La posibilidad de reabrir la mina Cobre Panamá, operada por la canadiense First Quantum Minerals, sigue generando fuerte resistencia ciudadana y cuestionamientos legales. A pesar de campañas a favor de su reactivación, un amplio sector de la población se opone al proyecto, citando como principal motivo la defensa del medio ambiente, según encuestas y manifestaciones recientes.
La mina, ubicada en una zona clave del corredor biológico mesoamericano, acumuló más de 230 infracciones ambientales en una década, incluyendo daños a ríos, suelos y biodiversidad. En 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato con Minera Panamá, un fallo que marcó un hito en la lucha ambiental del país.
Mientras el gobierno del presidente José Raúl Mulino asegura que no hay planes inmediatos de reapertura, la empresa ha iniciado procesos de arbitraje internacional y advierte que hará valer sus derechos legales. Paralelamente, comunidades indígenas denuncian restricciones de acceso a sus territorios, pese al cierre oficial de la operación.
El caso de Cobre Panamá pone al país en una encrucijada entre soberanía ambiental, seguridad jurídica e intereses económicos. La sociedad panameña exige transparencia, participación y un modelo de desarrollo que no sacrifique sus recursos naturales a cambio de rentabilidad a corto plazo.
