Insaf (Equidad), pasando por Adil y la Unión por la República (Upr), nada cambia, los responsables de los delitos permanecen y se amnistían entre ellos, en un circuito cerrado: las mismas caras, las mismas mafias, los mismos métodos para actuar con impunidad y disfrutar sin moderación ni saciedad. Todo el Estado sirve a los intereses muy particulares de una oligarquía reducida en número, en detrimento de la multitud.

La administración y la ley al servicio del clientelismo

Las raíces de la prevaricación banalizada explican la finalidad de un sistema de gobernanza basado en una racionalidad de partido único, que convierte la pertenencia a este último en un privilegio permanente y una fuente de protección infinita. Ser alto funcionario constituye, desde hace décadas, la vía real hacia el enriquecimiento ilícito. Con el fin de renovar y alimentar la economía general del favor y el privilegio, la administración sirve como herramienta clientelista y vector de fraude electoral, en lugar de tranquilizar al ciudadano. Silencio, aquí se roba a plena luz del día. La llamada ley de los «símbolos» protege al ladrón e incrimina a la víctima.

Un Parlamento sin poder e instituciones paralizadas

En cuanto al Parlamento, ha sido domesticado, anestesiado, bajo el efecto de complacencias tribales, regalos, exenciones y beneficios individuales. Se ha convertido en una cámara de registro muda, cuya única utilidad consiste en aprobar y ratificar las decisiones del Gobierno.

De autoridad supervisora y legislativa, ahora se ve relegada a un papel secundario, sin brillo y sin vergüenza. Los diputados de la mayoría mendigan, en la antesala de los gabinetes ministeriales, contratos, dietas, viajes de trabajo, carretillas y rastrillos.

La ineficacia de los órganos de control

La comisión de investigación parlamentaria de 2020 no fue más que una maniobra para ajustar cuentas, no una medida diligente de moralización. Ya no es necesario empeñarse en demostrarlo.

Peor aún, los organismos de control adolecen de una grave falta de recursos, no en términos de competencia, sino más bien por el déficit numérico, como lo indica, por otra parte, el escaso número de funcionarios asignados a la recaudación de impuestos. De ello se deriva el deterioro de la organización y del entorno de trabajo, lo que provoca el estancamiento del rendimiento. La mayoría de las deficiencias se deben a la sobreimposición de algunos, a las exenciones fiscales arbitrarias y a la tolerancia de la falta de civismo fiscal bajo el pretexto de una economía informal que no se deriva necesariamente de la pobreza.

Además, los mecanismos de nombramiento en la cúpula del Ejecutivo, la debilidad de las capacidades institucionales y la ausencia de una evaluación objetiva de las políticas públicas son otros tantos factores de fracaso. Estas deficiencias contrarrestan, desde hace mucho tiempo, la primacía del interés general. Por lo tanto, el bien de la comunidad se ofrece, como presa fácil, a una minoría que, desde hace siglos, se mueve por la codicia del botín y la costumbre.

Una «guerra contra la corrupción» sin ningún efecto

En las últimas tres décadas, solo un número limitado de funcionarios ha sido llevado ante la justicia. La venganza partidista ha prevalecido sobre la preocupación por la probidad. De hecho, casi todos han salido impunes gracias a la presión de las tribus. La impunidad sigue siendo la esencia del sistema. Las verificaciones anuales solo abarcan el 5 % del total de los gastos, que superan los 2 billones de uguiyas.

En cuanto al actual presidente, en 2019 declaró una «guerra sin cuartel contra la corrupción». A la luz de los hechos, nos damos cuenta de que se trata de un efecto mediático, carente de sentido tangible. Hoy en día, finge reaccionar tras el escándalo del informe del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, las medidas adoptadas, como la destitución de un puñado de figuras secundarias —no siempre comprometidas—, parecen muy por debajo de la limpieza necesaria.

La corrupción como modo de desintegración nacional

La corrupción en Mauritania ya no es un simple problema administrativo, sino un verdadero modo de desintegración de la comunidad de destino, que se alimenta del favoritismo, las lealtades personales y la complicidad de las élites. Para remediarlo, es necesaria una reforma radical y global de la estructura del Estado y de su sistema legislativo. En resumen, para curarlo y no prolongar su agonía, el sistema debe suicidarse y luego resucitar.

Por lo tanto, proponemos una serie de medidas concretas con el fin de enriquecer el debate sobre los medios para salvar al país de su ruina multidimensional:

Propuestas para una refundación del Estado

1. Separación del Estado y de los símbolos de la mayoría parlamentaria: El jefe del Estado demuestra su imparcialidad renunciando a la presidencia efectiva del Insaf y a la dirección del Consejo Supremo de la Magistratura. De este modo, garantizará la saludable distinción entre el partido, la justicia y el poder ejecutivo y pondrá fin a la confusión de géneros que ha sofocado la energía creativa desde la proclamación de una democracia fragmentada a principios de la década de 1990.

2. Poner fin a las arcaicas procesiones de lealtad que movilizan los medios y el personal del Estado: Las visitas del presidente de la República al interior del país se limitarán a reuniones con las autoridades, los representantes electos y los actores locales. Se prohíbe la participación de funcionarios no involucrados.

