{"id":725016,"date":"2018-09-26T12:58:04","date_gmt":"2018-09-26T11:58:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=725016"},"modified":"2018-09-26T12:58:04","modified_gmt":"2018-09-26T11:58:04","slug":"la-reciente-decision-del-ciadi-en-el-caso-david-aven-y-otros-contra-costa-rica-breves-apuntes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2018\/09\/la-reciente-decision-del-ciadi-en-el-caso-david-aven-y-otros-contra-costa-rica-breves-apuntes\/","title":{"rendered":"La reciente decisi\u00f3n del CIADI en el caso David Aven y otros contra Costa Rica: breves apuntes"},"content":{"rendered":"

El 18 de setiembre pasado, se ha dado a conocer el laudo arbitral en el caso de David Aven y otros contra Costa Rica \/ Caso No. UNCT\/15\/3 (v\u00e9ase texto completo<\/strong><\/a> en castellano) . Se trata de un caso llevado en el 2014 por un grupo de inversionistas extranjeros contra Costa Rica ante un tribunal auspiciado por el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estado (m\u00e1s conocido como CIADI).<\/p>\n

Un megaproyecto costero en Playa Esterillos y unos humedales protegidos por la legislaci\u00f3n ambiental<\/p>\n

<\/strong> La solicitud de arbitraje<\/strong><\/a> contra Costa Rica se relaciona a un proyecto de condominios en el Pac\u00edfico Central (Playa Esterillos), en la que los demandantes exig\u00edan, con base en varias disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC o CAFTA-DR), el pago (inicial) por m\u00e1s de 70 millones de US$ a Costa Rica por concepto de indemnizaci\u00f3n (punto 61 de la solicitud de arbitraje): ello debido al hecho que, seg\u00fan ellos, su proyecto obtuvo los permisos correspondientes y luego se vio frenado en raz\u00f3n de restricciones de la legislaci\u00f3n costarricense en materia ambiental. Por su lado, en sus argumentos presentados en el 2016, Costa Rica aleg\u00f3 (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a> de los alegatos) que: \u00abEn s\u00edntesis, las Demandantes exhibieron una desconsideraci\u00f3n desvergonzada de la legislaci\u00f3n, de los est\u00e1ndares ambientales de protecci\u00f3n, del control y de los procedimientos del Estado y de los poderes de polic\u00eda del Estado de Costa Rica cuando se hizo evidente (debido a denuncias de terceros) que era inminente el da\u00f1o real a los ecosistemas genuinamente sensibles debido a actividades inadmisibles de las Demandantes en el Sitio del Proyecto Las Olas<\/i>\u00bb (punto 18, p\u00e1gina 4).<\/p>\n

Como se puede apreciar, los inversionistas extranjeros fueron llevados a considerarse perjudicados por actos del Estado costarricense y acudieron a un arbitraje internacional para intentar obtener alguna compensaci\u00f3n \/ indemnizaci\u00f3n por los supuestos da\u00f1os sufridos.<\/p>\n

Algunos de muchos detalles que posiblemente traigan recuerdos a muchas comunidades y activistas costarricenses<\/b><\/p>\n

El detalle del largo procedimiento seguido desde enero del 2014 se puede observar en este enlace<\/strong><\/a> del sitio especializado en arbitraje de inversiones Italaw, permitiendo adem\u00e1s la revisi\u00f3n de las diversas audiencias y testimonios de peritos ofrecidos tanto por el Estado como por los inversionistas.<\/p>\n

En su decisi\u00f3n (v\u00e9ase texto completo<\/strong><\/a>), el Tribunal examina la actuaci\u00f3n de las diversas autoridades costarricenses en materia ambiental: al respecto, se recomienda la lectura de varias partes de la sentencia que evidencian algunas cosas que muy a menudo sospechan comunidades y activistas al revisar algunos expedientes de megaproyectos cuestionables (y cuestionados). Por ejemplo, entre muchos m\u00e1s, en el p\u00e1rrafo 116 se puede leer que ambas partes se \u00abdistanciaron<\/i> del origen<\/i>\u00bb de un documento (sic.):<\/p>\n

