El rumbo se modera tras el fin de la dictadura en 1989, pero perdura la resistencia a la regulaci\u00f3n estatal y el desequilibrio en perjuicio del trabajador. El modelo est\u00e1 cambiando ahora debido a la democratizaci\u00f3n y a la crisis mundial. <\/p>\n
Las grandes manifestaciones estudiantiles que sacudieron a Chile en el curso del 2011, pusieron de manifiesto que el tradicionalmente activo movimiento social chileno hab\u00eda empezado a desperezarse, tras el prolongado letargo que ven\u00eda experimentando desde que puso fin de la dictadura en 1989. Se argumentar\u00e1 que ello refleja el agotamiento del modelo social y econ\u00f3mico que ha predominado en las \u00faltimas cuatro d\u00e9cadas y el arreglo pol\u00edtico de las \u00faltimas dos. Especialmente, del conjunto de distorsiones introducidas por el extremismo neoliberal a la segunda fase -m\u00e1s orientada al mercado que la primera, necesariamente estatista – de la estrategia desarrollista del Estado, sustentadas primero por la dictadura y luego mediante los arreglos de \u201cdemocracia de baja intensidad,\u201d de la transici\u00f3n.<\/p>\n
Chile se transform\u00f3 por completo durante el curso del \u00faltimo siglo, en un proceso \u00fanico presidido por la acci\u00f3n del Estado. Sin embargo, las estrategias sucesivas que guiaron su accionar lo dividen tajantemente en dos per\u00edodos. El 11 de septiembre de 1924, un movimiento militar de corte progresista inaugura la estrategia que se ha denominado \u00abdesarrollismo\u00bb. Casi exactamente medio siglo despu\u00e9s, el 11 de septiembre de 1973, el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet impone una forma extrema y temprana del modelo que a\u00f1os m\u00e1s tarde se generalizar\u00eda en la regi\u00f3n bajo el nombre de \u00abConsenso de Washington\u00bb.<\/p>\n
La primera estrategia se consolida y extiende durante la fase de lucha contra las secuelas de la crisis de 1930, siendo presidida por gobiernos democr\u00e1ticos de diverso signo que adoptan la consigna central del progreso en sus dos dimensiones, econ\u00f3mica y social. Como en otros pa\u00edses latinoamericanos, un elemento central de esta estrategia fue la industrializaci\u00f3n por sustituci\u00f3n de importaciones (ISI). La particularidad chilena es, tal vez, el modo radical en que culmina, en el marco de una creciente movilizaci\u00f3n social que alcanza dimensiones de revoluci\u00f3n. Entre 1965 y 1973, el Estado realiza una profunda reforma agraria, al tiempo que recupera la renta de los recursos naturales, hasta entonces en manos del capital extranjero, y logra avances bastante notables en nutrici\u00f3n, salud, educaci\u00f3n y distribuci\u00f3n del ingreso. <\/p>\n
La segunda estrategia, vigente desde el golpe militar de 1973, pasa a su vez por dos etapas muy diferentes. Solo la dictadura de Pinochet, y sus asesores los \u00abChicago boys\u00bb, hicieron gala de su adhesi\u00f3n a la escuela \u00abneoliberal\u00bb. Los economistas y gobiernos democr\u00e1ticos que le sucedieron a partir de 1990, en cambio, se declararon por regla general m\u00e1s bien cr\u00edticos con ella, aunque, en realidad, se mantuvieron en lo fundamental los mismos lineamientos estrat\u00e9gicos de todo el per\u00edodo. Nos referimos principalmente al \u00e9nfasis unilateral en crear las mejores condiciones posibles para el desarrollo de los mercados y los negocios, unido a una apertura indiscriminada al comercio y la inversi\u00f3n extranjeros, especialmente, su acceso sin cobro significativo a los recursos naturales del pa\u00eds; con el sesgo adicional de estimar necesaria y conveniente la contenci\u00f3n tanto de la injerencia del Estado como de las demandas sociales. Ciertamente, el sesgo aludido se ha refrenado en comparaci\u00f3n con el extremismo de los \u00abChicago boys\u00bb.<\/p>\n
De este modo, la democracia ha imprimido unos contornos m\u00e1s moderados a la segunda de las grandes estrategias de desarrollo, similares en cierta medida a los adoptados en los a\u00f1os 1990 por otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina. Sin embargo, sigue siendo evidente el trasfondo \u00abneoliberal\u00bb, tanto en el \u00e1mbito econ\u00f3mico como en el de las pol\u00edticas sociales. Ello ha generado distorsiones significativas en dicha estrategia, que no se apreciaron en otras experiencias desarrollistas como las del sudeste asi\u00e1tico en incluso en pa\u00edses como Brasil, en las cuales el giro del Estado desarrollista al mercado no gener\u00f3 destrucci\u00f3n de lo construido en el per\u00edodo estatista anterior ni desmantelamiento de sus funciones econ\u00f3micas y sociales (Draibe-Riesco, 2007b; Ringen 2011, Riesco 2012).<\/p>\n
El crecimiento econ\u00f3mico de las \u00faltimas dos d\u00e9cadas ha sido superior al registrado por otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, lo cual se ensalza como el resultado de la aplicaci\u00f3n exitosa de este modelo, que se tiene por ejemplar incluso en el \u00e1mbito social. Se argumentar\u00e1, en cambio, que el crecimiento se basa principalmente en la herencia progresista del per\u00edodo \u00abdesarrollista\u00bb y, especialmente, en las profundas e irreversibles transformaciones sociales logradas entonces (Therborn, 1999; Illanes-Riesco, 2007; Lawner, 2007; Riesco 2012). La comparaci\u00f3n de ambos per\u00edodos en su conjunto arroja, asimismo, resultados que realzan los logros del primero de ellos en todos los terrenos, incluido el progreso econ\u00f3mico. En efecto, si bien la tasa promedio de crecimiento anual del PIB de 1929 a 1971 fue algo menor, 3,1 por ciento, que la de 3,8 por ciento registrada durante el Consenso de Washington de 1971 a 2006, el PIB por trabajador creci\u00f3 m\u00e1s r\u00e1pido durante el desarrollismo: el 1,6 por ciento frente al 1,2 por ciento [2]. Como veremos m\u00e1s adelante, la segunda estrategia ha tra\u00eddo consigo distorsiones y debilidades significativas para el desarrollo nacional que han conducido a su crisis en el momento presente.<\/p>\n
