{"id":965307,"date":"2019-11-07T22:20:35","date_gmt":"2019-11-07T22:20:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=965307"},"modified":"2019-11-07T22:20:35","modified_gmt":"2019-11-07T22:20:35","slug":"espana-el-gobierno-podra-cerrar-webs-en-casos-de-desordenes-publicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2019\/11\/espana-el-gobierno-podra-cerrar-webs-en-casos-de-desordenes-publicos\/","title":{"rendered":"Espa\u00f1a: el Gobierno podr\u00e1 cerrar webs en casos de des\u00f3rdenes p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"

Por Daniel Amelang\/El Salto diario<\/strong><\/em><\/p>\n

El real decreto-ley 14\/2019 deja la puerta abierta a que el Gobierno cierre de forma provisional p\u00e1ginas web ahora tambi\u00e9n para prevenir des\u00f3rdenes p\u00fablicos. Una nueva excepci\u00f3n jur\u00eddica que vulnera los derechos fundamentales.<\/strong><\/p>\n

\u201cLa sociedad actual requiere de adaptaciones en la esfera digital que exigen de una traducci\u00f3n en el plano normativo. El desarrollo y empleo de las nuevas tecnolog\u00edas y redes de comunicaciones […] se est\u00e1 acelerando. Ello exige establecer sin demora un marco jur\u00eddico que garantice el inter\u00e9s general y, en particular, la seguridad p\u00fablica\u201d.<\/p>\n

Con estas palabras empieza el Real Decreto-Ley 14\/2019<\/a>\u00a0por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad p\u00fablica en materia de administraci\u00f3n digital. Esta ley viene a modificar algunas normas preexistentes, como la Ley General de Telecomunicaciones<\/a>, aportando algunas novedades a las mismas por razones urgentes de seguridad p\u00fablica. Se public\u00f3 en el Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE) el pasado lunes, 5 de noviembre, lo cual significa que entr\u00f3 en vigor ayer.<\/p>\n

Los \u201cgraves acontecimientos\u201d que justifican la ley<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan la exposici\u00f3n de motivos \u2014la introducci\u00f3n inicial que explica por qu\u00e9 era necesario aprobar esta norma\u2014 de este real decreto-ley, en los \u00faltimos tiempos se ha visto incrementado \u201cel riesgo de utilizaci\u00f3n del ciberespacio para la realizaci\u00f3n de actividades il\u00edcitas que impactan en la seguridad p\u00fablica y en la propia privacidad de los ciudadanos\u201d. Y, sin mencionarlos expresamente, hace alusiones a los disturbios que han tenido lugar \u00faltimamente en Catalunya: \u201cLos recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio espa\u00f1ol han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situaci\u00f3n. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta \u00edndole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo \u00faltimo sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad p\u00fablica de todos los ciudadanos\u201d.<\/p>\n

Claramente, la intenci\u00f3n tras la reforma es evitar que la Generalitat desarrolle un sistema para realizar en el futuro un refer\u00e9ndum digital o que cree funciones propias de un Estado \u2014la famosa Rep\u00fablica Digital Catalana<\/a>\u2014, como una Hacienda propia. Asimismo, tambi\u00e9n busca limitar los efectos de p\u00e1ginas web que espoleen la movilizaci\u00f3n social, como las herramientas de Tsunami Democr\u00e0tic<\/a>\u00a0o determinadas p\u00e1ginas de contrainformaci\u00f3n.<\/p>\n

No en vano, el pasado 31 de octubre, d\u00eda en que se redact\u00f3 y aprob\u00f3 el real decreto-ley, la vicepresidenta Carmen Calvo confirm\u00f3 todo esto aludiendo a que \u201chay situaciones que nos preocupan. En el \u00e1mbito digital ocurren cosas que son irreparables. Se trata de reaccionar de manera inteligente, r\u00e1pida y proporcional\u201d.<\/p>\n

Las medidas urgentes para proteger la seguridad p\u00fablica: cierre de p\u00e1ginas web sin orden judicial<\/strong><\/p>\n

