Un nuevo fallo judicial protege a las escuelas rurales de Entre R\u00edos y frena las fumigaciones con agrot\u00f3xicos. Se trata de la decisi\u00f3n de la C\u00e1mara Civil y Comercial Sala III de Paran\u00e1, que deja sin efecto el decreto del gobernador Gustavo Bordet -que beneficiaba a los empresarios del agro transg\u00e9nico- y establece la vigencia de 1000 metros de protecci\u00f3n ante las fumigaciones terrestres (y 3000 metros para las a\u00e9reas).<\/p>\n
Desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o en Entre R\u00edos se libra una disputa judicial entre quienes exigen proteger la salud de los alumnos y docentes, y quienes reclaman poder fumigar en cercan\u00edas de las escuelas. En un hecho in\u00e9dito, el juez cuestion\u00f3 la forma incompleta de evaluar la toxicidad de los agrot\u00f3xicos, porque no se miden efectos cr\u00f3nicos en la salud.<\/p>\n
\u00abNo todos los derechos involucrados tienen el mismo peso a la hora de su tutela. Ello debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia de estos principios (ambiente y derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes) en las generaciones futuras\u00bb, afirm\u00f3 el juez Virgilio Galanti para recordar que la salud de la poblaci\u00f3n (y a\u00fan m\u00e1s de les ni\u00f1es) est\u00e1 antes que la producci\u00f3n agropecuaria. Es uno de los argumentos para dejar sin efecto el decreto 2239\/19 del gobernador Gustavo Bordet, que hab\u00eda deso\u00eddo dos fallos anteriores y redujo a solo 100 metros las distancias para fumigar escuelas rurales.<\/p>\n
La Coordinadora Basta es Basta, que nuclea a medio centenar de organizaciones que reclaman no ser fumigadas, dio la bienvenida a la nueva sentencia, pero en un comunicado explic\u00f3 que ya no quiere sentencias judiciales.<\/p>\n
\u00abSe\u00f1or Gobernador, ya no nos alcanza con festejar fallos judiciales mientras todas las semanas recibimos nuevos nombres de j\u00f3venes que han muerto en nuestra provincia. Queremos festejar poder proyectar salud, futuro y prosperidad para todos los entrerrianos. Reiteramos la urgente necesidad de avanzar en una transformaci\u00f3n productiva que lleve a abandonar el uso masivo de venenos en el agro\u00bb, se\u00f1al\u00f3 la entidad.<\/p>\n
El juez Virgilio Galanti cuestion\u00f3 que el gobierno provincial no haya cumplido el fallo judicial inicial, de 2018, que ordenaba realizar estudios. \u00abNo se han realizado evaluaciones epidemiol\u00f3gicas de quienes asisten a todas las escuelas rurales de la provincia de Entre R\u00edos\u00bb, alert\u00f3 el juez en el fallo del 26 de septiembre.<\/p>\n
Galanti abord\u00f3 un tema silenciado por el agronegocio: la forma en que el Estado argentino, a trav\u00e9s del Senasa –Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria–, categoriza la peligrosidad de los agrot\u00f3xicos. \u00abLa clasificaci\u00f3n del Senasa es realizada bajo el m\u00e9todo de Dosis Letal (DL) 50, cuyo objetivo es discernir exclusivamente la toxicidad aguda de un producto, con la que muere el 50 por ciento de una poblaci\u00f3n de animales de laboratorio. Utilizar ese criterio de clasificaci\u00f3n es insuficiente para establecer distancias y garantizar la seguridad\u00bb, afirm\u00f3 el juez.<\/p>\n
Javier Souza Casadinho es docente de la Facultad de Agronom\u00eda y coordinador de la Red de Acci\u00f3n en Plaguicidas de Am\u00e9rica Latina (Rapal). \u00abLa ‘Dosis Letal 50’ nada nos dice sobre las intoxicaciones cr\u00f3nicas, por ejemplo cuando las personas de una comunidad est\u00e1n expuestos a dosis peque\u00f1as por largos periodos o sometidas a distintos tipos de plaguicidas que se van sumando en el tiempo\u00bb, explic\u00f3.<\/p>\n
Es un hist\u00f3rico reclamo de los pueblos afectados por las fumigaciones: que se incluyan estudios de toxicidad cr\u00f3nica. Souza Casadinho resalt\u00f3 que el Senasa no tiene en cuenta, por ejemplo, las efectos endocrinos (alteraci\u00f3n del equilibrio hormonal) ni enfermedades epigen\u00e9ticas (expresiones incorrectas del ADN). Y record\u00f3 que tampoco se tiene en cuenta la afectaci\u00f3n y acumulaci\u00f3n de los agroqu\u00edmicos en agua, suelos ni el conocido efecto \u00absaltamonte\u00bb (cuando pasa a estado gaseoso y se traslada largas distancias).<\/p>\n
El Foro Ecologista de Paran\u00e1 y el sindicato docente Agmer (Asociaci\u00f3n Gremial del Magisterio) presentaron en agosto de 2018 un amparo ambiental para proteger de agrot\u00f3xicos a los ni\u00f1os y trabajadores de las escuelas rurales. El juez Oscar Daniel Benedetto, de la C\u00e1mara II de la Sala II se expidi\u00f3 el 1 de octubre: prohibi\u00f3 fumigar con agrot\u00f3xicos a menos de 1000 metros de las escuelas de Entre R\u00edos. Y la distancia de protecci\u00f3n se extendi\u00f3 a 3000 metros en el caso de aplicaciones a\u00e9reas. La protecci\u00f3n abarc\u00f3 a las 1023 escuelas rurales de la provincia.<\/p>\n
El amparo que protege las escuelas fue apelado por el gobierno de Gustavo Bordet. En segunda instancia la Justicia volvi\u00f3 a proteger la salud de los alumnos y docentes. La respuesta del gobernador Bordet fue emitir un decreto (el 2 de enero de 2019) que desoy\u00f3 los fallos judiciales y redujo a s\u00f3lo 100 metros las fumigaciones.<\/p>\n
En mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre R\u00edos, m\u00e1ximo tribunal provincial, declar\u00f3 la inconstitucionalidad del decreto del Gobernador. Mantuvo vigente el amparo que aleja las fumigaciones terrestres a 1000 metros de las escuelas. El 1 de agosto, el Gobernador ignor\u00f3 el fallo del Superior Tribunal y emiti\u00f3 un nuevo decreto (2239\/19), que habilit\u00f3 las fumigaciones a 100 metros de las escuelas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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