De acuerdo al plan del gobierno del Japón, este jueves 24 se comienza a verter agua contaminada tras el accidente nuclear sucedido en Fuskushima en el año 2011. Japón asegura que son aguas tratadas pero las protestas desde distintos frentes, se hacen sentir.

A nivel nacional, organizaciones y movimientos ambientalistas continúan protestando, mientras representantes de la industria pesquera se han pronunciado abiertamente en contra, preocupados por el impacto que esta acción tendrá en la comercialización de sus productos y, consecuentemente, en la economía del país. Las autoridades insisten en que el plan ha sido verificado y aprobado por el Organismo Internacional de Energía Atómica y aseguran, enfáticamente, que no habrá ningún daño al medio ambiente, a las especies ni a la salud humana. Los experto a cargo del tratamiento de las aguas aseguran que todos los elementos radiactivos han sido eliminados, salvo el Tritio, dado que no existe tecnología para hacerlo. Sin embargo, aseguran que la concentración de esta sustancia no es en ningún sentido riesgosa.

Las críticas internacionales más fuertes han venido desde China y Corea del Sur, países vecinos en los que también se han presentado protestas y cuyos gobiernos han expresado abiertamente que se trata de una decisión «arbitraria y equivocada» y han pedido a Japón que la «corrija». Desde Pekín se ha afirmado que: «el océano es una propiedad común de toda la humanidad y prometió tomar «todas las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente marino, la seguridad alimentaria y la salud pública». De hecho, China ha tomada ya la primera medida económica suspendiendo la importación de alimentos desde diez ciudades japonesas.

El plan japonés implica verter gradualmente más de 1,3 millones de toneladas de agua gradualmente, hasta el año 2050.