\u00bb 116<\/b>. El 27 de marzo de 2008, s\u00f3lo d\u00edas antes de que se emitiera el comunicado del SINAC mencionado supra que confirmaba que el Sector del Condominio no se encontraba dentro de un ASP, se present\u00f3 un Informe del SINAC No. 67389RNVS-2008 ante la SETENA como parte del expediente del Proyecto Las Olas54 al que se ha hecho alusi\u00f3n durante el procedimiento como el \u201cDocumento Falsificado\u201d. Tanto las Demandantes como la Demandada se han distanciado de su origen, y han surgido muchas discusiones entre ellas en cuanto a qui\u00e9n ten\u00eda motivos para elaborarlo y presentarlo, pero el Tribunal a\u00fan no tiene claro qui\u00e9n lo elabor\u00f3 realmente. Este documento, presuntamente firmado por Gabriel Quesada Avenda\u00f1o (un bi\u00f3logo del SINAC) y Ronald Vargas (Director del SINAC) que establec\u00eda que los criterios seguidos por el Proyecto Las Olas para la protecci\u00f3n del ambiente cumpl\u00edan con los requisitos del SINAC, arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el Proyecto \u201cno constituye una amenaza evidente en el corredor biol\u00f3gico Esterillos Oeste ni socava en absoluto la biodiversidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Local\u201d. Se confirm\u00f3 que este documento se trataba de una falsificaci\u00f3n \u2013 aunque esto no fue hasta el mes de noviembre de 2010. En el \u00ednterin, parece que la SETENA confi\u00f3 en el documento<\/i>\u00ab.<\/p>\n

En los p\u00e1rrafos 127-129, se aprecia cu\u00e1n c\u00e9lere y eficiente puede a veces resultar una entidad municipal en Costa Rica cuando se trata de un proyecto de cierta envergadura:<\/p>\n

\u00ab127<\/b>. Fue por eso que la Sra. Vargas present\u00f3 una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (\u201cTAA\u201d), una divisi\u00f3n del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigaci\u00f3n del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcci\u00f3n de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se hab\u00eda talado y quemado \u201cvegetaci\u00f3n.<\/p>\n

128<\/b>. Al d\u00eda siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas inform\u00f3 al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas.<\/p>\n

129<\/b>. Curiosamente, el mismo d\u00eda que la Sra. Vargas anunci\u00f3 p\u00fablicamente sus inquietudes, la Municipalidad emiti\u00f3 siete permisos de construcci\u00f3n para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos d\u00edas despu\u00e9s, el 22 de junio de 2010, DEPPAT\u2014la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven\u2014present\u00f3 un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres<\/i>\u00ab.<\/p>\n

En el p\u00e1rrafo 181, se lee por parte del tribunal arbitral auspiciado por el CIADI, que las actuaciones de diversas entidades p\u00fablicas del Estado costarricense arrojan algunas preguntas:<\/p>\n

\u00ab181.<\/b> Tal como surge de la descripci\u00f3n de los hechos supra, se presentan muchas cuestiones a partir de los hechos confusos y complejos, e informes, resoluciones y medidas aparentemente contradictorias o incongruentes por parte de las autoridades costarricenses, que este Tribunal analizar\u00e1 infra. Algunas de estas cuestiones son: \u00bfhab\u00eda humedales y bosques en el sitio del Proyecto Las Olas? \u00bfCu\u00e1l es el organismo encargado de determinar la existencia de humedales? \u00bfEs un organismo distinto al de los bosques? \u00bfCu\u00e1l es el organismo responsable de emitir un permiso de viabilidad ambiental? \u00bfCu\u00e1les son los derechos del inversor una vez recibido un permiso? \u00bfQui\u00e9n tiene autoridad para revocar? Por \u00faltimo, \u00bfqu\u00e9 relaci\u00f3n existe entre los gobiernos municipal y central en lo concerniente al otorgamiento de permisos para el desarrollo de bienes inmuebles?<\/i>\u00bb<\/p>\n

Actuaciones de ambas partes algo cuestionables<\/b><\/p>\n

En la parte final de su decisi\u00f3n, el tribunal arbitral desestima las pretensiones del grupo de inversionistas demandantes, al evidenciarse su mala fe, no sin hacer ver que Costa Rica omiti\u00f3 aplicar su propia legislaci\u00f3n al detectar actuaciones ilegales por parte de los demandantes. En los p\u00e1rrafos 762-763 se lee que:<\/p>\n