El cambio de una estrategia a la otra produjo fuertes contrastes, a pesar de que hubo un fen\u00f3meno que transcurri\u00f3 en el trasfondo de ambas: la extinci\u00f3n en buena medida de los campesinos tradicionales, que representaban la mitad de la poblaci\u00f3n en el censo de 1930. Su dolorosa transformaci\u00f3n en asalariados precarios urbanos constituye la principal epopeya, el parto del siglo XX. La poblaci\u00f3n se multiplic\u00f3 por cuatro desde 1929, alcanzando los 16,4 millones de habitantes en el 2006; sin embargo, la poblaci\u00f3n rural permaneci\u00f3 estancada en 2,2 millones, al tiempo que su proporci\u00f3n de la poblaci\u00f3n total se reduc\u00eda del 50 por ciento a solo el 13 por ciento durante el mismo per\u00edodo (CENDA, 2007a). Adem\u00e1s, quienes hoy viven en el campo son bien diferentes a los de entonces: la mayor\u00eda trabaja como asalariados al menos parte del tiempo, mientras que los antiguos campesinos dependientes de haciendas, llamados \u00abinquilinos\u00bb, desaparecieron junto con el viejo latifundio.<\/p>\n
Desde principios de los a\u00f1os 1920 hasta los a\u00f1os 1980, la acci\u00f3n del Estado por arriba fue empujada desde abajo por la peri\u00f3dica irrupci\u00f3n masiva del actor popular en la arena pol\u00edtica. Todo lo anterior presenta muchos rasgos generales similares a los vividas por numerosos pa\u00edses que realizaron su transici\u00f3n a la modernidad en el curso del siglo 20, con la singularidad que en el caso chileno, la movilizaci\u00f3n popular fue canalizada por un sistema de partidos pol\u00edticos, que con flexibilidad generaron sucesivas alianzas, que recogieron las principales demandas de cada momento, en un proceso que durante la mayor parte del tiempo ha cursado utilizando formas singularmente democr\u00e1ticas y culmin\u00f3 de manera revolucionaria. Sin embargo, el pa\u00eds experiment\u00f3 una reacci\u00f3n violenta y destructiva al proceso de modernizaci\u00f3n, la que introdujo las distorsiones neoliberales bajo una forma particularmente extrema, temprana y prolongada, cuya reparaci\u00f3n y rectificaci\u00f3n, todav\u00eda incompletas, determinan la coyuntura actual (Draibe-Riesco, 2007b; Ringen 2011, Riesco 2012).<\/p>\n
**El parto de un siglo**<\/p>\n
La moderna fuerza de trabajo chilena no se ha conformado de la noche a la ma\u00f1ana. Es largo el camino recorrido desde las primeras d\u00e9cadas del siglo XX, cuando la relaci\u00f3n laboral predominante era el inquilinaje de los campesinos en las haciendas. Una forma derivada de esta relaci\u00f3n laboral cundi\u00f3 en la gran miner\u00eda, donde hab\u00edan sido arrastradas masas de campesinos a lo largo de varias d\u00e9cadas mediante un procedimiento m\u00e1s o menos forzoso denominado \u00abenganche\u00bb. Las empresas de los enclaves mineros los prove\u00edan de todo, al igual que hac\u00edan las haciendas, hasta el punto de que les pagaban el salario en fichas canjeables por v\u00edveres en sus propias oficinas.<\/p>\n
La crisis mundial de 1930 provoc\u00f3 el primer gran remez\u00f3n en las relaciones laborales tradicionales. En poco m\u00e1s de dos a\u00f1os, expuls\u00f3 a cinco de cada seis trabajadores de las salitreras, que constitu\u00edan las mayores concentraciones obreras de entonces. La migraci\u00f3n campesina se aceler\u00f3 en aquella \u00e9poca, hasta alcanzar un m\u00e1ximo a mediados del siglo, y mantuvo un ritmo muy r\u00e1pido hasta los a\u00f1os ochenta, para luego empezar a declinar (CENDA, 2007a). El segundo gran remez\u00f3n fueron las expulsiones masivas de campesinos posteriores al golpe militar de 1973. La dictadura reci\u00e9n implantada ech\u00f3 sin m\u00e1s tr\u00e1mite de sus tierras a los campesinos sospechosos de haber apoyado el proceso de reforma agraria. Los expulsados sumaron decenas de miles. Varios centenares fueron asesinados en los d\u00edas posteriores al golpe, y sus nombres hacen mayor\u00eda entre los grabados en la piedra del monumento a los detenidos desaparecidos y los ejecutados que se yergue en el Cementerio General de Santiago. Sin embargo, la dictadura entreg\u00f3 a otros campesinos considerados leales m\u00e1s del 40 por ciento de las tierras expropiadas, tal como exig\u00eda la ley. Del mismo modo, alrededor de un tercio de ellas fue devuelto a los antiguos due\u00f1os bajo la forma legal de \u00abreservas\u00bb y el resto rematado a empresas forestales; unos y otras procedieron, a su vez, a expulsar a la mayor parte de los campesinos residentes (Therborn, 1999; Illanes-Riesco, 2007; Riesco 2012).<\/p>\n
Por otra parte, la dictadura militar realiz\u00f3 un proceso masivo de privatizaciones y desmantelamiento del servicio p\u00fablico civil en general \u2212especialmente de los servicios sociales \u2212, que tuvo efectos significativos. Las estad\u00edsticas de la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica de las Naciones Unidas para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (CEPAL) constatan que la proporci\u00f3n de funcionarios del Estado se redujo del 20 por ciento al 10 por ciento de la poblaci\u00f3n activa, aproximadamente. Los fen\u00f3menos anteriores se vieron reforzados por la severa crisis econ\u00f3mica de 1982-1985, durante la cual la cesant\u00eda alcanz\u00f3 a cerca de uno de cada tres miembros de la fuerza de trabajo, si se incluyen los programas de empleo de emergencia. La crisis ocasion\u00f3, adem\u00e1s, grandes movimientos de trabajadores entre distintas ramas de la econom\u00eda (Therborn, 1999, e Illanes-Riesco, 2007).<\/p>\n