3. Reorganizar el mecanismo de elaboración de las leyes de finanzas: la temática global del presupuesto se derivará de consultas en profundidad entre los órganos de control, los centros de investigación acreditados y la sociedad civil, antes de alimentar un debate sin complejos sobre las prioridades del gasto y las virtudes de la rendición de cuentas.

4. Reforzar las capacidades del Tribunal de Cuentas y de los órganos de control de gestión mediante la contratación de al menos 300 jueces, auditores e inspectores financieros, a través de concursos imparciales y transparentes. Así equipado, el Tribunal podrá elaborar cada año un resumen crítico del rendimiento de las instituciones.

5. Involucrar a empresas de auditoría independientes, incluidas las extranjeras, en la revisión de la ley de finanzas y apoyar la labor de las estructuras de medición del cumplimiento, con el fin de contribuir mejor a afianzar las prácticas de integridad y transparencia.

6. Someter a la Presidencia de la República y al Primer Ministro a las facultades del Tribunal de Cuentas, que publicará los resultados de su trabajo, con el fin de limitar los riesgos de pérdida de confianza y desinformación, y preservar la legitimidad de la cúspide de la jerarquía.

7. Rehabilitar y reactivar la función investigadora del Parlamento, a través de comisiones de investigación permanentes, que convocarán, en sesión abierta, a altos funcionarios y ministros y someterán a los diputados, por ley, a la obligación de declarar sus bienes, desde el inicio hasta el final de su mandato, y les prohibirán participar en licitaciones públicas.

8. Reorganizar radicalmente los medios de comunicación estatales y transformarlos, de instrumentos de propaganda, en espacios de pluralismo, receptivos a todas las tendencias de la opinión pública, y permitirles denunciar y documentar la corrupción.

9. Someter los contratos y acuerdos internacionales al examen de organismos de auditoría y supervisión imparciales, con el fin de evaluar su conformidad con los imperativos de la ecología y el desarrollo sostenible.

10.⁠ ⁠Iniciar un debate social sobre la corrupción y el fraude y otorgarles la categoría de prioridad nacional.

11.⁠ ⁠Revisar la promoción de los cuadros de la función pública, según criterios de competencia y mérito, por encima de la lealtad partidista y el favoritismo de los clanes, ejercicio que exige la autenticación minuciosa de los títulos y aptitudes que ostentan los titulares de cargos públicos, requisito que es importante extender a los médicos y farmacéuticos, incluso del sector privado.

12.⁠ ⁠Activar la declaración de bienes, en la alta función pública, antes y después de la toma de posesión del cargo, y permitir el acceso a la misma a los ciudadanos.

13.⁠ ⁠Difundir la digitalización de los servicios y procedimientos administrativos, con el fin de reducir el tráfico mercantil y eliminar los motivos de extorsión impuestos a los usuarios.

14.⁠ ⁠Promulgar una ley estricta de eliminación de los conflictos de intereses. Los altos funcionarios y sus familiares no podrán celebrar contratos públicos ni obtener beneficios de ellos, ya sean directos o indirectos.

15.⁠ ⁠Revisar, a posteriori, los procedimientos de adjudicación de las compras del Estado, mediante la difusión, en plataformas de información contradictoria, de los contratos importantes, como los de infraestructuras, energía y minas.

16.⁠ ⁠Restablecer la autonomía del poder judicial para dotar de mayor credibilidad a la diferenciación de poderes:
° Implementación de la independencia de los magistrados competentes frente al poder ejecutivo.
° Apoyo material y profesional a los tribunales de primera instancia, principal vía de acceso al alcance de los justiciables.

17.⁠ ⁠Confiscación de los bienes mal adquiridos y, en consecuencia, recurso a la cooperación judicial internacional para la persecución del blanqueo de capitales.

18. Proteger a los denunciantes, animar a los ciudadanos a denunciar los abusos y consagrar el anonimato facultativo.

19.⁠ ⁠Reformar la ingeniería electoral en el marco de un esfuerzo constante por contener el tribalismo y el peso de las disparidades materiales sobre la veracidad de las urnas.

20. Establecer la preferencia del presupuesto del Estado por la educación, la salud y el empleo, en lugar de los gastos de clientelismo a corto plazo, y proceder a la evaluación periódica de los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

El renacimiento del Estado de derecho no es solo una batalla de gobernanza en las altas esferas, sino que responde a una necesidad de supervivencia colectiva. Sin embargo, ninguna reforma puede ver la luz mientras la impunidad sirva de base para la dominación.

Por ello, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas nacionales preocupadas por el futuro de una Mauritania viable para que, con o sin nosotros, se comprometan con la tarea de la recuperación, en nombre de las generaciones futuras.

Bruselas, 29 de octubre de 2025

(*) Biram Dah Abeid (nacido el 12 de enero de 1965 en Rosso, Mauritania) es un activista abolicionista y político mauritano, diputado y tres veces candidato a las elecciones presidenciales. Fuente: Wikipedia