El imperio de la justicia y el acceso a la informaci\u00f3n son de los temas m\u00e1s sensibles para la supervivencia de una democracia saludable en cualquier pa\u00eds. En ambos casos, mucho depende de la capacidad de la ciudadan\u00eda para detectar las fisuras, combatir las injusticias desde una posici\u00f3n anal\u00edtica e informada y participar activamente en los asuntos de la comunidad. A pesar de las dificultades para emerger con mente despierta de la mara\u00f1a de falsedades en la cual se debaten las sociedades, existen mecanismos para abrir los accesos a las fuentes y los archivos en donde se guarda la actividad de los centros de poder.<\/p>\n
Sin embargo, muchas veces esos registros han sido capturados, borrados o negados al acceso p\u00fablico. Esto sucede en pa\u00edses carentes de regulaciones estrictas para salvaguardar sus registros hist\u00f3ricos, porque quienes los controlan suelen escatimar esa informaci\u00f3n para evitar consecuencias legales por la comisi\u00f3n de delitos dentro de las instituciones. En este enorme bagaje de documentaci\u00f3n no solo reside el hilo hist\u00f3rico sino tambi\u00e9n los detalles de cr\u00edmenes cometidos por quienes administran la pol\u00edtica, la econom\u00eda y la justicia de una naci\u00f3n.<\/p>\n
Ayer 24 de marzo se celebr\u00f3 el D\u00eda Internacional del Derecho a la Verdad proclamado en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la memoria de las v\u00edctimas de violaciones graves y sistem\u00e1ticas de sus derechos humanos, as\u00ed como resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. La relevancia de esta decisi\u00f3n de la ONU pone de manifiesto de manera muy puntual el derecho de las v\u00edctimas de abusos a conocer los detalles de las acciones cometidas en su contra y exigir la aplicaci\u00f3n de la justicia para castigar a los culpables. Por ello, resulta una acci\u00f3n especialmente emblem\u00e1tica cuando tanto en Chile como en Guatemala se pretende liberar a los responsables de algunos de los peores cr\u00edmenes de lesa humanidad cometidos en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n
Las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos por motivos pol\u00edticos, las persecuciones contra l\u00edderes comunitarios y activistas ecol\u00f3gicos y las pol\u00edticas de tierra arrasada -con el prop\u00f3sito de apoderarse de territorios ricos en recursos- son cr\u00edmenes imprescriptibles en el escenario mundial. Sin embargo, los c\u00edrculos de poder bajo cuya protecci\u00f3n se encuentran los perpetradores \u2013dentro de las estructuras del Estado y fuera de ellas- poseen un enorme poder ante sociedades acostumbradas a tolerar sus excesos y a vivir intimidadas por sus pol\u00edticas represivas.<\/p>\n
Am\u00e9rica Latina ha sufrido estos embates una y otra vez. Los pa\u00edses han perdido ya la cuenta de los golpes recibidos en sus intentos por establecer democracias transparentes y orientadas a proteger los derechos ciudadanos. Algunos presumen de libertades y desarrollo, pero solo benefician a un porcentaje m\u00ednimo de la poblaci\u00f3n y dejan a las mayor\u00edas privada de derechos esenciales como la educaci\u00f3n, salud y alimentaci\u00f3n. En esas naciones, el acceso de la ciudadan\u00eda a la informaci\u00f3n veraz, verificable y completa sobre los actos de sus gobernantes suele ser casi imposible.<\/p>\n
El derecho a la verdad proclamado por la ONU, por lo tanto, tambi\u00e9n debe incluir a las grandes mayor\u00edas. Junto con las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de lesa humanidad est\u00e1n enormes conglomerados humanos condenados a la miseria y al hambre por gobiernos corruptos y estructuras criminales apoderadas de sus instituciones. El acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y, especialmente, a los registros de los organismos represivos, debe ser un paso ineludible hacia la restauraci\u00f3n del estado de Derecho.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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