{"id":75677,"date":"2013-11-07T22:13:59","date_gmt":"2013-11-07T22:13:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=75677"},"modified":"2013-11-07T22:13:59","modified_gmt":"2013-11-07T22:13:59","slug":"la-justicia-tardia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2013\/11\/la-justicia-tardia\/","title":{"rendered":"La justicia tard\u00eda"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/rebelion.org\/mostrar.php?tipo=5&amp;id=Aram%20Aharonian&amp;inicio=0\">Por Aram Aharonian<\/a><\/p>\n<p>Tras m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, la Corte Suprema de Justicia puso fin a la controversia judicial sobre la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual, aprobada en 2009 por el Congreso y frenada parcialmente por la demanda del Grupo Clar\u00edn. El M\u00e1ximo Tribunal declar\u00f3 constitucionales los cuatro art\u00edculos cuestionados por el multimedios: 41, 45, 48 y 161. Tras cuatro a\u00f1os de medidas cautelares interpuestas por el grupo econ\u00f3mico Clar\u00edn, oligopolio medi\u00e1tico, amparadas por jueces con escaso sentido de justicia, la Corte emiti\u00f3 su fallo, curiosamente dos d\u00edas despu\u00e9s de que en las elecciones parlamentarias, el oficialismo consiguiera conservar la mayor\u00eda en ambas c\u00e1maras legislativas, que por gran mayor\u00eda hab\u00edan aprobado en octubre de 2009 la norma, considerada como la m\u00e1s avanzada en la regi\u00f3n.<\/p>\n<p>La Corte entendi\u00f3 que \u00abno se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresi\u00f3n del Grupo Clar\u00edn\u201d y que \u00abno ha sido acreditado que el r\u00e9gimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad econ\u00f3mica\u201d. La resoluci\u00f3n se\u00f1ala que el plazo de un a\u00f1o para la adecuaci\u00f3n est\u00e1 cumplido, por lo que la desinversi\u00f3n es \u00abplenamente aplicable\u201d a Clar\u00edn, y sostiene que \u00abel modo de proteger las licencias es la indemnizaci\u00f3n pecuniaria\u201d.<\/p>\n<p>El fallo mayoritario fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi, con la disidencia parcial de Carlos Maqueda y Carmen Argibay. En el fallo mayoritario, los magistrados consideraron que \u00abno se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresi\u00f3n del Grupo Clar\u00edn\u201d y que las \u00abrestricciones de orden estrictamente patrimonial\u201d que establece la norma \u00abno son desproporcionadas frente al peso institucional que poseen los objetivos de la ley\u201d. Afirman que la ley \u00abregula el mercado de medios de comunicaci\u00f3n sin efectuar distinci\u00f3n alguna respecto a los sujetos alcanzados por sus disposiciones\u201d, es decir, que no apunta a perjudicar a un grupo o medio en particular, sino que regula a todo el mercado audiovisual. \u00abNo surge de la pericia que las restricciones tengan entidad suficiente como para comprometer o poner en riesgo la sustentabilidad econ\u00f3mica u operativa de las empresas que componen el Grupo Clar\u00edn, aun cuando pueda conllevar una disminuci\u00f3n de sus beneficios o rentabilidad\u201d, afirman el fallo que lleva las firmas de Lorenzetti, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Petracchi, Maqueda y Argibay, estos \u00faltimos con disidencias parciales. Los jueces entendieron que la conclusi\u00f3n del perito econ\u00f3mico sobre la falta de sustentabilidad que la regulaci\u00f3n le impone al grupo es \u00abuna afirmaci\u00f3n dogm\u00e1tica que no ha sido debidamente fundada\u201d.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el M\u00e1ximo Tribunal se pregunta \u00abc\u00f3mo es posible que otros grupos licenciatarios resulten econ\u00f3micamente sustentables\u201d si fuera cierto el argumento de Clar\u00edn de que su adecuaci\u00f3n al l\u00edmite de licencias lo tornar\u00e1 inviable econ\u00f3micamente. El fallo apunta que la libertad de expresi\u00f3n puede ser entendida en dos dimensiones, la individual y la colectiva, y entiende como correcto que el Estado regule en ese aspecto.