Por Maxine Lowy
En una casa del frondoso barrio alto de Santiago, Nanci acompaña a un señor jubilado. En Venezuela fue enfermera, hasta que escasearon materiales básicos- algodón, alcohol, inyectables, comida saludable- afectando la capacidad de los profesionales de atender adecuadamente a los pacientes. Por falta de petróleo no había transporte público, así que se esforzaba para llegar a pie. Cuando se dejó de pagar los salarios con regularidad y la vida se tornó precaria, decidió que no tenía más remedio que irse del país. Con sus dos hijos, se embarcó a una travesía de 10 días por tierra a un destino a cuatro mil kilómetros al sur: Chile, donde familiares la aseguraban que se vivía mejor.
Pero eran tiempos de pandemia y la frontera estaba cerrada. Al pasar a territorio chileno, se auto-denunció para solicitar refugio humanitario. Lleva dos años esperando respuesta del Servicio Nacional de Migración. La historia
de Nanci, con múltiples variantes, es la de incontables miles.
Controlar, detener y expulsar son palabras que, una vez en Chile, Nanci empezó a escuchar con cada vez mayor estridencia, al equiparar el ser migrante con delincuencia, infundiendo en ella inseguridad y, desconfianza en sectores de la sociedad chilena hacia la presencia migrante. En los cinco meses que van de este año, propuestas para implementar medidas que reflejan un sesgo criminalizador del migrante han sido enarboladas transversalmente desde ambos lados del espectro político.
A fines de febrero, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien en campaña electoral prometió humanizar la situación migrante, firmó un decreto para desplegar a las fuerzas armadas para controlar las porosas fronteras del norte con Bolivia y Perú por donde entran miles de migrantes. La ley logró la aprobación del Congreso luego de negociaciones con legisladores de derecha, en que el ejecutivo se comprometió a crear grupos especiales militares y policiales para controlar la frontera.
Chile no tiene un ente dedicado al control migratorio, que sea el equivalente de la agencia Customs and Border Protection de los Estados Unidos. Son efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) quienes revisan y timbran los documentos de entrada. Los controles de identidad y de estado migratorio a extranjeros eran prácticamente inexistentes en Chile hasta 2018 y nunca han sido masivos ni frecuentes.
Anteriormente, en 1997 y 2007, unas 45.000 y 50.000 personas, respectivamente, fueron otorgadas una amnistía que les permitieron regularizar su existencia en el país. En este contexto, las duras medidas para controlar a los y las migrantes constituyen un cambio radical.
Cuando, a mediados de marzo, un voto unánime de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la modificación a una ley para facilitar la expulsión administrativa de un extranjero, la Ministra del Interior Carolina Tohá expresó: “… venir a Chile a buscar oportunidades no […] abre la puerta a quienes vienen a delinquir…”
Dicha caracterización de los miles de migrantes que han llegado a Chile, que refleja una presunción de que migrante y delincuente son la misma cosa, fue instalada durante la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera. Reiteradas expresiones de parte del propio mandatario, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y otras autoridades de que había que “ordenar la casa,” “hacer frente a los delincuentes extranjeros” y a diferenciar entre “migrante buenos y malos” fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación. Luego, al cerrar las fronteras durante la pandemia, se asentó la idea de que el contagio lo traía los extranjeros.
El clima de hostilidad emergió después que un caudal de migrantes, con preponderancia venezolana, ya se dirigía o se había instalado en Chile. El Presidente Piñera los había animado a atravesar el continente hacia el sur, en febrero del 2019, cuando subió a una tarima en el pueblo colombiano fronterizo de Cúcuta, para “solidarizar con la lucha del pueblo venezolano en la recuperación de su democracia.”
A poco andar la bienvenida dio lugar a una antipatía no solo discursiva sino, concretamente, influyó la administración de la política migratoria: los consulados chilenos dejaron de tramitar visas en Venezuela y Haití, hubo un casi nulo reconocimiento de la condición de refugiado, extensas demoras burocráticas para conseguir el permiso residencia, y la construcción de zanjas de un metro de profundidad en los pasos fronterizos con Bolivia. Además, se empezó a rechazar las Visas de Responsabilidad Democrática, un mecanismo introducido por el gobierno de Piñera para facilitar la entrada de venezolanos. En un solo día – el 11 de noviembre de 2020- el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó alrededor de 90.000 solicitudes de tales visas, a través del envío de un correo electrónico masivo. El gobierno lo atribuyó a un “cierre informático”, algunos especialistas se preguntan si intencionalidad humana también haya jugado un papel en el incidente. Un mes después, el ingreso de migrantes venezolanos por pasos no habilitados se disparó.
La campaña electoral presidencial de Gabriel Boric elevó expectativas por un giro hacia una política migratoria humanitaria con enfoque de derecho, que se abordaría “desde una mirada integral,” según el programa planteado por el entonces candidato. Al contrario, se ha visto un endurecimiento de los controles sin abordar la situación de los miles cuyas solicitudes permanecen burocráticamente atochados, dejándoles vulnerables a explotación laboral, habitacional y otros aspectos de la vida cotidiana.
La socióloga de la Universidad de Tarapacá y especialista en temas migratorios Carolina Stefoni, quien apoyó a la elección de Boric, reconoce que “cuesta mucho seguir defendiéndolo” al observar que no solo da continuidad a medidas implementadas por el gobierno anterior, sino que también ha hecho cosas que no se la vimos a Piñera. 1 A ella le preocupa la propuesta de detener a un migrante hasta comprobar su identidad. “Eso es muy, muy grave. Es un retroceso muy fuerte en materia de derechos. En todas las normativas internacionales hay un principio que dice que la migración irregular no es un delito. Con esta medida lo que están haciendo es transformarlo en delito”.