Dentro del elenco de medidas que recoge el real decreto-ley destaca la que contiene su art\u00edculo 6: \u201cEl Gobierno, con car\u00e1cter excepcional y transitorio, podr\u00e1 acordar la asunci\u00f3n por la Administraci\u00f3n General del Estado de la gesti\u00f3n directa o intervenci\u00f3n de las redes y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas en determinados supuestos excepcionales\u201d. Es decir, en algunos casos muy concretos, y excepcionales, el Gobierno \u2014concretamente, a trav\u00e9s del Ministerio de Econom\u00eda y Empresa, que es el \u00f3rgano encargado de actuar con proveedores de servicios web\u2014 podr\u00e1 controlar o intervenir redes o servicios de comunicaci\u00f3n, incluyendo p\u00e1ginas web.<\/p>\n

Hasta aqu\u00ed nada nuevo, porque esta previsi\u00f3n ya la encontr\u00e1bamos en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014. La novedad reside, sin embargo, en la lista de escenarios en los que puede actuar el Gobierno. Hasta ahora pod\u00eda cerrar o intervenir p\u00e1ginas que pudieran afectar a la seguridad nacional o crear graves perjuicios econ\u00f3micos, pero, tras la reforma que entr\u00f3 en vigor ayer, tambi\u00e9n lo puede hacer cuando se pueda ver \u201cafectado el orden p\u00fablico\u201d. En otras palabras, el Ejecutivo se arroga la posibilidad de cerrar p\u00e1ginas web cuando existan riesgos de que se cometan des\u00f3rdenes p\u00fablicos y sea necesario intervenir para preservar o restablecer el orden p\u00fablico. Y todo ello sin orden judicial.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 son, en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, los des\u00f3rdenes p\u00fablicos?<\/strong><\/p>\n

Los des\u00f3rdenes p\u00fablicos\u00a0son quiz\u00e1s uno de los tipos penales m\u00e1s complejos que existen en nuestro C\u00f3digo Penal, as\u00ed como uno de los que m\u00e1s habitualmente se imputa a activistas tras la celebraci\u00f3n de una manifestaci\u00f3n. Lo encontramos incluso en aquellos casos en los que la polic\u00eda no denuncia haber sido agredida \u2014descartando el delito de atentado\u2014, ni haber presenciado la destrucci\u00f3n de objetos \u2014descartando el delito de da\u00f1os\u2014. Funcionan como \u00faltimo recurso. Una especie de \u201cno nos agredieron, ni rompieron nada, pero estaban all\u00ed, protestando, y eso hay que castigarlo\u201d. Y es que el concepto de des\u00f3rdenes sirve de recurrente caj\u00f3n de sastre para sancionar cualquier actuaci\u00f3n que se salga de la norma, gracias a que en ning\u00fan rinc\u00f3n de todo nuestro ordenamiento jur\u00eddico se define qu\u00e9 se entiende por orden p\u00fablico.<\/p>\n

Se trata de lo que llamamos un concepto jur\u00eddico indeterminado, un t\u00e9rmino que se va cristalizando con la pr\u00e1ctica administrativa y con la interpretaci\u00f3n judicial del mismo. Las interpretaciones m\u00e1s garantistas entienden que se habr\u00e1 producido la comisi\u00f3n de un delito de des\u00f3rdenes p\u00fablicos exclusivamente cuando se impida el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afecten a la integridad de las personas o de los bienes p\u00fablicos o privados. Es decir, que solo existen des\u00f3rdenes p\u00fablicos cuando se ha producido un acto de violencia sobre las personas, o contra las cosas, y si adem\u00e1s se ponen en peligro \u2014de forma concreta, no abstracta\u2014 los derechos m\u00e1s b\u00e1sicos de nuestros conciudadanos. Es decir, no todo desorden o no toda alteraci\u00f3n de la normalidad es un desorden p\u00fablico en t\u00e9rminos penales. Se puede coexistir con condiciones de cierto desorden, siempre y cuando no se pongan en peligro los derechos b\u00e1sicos de las personas \u2014l\u00e9ase su integridad f\u00edsica, moral, etc.\u2014. Un grupo de manifestantes puede cortar la v\u00eda p\u00fablica, gritando, portando pancartas y estar\u00eda alterando el orden p\u00fablico, pero no por ello cometiendo un delito de des\u00f3rdenes p\u00fablicos si no pone en peligro a nadie, ni destroza nada.\u00a0De esta manera lo ha corroborado el Tribunal Constitucional en alguna ocasi\u00f3n, como por ejemplo en su sentencia 66\/1995, de 8 de mayo, en la que establece que solo podr\u00e1 entenderse cometido este delito \u201ccuando el desorden externo en la calle ponga en peligro la integridad de personas o de bienes [\u2026], pero no cualquier corte de tr\u00e1fico o invasi\u00f3n de calzada producido en el curso de una manifestaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Ahora bien, uno de los problemas que trae consigo el nuevo real decreto-ley es que no siempre son estas interpretaciones garantistas las que prevalecen. En innumerables ocasiones ha habido activistas que han cortado calles, sin llevar a cabo actos de violencia, que han sido imputadas, procesadas, acusadas e incluso condenadas por delitos de des\u00f3rdenes p\u00fablicos.<\/p>\n