El orden laboral sufri\u00f3, asimismo, transformaciones muy bruscas. Como es bien sabido, el movimiento obrero chileno fue un destacado protagonista social y pol\u00edtico a lo largo de buena parte del siglo XX. Fueron tradicionalmente el sector m\u00e1s activo en los sucesivos estallidos sociales, en los cuales el pueblo chileno ha irrumpido masivamente en la arena pol\u00edtica. Alcanz\u00f3 su cl\u00edmax cuando dirigi\u00f3 la agitaci\u00f3n revolucionaria de fines de los a\u00f1os sesenta y principios de los a\u00f1os setenta, que desbroz\u00f3 el camino a las grandes transformaciones sociales realizadas por el Gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, qued\u00f3 reducido a su m\u00ednima expresi\u00f3n tras el golpe militar y la brutal represi\u00f3n a que fue sometido. Se impusieron m\u00faltiples restricciones durante el estado de sitio en los a\u00f1os setenta, las cuales se legalizaron luego mediante el llamado Plan Laboral de 1980, que limit\u00f3 severamente el derecho a sindicalizaci\u00f3n y huelga, prohibiendo la negociaci\u00f3n por ramas y permitiendo el reemplazo de huelguistas, entre otras disposiciones (Campero, 2001, y Volker, 2002). La mayor parte de dichas restricciones se mantienen hasta hoy, siendo una de las modificaciones m\u00e1s efectivas aquella del 2007 que proh\u00edbe a las grandes empresas proveerse de trabajadores directos mediante subcontratistas, como veremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n
Adicionalmente, la precarizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n salarial se sustent\u00f3 en el giro de la econom\u00eda hacia la exportaci\u00f3n de recursos naturales con escaso valor agregado, cuya explotaci\u00f3n requiere una fracci\u00f3n \u00ednfima de la fuerza de trabajo, la mayor parte de la cual, en cambio, se deriv\u00f3 hacia el comercio y servicios sociales y personales, en perjuicio de la industria manufacturera y el resto de la producci\u00f3n de bienes y servicios, los que han disminuido sustancialmente su participaci\u00f3n en el empleo total; junto a un incremento significativo de la desocupaci\u00f3n.<\/p>\n
La miner\u00eda, por ejemplo, represent\u00f3 el 2011 el 1,5 por ciento de los asalariados ocupados y el 2,9 por ciento de la ocupaci\u00f3n total, que incluye adem\u00e1s los \u201cpirquineros\u201d, como se denomina a los mineros por cuenta propia. Sin embargo, las cien mayores empresas del pa\u00eds se concentran en mayor proporci\u00f3n en ese sector, que representa el 7,4 por ciento de su dotaci\u00f3n total. Estas grandes corporaciones se concentran en mayor medida en las ramas relacionadas con recursos naturales -minerales, tierra y agua-, en las cuales su dotaci\u00f3n representa un 39 por ciento del empleo asalariado de las ramas respectivas, el doble que en el total de asalariados. Sin embargo, el empleo total en las ramas basadas en recursos naturales es muy reducido, representando un 8,8 por ciento del total de los asalariados y un 14,1 por ciento de la ocupaci\u00f3n total, que incluye a los trabajadores por cuenta propia. Mientras tanto, el comercio y finanzas absorben el 29 por ciento de la ocupaci\u00f3n total y los servicios sociales y personales un 10 por ciento adicional. Si se agregan los ocupados por la administraci\u00f3n p\u00fablica y defensa, que se han reducido a un 5,3 por ciento de la ocupaci\u00f3n total, se aprecia que poco menos de la mitad de los trabajadores ocupados est\u00e1n dedicados a actividades ajenas a la producci\u00f3n de bienes y servicios.<\/p>\n
En contraste, el 2011, la miner\u00eda sola represent\u00f3 el 23 por ciento de las ventas totales de estas cien grandes empresas – la cifra de ventas de la miner\u00eda es muy abultada, equivale a casi un cuarto del PIB, aunque la comparaci\u00f3n es solo referencial puesto que este \u00faltimo mide el solo el valor agregado. La miner\u00eda ha absorbido asimismo un tercio de todas las inversiones extranjeras llegadas al pa\u00eds entre 1974 y 2011 y un 51 por ciento de los mayores proyectos de inversi\u00f3n, nacionales y extranjeros, aprobados para el per\u00edodo 2011-2015. (CENDA 2012b).<\/p>\n
La distorsi\u00f3n anotada se aprecia en el gr\u00e1fico 1, referido a las cien principales empresas, que muestra sus ventas en el eje vertical y sus dotaciones en el eje horizontal, mientras las inversiones recibidas por cada sector se aprecian en el tama\u00f1o de los globos, los que representan en color azul a las ramas basadas en recursos naturales y en rojo las otras. Se puede observar que las tres ramas basadas en recursos naturales – minerales, tierra y agua – ilustradas por los tres globos de color azul, son los m\u00e1s grandes puesto que concentran la mayor parte de las inversiones. Los mismos se concentran en el v\u00e9rtice superior izquierdo del gr\u00e1fico, debido a que concentran la mayor parte de las ventas, pero generan muy poco empleo. El comercio aparece en el v\u00e9rtice superior derecho, puesto que concentra cerca de un quinto de las ventas pero m\u00e1s de 40 por ciento del empleo. Los otros rubros aparecen en el v\u00e9rtice inferior izquierdo, puesto que representan una parte menor de las ventas y el empleo de las mayores corporaciones, al tiempo que el tama\u00f1o m\u00e1s reducido de los globos respectivos muestra que las inversiones recibidas por los mismos no alcanzan mayor significaci\u00f3n (CENDA 2012b).<\/p>\n
Como ha establecido la econom\u00eda cl\u00e1sica, a diferencia de las empresas propiamente capitalistas, que obtienen sus ganancias exclusivamente del valor agregado por fuerzas de trabajo bien calificadas y relativamente estables, que les permiten mantenerse adelante de su competencia en una constante carrera de innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, estas grandes corporaciones obtienen la mayor parte de sus ganancias de la renta de los recursos naturales, de los cuales se han apropiado sin pago significativo, cuyo precio oscila constantemente, determinado exclusivamente por la demanda y sin mayor relaci\u00f3n con sus costos de producci\u00f3n, en los cuales la mano de obra no representa un factor signifcativo. La renta misma, que es el sobreprecio de dichos recursos por encima de sus costos de producci\u00f3n, no se origina en el valor agregado en el proceso productivo respectivo, sino que constituye una transferencia de valor desde las industrias que los requieren para sus procesos y se ven forzados a pagarla en virtud de la escasez de los mismos. En el caso chileno, los principales recursos fueron nacionalizados durante el gobierno del Presidente Allende y pertenecen al Estado de acuerdo a la constituci\u00f3n actualmente vigente. Sin embargo, fueron entregados sin cobro mediante un mecanismo de concesiones indefinidas establecido durante la dictadura y que se mantiene hasta hoy; t\u00edmidos cobros introducidas en 2005 y 2010 no han logrado corregir esta situaci\u00f3n, que constituye la principal distorsi\u00f3n introducida por el neoliberalismo, con severas consecuencias econ\u00f3micas y sociales (Riesco M, Lagos G, Lima M. 2005; Riesco 2012, 2008, 2007).<\/p>\n