\u00ab762<\/b>. …. Costa Rica tambi\u00e9n present\u00f3 ante este Tribunal algunos supuestos il\u00edcitos de las Demandantes en lo que respecta a la Concesi\u00f3n y al desarrollo del propio Proyecto Las Olas, pero el Estado omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n del derecho interno a estas situaciones. Adem\u00e1s, la complejidad de la legislaci\u00f3n ambiental y la cantidad de organismos facultados para aplicarla pueden explicar las contradicciones mencionadas supra, aunque pueden tambi\u00e9n desorientar a las personas que se ocupan de cuestiones de naturaleza ambiental. Toda esta confusi\u00f3n ha sido, en alguna medida, una invitaci\u00f3n a litigar<\/i>.<\/p>\n

763.<\/i><\/b> Las Demandantes, por otra parte, carecieron de transparencia en su desarrollo de Las Olas. Actuaron en aras de evitar la exhibici\u00f3n de las caracter\u00edsticas del terreno que podr\u00edan perturbar su negocio. Omitieron la divulgaci\u00f3n del Informe Protti (p\u00e1rrafo 111 supra) y tambi\u00e9n fraccionaron el terreno para evitar el requisito de presentar una Solicitud D1 para obtener un permiso de VA para las servidumbres (secci\u00f3n X.D.1(f) supra). Esta clase de acciones no solo socavaron el argumento de las Demandantes, sino que oscurecieron su comprensi\u00f3n<\/i>\u00ab.<\/p>\n

La reconvenci\u00f3n por da\u00f1o ambiental: una magn\u00edfica ocasi\u00f3n … desaprovechada<\/b><\/p>\n

Uno de los puntos de inter\u00e9s en este caso preciso consisti\u00f3 en la posibilidad, para Costa Rica, de obtener del tribunal arbitral del CIADI un monto compensatorio por el da\u00f1o ambiental causado por los demandantes. La \u00abreconvenci\u00f3n<\/i>\u00bb es una figura procesal que permite obtener una reparaci\u00f3n si la parte demandada logra demonstrar a los \u00e1rbitros que ha sufrido un da\u00f1o que amerite alguna forma de compensaci\u00f3n (Nota 1<\/b>). En los p\u00e1rrafos 720-721 del laudo arbitral, leemos que:<\/p>\n

\u00ab720.<\/b> Costa Rica acusa a las Demandantes del da\u00f1o ambiental considerable supuestamente ocasionado por ellas. Esas acusaciones incluyen: a) la construcci\u00f3n de carreteras, excavaci\u00f3n de alcantarillas de drenaje, instalaci\u00f3n de alcantarillas y la remoci\u00f3n de estratos vegetales del bosque; b) la creciente sedimentaci\u00f3n del suelo; c) el relleno y drenaje de los humedales.<\/p>\n

721.<\/b> Costa Rica afirma que las Demandantes ten\u00edan conocimiento de la sensibilidad ecol\u00f3gica del sitio de Las Olas mediante el Informe Protti, pero decidieron desestimarlo y no revelaron el informe a las autoridades competentes. Omitieron describir elementos decisivos del ecosistema del sitio y fragmentaron su solicitud de VA para evitar comunicarle a la SETENA una evaluaci\u00f3n de todo el sitio del proyecto. A criterio de la Demandada, esta conducta viol\u00f3 normas imperativas de protecci\u00f3n ambiental, y, por lo tanto, las Demandantes deben ser responsables por ello<\/i>.\u00bb<\/p>\n

Lamentablemente, el tribunal arbitral no responde afirmativamente a la petitoria de Costa Rica sobre el pago de un monto por el da\u00f1o ambiental. Para el tribunal,<\/p>\n

\u00abNo existe una exposici\u00f3n precisa de los hechos que sustenten las reclamaciones, sino una referencia a informes periciales adjuntos a esos escritos de parte. No existe una especificaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n que pretende sino en t\u00e9rminos muy generales, y la cuantificaci\u00f3n es muy aproximada, basada \u00fanicamente en la experiencia personal de un perito en lugar de en un m\u00e9todo preciso de valoraci\u00f3n. Adem\u00e1s, la prueba que Costa Rica ha mencionado se diluye en su contestaci\u00f3n de la demanda, sin especificar de manera clara y precisa los hechos que han de probarse dentro de la reconvenci\u00f3n, en particular, la prueba de que las Demandantes son las causantes de todos los da\u00f1os ambientales<\/i>\u00bb (p\u00e1rrafo 745).<\/p>\n

El tribunal considera adem\u00e1s que esta petitoria se hizo de forma extempor\u00e1nea (v\u00e9ase p\u00e1rrafos 746-747).<\/p>\n

