por Camilo Rengifo Mar\u00edn<\/p>\n
La denuncia de Iv\u00e1n M\u00e1rquez, ex jefe negociador de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, convertidas hoy en partido pol\u00edtico), sobre la traici\u00f3n al acuerdo de paz, puso en el tapete quiz\u00e1 el problema m\u00e1s grave que afronta el gobierno de Iv\u00e1n Duque y, a la vez, los diferentes cursos de acci\u00f3n de los exguerrileros.<\/p>\n
M\u00e1rquez,\u00a0\u00a0cuyo paradero se desconoce desde hace varias semanas, denunci\u00f3 en una Carta Abierta a la Comisi\u00f3n de Paz del Senado, la traici\u00f3n a lo esencial del acuerdo de paz de La Habana, firmado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos, y lament\u00f3 su ingenuidad al haber dejado las armas sin haber concretado antes los compromisos.\u00a0\u00abEl proceso de implementaci\u00f3n se ha caracterizado por \u2018avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos\u2018\u00bb, se\u00f1ala la carta.<\/p>\n
Sus excompa\u00f1eros y hoy parlamentarios por el partido FARC le salieron\u00a0al paso a la carta y aseguraron que las reflexiones que hacen los excombatientes en la carta corresponden a una visi\u00f3n personal de los firmantes.<\/p>\n
\u00abEst\u00e1n equivocados totalmente, mal pudiera yo salir a decir que no hay condiciones ni garant\u00edas y estar sentado en la sala de prensa del Senado dirigiendo una rueda de prensa. El proceso tiene dificultades, la implementaci\u00f3n no ha sido consecuente por parte del Estado, pero hay unos espacios que se han ganado, los valoramos y son muy importantes para lograr avanzar en la implementaci\u00f3n de los acuerdos de paz\u00bb, manifest\u00f3 Carlos Antonio Lozada.<\/p>\n
Un episodio similar se desencaden\u00f3 hace algunas semanas cuando se hizo p\u00fablica la carta que Joaqu\u00edn G\u00f3mez poniendo en tela de juicio el liderazgo de Timochenko y en duda algunos procesos dentro del naciente partido.<\/p>\n
M\u00e1rquez y El Paisa agregaron que el acuerdo tuvo una falla estructural que fue haber firmado, primero, la dejaci\u00f3n de las armas, sin haber acordado antes los t\u00e9rminos de la reincorporaci\u00f3n econ\u00f3mica y social de los guerrilleros. \u201cIngenuamente cre\u00edmos en la palabra y la buena fe del gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda V\u00e9lez (fallecido fundador de las FARC) siempre nos advirti\u00f3 que las armas eran la \u00fanica garant\u00eda segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos\u201d, afirmaron.<\/p>\n
\u00a0Entre las trampas, denunciaron modificaciones en el Congreso a lo pactado en el sistema de justicia para juzgar a ex guerrilleros y miembros de la fuerza p\u00fablica por cr\u00edmenes cometidos durante los enfrentamientos, y alertaron sobre incumplimientos en la reinserci\u00f3n e inseguridad jur\u00eddica de los siete mil excombatientes que dejaron las armas, entre ellos el l\u00edder rebelde Jes\u00fas Santrich, detenido y pedido en extradici\u00f3n \u2013sin prueba alguna- por Estados Unidos por narcotr\u00e1fico, en un (otro) montaje judicial.<\/p>\n
Mientras, Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, reiter\u00f3 que el gobierno de Iv\u00e1n Duque modificar\u00e1 apartados del acuerdo con las FARC por considerarlos indulgentes con los rebeldes.<\/p>\n
\u00abNo son posibles a\u00fan dict\u00e1menes definitivos a la luz de los balances sobre los resultados arrojados por la fase de implementaci\u00f3n temprana; y que hay espacio pol\u00edtico y tiempo hist\u00f3rico para continuar la brega por la materializaci\u00f3n efectiva de lo acordado\u00bb, se lee en uno de los ocho puntos fijados en la carta.\u00a0La pelea intestina que se libra al interior del partido versa sobre el camino que debe seguir el nuevo movimiento para encarar los incumplimientos del Estado.<\/p>\n
Para la Farc \u00abla implementaci\u00f3n es un campo en disputa, cuya orientaci\u00f3n no est\u00e1 predeterminada por el deseo o la voluntad; se encuentra m\u00e1s bien \u00edntimamente relacionada con la correlaci\u00f3n pol\u00edtica y social de fuerzas que se logre conformar a su favor\u00bb.<\/p>\n