<\/p>\n<p>\u00abLos medios de comunicaci\u00f3n tienen un rol relevante en la formaci\u00f3n del discurso p\u00fablico, motivo por el cual el inter\u00e9s del Estado en la regulaci\u00f3n resulta incuestionable\u201d, afirmaron los ministros, y argumentaron que es l\u00edcita la \u00absanci\u00f3n de normas que a priori organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicaci\u00f3n\u201d. Adem\u00e1s, no hicieron lugar a la distinci\u00f3n entre las licencias que ocupan espectro radioel\u00e9ctrico y las que no (como la televisi\u00f3n por cable), al sostener que \u00abel fundamento de la regulaci\u00f3n no reside en la naturaleza limitada del espectro como bien p\u00fablico, sino, fundamentalmente, en garantizar la pluralidad y diversidad de voces\u201d.<\/p>\n<p>Sobre el art\u00edculo 45, que establece los l\u00edmites a la multiplicidad de licencias, la Corte consider\u00f3 que las restricciones \u00abaparecen como apropiadas o aptas para permitir la participaci\u00f3n de un mayor n\u00famero de voces\u201d y dio por justificada para la televisi\u00f3n por cable la limitaci\u00f3n al 35 por ciento de abonados y a 24 licencias, como as\u00ed tambi\u00e9n la diferenciaci\u00f3n entre TV por cable y satelital. En tanto, el fallo declara constitucional el plazo de un a\u00f1o dispuesto por el art\u00edculo 161 para la adecuaci\u00f3n, y afirma que al estar vencido ese plazo \u00abel art\u00edculo 161 de la ley resulta plenamente aplicable a la actora\u201d.<\/p>\n<p>Sobre el final de la resoluci\u00f3n, el M\u00e1ximo Tribunal record\u00f3 que no es su funci\u00f3n establecer \u00absi la ley 26.522 se adec\u00faa o no a los avances tecnol\u00f3gicos, si es una ley obsoleta, si se trata o no de una ley incompleta o inconveniente, o en otras palabras, si se trata de la mejor ley posible\u201d. Adem\u00e1s, apunt\u00f3 al Gobierno al afirmar que la norma \u00abperder\u00eda sentido sin la existencia de pol\u00edtica p\u00fablicas transparentes en materia de publicidad oficial\u201d. \u00abLos medios de comunicaci\u00f3n tienen un rol relevante en la formaci\u00f3n del discurso p\u00fablico, motivo por el cual el inter\u00e9s del Estado en la regulaci\u00f3n resulta incuestionable\u201d, argument\u00f3 el M\u00e1ximo Tribunal. La causa por la constitucionalidad de la norma lleg\u00f3 a la Corte Suprema luego de que el Gobierno nacional apelara un fallo de la C\u00e1mara Civil y Comercial que declar\u00f3 inconstitucionales dos art\u00edculos.ambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que \u00abla funci\u00f3n de garante de la libertad de expresi\u00f3n que le corresponde al Estado\u201d se desvirt\u00faa si a trav\u00e9s de subsidios o del reparto de la pauta oficial \u00ablos medios de comunicaci\u00f3n se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente pol\u00edtica determinada o en una v\u00eda para eliminar el disenso y el debate plural de ideas\u201d. En el mismo sentido, rechaza que los medios p\u00fablicos sean \u00abespacios al servicio de los intereses gubernamentales\u201d e insta a que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual (Afsca) sea \u00abun \u00f3rgano t\u00e9cnico e independiente\u201d. Mart\u00edn Sabbatella, titular de la Afsca adelant\u00f3 que tras el fallo de la Corte el organismo continuar\u00e1 con la \u00abadecuaci\u00f3n de oficio\u201d del Grupo Clar\u00edn a la ley. Destac\u00f3 que \u00abempieza una nueva etapa con la aplicaci\u00f3n integral de la ley\u201d y que los plazos de adecuaci\u00f3n se ajustar\u00e1n a los establecidos por el organismo en sus resoluciones, aunque prefiri\u00f3 \u00abno arriesgar una fecha\u201d para la culminaci\u00f3n del proceso de adecuaci\u00f3n, a lo que el oligopolio llamada \u00abdesinversi\u00f3n\u201d. Aclar\u00f3 adem\u00e1s que est\u00e1 vigente la obligaci\u00f3n de las licenciatarias de mantener el servicio y las fuentes de trabajo de sus empresas hasta la transferencia de las licencias a los nuevos propietarios.