El Tribunal de Cuentas se\u00f1ala por primera vez a los responsables pol\u00edticos de la venta de 1.860 viviendas p\u00fablicas municipales al fondo buitre Blackstone y les condena a pagar 25 millones por malvender aquellos pisos.<\/p>\n
La Comunidad de Madrid emprendi\u00f3, bajo el mandato de Ignacio Gonz\u00e1lez, una operaci\u00f3n similar con 3.000 viviendas del IVIMA que tambi\u00e9n est\u00e1 siendo investigada.<\/p>\n
Los dos procesos se iniciaron en paralelo y tienen similitudes: varias sentencias se\u00f1alan que las administraciones no justificaron la necesidad urgente de deshacerse de ese patrimonio p\u00fablico y obviaron el inter\u00e9s de todos.<\/p>\n
Las dos operaciones se emprendieron en paralelo con un objetivo id\u00e9ntico: vender patrimonio p\u00fablico en uso, en forma de viviendas sociales, a fondos de inversi\u00f3n para obtener liquidez en plena crisis econ\u00f3mica. Esa al menos fue la justificaci\u00f3n de los gobiernos del PP que, desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, impulsaron la enajenaci\u00f3n de casi 5.000 viviendas protegidas en 2013.<\/p>\n
Cinco a\u00f1os despu\u00e9s, la lista de \u00f3rganos judiciales que cuestionan el argumento oficial es cada vez m\u00e1s alargada. Varios jueces han concluido que las operaciones no estuvieron debidamente respaldadas en datos objetivos que justificaran la necesidad de la venta por el precio acordado.<\/p>\n
La primera condena ha llegado este jueves, cinco a\u00f1os despu\u00e9s de que el Ayuntamiento de Madrid enajenase 18 bloques de viviendas p\u00fablicas.<\/a>\u00a0El Tribunal de Cuentas, el organismo que fiscaliza el gasto de las administraciones p\u00fablicas, se\u00f1ala por primera vez a los dirigentes pol\u00edticos responsables de la venta de 1.860 viviendas p\u00fablicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo al fondo buitre Blackstone y les condena al pago de 25 millones de euros por el perjuicio patrimonial que produjo aquella operaci\u00f3n. La primera responsable de la venta es Ana Botella, alcaldesa de Madrid en aquel momento.<\/p>\n La enajenaci\u00f3n, seg\u00fan la sentencia del Tribunal de Cuentas, se llev\u00f3 a cabo sin una tasaci\u00f3n fiable, sin publicidad, haciendo uso de informaci\u00f3n privilegiada y sin tener en cuenta el inter\u00e9s p\u00fablico. El fallo subraya que las actuaciones ni tuvieron \u00abjustificaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb ni \u00abmotivaci\u00f3n econ\u00f3mica admisible\u00bb porque \u00abno se valoraron otras posibilidades\u00bb y llevaron a cabo en unas \u00abcondiciones\u00bb que generaron perjuicio a las arcas p\u00fablicas: el precio por el que se vendieron, 128,5 millones de euros, era inferior a su valor real. Veintid\u00f3s millones inferior, seg\u00fan el fallo.<\/p>\n El argumento no es nuevo. Un motivo muy similar\u00a0\u00a0esgrime una sentencia de mayo de 2018,<\/a>\u00a0que no corresponde a esta operaci\u00f3n municipal sino a la auton\u00f3mica que impuls\u00f3 de manera paralela el Gobierno de Ignacio Gonz\u00e1lez desde la Puerta del Sol y que despoj\u00f3 al instituto auton\u00f3mico de la vivienda de 2.935 viviendas del plan Joven, 3.084 garajes, 1.865 trasteros y 45 locales, que fueron vendidos por 210 millones de euros al fondo de inversi\u00f3n Goldman-Sachs Azora. Seg\u00fan este fallo,emitido por el juzgado de lo contencioso-administrativo n\u00famero 29 de Madrid<\/a>,\u00a0 la venta se sostuvo en \u00abla llana afirmaci\u00f3n\u00bb de que las viviendas no eran \u00abnecesarias\u00bb y sin informes de tipo econ\u00f3mico que respaldaran semejante razonamiento.<\/p>\n \u00abNo se\u00a0ofrece ni justifica la raz\u00f3n o el porqu\u00e9 dejan de ser necesarias dichas promociones […], cuando cumplen\u00a0\u00a0una funci\u00f3n social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna\u00bb.