Para complir con el prop\u00f3sito fijado desde La Habana, el partido le hizo un llamado a los excombatientes para \u00abque se recupere el poder transformador del acuerdo\u00a0conjugando la acci\u00f3n parlamentaria con la necesaria acci\u00f3n de masas, la actividad diplom\u00e1tica, el uso de la v\u00eda gubernativa y judicial, y el acompa\u00f1amiento internacional\u00bb.<\/p>\n
\u00abCoincidimos en su principal preocupaci\u00f3n: C\u00f3mo sacar adelante la paz de Colombia; con la que de paso se desmiente la matriz de opini\u00f3n sobre su presunta salida del Acuerdo\u00bb, agreg\u00f3 Carlos Antonio Lozada durante su intervenci\u00f3n, donde tambi\u00e9n fustig\u00f3 al fiscal N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez, \u00abque se ha dedicado todo el tiempo a tratar de desarticular la paz del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
Losada se\u00f1al\u00f3 que se podr\u00eda \u201chablar toda la tarde de los desafueros del fiscal contra la paz. Est\u00e1n los montajes de Mercandrea que terminaron en unos disturbios por los que nadie responde. Con bombos y platillos tambi\u00e9n anunci\u00f3 que ten\u00eda pruebas irrefutables de la responsabilidad de Jes\u00fas Santrich y ahora tranquilamente dice que \u00e9l no tiene pruebas, que est\u00e1n en EEUU. Cualquier comentario que uno haga sobre las palabras necias del fiscal, sobran el solo se va autodestruyendo en su credibilidad\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Quieren regular la protesta social<\/strong><\/p>\n El Senado tambi\u00e9n debati\u00f3 sobre el proyecto del ministro de Defensa Guillermo Botero Gil de regular la protesta social que, dijo, es financiada por los dineros il\u00edcitos. Botero dio un paso atr\u00e1s diciendo que no est\u00e1 contra la protesta social\u00a0porque es un derecho consagrado en la Constituci\u00f3n de 1991, pero que \u201csu materializaci\u00f3n no puede atropellar los derechos de las mayor\u00edas, que se ven afectadas por las movilizaciones que pueden llegar a bloquear la v\u00eda p\u00fablica, estropear la infraestructura, reportar heridos y, en algunos casos, muertes a los ciudadanos o a integrantes de la Fuerza P\u00fablica\u201d<\/p>\n Dijo que a eso hay que sumar que durante 2016, 2017 y lo que va de 2018 se registraron 624 procesos judiciales por conductas punibles dentro de las protestas.<\/p>\n Pero en el Senado, adem\u00e1s del tema central del debate, el asesinato de l\u00edderes sociales fue un asunto por el que cuestionaron al ministro Botero.\u00a0El funcionario ratific\u00f3 su postura de que no se pueden catalogar como \u201csistem\u00e1ticos\u201d, mismo discurso que ha sostenido el Ejecutivo desde la administraci\u00f3n de Juan Manuel Santos.<\/p>\n Mientras, la Fundaci\u00f3n Ideas para la Paz denunci\u00f3 que 93 l\u00edderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de a\u00f1o, lo que convierte este periodo en el m\u00e1s violento desde 2010. Ocho de los 32 departamentos de Colombia concentraron 77.5 por ciento de los homicidios, en 58 por ciento de los casos no se ha encontrado al culpable, y en 35 por ciento la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y grupos armados ilegales.<\/p>\n Las agresiones a l\u00edderes sociales tambi\u00e9n est\u00e1n determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52 % de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este a\u00f1o eran comunitarios, seguidos de ind\u00edgenas y campesinos. La Fundaci\u00f3n recomend\u00f3 reconocer p\u00fablicamente las afectaciones de derechos humanos como una acci\u00f3n simb\u00f3lica reparadora y protectora de la labor del l\u00edder social, crear mecanismos r\u00e1pidos y efectivos para responder a las amenazas contra las v\u00edctimas y superar la cultura de estigmatizaci\u00f3n, entre otros.<\/p>\n <\/p>\n