Algunas dudas pueden aflorar sobre el car\u00e1cter extempor\u00e1neo de la reconvenci\u00f3n planteada por Costa Rica y por la no presentaci\u00f3n de un monto preciso cuantificando el da\u00f1o ambiental por parte de las autoridades costarricenses. \u00bfCu\u00e1les pueden haber sido las razones para desaprovechar de esta manera una ocasi\u00f3n que raramente se presenta ante los \u00e1rbitros del CIADI? \u00bfPorqu\u00e9 ser\u00e1 que Costa Rica, en un litigio internacional, s\u00ed presenta una valoraci\u00f3n precisa, con base en una metodolog\u00eda validada, del da\u00f1o ambiental cuando los da\u00f1os a un humedal son ocasionados por Nicaragua en Isla Portillos (ante la Corte Internacional de Justicia), y no lo hace cuando se trata de inversionistas extranjeros causando un da\u00f1o similar (ante los \u00e1rbitros del CIADI) ? Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores buscar alguna respuesta a estas y a otras preguntas.<\/p>\n

La condena en costas obtenida por Costa Rica<\/b><\/p>\n

En cambio, el tribunal condena a los demandantes a pagarle a Costa Rica m\u00e1s de un mill\u00f3n de US$ por concepto de condenatoria en costas (v\u00e9ase p\u00e1gina 263 del laudo arbitral<\/strong><\/a>). N\u00f3tese que los costos de defensa fueron evaluados por Costa Rica en m\u00e1s de 2,4 millones de US$<\/b> en sus alegatos (v\u00e9ase p\u00e1rrafo 750 de laudo arbitral<\/strong><\/a>), frente a los m\u00e1s de 8,5 millones de US$<\/b> que adujeron los demandantes haber gastado en este proceso (p\u00e1rrafo 748 del mismo laudo).<\/p>\n

Recientemente, se inform\u00f3 de otra suma de dinero similar que se le adeuda a Costa Rica por parte de un grupo de accionistas suizos de la empresa mexicana Gaz Z, luego de una decisi\u00f3n arbitral tambi\u00e9n favorable a Costa Rica adoptada por un tribunal arbitral del CIADI en el 2017 (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de CRhoy y nota<\/strong><\/a> del Semanario Universidad): Costa Rica hab\u00eda indicado haber incurrido en un gasto de m\u00e1s de 2 millones de US$<\/b> para su defensa (v\u00e9ase p\u00e1rrafo 709 del laudo arbitral<\/strong><\/a> de febrero del 2017).<\/p>\n

N\u00f3tese que el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica adujo en febrero del 2014 que Costa Rica destinar\u00eda 2 millones de US$ por a\u00f1o para enfrentar la \u00fanica demanda<\/b> interpuesta por una minera canadiense contra Costa Rica ante el CIADI (v\u00e9ase nota de prensa<\/strong><\/a> del Tico Times), lo cual evidencia ya sea: – 1)<\/b>que para las demandas planteadas por las mineras canadienses, el monto asignado para defender a Costa Rica es mucho mayor o; – 2)<\/b> que el canciller de Costa Rica, un funcionario usualmente bien informado, dejo de serlo por un instante, o; – 3)<\/b> que los montos que Costa Rica asigna a su defensa sufren variaciones que pueden ser muy significativas.<\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n<\/b><\/p>\n

No cabe duda que, pese a evidenciarse inconsistencias en el actuar de diversos entes p\u00fablicos, Costa Rica sale bastante bien librada de este largo proceso internacional, en el que logr\u00f3 convencer a los integrantes del tribunal arbitral de la mala fe de los inversionistas extranjeros y de la cuestionable asesor\u00eda legal con la que contaron en Costa Rica.<\/p>\n

Pueden, esto s\u00ed, persistir algunas dudas sobre el fracaso de la solicitud de Costa Rica en materia de reconvenci\u00f3n por da\u00f1o ambiental, a las que aludimos en unos p\u00e1rrafos anteriores.<\/p>\n

Con la resoluci\u00f3n de este caso, ante el CIADI se mantiene pendiente de resoluci\u00f3n un solo caso contra Costa Rica, correspondiente a la demanda interpuesta por la empresa minera canadiense Infinito Gold en febrero del 2014 por la suspensi\u00f3n ordenada por los tribunales de justicia del proyecto localizado en Las Crucitas, que ha dado recientemente lugar a una in\u00e9dita solicitud por parte de Canad\u00e1 (Nota 2<\/b>). Se trata de una demanda contra Costa Rica por 321 millones de US<\/b> relacionada a otro megaproyecto que obtuvo en el per\u00edodo (2006-2010) autorizaciones y permisos cuestionables (y cuestionados), al igual que el proyecto de condominios Las Olas<\/i> en Esterillos Oeste.<\/p>\n