No existe, por tanto, una interpretaci\u00f3n aceptada universalmente por todas las instituciones de lo que significa alterar el orden p\u00fablico. Y esto se traduce en el riesgo de que una p\u00e1gina web se pueda ver cerrada por \u201cincitar a la comisi\u00f3n de des\u00f3rdenes p\u00fablicos\u201d, pese a que posteriormente un juzgado considere que esas acciones no eran constitutivas de des\u00f3rdenes p\u00fablicos.<\/p>\n

Cr\u00edticas al ejecutivo por la falta de garant\u00edas judiciales<\/strong><\/p>\n

Una cr\u00edtica, leg\u00edtima, que se realiza al Gobierno es que se ha otorgado a s\u00ed mismo la capacidad de cerrar \u2014eso s\u00ed, con car\u00e1cter provisional\u2014 p\u00e1ginas web sin ning\u00fan tipo de orden judicial. Para hacerlo de manera definitiva, esta decisi\u00f3n la deber\u00e1 avalar m\u00e1s adelante un juez. Esto lo vimos por primera vez tras la aprobaci\u00f3n de la controvertida Ley Sinde, que habilit\u00f3 el cierre provisional por parte del Ejecutivo de p\u00e1ginas web que compartieran contenidos sujetos a derechos de autor. Legislaci\u00f3n, por cierto, que fue avalada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el a\u00f1o 2012.<\/p>\n

Asimismo, es igualmente criticable que la decisi\u00f3n se pueda adoptar sin dar una audiencia previa al afectado; es decir, sin escucharle ni otorgarle la posibilidad de defenderse. El Ministerio de Econom\u00eda decide cerrar una web y no hay m\u00e1s que hablar. Para defenderse, el interesado deber\u00e1 interponer un recurso contencioso-administrativo ante un juzgado de este orden jurisdiccional, con todo lo que implica a nivel econ\u00f3mico y de tiempo.<\/p>\n

Pero, sin duda, lo m\u00e1s grave que aporta este real decreto-ley es el riesgo que corren nuestros derechos fundamentales, particularmente el derecho a la libertad de expresi\u00f3n y el derecho de reuni\u00f3n o manifestaci\u00f3n. En un mundo cada vez m\u00e1s susceptible, plagado de normas con un marcado car\u00e1cter indefinido, mostrar la adhesi\u00f3n a movilizaciones sociales, cr\u00edticas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la defensa de presos pol\u00edticos o exiliados, o a colectivos perseguidos judicialmente, puede terminar por considerarse una incitaci\u00f3n indirecta a la comisi\u00f3n de des\u00f3rdenes p\u00fablicos. Es lo que tiene el recurso f\u00e1cil a t\u00e9rminos tan ambiguos como \u201cdefensa del orden p\u00fablico\u201d o de la \u201cseguridad nacional\u201d, que casi cualquier acci\u00f3n se puede interpretar como que integra esta categor\u00eda.<\/p>\n

Evidentemente, ma\u00f1ana el Gobierno no se va a poner a cerrar todas las p\u00e1ginas web de contrainformaci\u00f3n que arrojan una mirada cr\u00edtica a su gesti\u00f3n, ni las que defiendan la inocencia de los CDR o del Tsunami Democr\u00e0tic. Pero la puerta a hacerlo en el futuro se ha entreabierto, y la tendencia, lejos de cerrarla de nuevo, es a abrirla cada vez m\u00e1s. La historia nos ha mostrado repetidamente que se empieza aprobando legislaciones excepcionales para casos excepcionales y cada vez se va ampliando su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n, hasta convertir lo habitual en excepcional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Daniel Amelang\/El Salto diario El real decreto-ley 14\/2019 deja la puerta abierta a que el Gobierno cierre de forma provisional p\u00e1ginas web ahora tambi\u00e9n para prevenir des\u00f3rdenes p\u00fablicos. 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