Luego de su paso por las comisiones de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Trabajo y Constituci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados, esta proceder\u00e1 a la discusi\u00f3n en sala del Tratado Integral y Progresista de Asociaci\u00f3n Transpac\u00edfico (TPP-11). El proyecto para la ratificaci\u00f3n de este tratado internacional fue aprobado en las dos primeras, siendo rechazado en las dos segundas. La Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n, Legislaci\u00f3n y Justicia, en tanto, fue convocada para esclarecer el qu\u00f3rum requerido para su ratificaci\u00f3n, resolvi\u00e9ndose por amplia votaci\u00f3n de los parlamentaria\/os, en favor de la mayor\u00eda simple.<\/p>\n
El debate que ha concitado el TPP-11 en el Congreso Nacional, al igual que en los otros estados suscriptores de este acuerdo comercial, se origina en la preocupaci\u00f3n y movilizaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda por los impactos que este tipo de acuerdos tienen en los derechos humanos y en la soberan\u00eda nacional.<\/p>\n
No se trata solo de una preocupaci\u00f3n ciudadana, sino tambi\u00e9n de una que ha encontrado eco en instancias internacionales de derechos humanos. En efecto, el impacto de los tratados de libre comercio y de las inversiones en los derechos humanos viene siendo advertido por diversos relatores especiales y expertos de Naciones Unidas desde hace a\u00f1os. En el caso espec\u00edfico del TPP, varios de estos relatores dirigieron una comunicaci\u00f3n formal el 2016 a los distintos estados que formaban parte del acuerdo, entre ellos Chile, solicit\u00e1ndoles informaci\u00f3n sobre los derechos que podr\u00edan verse afectados con su ratificaci\u00f3n, citando para ello los art\u00edculos m\u00e1s controversiales del tratado.<\/p>\n
Entre los m\u00faltiples impactos que se han identificado en estos tratados est\u00e1n aquellos que se generan en los derechos de pueblos ind\u00edgenas. De ello dan cuenta los dos \u00faltimos informes tem\u00e1ticos de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Ind\u00edgenas, Victoria Tauli-Corpuz, referidos al impacto del r\u00e9gimen de inversiones y de los TLC y TBI en los derechos de estos pueblos, presentados ante la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En dichos informes se identifican entre otros efectos adversos en los derechos de estos pueblos generados por dichos tratados, aquellos sobre sus derechos a la libre determinaci\u00f3n y a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; a sus tierras, territorios y recursos; a la participaci\u00f3n y al consentimiento previo, libre e informado; a sus conocimientos tradicionales y expresiones culturales; a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes y a la reparaci\u00f3n efectiva de toda lesi\u00f3n a sus derechos individuales o colectivos. En dichos informes se sostiene adem\u00e1s que estos tratados generan una \u201casimetr\u00eda\u201d en las cargas de la globalizaci\u00f3n econ\u00f3mica, puesto que gran parte de las inversiones se proyectan o implementan en territorios ind\u00edgenas sin su consulta y consentimiento.<\/p>\n
Reflejo tambi\u00e9n de preocupaci\u00f3n por las implicancias del tratado es la audiencia especial concedida por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2016 al Observatorio Ciudadano -junto a organizaciones ind\u00edgenas y de sociedad civil de M\u00e9xico y Per\u00fa, pa\u00edses que tambi\u00e9n son parte del TPP y que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, al igual que Chile-, en raz\u00f3n de los efectos negativos de los TLC en los pueblos ind\u00edgenas de Am\u00e9rica Latina. En dicha oportunidad los comisionados, considerando los impactos reportados que ser\u00edan generados por el TPP, estimaron procedente el impulso de procesos de consulta ind\u00edgena durante su tramitaci\u00f3n en las legislaturas. Ello en base a los est\u00e1ndares sobre la materia contenidos en el Convenio 169 de la OIT, as\u00ed como en la propia jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos<\/p>\n
En el caso de Chile, no se trata de una exigencia que carezca de fundamento. En efecto, no puede escapar al conocimiento de los legisladores el hecho de que la inversi\u00f3n externa generada por los de 26 acuerdos comerciales con 64 estados suscritos por Chile desde 1993 a la fecha, que representan el 86,3% del PIB global (Direcci\u00f3n General de Relaciones Econ\u00f3micas Internacionales \u2013 DIRECON, 2018a), han sido determinantes en el crecimiento de la actividad empresarial vinculada a la explotaci\u00f3n o procesamiento de recursos naturales. De lo anterior dan cuenta las cifras de exportaci\u00f3n del pa\u00eds, el 74.6% de las cuales se concentran en tan solo tres rubros (miner\u00eda con el 62%, industria celulosa y madera con el 8%, y salmonicultura con el 4.6% del total), todos relacionados con recursos naturales (Banco Central de Chile, 2014). Se trata, en todos los casos, de actividades que se sobreponen de manera significativa a los territorios de ocupaci\u00f3n tradicional ind\u00edgena, y que, seg\u00fan el Mapa de Conflictos Socioambientales del INDH (2018a), han generado impactos adversos en derechos humanos.<\/p>\n