<\/p>\n<p>Los art\u00edculos en cuesti\u00f3n<\/p>\n<p>La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n resolvi\u00f3 que los cuatro art\u00edculos de la ley 26.522 cuestionados por el Grupo Clar\u00edn son constitucionales.<\/p>\n<p>ARTICULO 41. \u2013 Transferencia de las licencias. Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicaci\u00f3n audiovisual son intransferibles.<\/p>\n<p>Excepcionalmente se autoriza la transferencia de acciones o cuotas partes de las licencias luego de cinco (5) a\u00f1os de transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operaci\u00f3n fuera necesaria para la continuidad del servicio, respetando que se mantenga en los titulares de origen m\u00e1s del cincuenta por ciento (50%) del capital suscripto o por suscribirse y que represente m\u00e1s del cincuenta por ciento (50%) de la voluntad social. La misma estar\u00e1 sujeta a la previa comprobaci\u00f3n por la autoridad de aplicaci\u00f3n que deber\u00e1 expedirse por resoluci\u00f3n fundada sobre la autorizaci\u00f3n o rechazo de la transferencia solicitada teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos solicitados para su adjudicaci\u00f3n y el mantenimiento de las condiciones que motivaron la adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La realizaci\u00f3n de transferencias sin la correspondiente y previa aprobaci\u00f3n ser\u00e1 sancionada con la caducidad de pleno derecho de la licencia adjudicada y ser\u00e1 nula de nulidad absoluta.<\/p>\n<p>Personas de existencia ideal sin fines de lucro. Las licencias concedidas a prestadores de gesti\u00f3n privada sin fines de lucro son intransferibles.<\/p>\n<p>ARTICULO 45. -Multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentraci\u00f3n de licencias. En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podr\u00e1 ser titular o tener participaci\u00f3n en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusi\u00f3n, sujeto a los siguientes l\u00edmites:<\/p>\n<p>1. En el orden nacional:<\/p>\n<p>a) Una (1) licencia de servicios de comunicaci\u00f3n audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicaci\u00f3n audiovisual satelital por suscripci\u00f3n excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicaci\u00f3n audiovisual;<\/p>\n<p>b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicaci\u00f3n audiovisual m\u00e1s la titularidad del registro de una se\u00f1al de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusi\u00f3n sonora, de radiodifusi\u00f3n televisiva abierta y de radiodifusi\u00f3n televisiva por suscripci\u00f3n con uso de espectro radioel\u00e9ctrico;<\/p>\n<p>c) Hasta veinticuatro (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotaci\u00f3n de servicios de radiodifusi\u00f3n por suscripci\u00f3n con v\u00ednculo f\u00edsico en diferentes localizaciones. La autoridad de aplicaci\u00f3n determinar\u00e1 los alcances territoriales y de poblaci\u00f3n de las licencias.<\/p>\n<p>La multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios- en ning\u00fan caso podr\u00e1 implicar la posibilidad de prestar servicios a m\u00e1s del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este art\u00edculo, seg\u00fan corresponda.<\/p>\n<p>2. En el orden local:<\/p>\n<p>a) Hasta una (1) licencia de radiodifusi\u00f3n sonora por modulaci\u00f3n de amplitud (AM);<\/p>\n<p>b) Una (1) licencia de radiodifusi\u00f3n sonora por modulaci\u00f3n de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan m\u00e1s de ocho (8) licencias en el \u00e1rea primaria de servicio;<\/p>\n<p>c) Hasta una (1) licencia de radiodifusi\u00f3n televisiva por suscripci\u00f3n, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisi\u00f3n abierta;<\/p>\n<p>d) Hasta una (1) licencia de radiodifusi\u00f3n televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n; En ning\u00fan caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma \u00e1rea primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podr\u00e1 exceder la cantidad de tres (3) licencias.