Por SOAWLatina.org<\/p>\n
En octubre, un\u00a0tribunal hondure\u00f1o retir\u00f3 a los abogados que representan a la familia de la l\u00edder ind\u00edgena Berta C\u00e1ceres\u00a0y al \u00fanico testigo ocular del asesinato de Berta, Gustavo Castro, del caso legal contra las primeras 8 personas acusadas del asesinato. El juicio comenz\u00f3 poco despu\u00e9s de esta decisi\u00f3n extrema e irregular, en completa violaci\u00f3n de los derechos de las v\u00edctimas. En el sistema judicial hondure\u00f1o, no s\u00f3lo hay un fiscal del gobierno, sino que las v\u00edctimas tienen derecho a abogados que act\u00faan como fiscales.<\/p>\n
La remoci\u00f3n de los fiscales que representan a los hijos y la madre de Berta, as\u00ed como a Gustavo Castro, es la \u00faltima de una serie de acciones sistem\u00e1ticas que mantienen la impunidad de la estructura criminal que asesin\u00f3 a Berta y neg\u00f3 a las v\u00edctimas su derecho a la verdad y la justicia.<\/p>\n
El equipo legal para la familia de Berta y COPINH, parte del Movimiento por la Dignidad y la Justicia (MADJ), han exigido que se presente toda la evidencia del caso, que el gobierno se ha negado sistem\u00e1ticamente a entregar.<\/p>\n
En agosto, despu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o de solicitudes, los fiscales admitieron que ni siquiera hab\u00edan analizado la informaci\u00f3n de numerosas computadoras, tel\u00e9fonos y otros dispositivos electr\u00f3nicos incautados cuando los acusados \u200b\u200bfueron arrestados hace m\u00e1s de dos a\u00f1os.<\/p>\n
En particular, los fiscales del gobierno no realizaron una prueba de bal\u00edstica con un arma incautada en la casa de Mariano D\u00edaz graduado de la Escuela de las Am\u00e9ricas. Tampoco examinaron la informaci\u00f3n en una computadora, tel\u00e9fono y otros productos electr\u00f3nicos de la casa de D\u00edaz. Adem\u00e1s, no examinaron la informaci\u00f3n de las computadoras y otros dispositivos electr\u00f3nicos incautados en las oficinas de DESA, la compa\u00f1\u00eda hidroel\u00e9ctrica que construye la represa a la que Berta se opuso en el momento de su asesinato.<\/p>\n
Los fiscales del gobierno no proporcionaron toda esta informaci\u00f3n a pesar de las m\u00faltiples \u00f3rdenes judiciales. Finalmente, a pedido de los abogados de las v\u00edctimas, los expertos juraron analizar la informaci\u00f3n de numerosas computadoras, tel\u00e9fonos y otros dispositivos electr\u00f3nicos a fines de agosto. Sin embargo, con la decisi\u00f3n de la Corte de retirar al equipo legal de las v\u00edctimas, esta informaci\u00f3n no se incluy\u00f3 como prueba en el caso.<\/p>\n
La remoci\u00f3n por parte de la Corte de los abogados de las v\u00edctimas se produjo mientras ten\u00edan una moci\u00f3n legal pendiente en una corte superior relacionada con su solicitud de recusar a los jueces que escuchaban el caso, dado que los jueces se han negado a hacer cumplir las \u00f3rdenes judiciales.<\/p>\n
El Tribunal abri\u00f3 el juicio a pesar de haber declarado el d\u00eda anterior que no ten\u00eda la autoridad para hacerlo debido a las mociones legales pendientes. Convenientemente, con los equipos legales de las v\u00edctimas que ya no pueden participar, s\u00f3lo se ha presentado cierta informaci\u00f3n como evidencia.<\/p>\n
Las ilegalidades e irregularidades que han marcado la investigaci\u00f3n y el caso legal sirven para proteger a los autores intelectuales y la estructura criminal responsable del asesinato de Berta y una serie de ataques contra COPINH. Los Estados Unidos tambi\u00e9n tienen la responsabilidad de apoyar al gobierno hondure\u00f1o y financiar su sistema de justicia mientras construye la impunidad a trav\u00e9s de una farsa de un proceso legal, que ha violado repetidamente el debido proceso y los derechos de las v\u00edctimas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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