Una de las consecuencias de lo anterior es una fuerza de trabajo que casi en su totalidad entra y sale constantemente de diferentes empleos formales de muy corta duraci\u00f3n. Es decir, est\u00e1 compuesta en su gran mayor\u00eda por asalariados con empleos sumamente precarios, que trabajan por cuenta propia o informalmente en los per\u00edodos intermedios, cuando no se encuentran cesantes. Las estad\u00edsticas semanales del instituto Nacional de Estad\u00edsticas (INE), reflejen con bastante exactitud la composici\u00f3n de los ocupados en un momento determinado: el d\u00eda en que se toma la muestra, alrededor de dos terceras partes tienen empleos asalariados formales, mientras otro tercio est\u00e1 trabajando por cuenta propia; quedan aparte los que est\u00e1n sin trabajo de ning\u00fan tipo, que usualmente son del orden de uno de cada diez. Todas las proporciones anteriores est\u00e1n sujetas, desde luego, a las usuales variaciones c\u00edclicas y estacionales. Ahora bien, lo que no captan las encuestas de empleo es que aquellos que aparecen una semana como trabajadores por cuenta propia pueden encontrar un empleo asalariado en la siguiente (Riesco 2009b). Al rev\u00e9s, los que aparecen como asalariados pueden perder su empleo al otro d\u00eda; luego de permanecer cesantes unas semanas, o meses, pueden asumir un trabajo por cuenta propia o informal, por lo com\u00fan en el comercio, la construcci\u00f3n o la agricultura (Bertranou, 2007), y as\u00ed sucesivamente.<\/p>\n
Existe, por cierto, un n\u00facleo de trabajadores asalariados estables, entre los cuales los m\u00e1s numerosos son los funcionarios p\u00fablicos y los mandos medios de las empresas. Asimismo, hay otro grupo conformado por trabajadores por cuenta propia, asimismo estables; nos referimos, por ejemplo, a campesinos, taxistas y otros trabajadores independientes del transporte, peque\u00f1os comerciantes, profesionales independientes, as\u00ed como quienes trabajan regularmente en microempresas con colegas o familiares. Muchos de ellos se encuentran afiliados a las AFP como independientes; sin embargo, todos estos estratos en conjunto suman una proporci\u00f3n peque\u00f1a de la poblaci\u00f3n econ\u00f3micamente activa, en cualquier caso inferior al 10 por ciento.<\/p>\n
Un fen\u00f3meno an\u00e1logo parece afectar a la fuerza de trabajo femenina. Las encuestas del INE registran que muchas mujeres responden de modo negativo a la pregunta \u00bfbusc\u00f3 usted trabajo la semana anterior? A ra\u00edz de ello son clasificadas como inactivas. Sin embargo, son asimismo precisas las estad\u00edsticas de las AFP seg\u00fan las cuales todas ellas tienen una cuenta de previsi\u00f3n social y que la abrumadora mayor\u00eda ha cotizado en el curso de los a\u00f1os recientes, casi todas como trabajadoras dependientes. Las mismas estad\u00edsticas dan cuenta de que el 70 por ciento de las mujeres chilenas en edad laboral son asalariadas considerablemente activas; en el caso de los hombres, el mismo indicador alcanza un 84 por ciento (v\u00e9ase el cuadro 1) .<\/p>\n
La soluci\u00f3n de ambas paradojas parece ser que las mismas personas cambian constantemente de condici\u00f3n. Un d\u00eda son trabajadores formales y cotizan; al d\u00eda siguiente son independientes o informales y no cotizan; de vez en cuando quedan cesantes. Si son varones, generalmente siguen buscando trabajo y permanecen en las estad\u00edsticas del INE como miembros de la poblaci\u00f3n activa, pero desocupados. Por este motivo, dicha estad\u00edstica coincide con el n\u00famero de cuentas individuales de varones que registran las AFP. Si son mujeres, en cambio, dejan de buscar trabajo m\u00e1s pronto, por lo que el INE las reclasifica como inactivas, hasta que el ciclo econ\u00f3mico mejora, encuentran trabajo nuevamente y vuelven a cotizar como asalariadas. Otras veces se trata sencillamente del ciclo de las cosechas, puesto que muchas trabajan como temporeras recolectando fruta (Riesco 2009b).<\/p>\n
La precariedad del empleo en Chile se ve agravada por la \u00abflexibilidad laboral\u00bb tan permisiva existente. La actual legislaci\u00f3n permite a los empresarios, por ejemplo, hacer contratos por menos de cuatro meses pr\u00e1cticamente sin pagar cotizaciones sociales y sin ninguna obligaci\u00f3n espec\u00edfica. La mayor\u00eda de los trabajadores de supermercados, por ejemplo, tiene contratos de este tipo. Una pr\u00e1ctica extendida en todas las grandes empresas consist\u00eda hasta hace poco en subcontratar parte significativa de su personal a empresas proveedoras de mano de obra. El 2007 entr\u00f3 en vigor una nueva Ley de Subcontrataci\u00f3n[4] que proh\u00edbe expresamente proveer mano de obra excepto en casos muy concretos. La nueva ley ha generado enfrentamientos judiciales entre diversas empresas y la Direcci\u00f3n del Trabajo, que ha obligado a las primeras a contratar de manera directa a miles de trabajadores contratistas. Incluso la empresa estatal del cobre (CODELCO) se halla enfrentada con la citada entidad fiscalizadora por este motivo.<\/p>\n
