El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, se ha celebrado en Barcelona una manifestación multitudinaria para rechazar la futura reforma del Código Penal. El Estado español tiene un delito impropio en Europa, el delito de sedición, mediante el cual fueron condenados los políticos que organizaron el referéndum sobre la independencia de Cataluña en 2017.

Este delito, creado en 1822, impone penas extremadamente altas a las manifestaciones masivas que se oponen a la aplicación de las leyes, aunque no se utilice la violencia. En Europa se consideraría una ley antidemocrática porque puede impedir el derecho de manifestación. Por eso, los tribunales de Bélgica, Alemania e Italia, al no encontrar violencia en los hechos investigados, rechazaron la entrega del presidente catalán Carles Puigdemont a España por sedición.

Por todo ello, y a petición del Consejo de Europa, España se vio obligada a eliminar este delito, pero quiere sustituirlo por un nuevo delito de «desórdenes agravados», con el que se pretende, según miembros del Gobierno español, seguir condenando cualquier tipo de gran manifestación no violenta del movimiento independentista catalán.

Las penas máximas para este nuevo delito serían inferiores a las del anterior, pero en última instancia podrían conllevar las mismas condenas que para los organizadores del referéndum de 2017 (de 9 a 13 años de cárcel). Además, según esta nueva interpretación, una manifestación masiva sería delito si se considera que «obstruye la vía pública», «intimida» (término muy ambiguo), «ocupa un edificio o estructura» sin violencia, o si se convoca o participa «una multitud capaz de poner en grave peligro el orden público» (muy ambiguo). Por si fuera poco, la pena mínima por este delito (que podría referirse a la participación en una manifestación no violenta) ¡se eleva a 3 años de prisión!

El Gobierno español también ha justificado este nuevo delito por el hecho de que permitirá la extradición del presidente Puigdemont desde Bélgica, como si hubiera redactado esta ley ad hoc para encerrar al «enemigo número uno» de España.

El independentismo rechaza este cambio de un delito a otro, porque deroga un delito que tenía los días contados, pero lo sustituye por otro delito destinado a impedir el proyecto independentista catalán, sin importarle vulnerar derechos fundamentales. Y todo ello por la sencilla razón de que la España ultranacionalista, salida de la dictadura franquista, no acepta las propuestas de este movimiento político legítimo y piensa que todo es posible para mantener la unidad de España. Pero no es así, la democracia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos son valores superiores que deben respetarse.

Jordi Oriola Folch