Nepal atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más profundas en décadas, marcada por la convergencia de problemáticas estructurales, detonantes inmediatos y complejas dinámicas internas y externas que han desembocado en una protesta masiva, la caída del gobierno comunista y una renovada lucha por la transparencia y la democracia. Este ensayo busca analizar en detalle qué está pasando en Nepal, el origen y desarrollo de la crisis, los factores internos y externos en juego, el costo social y político de una clase política corrupta y privilegiada, y el papel específico de Estados Unidos en este contexto, especialmente su estrategia dirigida a la juventud.

El gobierno comunista de Nepal y la clase política han sido acusados durante años de corrupción y nepotismo, acusaciones que finalmente se cristalizaron y estallaron en las masivas protestas de septiembre de 2025. El primer ministro K.P. Sharma Oli, figura central del Partido Comunista de Nepal (PCN), renunció el 9 de septiembre ante la escalada de la presión social y política. Las movilizaciones fueron principalmente encabezadas por la juventud urbana, particularmente la llamada Generación Z, que expresó un rechazo frontal no solo hacia la censura gubernamental —como la suspensión de 26 plataformas de redes sociales consideradas clave para la comunicación y la denuncia— sino también hacia la corrupción generalizada y el nepotismo flagrante que permea la élite política del país. La campaña #NepoKid se hizo viral en redes, destacando el contraste entre las vidas ostentosas de los hijos de políticos y la realidad económica de la mayoría.

Los escándalos que azotaron a los líderes y partidos, incluyendo tanto al PCN como al Congreso Nepalí, contienen múltiples casos de fraude, desde la gestión irregular de refugiados y la usurpación de tierras hasta redes de contrabando y manipulación de licitaciones públicas, muchas veces amparadas en estructuras clientelares. En este escenario, la censura de plataformas como Facebook, Instagram, X y YouTube fue interpretada como un intento autoritario de silenciar la crítica y frenar la organización social, detonando un descontento que rápidamente salió a las calles y se transformó en disturbios violentos con al menos 19 muertos y decenas de heridos producto de la represión policial. La violencia llegó a escenarios emblemáticos: incendios en edificios públicos, incluido el Parlamento, y el cierre temporal del aeropuerto internacional de Katmandú. La comunidad internacional, incluidos organismos de derechos humanos y las Naciones Unidas, han pedido calma y una investigación exhaustiva de los hechos.

Para comprender la profundidad de este estallido, es indispensable recorrer la historia reciente del Partido Comunista de Nepal y su evolución desde un movimiento insurgente hacia un poder institucionalizado marcado por prácticas autoritarias y corrupción persistente. Originado en la insurgencia maoísta de la década de 1990, el PCN libró una guerra civil contra la monarquía constitucional que duró una década, dejando un saldo de más de 17,000 muertos. En 2006, la insurgencia concluyó con un acuerdo de paz y la integración política de los maoístas, que en 2008 vieron la abolición de la monarquía y la instauración de la república federal democrática. Sin embargo, la estabilidad política nunca se consolidó por completo, al ser constante la formación de coaliciones frágiles y la persistencia de rivalidades internas.

En 2018 se intentó una fusión de las principales corrientes comunistas en el país para fortalecer el PCN, con K.P. Sharma Oli a la cabeza como primer ministro. Pero esta unión se desmoronó ante enfrentamientos internos, pugnas por el control del partido y sentencias judiciales que declararon inconstitucional la fusión. A partir de entonces, Oli y sus aliados iniciaron un giro autoritario con restricciones a la prensa, censura en redes sociales y arrestos arbitrarios, mientras la corrupción se convirtió en un problema sistémico con contratos opacos y enriquecimientos ilícitos. El nepotismo fue especialmente visible, con familiares de dirigentes políticos acaparando cargos y recursos, con un marcado contraste entre su ostentación y la situación de pobreza y desempleo estructural que afecta a buena parte de la población, particularmente a la juventud.

Es dentro de este caldo de cultivo que las protestas de septiembre de 2025 tuvieron como detonante el bloqueo gubernamental de las redes sociales, presentado oficialmente como una medida regulatoria pero interpretado masivamente como un intento de censura política. La suspensión afectó a plataformas clave como Facebook, X (anteriormente Twitter) y YouTube, lo que movilizó a miles de jóvenes que ya estaban hartos del abuso y de la falta de transparencia. Lo que comenzó como protestas pacíficas se tornó violento cuando las fuerzas del orden reprimieron ferozmente a las multitudes, tomando armas letales y causando decenas de muertos.

La situación política se desmoronó con la dimisión de Oli y la renuncia de otros ministros y parlamentarios. El gobierno perdió su mayoría, se incendiaron edificios gubernamentales y residencias oficiales, y la población exigió reformas profundas, la restauración de la libertad de expresión y elecciones anticipadas. El país se enfrenta ahora a un vacío político que debe cubrirse en un contexto de alta fractura social.

A esta compleja realidad interna se suma la fuerte influencia de actores externos, especialmente India, China y Estados Unidos, cuyas rivalidades geopolíticas han influido poderosamente en el devenir de Nepal. India, con acuerdos e intereses históricos, busca mantener su hegemonía regional y el acceso a recursos claves como la hidroelectricidad. China ha ampliado su presencia mediante inversiones y su proyecto de la Franja y la Ruta, buscando integrar a Nepal en su esfera económica y estratégica. Mientras tanto, Estados Unidos, a través de una política intervencionista, ha incrementado su apoyo técnico y financiero a grupos juveniles, activistas y organizaciones sociales que denuncian la corrupción y el autoritarismo.

Esta política estadounidense, que se enmarca en su estrategia Indo-Pacífico para contener la influencia china, ha reforzado la oposición interna al gobierno comunista y ha enfatizado la promoción de la democracia liberal y la libertad de expresión. Si bien los Estados Unidos no han provocado directamente la crisis, su intervención ha contribuido a crear un ambiente de polarización política y presión contra el régimen de Oli. Especial atención ha recibido la juventud nepalí, a la que Washington ha apoyado como sector clave para el cambio político, incentivando un despertar social que se manifestó con contundencia en 2025.

El ciclo de violencia, corrupción y represión en Nepal, junto con la competencia de las potencias foráneas, dibuja un panorama donde las demandas legítimas de democracia, transparencia y justicia deben enfrentar no solo el poder tradicional local sino también un entramado geopolítico de interés estratégico. La crisis marca el costo alto que supone para las sociedades convertirse en terreno de privilegios, nepotismo y complicidades, pero también evidencia el poder de la movilización social en un mundo cada vez más interconectado y vigilado. Nepal, país símbolo del Himalaya, hoy protagoniza un hito histórico que augura tanto riesgos como oportunidades para su futuro político y social.