Hacia mediados de la d\u00e9cada de 1980, bajo el impacto de la crisis econ\u00f3mica, los trabajadores organizados recuperaron cierto nivel de protagonismo en las protestas que, en definitiva, crearon las condiciones para el t\u00e9rmino de la dictadura. Sus bases sobrellevaron el peso de las luchas de entonces, aun cuando estas se desenvolvieron principalmente en las poblaciones y en las calles; pocas tuvieron lugar en los lugares de trabajo. Las protestas nacionales lograron paralizar el pa\u00eds en distintas ocasiones durante varios d\u00edas. Fueron convocadas por organizaciones como los sindicatos del cobre y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Sin embargo, la CUT no ha logrado convocar un paro nacional exitoso desde antes del golpe militar; la \u00fanica convocatoria tuvo lugar reci\u00e9n el 2011, en medio de la movilizaci\u00f3n estudiantil, pero si bien logr\u00f3 el cierre del comercio, servicios p\u00fablicos y la interrupci\u00f3n del transporte, sus resultados a nivel de la paralizaci\u00f3n empresas no fue de significaci\u00f3n.<\/p>\n
Una vez acabada la dictadura, el movimiento sindical asumi\u00f3 un papel notablemente moderado. Concurri\u00f3 en 1991 a un acuerdo marco tripartito con los empresarios y el Gobierno, a instancias de este \u00faltimo, y sus demandas salariales han sido muy moderadas (Murillo, 2005). Aunque de modo cada vez m\u00e1s cr\u00edtico, ha respaldado de manera sistem\u00e1tica a los gobiernos democr\u00e1ticos, al tiempo que la coalici\u00f3n gobernante, formada por democratacristianos y socialistas, recibi\u00f3 el voto masivo de los trabajadores en sucesivas elecciones, lo que le permiti\u00f3 mantenerse en el gobierno hasta que fue desplazada por una coalici\u00f3n de centroderecha el 2009 y conservar mayor\u00eda parlamentaria hasta hoy.<\/p>\n
La tasa de afiliaci\u00f3n sindical fue aumentando a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de 1967, cuando se autoriz\u00f3 la sindicaci\u00f3n campesina. En los a\u00f1os previos al golpe militar hab\u00eda superado el 20 por ciento de la fuerza de trabajo, para caer a menos de la mitad en las d\u00e9cadas siguientes (Illanes-Riesco, 2007). El volumen de afiliados descendi\u00f3 de 939.319 en 1973 a 386.910 en 1980 (Campero, 2001, p\u00e1g. 7). La afiliaci\u00f3n comienza a remontar en las postrimer\u00edas de la dictadura, hasta alcanzar un 15 por ciento de la fuerza de trabajo en 1992; luego baja nuevamente de modo continuo hasta alcanzar en 1999 un 11 por ciento, nivel que se ha mantenido hasta el 2006. La cobertura de la negociaci\u00f3n colectiva es a\u00fan menor, alcanzando en 2004 un m\u00ednimo de apenas un 7,8 por ciento del empleo asalariado; tras dos a\u00f1os de leve repunte, en 2006 alcanz\u00f3 un 8,6 por ciento.<\/p>\n
De este modo, el golpe militar caus\u00f3 una quiebra abrupta en lo que respecta al poder e influencia de los trabajadores. Un buen ejemplo de ello es el comportamiento de la actividad huelgu\u00edstica, que hab\u00eda crecido con fuerza durante el per\u00edodo desarrollista. Alcanz\u00f3 su m\u00e1ximo nivel durante los a\u00f1os sesenta y principios de los setenta, cuando casi uno cada cinco trabajadores particip\u00f3 anualmente en alguna huelga o paro. En cambio, a partir del golpe militar la cifra baj\u00f3 a menos de uno de cada doscientos trabajadores entre 1973 y 1981, proporci\u00f3n que se mantuvo en buena medida hasta el t\u00e9rmino de la dictadura. La actividad huelgu\u00edstica repunt\u00f3 levemente en el curso de los a\u00f1os noventa, hasta alcanzar una participaci\u00f3n media de seis de cada cien trabajadores por a\u00f1o (Braun y otros, 2000).<\/p>\n
Los cambios se\u00f1alados del sistema de relaciones laborales y de la estructura del empleo tuvieron repercusiones notables en los salarios y la participaci\u00f3n del factor trabajo en la renta nacional y, por consiguiente, en la distribuci\u00f3n del ingreso. Si se considera el per\u00edodo estudiado en su conjunto \u2212desde el a\u00f1o 1929 al 2006 \u2212, los salarios reales promedio se multiplicaron m\u00e1s de cuatro veces. Sin embargo, el mejoramiento tuvo lugar exclusivamente durante el per\u00edodo desarrollista, ya que descendieron de manera brutal tras el golpe de Estado, lo que apenas ha logrado ser compensado con la recuperaci\u00f3n salarial posterior a 1990.<\/p>\n
La pol\u00edtica de los gobiernos democr\u00e1ticos en materia de remuneraciones ha sido, en general, conservadora. Tuvo el objetivo expl\u00edcito de mantener los incrementos salariales reales por debajo del incremento en la productividad, lo cual implica forzosamente una merma de la participaci\u00f3n del factor trabajo en el producto nacional. Ahora bien, se hicieron excepciones significativas a esta regla en el sector p\u00fablico y en cuanto al salario m\u00ednimo. Este se hab\u00eda recortado al extremo tras el golpe militar \u2212 reduci\u00e9ndose a menos de un tercio de su nivel anterior \u2212 y se mantuvo en niveles muy bajos hasta 1990. En ambos casos, los reajustes fueron significativos, alcanzando un promedio superior a 10 por ciento por a\u00f1o en t\u00e9rminos reales durante toda la d\u00e9cada de los noventa. A\u00fan as\u00ed, las remuneraciones de franjas importantes de funcionarios p\u00fablicos, como el profesorado, por ejemplo, todav\u00eda no han recuperado su poder adquisitivo anterior al golpe militar. El promedio general de salarios de todos los trabajadores del pa\u00eds alcanz\u00f3 dicha meta en diciembre de 1999 (gr\u00e1fico 2). A 2011, el \u00edndice de salarios reales del 2010 se encuentra un 40 por ciento por encima del nivel que alcanz\u00f3 antes al golpe militar, cuatro d\u00e9cadas atr\u00e1s, lo que arroja un incremento promedio de 0,8 por ciento anual (CENDA, 2006b y 2007a).<\/p>\n