<\/p>\n<p>3. Se\u00f1ales: La titularidad de registros de se\u00f1ales deber\u00e1 ajustarse a las siguientes reglas:<\/p>\n<p>a) Para los prestadores consignados en el apartado 1, subapartado \u00abb\u201d, se permitir\u00e1 la titularidad del registro de una (1) se\u00f1al de servicios audiovisuales;<\/p>\n<p>b) Los prestadores de servicios de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n no podr\u00e1n ser titulares de registro de se\u00f1ales, con excepci\u00f3n de la se\u00f1al de generaci\u00f3n propia.<\/p>\n<p>Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicaci\u00f3n de otra licencia en la misma \u00e1rea o en un \u00e1rea adyacente con amplia superposici\u00f3n, no podr\u00e1 otorgarse cuando el servicio solicitado utilice la \u00fanica frecuencia disponible en dicha zona.<\/p>\n<p>ARTICULO 48. \u2013 Pr\u00e1cticas de concentraci\u00f3n indebida. Previo a la adjudicaci\u00f3n de licencias o a la autorizaci\u00f3n para la cesi\u00f3n de acciones o cuotas partes, se deber\u00e1 verificar la existencia de v\u00ednculos societarios que exhiban procesos de integraci\u00f3n vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicaci\u00f3n social.<\/p>\n<p>El r\u00e9gimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podr\u00e1 alegarse como derecho adquirido frente a las normas generales que, en materia de desregulaci\u00f3n, desmonopolizaci\u00f3n o defensa de la competencia, se establezcan por la presente o en el futuro.<\/p>\n<p>Se considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre s\u00ed cuando no den cumplimiento a los l\u00edmites establecidos en los art\u00edculos 45, 46 y concordantes.<\/p>\n<p>ARTICULO 161. \u2013 Adecuaci\u00f3n. Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanci\u00f3n no re\u00fanan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jur\u00eddicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composici\u00f3n societaria diferente a la permitida, deber\u00e1n ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) a\u00f1o desde que la autoridad de aplicaci\u00f3n establezca los mecanismos de transici\u00f3n.<\/p>\n<p>Vencido dicho plazo ser\u00e1n aplicables las medidas que al incumplimiento -en cada caso- correspondiesen.<\/p>\n<p>Al solo efecto de la adecuaci\u00f3n prevista en este art\u00edculo, se permitir\u00e1 la transferencia de licencias.<\/p>\n<p>El largo recorrido de la ley 26.522<\/p>\n<p>El 1\u00b0 de marzo de 2009 la presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner anunci\u00f3 su decisi\u00f3n de enviar al Congreso Nacional el proyecto para reformar la ley de Radiodifusi\u00f3n que se encontraba vigente, sancionada durante la dictadura militar y modificada a favor de la concentraci\u00f3n medi\u00e1tica durante los \u201990. La norma fue debatida en foros en todo el pa\u00eds y aprobada en el Congreso, pero su aplicaci\u00f3n fue obstaculizada por medidas cautelares a favor del Grupo Clar\u00edn.<\/p>\n<p>10 octubre 2009: es sancionada la ley 26.522 de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual. 26 de octubre 2009: el grupo Clar\u00edn acude a la Justicia planteando la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 41 y 161 de la ley.<\/p>\n<p>15 de diciembre 2009: el juez Edmundo Carbone dicta una medida cautelar contra la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 41 y 161 de la ley de medios al Grupo Clar\u00edn y deja en suspenso la obligaci\u00f3n de desprenderse de algunas licencias para adecuarse a la ley que deb\u00eda realizarse en un a\u00f1o desde su promulgaci\u00f3n, en septiembre de 2010. El Estado Nacional apela la medida ante la Sala Uno de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que confirma la medida s\u00f3lo respecto del art\u00edculo 161 de la ley 26.522.<\/p>\n<p>5 de octubre 2010: el Estado Nacional interpone un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, el cual es desestimado por falta de sentencia definitiva.