No cabe duda que \u00abintervenir<\/i>\u00bb a \u00f3rganos t\u00e9cnicos como la SETENA desde un \u00abMinisterio de la Competitividad<\/i>\u00bb conlleva algunas consecuencias, no del todo ajenas a lo que los mismos integrantes del tribunal del CIADI denominaron en su laudo sobre Las Olas \u00abuna invitaci\u00f3n a litigar<\/i>\u00bb (p\u00e1rrafo 762).<\/p>\n

En igual situaci\u00f3n (un solo caso pendiente de resoluci\u00f3n ante el CIADI) se encuentran, en Am\u00e9rica Latina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a diferencia de Chile (dos demandas), M\u00e9xico y Panam\u00e1 (cinco demandas cada uno), Per\u00fa (siete demandas), Argentina y Colombia (nueve demandas cada uno) y Venezuela con veinte demandas pendientes de resoluci\u00f3n inscritas ante el CIADI. Como dato de inter\u00e9s, Espa\u00f1a es el Estado que m\u00e1s demandas acumula en la actualidad ante el CIADI en su contra: un total de treinta demandas pendientes de resoluci\u00f3n al momento de redactar estas breves l\u00edneas (20\/09\/2018).<\/p>\n

N\u00f3tese que en este a\u00f1o 2018, por alguna raz\u00f3n, M\u00e9xico, que hab\u00eda mantenido una cauta distancia con el CIADI desde su creaci\u00f3n en 1965, al igual que varios Estados en Am\u00e9rica Latina (Nota 3<\/b>), dej\u00f3 de tenerla: el 11 de enero del 2018 firm\u00f3 la Convenci\u00f3n de Washington que crea el CIADI y el pasado 27 de julio, opt\u00f3 por depositar su instrumento de ratificaci\u00f3n (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de CIARGlobal), pocas semanas despu\u00e9s de las elecciones realizadas el mismo mes de julio del 2018. Este renovado entusiasmo de M\u00e9xico por el CIADI posiblemente guarde relaci\u00f3n con el denominado TPP (Trans Pacific Partnership) que fue el primero en ratificar en abril del 2018 (v\u00e9ase nota de prensa<\/strong><\/a> de El Economista).<\/p>\n

— Notas —<\/p>\n

Nota 1<\/b>: En el 2017, recurriendo a esta figura de la reconvenci\u00f3n, Ecuador logr\u00f3 obtener de un tribunal del CIADI 41 millones de US$<\/b> por concepto de da\u00f1os ambientales causados por la petrolera Burlington (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de IISD).<\/p>\n

Nota 2<\/b>: Recientemente se supo que, de forma algo tard\u00eda y que merecer\u00eda una investigaci\u00f3n, Canad\u00e1 solicit\u00f3 intervenir en este litigio (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de CRHoy) y que esta solicitud fue admitida por el tribunal el 18 de setiembre del 2018. Trat\u00e1ndose de una demanda planteada ante el CIADI desde febrero del 2014, es v\u00e1lido preguntarse a qu\u00e9 puede obedecer este repentino y s\u00fabito inter\u00e9s de Canad\u00e1 en intervenir en este procedimiento. Sobre un intento frustrado que hiciera en el 2015 Costa Rica para dar por terminado este procedimiento, remitimos al lector a nuestro art\u00edculo : BOEGLIN N.<\/b>, \u00abLa solicitud de Costa Rica de poner t\u00e9rmino a la demanda de Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones<\/i>\u00ab, editada en el OPALC (Sciences-Po, Paris), y disponible aqu\u00ed<\/strong><\/a>.<\/p>\n

Nota 3<\/b>: V\u00e9ase al respecto nuestra nota editada en el 2013 BOEGLIN N.<\/b>, \u00abICSID and Latin America Criticism, withdrawal and the search for alternatives<\/i>\u00ab, editada en el sitio especializado de Bretton Woods Project, diciembre del 2013, y disponible aqu\u00ed<\/strong><\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El 18 de setiembre pasado, se ha dado a conocer el laudo arbitral en el caso de David Aven y otros contra Costa Rica \/ Caso No. UNCT\/15\/3 (v\u00e9ase texto completo en castellano) . 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