\u00a0Otra sentencia firmada cuatro meses despu\u00e9s en el juzgado de lo contencioso administrativo n\u00famero 2 copiaba el primer fallo<\/a>. Las dos anulaban las resoluciones administrativas que permitieron la operaci\u00f3n y han sido recurridas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, bajo la premisa de que la decisi\u00f3n s\u00ed\u00a0\u00a0se bas\u00f3 \u00aben argumentos s\u00f3lidos ligados al ahorro de costes\u00bb<\/a>. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene previsto pronunciarse sobre el asunto a finales de enero.<\/p>\n Seg\u00fan la ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, \u00ablos bienes y derechos que constituyan el dominio privado, cuando no sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, podr\u00e1n ser enajenados\u00bb. Las sentencias conocidas hasta ahora ponen en cuesti\u00f3n precisamente el hecho de que no fueran necesarias cuando estaban ocupadas por inquilinos que hab\u00edan accedido a ellas por su limitado nivel de renta, a quienes en teor\u00eda se deber\u00eda haber facilitado su compra a los diez a\u00f1os. Pero no fue as\u00ed.<\/p>\n El fallo del Tribunal de Cuentas carga contra la filosof\u00eda de este tipo de operaciones:\u00a0 \u00abResultar\u00eda jur\u00eddicamente inviable y socialmente indefendible que pudiera cobrarse un determinado precio m\u00e1ximo por la compra de un inmueble a una persona amparada por un r\u00e9gimen de protecci\u00f3n social derivado de su situaci\u00f3n de escasez patrimonial y, sin embargo, pudiera cobrarse un precio inferior por ese mismo inmueble a personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que no gozaran de esa protecci\u00f3n social al ser su situaci\u00f3n financiera sostenible\u00bb.<\/p>\n En ambos procesos, el del Ayuntamiento y el de la Comunidad, los responsables pol\u00edticos aseguraron a los inquilinos que sus rentas de alquiler no se ver\u00edan afectadas. Una promesa que se desplom\u00f3 en cuanto empezaron a expirar los contratos. Entonces, el nuevo fondo propietario inici\u00f3 una escalada de subida de precios. Las familias que a\u00fan viven en esas casas han sufrido aumentos mensuales que alcanzan el 40%. Muchos se han ido y otros tantos han sido desahuciados por impago de la renta de inmuebles pensados para garantizar la vivienda a los colectivos m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n Las operaciones paralelas que hicieron de la vivienda p\u00fablica objeto de negocio inmobiliario en Madrid encuentran adem\u00e1s otras similitudes: ambas est\u00e1n siendo investigadas en los juzgados de lo penal al encontrarse en ellas indicios de \u00abdelitos de prevaricaci\u00f3n, malversaci\u00f3n y fraude\u00bb.<\/p>\n La actuaci\u00f3n municipal se investig\u00f3 y se archiv\u00f3, pero despu\u00e9s volvi\u00f3 a reabrirse tras un\u00a0demoledor informe de la C\u00e1mara de Cuentas<\/a>\u00a0del que se nutre en parte la sentencia del Tribunal de Cuentas conocida este viernes. La causa inici\u00f3 su recorrido penal a ra\u00edz de una querella de la asociaci\u00f3n de afectados y afectadas por la venta, apoyada por el PSOE y despu\u00e9s por el Gobierno municipal de Manuela Carmena, cuya ampliaci\u00f3n permiti\u00f3 la reapertura por la \u00abeventual presencia de delitos de prevaricaci\u00f3n, malversaci\u00f3n y fraude\u00bb en el proceso de traspaso de 1.862 viviendas\u00bb.<\/p>\n La enajenaci\u00f3n de los pisos del IVIMA, por otro lado, mantiene imputados desde hace dos a\u00f1os a los directores de la entidad p\u00fablica de la \u00e9poca: Ana Gomendio y Juan Van-Halen. La causa permanece abierta en el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 28 de Madrid. La semana pasada la Fiscal\u00eda emiti\u00f3 un escrito con un giro de criterio que ped\u00eda el archivo de la investigaci\u00f3n,\u00a0aunque admit\u00eda que hab\u00eda \u00abirregularidades\u00bb<\/a>.