Para Eduardo Cardoza, inmigrante uruguayo con 30 años en Chile y dirigente del Movimiento Acción Migrante, que aboga por los derechos migrantes, “Es una inercia del enfoque que durante cuatro años a partir del 2018 instauró Piñera, al cual no se ha cambiado el relato y se sigue con un enfoque de la seguridad nacional”. 2 Que tanto un gobierno progresista como uno de derecha adopten políticas migratorias parecidas- no solo en Chile sino globalmente- lo atribuye a lo siguiente: “Porque una política con enfoque de derechos implica abordar desde un enfoque de seguridad humana que es distinto del enfoque de seguridad nacional que tenemos en la región. Y lo que está detrás es la construcción y utilización de la migración con fines políticos como factor que genera miedo”.
Profundizando en el elemento de utilización, la socióloga Stefoni, indica que, en parte, se debe a procesos de globalización de la economía y sociales que generan desigualdades importantes. “Es la lógica del chivo expiatorio que paga los costos de la globalización. Alguien tiene que ser culpable de todo esto. Allá aparece el migrante. Se nos hace creer que llevan todos los empleos, ocupan todos los servicios públicos, y están copados los colegios porque hay niños migrantes llegan a copar la matricula, y los servicios de salud no dan abasto por atender a los niños migrantes. El retroceso de los procesos de políticas públicas está generando pobreza. Pero tiene que ver con las decisiones políticas que se han tomado, no tiene que ver con la migración”.
El Desconcierto
Cabe señalar que el endurecimiento de las políticas migratorias no va dirigido hacia todos migrantes por igual. A los europeos, por ejemplo, no se les exige pasaporte ni visa. Señala Stefoni que “La tendencia global es de impedir la movilidad de los grupos considerados no deseados. Se va construyendo muros, tanto físicos como simbólicos para frenar cierta migración, la que se percibe como pobre, racializada, y criminalizada”.
El abogado Tomás Greene palpa el impacto de la política migratoria día a día en su práctica profesional como especialista en derecho migratorio. 3 Lo ve en la angustia y la vulnerabilidad debido a solicitudes que van meses y años sin respuesta. “Creo que el gobierno anterior fue muy agresivo. Durante todo el gobierno anterior estábamos en una guerra constante por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Hoy día, “dice Greene, “yo veo como una inacción, una omisión de parte del gobierno en materia, por ejemplo, de grupos vulnerables, salvo los niños que se les están dando visa. Pero también me llama la atención que el gobierno no haya publicitado de ninguna manera que los niños pudieran pedir visa. ¿Hacen todo pa’ callado para qué? ¿Para que la derecha no salte y no le critique? No sé”.
Otro ejemplo que señala Greene es un plan de empadronamiento anunciado por el gobierno bajo el cual, cuando funcionarios de PDI detectan personas que ingresan por pasos no habilitados, les debe registrar: tomar su nombre, sus datos, y asignarles un número de identidad. Pero no se ha masificado y este abogado ha atendido casos de personas que entran juntas a quienes fueron empadronada y la otra no.
Greene es enfático al afirmar que no atribuye las demoras y arbitrariedades a decisiones discrecionales de parte de funcionares, sino a políticas. “Son alineamientos que vienen desde la autoridad, desde arriba. Pero no sé cuál es el objetivo de no hacer nada al respecto y dejar a la gente en irregularidad indefinida”.
En la región algunos países sí han encontrado soluciones que reconocen la necesidad apremiante de migrantes. Argentina aplica la visa de Mercosur (del cual Chile no es integrante) a los venezolanos para facilitar procesos de regularización y otorgar una residencia temporal que permiten a los migrantes trabajar y llevar una vida normal. Colombia realizó un proceso de regularización que benefició a más de 2 millones de personas. Y en Brasil se flexibilizaron los requisitos para documentos para personas haitianas. Greene comenta, “Creo que en situaciones extraordinarias como las que viven en Venezuela, se puede adoptar medidas que son también extraordinarias o más flexibles”.
Al cavar zanjas en la frontera y patrullarlas con soldados, dicen estos expertos, no se va detener la entrada irregular. El desierto de Atacama – que se ve igual por ambos lados de las demarcaciones invisibles que las naciones han trazado para definir su territorio del otro – es vasto. Si a las personas se les impiden entrar por un lado, buscarán otros pasos de ingreso más peligrosos, porque lo que les impulsa atravesar el continente es más fuerte.
Pero realizar un viraje de la política migratoria requiere algo complejo: cambiar la forma de pensar. “Cuando hablamos de “crisis migratoria”, ¿qué es lo que está en crisis?” se pregunta Carolina Stefoni. “¿Es un país que recibe una avalancha de gente? ¿O es una situación extremadamente crítica humana que la gente quiere dejar? Creo que es lo segundo. Si es así, la crisis tiene que ver con seres humanos que no tienen un sistema de protección, no tienen donde vivir para desarrollar sus proyectos de vida. Entonces las soluciones tienen que ser para proteger y poder dar una real oportunidad de vida”.
Mientras tanto, Nanci sigue esperando. “Vivo suspendida en el tiempo porque legalmente no existo”. 4 A los legisladores y autoridades chilenos quienes la tildan de delincuente por vivir y trabajar sin autorización, ella responde: “Somos madres y padres que luchamos por un futuro mejor para nuestros hijos. Ponte en mi lugar”.
1 Conversación con Carolina Stefoni, 14 abril 2023.
2 Conversación con Eduardo Carroza, 18 abril 2023
3 Conversación con Tomás Greene, 7 abril 2023
4 Conversación con Nanci G., 11 mayo 2023