La remuneraci\u00f3n del factor trabajo considerado en su conjunto \u2212 que se define en el presente trabajo como las remuneraciones promedio multiplicadas por n\u00famero de personas en la fuerza de trabajo \u2212 creci\u00f3 m\u00e1s de veinte veces de 1929 a 2006. Durante el desarrollismo, ello se debi\u00f3 principalmente al crecimiento r\u00e1pido de los salarios promedio (3,1 por ciento anual), as\u00ed como al m\u00e1s moderado de la fuerza de trabajo (1,6 por ciento anual). Durante el Consenso de Washington, por el contrario, se debi\u00f3 al crecimiento muy r\u00e1pido de esta \u00faltima (2,6 por ciento anual), que compens\u00f3 en parte el desplome salarial ocurrido durante la primera d\u00e9cada de dictadura (una ca\u00edda del 2 por ciento anual en promedio entre 1971 y 1981) y su estancamiento en el per\u00edodo en su conjunto. El detrimento de los trabajadores de 1971 a 2006 fue severo, ya que el alza de la remuneraci\u00f3n general del factor trabajo (3,2 por ciento anual) fue inferior al crecimiento del PIB (3,8 por ciento anual), a pesar de haberse producido un incremento rapid\u00edsimo de la poblaci\u00f3n econ\u00f3micamente activa.<\/p>\n
La variaci\u00f3n de las remuneraciones reales es \u2212 de lejos \u2212 el factor que m\u00e1s incide en la distribuci\u00f3n del ingreso. Las cifras expuestas demuestran de modo fehaciente que la distribuci\u00f3n del ingreso cambia muy profundamente en Chile a lo largo del siglo XX. Durante el per\u00edodo desarrollista, el PIB se multiplica por 3,7 mientras la remuneraci\u00f3n general del factor trabajo se multiplica por 6,8 y el PIB por trabajador casi se duplica. En cambio, durante el Consenso de Washington el PIB se vuelve a multiplicar por 3,7, pero la remuneraci\u00f3n general del factor trabajo solo aumenta tres veces, lo que implica un retroceso relativo, significativo (CENDA, 2007a, anexo, p\u00e1g. 4, tabla 4). Estas cifras contradicen tajantemente un estudio del Banco Mundial (De Ferranti y otros, 2004), seg\u00fan el cual la desigualdad en Am\u00e9rica Latina es un problema secular que no ha sufrido muchas variaciones desde los tiempos coloniales ni se ha visto agravado por las pol\u00edticas del Consenso de Washington. Al menos en Chile no es as\u00ed.<\/p>\n
La recuperaci\u00f3n de los salarios y el fuerte incremento del empleo habidos a partir de 1990 han sido los factores decisivos en la disminuci\u00f3n de la pobreza e indigencia. Seg\u00fan la Encuesta de Caracterizaci\u00f3n Socioecon\u00f3mica Nacional (CASEN), hacia el final de la dictadura (1987) el 45,1 por ciento de la poblaci\u00f3n viv\u00eda con recursos inferiores a la l\u00ednea de pobreza; en 1990, la proporci\u00f3n era todav\u00eda del 38,6 por ciento y hab\u00eda dentro de este estrato un 13 por ciento de la poblaci\u00f3n en condiciones extremas (por debajo de la l\u00ednea de indigencia). Estas proporciones se hab\u00edan reducido ya al 13,7 por ciento y el 3,2 por ciento, respectivamente, en 2006 (Ministerio de Planificaci\u00f3n, 2007).<\/p>\n
No obstante, se ha mantenido muy alta la desigualdad de ingresos valorada con el coeficiente de Gini (medici\u00f3n entre 0 y 1, en donde 0 corresponde a la igualdad absoluta y 1 a la desigualdad absoluta). Su valor era de 0,554 en 1990, luego subi\u00f3 ligeramente a 0,564 en 2000 y mejor\u00f3 despu\u00e9s bajando a 0,522 en 2006 (CEPAL, 2009) y subi\u00f3 levemente a 0,526 en 2009 (OECD, 2012). La nueva conceptualizaci\u00f3n acerca de la distribuci\u00f3n del ingreso, que considera principalmente la relaci\u00f3n entre el uno por ciento verdaderamente rico y el 99 por ciento restante, basada no en las encuestas de hogares sino en los datos de impuestos, muestran que en los EE.UU. los primeros se han llegado a apropiar casi un cuarto del ingreso total y dicha porci\u00f3n se ha m\u00e1s que duplicado en las \u00faltimas tres d\u00e9cadas (Atkinson, Picketty and Saez, 2011; CBO 2011).<\/p>\n
Para el caso chileno, las estimaciones preliminares al respecto son a\u00fan m\u00e1s lapidarias. Los ingresos de todas las familias que responden la encuesta de hogares, denominada CASEN, que representan a m\u00e1s del 99 por ciento de la poblaci\u00f3n del pa\u00eds, en conjunto son inferiores al 47 por ciento del PIB el a\u00f1o 2009. Puesto que el Banco Central de Chile estima el consumo efectivo de las personas en 67 por ciento del PIB el 2009, ello implica que a\u00fan suponiendo que la totalidad de los ingresos de las familias de la CASEN se destinasen al consumo, el menos de uno por ciento del la poblaci\u00f3n que no se refleja en dicha encuesta, dar\u00eda cuenta de m\u00e1s de un tercio del consumo total. Los ingresos de las familias que conforman el universo de la CASEN representan poco m\u00e1s que los ingresos del trabajo, que al 2009 sumaron el 40,6 por ciento del PIB el 2009, seg\u00fan el Banco Central y que incluyen la masa de salarios, que representa poco m\u00e1s de un cuarto del PIB seg\u00fan datos de la Superintendencia de Pensiones y otros ingresos del trabajo. Los excedentes de explotaci\u00f3n, los estima el Banco Central en 48,7 del PIB el 2009, correspondiendo el 10,8 por ciento del PIB restante a impuestos netos de subvenciones. Es decir, la parte del ingreso apropiada por los due\u00f1os del capital, que en su mayor parte corresponden al 1 por ciento m\u00e1s rico, excede con creces los ingresos del trabajo y de las familias que responden la CASEN (CENDA 2012a). <\/p>\n
**Cambios en el r\u00e9gimen de bienestar social**<\/p>\n
La acci\u00f3n del Estado chileno \u2212y especialmente sus pol\u00edticas sociales\u2212 logr\u00f3 frutos bien notables. Los mayores avances tienen lugar durante el desarrollismo porque, llegada la dictadura, las instituciones de pol\u00edtica social sufren un severo desmantelamiento y luego se estancan en la etapa del Consenso de Washington considerada como un todo (gr\u00e1fico 4). Comparando los datos del primer per\u00edodo correspondientes a los a\u00f1os sesenta con los del segundo (1973-2006), el ritmo anual de crecimiento del gasto fue m\u00e1s del triple en educaci\u00f3n y m\u00e1s o menos del doble en salud . En conjunto, duplican el ritmo de crecimiento del PIB durante el primer per\u00edodo y crecen sustancialmente menos que \u00e9ste en el segundo. Dicho de otro modo, a lo largo del desarrollismo se verific\u00f3 un alza sostenida del gasto p\u00fablico destinado a estos rubros (medido en porcentaje del PIB), mientras que ocurri\u00f3 lo contrario durante el conjunto del segundo per\u00edodo (CENDA, 2007a, anexo, p\u00e1g. 5, tabla 5).<\/p>\n