<\/p>\n Seg\u00fan el escrito del Ministerio P\u00fablico, estas \u00abirregularidades\u00bb se producen en el marco de una \u00ablegislaci\u00f3n permisiva\u00bb que es \u00abel origen del conflicto\u00bb y \u00abcuya soluci\u00f3n requerir\u00eda reformas legislativas\u00bb. \u00abEn el curso del an\u00e1lisis se comprob\u00f3 igualmente que las irregularidades tuvieron lugar en el marco de una legislaci\u00f3n que permite la venta de promociones p\u00fablicas a \u00ab\u2026personas jur\u00eddicas, incluyendo sociedades o fondos de inversi\u00f3n inmobiliaria, pudiendo retener, si as\u00ed lo acuerdan, la gesti\u00f3n de las promociones\u00bb.<\/p>\n El expolio de vivienda p\u00fablica transita desde hace a\u00f1os por diversas v\u00edas judiciales. La propia Fiscal\u00eda recomienda a los afectados y afectadas recurrir por la v\u00eda de lo contencioso administrativo, estancada de momento a la espera del pronunciamiento del TSJM. Tras varios intentos frustrados y recursos,\u00a0\u00a0el Tribunal Supremo termin\u00f3 reconociendo el derecho de los inquilinos a poner un recurso sobre la venta porque eran parte afectada.<\/a>\u00a0Hasta finales de 2016, los afectados estaban atados de pies y manos porque la justicia no reconoc\u00eda las \u00abconsecuencias directas\u00bb que hab\u00eda tenido sobre ellos la operaci\u00f3n. Ahora, la misma sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que neg\u00f3 el derecho de los inquilinos a recurrir, deber\u00e1 pronunciarse por primera vez sobre el fondo de la cuesti\u00f3n.<\/p>\n Pese que las causas han ido avanzando a un ritmo similar, la primera condena ha sido para los cargos del Ayuntamiento que pilotaron la venta. Mucho ha influido el cambio de Gobierno municipal frente a la continuidad del PP en la Comunidad de Madrid. El equipo de Manuela Carmena impuls\u00f3 una comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n municipal cuyo dictamen ha sido fundamental para la sentencia del Tribunal de Cuentas. Adem\u00e1s, se person\u00f3 en la querella y este viernes ha asegurado\u00a0que tratar\u00e1 de lograr la nulidad del proceso<\/a>, la demanda que repiten una y otra vez los afectados. El castigo econ\u00f3mico impuesto a Ana Botella y otros responsables pol\u00edticos de la \u00e9poca, dicen,\u00a0no les \u00abrepara\u00bb porque Blackstone sigue siendo su casero.<\/a><\/p>\n Mientras tanto, las familias que esperan una vivienda social se eternizan en la lista. No hay pisos para tantos demandantes. Solo en la ciudad de Madrid hay 29.000 personas apuntadas y 6.000 casas. La venta al fondo buitre Blackstone supuso la p\u00e9rdida de cerca de un cuarto del patrimonio. \u00abTenemos un grave problema de acceso a la vivienda\u00bb, reconoc\u00eda hace unos d\u00edas la primera teniente de alcaldesa, Marta Higueras, en una visita a unas nuevas promociones que el Ayuntamiento est\u00e1 construyendo. Seg\u00fan datos municipales, la EMVS tiene\u00a0en este momento 3.374 viviendas m\u00e1s en distintas fases de promoci\u00f3n que a\u00fan no han sido entregadas.<\/p>\n En la Comunidad las cifras no dejan tampoco espacio al optimismo. El IVIMA, ahora renombrado como Agencia de la Vivienda Social, mantiene en la espera a 3.700 personas pese a que 500 de las viviendas de su cartera est\u00e1 vac\u00edas. El Gobierno justifica que estas casas est\u00e1n en proceso de reforma. A ellas hay que sumar otras 2.000 que est\u00e1n ocupadas por personas que no tienen t\u00edtulo legal para hacerlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal de Cuentas se\u00f1ala por primera vez a los responsables pol\u00edticos de la venta de 1.860 viviendas p\u00fablicas municipales al fondo buitre Blackstone y les condena a pagar 25 millones por malvender aquellos pisos. La Comunidad de Madrid emprendi\u00f3,…<\/p>\n","protected":false},"author":1170,"featured_media":782205,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66],"tags":[773,1065,6520],"class_list":["post-782204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-europa-es","tag-corrupcion","tag-espana","tag-fondos-buitres"],"yoast_head":"\nInvestigaciones abiertas en lo penal<\/h3>\n
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