<\/p>\n<p>9 de noviembre 2010: el Juez de primera instancia desestima la fijaci\u00f3n de un plazo, pero luego la C\u00e1mara de Apelaciones, mediante sentencia del 12 de mayo de 2011 impone un plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar presentada por Clar\u00edn, contados desde la notificaci\u00f3n de la demanda. El Estado Nacional interpone un recurso extraordinario, cuya denegaci\u00f3n motiva la presentaci\u00f3n de la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n solicitando la revocaci\u00f3n de la cautelar.<\/p>\n<p>22 de mayo 2012: ante la excesiva extensi\u00f3n que toma la vigencia de la medida cautelar, la Corte Suprema de Justicia decide poner el 7 de diciembre de ese mismo a\u00f1o como l\u00edmite a la cautelar presentada por Clar\u00edn.<\/p>\n<p>29 de noviembre 2012: el Grupo Clar\u00edn vuelve a pedir una medida cautelar cuando se acercaba el 7 de diciembre, pero la Corte declara \u00abinadmisible\u201d esa solicitud.<\/p>\n<p>6 de diciembre 2012: un d\u00eda antes de la fecha fijada por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar que beneficiaba al Grupo Clar\u00edn, los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la C\u00e1mara Civil y Comercial Federal, extienden la medida cautelar que manten\u00eda suspendido el art\u00edculo 161 de la Ley de Medios \u00abhasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa\u201d.<\/p>\n<p>14 de diciembre 2012: el juez federal del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declara constitucionales los art\u00edculos de la Ley que hab\u00edan sido cuestionados por el Grupo Clar\u00edn, resolviendo as\u00ed sobre la llamada \u00abcuesti\u00f3n de fondo\u201d y dejando sin efecto todas las medidas cautelares anteriores.<\/p>\n<p>17 de abril de 2013: La C\u00e1mara en lo Civil y Comercial declara la inconstitucionalidad parcial de la norma. Invalida parte de los dos art\u00edculos que concentran las medidas antimonop\u00f3licas de la ley (el 45 fija los l\u00edmites a la concentraci\u00f3n de licencias y el 48 dice que en la posesi\u00f3n de una licencia no hay un derecho adquirido) y confirma la constitucionalidad de los art\u00edculos 161, que fija el plazo de desinversi\u00f3n de un a\u00f1o, y del 41, que impide la transferencia de licencias. El Gobierno apela ante la Corte Suprema.<\/p>\n<p>2 de julio 2013: La Corte Suprema de Justicia env\u00eda a la Procuradora General de la Naci\u00f3n, Alejandra Gils Carb\u00f3, la causa por la Ley de Medios para que emita opini\u00f3n sobre la declaraci\u00f3n de una inconstitucionalidad parcial decretada por la C\u00e1mara Civil y Comercial Federal.<\/p>\n<p>12 de julio 2013: Gils Carb\u00f3 se pronuncia a favor de la constitucionalidad de la ley y aconsej\u00f3 a la Corte Suprema que revoque el fallo de la C\u00e1mara Civil y Comercial que declar\u00f3 inconstitucionales parte de los art\u00edculos 45 y 161 por \u00abevidenciar graves defectos de fundamentaci\u00f3n y razonamiento que impiden considerarla como acto jurisdiccional v\u00e1lido\u201d.<\/p>\n<p>28 y 29 de agosto 2013: la Corte Suprema de Justicia realiza una audiencia p\u00fablica en la que escucha los argumentos de las partes y de \u00abamicus curiae\u201d que se pronuncian a favor y en contra de la constitucionalidad de la ley.<\/p>\n<p>29 de octubre 2013: la Corte Suprema de Justicia declara la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.surysur.net\/2013\/10\/la-justicia-tardia-la-corte-suprema-argentina-declaro-constitucional-la-ley-de-medios\/\" target=\"_blank\">http:\/\/www.surysur.net\/2013\/10\/la-justicia-tardia-la-corte-suprema-argentina-declaro-constitucional-la-ley-de-medios\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Aram Aharonian Tras m\u00e1s de cuatro a\u00f1os, la Corte Suprema de Justicia puso fin a la controversia judicial sobre la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicaci\u00f3n Audiovisual, aprobada en 2009 por el Congreso y frenada parcialmente 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