Por lo mismo llama profundamente la atenci\u00f3n que hasta ahora los legisladores no se hayan pronunciado frente a la demanda que han formulado representantes ind\u00edgenas de distintos territorios para que el TPP-11 sea sometido a consulta previa, antes de ser ratificado. Una vulneraci\u00f3n de derechos en la que incurri\u00f3 tambi\u00e9n en su momento el ejecutivo, pues tampoco consult\u00f3 a estos pueblos en la etapa de negociaci\u00f3n o antes de firmar el texto definitivo.<\/p>\n
La Canciller\u00eda fundamenta esta decisi\u00f3n en la resoluci\u00f3n 833-2016 de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, donde se sostiene que el TPP \u201cno requiere consulta previa a los pueblos ind\u00edgenas\u201d. Ello a partir de antecedentes del Acuerdo aportados por la propia DIRECON. Por otra parte, el propio documento se\u00f1ala que \u201cla decisi\u00f3n de iniciar un proceso de consulta ind\u00edgena es aut\u00f3noma del \u00f3rgano responsable de dictar la medida\u201d, y agrega que el informe de procedencia solicitado a dicho ministerio \u201ces meramente facultativo\u201d y \u201cno tiene el car\u00e1cter de vinculante\u201d. El an\u00e1lisis adem\u00e1s para llegar a esta conclusi\u00f3n se realiza a partir de las disposiciones del decreto 66 que regula la consulta ind\u00edgena en Chile dictado en la primera administraci\u00f3n de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era. Se trata, como tambi\u00e9n lo han se\u00f1alado diversas instancias internacionales, incluyendo la propia OIT y el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, de un reglamento que contiene una interpretaci\u00f3n restrictiva del est\u00e1ndar internacional del derecho a la consulta de pueblos ind\u00edgenas y, que por lo mismo, el Estado ha comprometi\u00f3 hace cuatro a\u00f1os atr\u00e1s \u00a0su modificaci\u00f3n en el marco de la examinaci\u00f3n del Comit\u00e9 DESC.<\/p>\n
Finalmente, es importante aclarar que la referencia incorporada en el TPP-11 en las excepciones a los pueblos ind\u00edgenas al se\u00f1alar que \u201c las partes reconocen la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y las pr\u00e1cticas de las comunidades ind\u00edgenas y locales que entra\u00f1en estilos tradicionales de vida que contribuyan a la conservaci\u00f3n y uso sostenible de la diversidad biol\u00f3gica\u00bb, si bien constituye un avance, no resulta garant\u00eda suficiente para salvaguardar el conjunto de derechos que les han sido reconocidos por los tratados internacionales que les son aplicables, y que han sido ratificados por Chile. Por lo dem\u00e1s, todas las disposiciones del acuerdo \u2013incluidas las excepciones\u2013 se encuentran sujetas a su mecanismo de soluci\u00f3n de controversias, por lo que ser\u00e1n estos tribunales ad hoc<\/em> los que resolver\u00e1n su alcance frente a las demandas de los inversionistas.<\/p>\n Los derechos humanos de tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como los establecidos en el Convenio 169 de la OIT obligan, por disposici\u00f3n constitucional (art\u00edculo 5to inciso 2) a todos los \u00f3rganos del Estado, los que por cierto incluyen al Congreso Nacional. Por lo mismo, los legisladores no pueden ignorarlos al analizar el TPP-11, evaluando apropiadamente los impactos que la ratificaci\u00f3n de este tratado comercial tendr\u00eda en estos derechos, as\u00ed como los procedimientos que en este caso corresponden para su aprobaci\u00f3n, los que evidentemente incluyen la consulta a los pueblos ind\u00edgenas susceptibles de ser afectados en sus derechos por esta medida legislativa.<\/p>\n * Jos\u00e9 Aylwin y Paulina Acevedo, director y coordinadora del Programa Ciudadan\u00eda e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, respectivamente.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Luego de su paso por las comisiones de Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Trabajo y Constituci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados, esta proceder\u00e1 a la discusi\u00f3n en sala del Tratado Integral y Progresista de Asociaci\u00f3n Transpac\u00edfico (TPP-11). El proyecto para la…<\/p>\n","protected":false},"author":43,"featured_media":842387,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[149,81,67],"tags":[29,57769,44248],"class_list":["post-842386","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicados-de-prensa","category-economia-es","category-sudamerica","tag-chile","tag-consulta-indigena","tag-tpp11"],"yoast_head":"\n