Si nos limitamos a la \u00faltima etapa democr\u00e1tica, el gasto p\u00fablico social del Estado central, que equival\u00eda a un 12 por ciento del PIB en 1990-1991, subi\u00f3 a un 15 por ciento en 2000-2001 y baj\u00f3 a un 12 por ciento en 2006, para recuperarse durante la crisis hasta el 15,6 por ciento el 2010. (DIPRES, 2011). Hay que considerar tambi\u00e9n que, a partir de 1981, la mayor parte del gasto p\u00fablico social se destina al pago de pensiones y otros beneficios previsionales, los que absorbieron el 38 por ciento del mismo entre 1990 y 2010; hasta 1981 se financiaban \u00edntegramente con las contribuciones a la seguridad social, que dejaban un excedente de un tercio (Cerda, 2011a); desde que se abandon\u00f3 el sistema de reparto en 1981, las cotizaciones se desv\u00edan \u00edntegramente a los mercados financieros.<\/p>\n
A lo largo del desarrollismo se crearon sistemas p\u00fablicos de tipo universal que alcanzaron amplia cobertura. Durante el per\u00edodo siguiente, en cambio, se acometi\u00f3 la privatizaci\u00f3n de los mismos, que se logr\u00f3 en buena medida en pensiones y educaci\u00f3n, aunque mucho menos en salud. Al cabo de tres d\u00e9cadas de privatizaci\u00f3n, los beneficios de los servicios p\u00fablicos sociales han ido a parar a los mercados financieros, los prestadores privados y una exigua minor\u00eda de la poblaci\u00f3n que percibe altos ingresos (con no pocos problemas aun para estos \u00faltimos); adicionalmente, ha representado un elevado costo para el fisco. Por otra parte, se abandon\u00f3 la concepci\u00f3n universal en favor de la \u00abfocalizaci\u00f3n\u00bb en los sectores m\u00e1s pobres de un gasto p\u00fablico reducido. Ello ha permitido aliviar en algo su situaci\u00f3n, especialmente la de los indigentes. En cambio, la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n, incluidas las clases medias asalariadas, ha quedado desprotegida y forzada a incrementar fuertemente sus pagos a la industria privada de servicios sociales, al tiempo que la apertura indiscriminada del pa\u00eds a la globalizaci\u00f3n hac\u00eda m\u00e1s precarios sus empleos y m\u00e1s insegura su condici\u00f3n general.<\/p>\n
La evoluci\u00f3n de la educaci\u00f3n, el m\u00e1s grande de los sistemas p\u00fablicos sociales, refleja bien esta situaci\u00f3n. Los avances globales a lo largo de un siglo son, sin duda, impresionantes. El analfabetismo se extingui\u00f3 pr\u00e1cticamente a principios de los a\u00f1os setenta y la cobertura del nivel educativo b\u00e1sico ya en 1990 alcanz\u00f3 una tasa neta del 90 por ciento, que equivale a tasa brutas superiores al 100 por ciento. En cuanto a la educaci\u00f3n media, la tasa neta en 2006 era del 70,9 por ciento, que equivale a una tasa bruta del 96,5 por ciento (Ministerio de Educaci\u00f3n, 2008) y, a nivel terciario, en 2009 se alcanz\u00f3 una cobertura bruta del 46 por ciento[2]. Comparado con otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, Chile aparece relativamente bien posicionado en estos indicadores.<\/p>\n
Sin embargo, se observa un fuerte contraste entre los resultados del per\u00edodo desarrollista y los cosechados durante los a\u00f1os del Consenso de Washington. Lo m\u00e1s significativo es que aparece una discontinuidad muy marcada entre ambos en la etapa posterior al golpe militar de 1973: las cifras educacionales de matr\u00edcula y gasto por alumno, que ven\u00edan mejorando con celeridad hasta 1973, retroceden bruscamente en la d\u00e9cada siguiente y, aunque se recuperan a partir de 1990, lo hacen solo de manera parcial. De este modo, durante las tres d\u00e9cadas del Consenso de Washington, consideradas en su conjunto, el sistema educacional da muestras de estancamiento, lo cual trae las graves consecuencias que se han puesto de manifiesto \u00faltimamente.<\/p>\n
Si bien el 30 por ciento de la poblaci\u00f3n total del pa\u00eds estaba matriculada en el sistema educacional p\u00fablico en 1974, a fines de la dictadura dicha proporci\u00f3n se hab\u00eda reducido al 25 por ciento, considerando tanto el sistema p\u00fablico como el privado, y al 2009 no supera el 26 por ciento. Al mismo tiempo, ha bajado la proporci\u00f3n de ni\u00f1os y j\u00f3venes respecto de la poblaci\u00f3n total, lo cual ha permitido que la cobertura educacional aumente e, incluso, se complete en los niveles b\u00e1sico y medio. Sin embargo, la disminuci\u00f3n del ritmo de incremento del n\u00famero de matriculados se ha traducido en un retraso relativo del pa\u00eds en el nivel terciario. En otras palabras, la consecuencia del estancamiento anotado es que Chile mantiene niveles mediocres de cobertura terciaria, muy por debajo del l\u00edder regional, Argentina, que para el 2008 lleg\u00f3 a un 70 por ciento de cobertura bruta, y a bastante distancia de pa\u00edses como Corea del Sur, que han logrado un 98 por ciento de cobertura bruta en ese nivel (CENDA, 2011e, 2011e; Riesco 2012). Ello se suma a las notorias deficiencias de calidad y equidad del sistema educacional, que han motivado la crisis y reforma del mismo actualmente en curso.<\/p>\n
La movilizaci\u00f3n del 2011 puso en evidencia la crisis del sistema privatizado de educaci\u00f3n superior. Si bien este nivel ha sido el \u00fanico en el cual la matr\u00edcula ha crecido significativamente en las \u00faltimas d\u00e9cadas: entre 1990 y 2009, las matr\u00edculas del nivel superior crecieron a una tasa anual de 6,8 por ciento anual. Se recuperaron en parte del estancamiento del per\u00edodo dictatorial, cuando crecieron un promedio de apenas 3,5 por ciento anual entre 1974 y 1990, tras caer un -2,3 por ciento anual entre 1974 y 1982. Sin embargo, nunca se han recuperado los ritmos de incremento logrados al culminar el per\u00edodo desarrollista, cuando alcanzaron una tasa de incremento de 13 por ciento anual en promedio entre 1960 y 1974. Dicha tasa se aceler\u00f3 a consecuencia de la Reforma Universitaria, que logr\u00f3 duplicar la matr\u00edcula total de las universidades entre 1967 y 1974, al tiempo que moderniz\u00f3 las instituciones y alcanz\u00f3 la gratuidad.<\/p>\n
