Por el derecho a la vivienda: poder local, política global

19.11.2017 - Redacción Barcelona

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Por el derecho a la vivienda: poder local, política global
(Imagen de Pilar Paricio)

Barcelona, Nueva York y Lisboa piden poder limitar el precio de la vivienda. Las tres ciudades firman un artículo conjunto en el que piden más capacidad legislativa para hacer frente a la “creciente presión especulativa, al acoso y la expulsión”, tal como ya sucede en las ciudades de París y Berlín.
Esta semana, en el marco del Congreso Mundial Smart Cities Expo y del grupo de trabajo de vivienda de Eurocities, el responsable de Vivienda del Ayuntamiento de París, Ian Brossat, ha ratificado que a la capital francesa funcionan muy bien los límites fijados sobre los precios del alquiler.

La vivienda es uno de los temas centrales del Foro de Asuntos Sociales de la red Eurocities, la entidad que conforman 140 ciudades de Europa y que preside Barcelona durante dos años. Es en este marco donde también se está impulsando una intensa campaña para pedir en los Estados una mayor concienciación y una cesión de competencias y recursos a las ciudades para que puedan garantizar para toda la ciudadanía el ejercicio efectivo del conjunto de derechos sociales, entre ellos la vivienda.

Artículo completo escrito por los responsables de vivienda de los ayuntamientos de Barcelona, Nueva York y Lisboa:

Por el derecho a la vivienda: poder local, política global
Las ciudades son nuestro hogar comunitario, el espacio compartido de nuestros sueños y angustias, donde toman cuerpo las principales amenazas y las diferencias se hacen evidentes, pero también donde nacen las esperanzas y se construye el progreso social y la solidaridad. Las ciudades, allá donde ha empezado casi todo desde que el ser humano dejó de moverse para encontrar alimento. Sí, la ciudad es nuestro hogar, y aun así hoy es también donde el derecho a la vivienda, uno de los derechos más básicos, pero menos protegidos, se encuentra más amenazado. La reducida rentabilidad del capital, y el descontrol y extrema facilidad de los movimientos financieros internacionales ha convertido la vivienda urbana, especialmente de ciudades capitales y dinámicas como las nuestras, en objeto de inversión especulativa. Esta dinámica está sometiendo nuestras ciudades a una presión creciente, a menudo proveniente de grandes fondos de inversión y otros actores de alcance internacional. Podemos decir que, en estas ciudades, su mismo éxito y atractivo pone en riesgo sus residentes estables y familias. La presión turística impulsa al alza los precios y provoca que cada vez más pisos se ofrezcan por alquiler turístico en ninguna parte de por residencia permanente. Ya tenemos barrios en nuestras ciudades donde hay más alojamientos turísticos que pisos de primera residencia. La compra de edificios enteros por parte de fondos inversores con el objetivo de destinarlos a la promoción turística, y la proliferación de corporaciones dedicadas al alquiler por periodos cortos como AirBnB, es un problema compartido entre las ciudades que firmamos este artículo. Mientras tanto el proceso de gentrificación – propietarios con alto poder adquisitivo que se instalan en barrios de tradición obrera – también provoca un aumento del precio de los alquileres, desplaza los inquilinos con rentas más bajas (a menudo migrantes y minorías), y hace desaparecer comunidades que estuvieron unidas durante décadas. Con esta subida de precios de la vivienda, especialmente del alquiler, estos se vuelven inasequibles por la mayoría. Si además sumamos unos salarios bajos y contratos laborales precarios que aumentan la desigualdad de ingresos, se configura una trampa de vulnerabilidad que cada vez atrapa a sectores sociales más amplios. No sorprende, pues, que aumenten las diversas modalidades de exclusión residencial: familias desplazadas hacia la periferia urbana, condiciones de vivienda cada vez más críticas (más pequeñas, más vulnerables) hasta la expresión más extrema de la inestabilidad residencial: el sin techo. Numerosos estudios evidencian que las dificultades para acceder a una vivienda estable aumentan el riesgo de pobreza y exclusión social. Los precios desorbitados de los alquileres generan una importante extensión de la vulnerabilidad social y, a los sectores más golpeados por la pobreza, a situaciones de segregación y de exclusión residencial crónica. Saskia Sassen sostiene que la principal amenaza de la economía global actual son las expulsiones. Expulsados por el paro o la pobreza, expulsados por guerras y violencia, expulsados por la destrucción misma del agua y la tierra… y por supuesto expulsados de las ciudades y de la propia casa por las ejecuciones hipotecarias o desahucios en alquileres. Un riesgo compartido que nos une también globalmente. Tenemos que poner a las personas en primer lugar y por encima del interés económico. Tenemos que tomar medidas que garanticen el derecho en la ciudad, el derecho a una vivienda. Esto lo que estamos haciendo en nuestras ciudades.
Este verano nos encontramos en Barcelona como “Fearless Cities” (Ciudades sin miedo), para discutir sobre algunas estrategias clave como el impulso de la vivienda pública, las ayudas al alquiler y la rehabilitación, poner énfasis en las nuevas formas de vivienda social como la cesión de uso, que sacan la vivienda del tablero de la especulación. Así como desarrollar soluciones creativas para las personas sin hogar que den acceso a una vivienda digna y no sólo soluciones de alojamiento temporal y de emergencia. En especial queremos destacar dos líneas de actuación imprescindibles donde las ciudades necesitan desarrollar más competencias. En primer lugar, es esencial tener una regulación del precio del alquiler que permita en las ciudades establecer índices de referencia de los precios del alquiler y poder prohibir a los propietarios que estos se superen. De hecho, estos índices ya son una realidad en Nueva York, y a otras ciudades como París o Berlín, pero pedimos más capacidad regulatoria y más recursos para organizar los inquilinos para que puedan hacer frente a la creciente presión especulativa, acoso y expulsión. En segundo lugar, hay que regular el turismo en nuestras ciudades, poniendo límites a su sobreexplotación y masificación, precisamente para que no deje nunca de ser atractiva, ni de ser productiva en sus múltiples facetas creativas, y para limitar sus efectos en los precios del alquiler. Y a los grandes operadores turísticos y de alquiler de apartamentos no les pedimos nada extraordinario: simplemente cumplir la ley. Hay que acabar con los pisos turísticos ilegales, y en esto seremos rigurosos, lo saben bastante, en defensa del bien común. Tres ciudades firmamos este artículo porque nos unen unos mismos retos y unas mismas esperanzas. Todos partcipamos en la cumbre Habitat III de NNUU donde se pedía “derecho a una vivienda digna para todo el mundo” y se aprobaba una Nueva Agenda Urbana. Con la paradoja, que la firmaban los Estados, no las ciudades, a quienes se les exige un mayor compromiso con los retos que afrontamos, o bien la delegación de la capacidad regulatoria para hacerlo nosotros. El derecho a la vivienda y su función social tiene que ser considerado como un derecho a proteger, no sólo en las ciudades, sino también a nivel global. La responsabilidad y el objetivo de garantizar el derecho a vivir dignamente en tu ciudad tiene que ser compartido por los diferentes niveles gubernamentales, desde el ámbito local hasta la esfera más global. La declaración final de la conferencia Habitat III recordaba que hacen falta reformas sistémicas, un sector público fuerte y apoyo financiero a largo plazo para permitir el acceso a una vivienda adecuada para todo el mundo. Las autoridades nacionales y locales tienen que retomar un papel protagonista en la respuesta a las necesidades de vivienda asequible y en las limitaciones en el acceso, especialmente de los sectores más empobrecidos de la población. No estamos solas, nos tenemos las unas a las otras, cada una con su singularidad y coyuntura, y desde la profunda solidaridad, reivindicamos nuestro papel protagonista, que tiene que ser reconocido con más competencias y potestades para tomar medidas en favor de la ciudadanía.
Decía Zygmunt Bauman que nos enfrentamos a un escenario compuesto por una “política local sin poder” y por un “poder global sin política”. Las ciudades que firmamos este artículo reivindicamos un “poder local con política también global” y queremos ejercerlo para hacer de nuestras ciudades un lugar de acogida, de derechos y bienestar para todo el mundo. Nuestras ciudades no son una mercancía. Son una comunidad de personas muy diversa que quieren vivir y prosperar juntas, en común. ¡Queremos que nuestras ciudades sean espacios donde se pueda trabajar, jugar, estimar, hacerse grande, tener hijos e hijas, crear e inventar, producir y hacer negocio, está claro que sí! Pero sobre todo donde se pueda vivir, vivir todo el mundo y vivir dignamente. Donde se garantice el derecho en la ciudad y el derecho a la vivienda.

Brad Lander, regidor de Nueva York responsable de Vivienda asequible
Paula Marques, regidora de Vivienda de Lisboa
Laia Ortiz, teniente alcalde de Derechos Sociales de Barcelona

Categorías: Comunicados de Prensa, Derechos Humanos
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