Su financiamiento se ha venido descargando crecientemente en los pagos de los alumnos, mientras el Estado ha reducido su aporte a menos del 15 por ciento del total al 2009 (OECD, 2011). Han alcanzado niveles insostenible, puesto que los cobros promedio por alumno de una carrera universitaria, que ascienden a poco m\u00e1s de dos millones de pesos (unos cuatro mil d\u00f3lares) anuales, equivalen a un mes de ingresos promedio de las familias del quintil m\u00e1s acomodado de la poblaci\u00f3n y a tres meses en el caso del quintil que le sigue; las carreras m\u00e1s caras triplican dicho promedio. Ello se ve agravado por los intereses y gabelas de cr\u00e9ditos subsidiados por el Estado, a los cuales deben recurrir poco menos de la mitad de ellos. Por otra parte, dichos pagos no alcanzan a cubrir la tercera parte del presupuesto en el caso de las cinco o seis universidades de mejor calidad, las que con serias dificultades mantienen su matr\u00edcula estancada a un nivel inferior al de cuatro d\u00e9cadas atr\u00e1s y mantienen a m\u00e1s de la mitad de los acad\u00e9micos jornada completa y una proporci\u00f3n mayor de aquellos con grado de doctor y producen pr\u00e1cticamente toda la investigaci\u00f3n cient\u00edfica, del pa\u00eds. En cambio, han florecido m\u00e1s de una cincuentena de \u201cuniversidades,\u201d que s\u00f3lo realizan docencia de dudosa calidad, con acad\u00e9micos en condiciones laborales precarias. A pesar que el lucro est\u00e1 prohibido por ley, \u00e9stas \u00faltimas resultan un buen negocio y algunas se transan en decenas de millones de d\u00f3lares; su \u201clobby\u201d tiene una influencia que excede su cifra de negocios, puesto que numerosos cuadros superiores de los partidos pol\u00edticos de derecha y otros, se financian con cargos en dichas instituciones (CENDA 2006b, 2011e; Riesco 2012). <\/p>\n
**\u00bfNace un nuevo modelo desarrollista tambi\u00e9n en Chile?**<\/p>\n
Las manifestaciones estudiantiles del 2011 han sido las m\u00e1s masivas de la historia del pa\u00eds, mayores incluso a las que impulsaron la reforma universitaria de los a\u00f1os 1960, que transform\u00f3 por completo el sistema educacional de entonces y abri\u00f3 paso a la movilizaci\u00f3n general que culmin\u00f3 en las grandes realizaciones del gobierno del Presidente Allende. M\u00e1s all\u00e1 de sus demandas espec\u00edficas, pusieron de manifiesto la p\u00e9rdida de legitimidad de las instituciones pol\u00edticas de la transici\u00f3n, como muy bien lo describi\u00f3 un editorial del diario brit\u00e1nico Financial Times en agosto de ese a\u00f1o, comentando las grandes marchas estudiantiles: \u201cDise\u00f1adas para salvaguardar el modelo econ\u00f3mico y social heredado de Pinochet, su fosilizaci\u00f3n ha vaciado de toda representatividad a las instituciones estatales\u201d (FT 2011). Este proceso se encuentra en pleno desarrollo y su desenlace es, desde luego, incierto. Sin embargo, el pa\u00eds se ha visto sacudido por grandes movilizaciones sociales en cada d\u00e9cada del pasado siglo, con la notoria excepci\u00f3n de las dos reci\u00e9n pasadas durante las cuales el acelerado crecimiento econ\u00f3mico \u201clevant\u00f3 todos los botes, aunque unos mucho m\u00e1s que otros,\u201d como escribi\u00f3 el diario brit\u00e1nico en el mismo editorial citado; adicionalmente, la poblaci\u00f3n acept\u00f3 el lento ritmo de avance impuesto por la transici\u00f3n a la democratizaci\u00f3n del pa\u00eds, preocupada de evitar un eventual retorno de la dictadura cuyo t\u00e9rmino signific\u00f3 un costo tan elevado en luchas callejeras y sangrienta represi\u00f3n, durante la d\u00e9cada de 1980. Todo eso termin\u00f3 con la descomposici\u00f3n que sufri\u00f3 la Concertaci\u00f3n de Partidos por la Democracia, coalici\u00f3n de centroizquierda que gobern\u00f3 a lo largo de este per\u00edodo, y que la condujo a la derrota en las elecciones del 2009 a manos de una coalici\u00f3n de centroderecha encabezada por Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, uno de los grandes multimillonarios engendrados por la dictadura. El contenido del programa de cambios que propugna el movimiento social y la actual oposici\u00f3n pol\u00edtica en la cual se han reunido los partidos de la Concertaci\u00f3n y los Comunistas, y que cuenta con el apoyo de la abrumadora mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n, es bastante claro: completar la democratizaci\u00f3n para corregir las grandes distorsiones que el extremismo neoliberal ha introducido en la estrategia estatal de desarrollo del pa\u00eds, principalmente, recuperar los recursos naturales que se han apropiado un pu\u00f1ado de grandes corporaciones rentistas, principalmente extranjeras, y reconstruir un moderno Estado de bienestar, para corregir las desigualdades que la propia Iglesia Cat\u00f3lica ha calificado de escandalosas. Dicho camino no es muy diferente al que vienen impulsando los nuevos gobiernos desarrollistas en Am\u00e9rica Latina desde los inicios del presente siglo (Riesco 2012).<\/p>\n
*Art\u00edculo preparado para: \u00abGlobale Perspektiven Sozialpolitik Befunde auf aus Asien, Afrika und Lateinamerika,\u00bb publicado por la University of Kassel*<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Estado de Chile moderniz\u00f3 el pa\u00eds siguiendo 2 estrategias: desarrollismo (1924-1973) y el llamado \u00abconsenso de Washington\u00bb (1973-2008). Durante el 1\u00b0 per\u00edodo, impulsa pol\u00edticas sociales universales y la reforma agraria, aparte de construir la infraestructura econ\u00f3mica e institucional. Tras el golpe del 73 se desmantelan servicios p\u00fablicos y se reprime el movimiento laboral<\/p>\n","protected":false},"author":607,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[161,74,67],"tags":[],"class_list":["post-9017","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-opiniones","category-politica-es","category-sudamerica"],"yoast_head":"\n