{"id":717529,"date":"2018-09-10T12:08:39","date_gmt":"2018-09-10T11:08:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=717529"},"modified":"2018-09-10T12:08:39","modified_gmt":"2018-09-10T11:08:39","slug":"dos-tipos-de-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2018\/09\/dos-tipos-de-justicia\/","title":{"rendered":"Dos tipos de justicia"},"content":{"rendered":"

La reciente condena de algunos j\u00f3venes vascos a altas penas de prisi\u00f3n y las acusaciones contra pol\u00edticos catalanes demuestran el car\u00e1cter pol\u00edtico de la justicia en Espa\u00f1a. El enemigo est\u00e1 a la izquierda.<\/strong><\/p>\n

De: <\/strong>Krystyna Schreiber<\/a><\/em><\/p>\n

La madrugada del 15 de octubre de 2016, en un bar de Alsasua (vasco: Altsasu), en el Pa\u00eds Vasco, en el norte de Espa\u00f1a, se produjo una ri\u00f1a entre varios adolescentes y una pareja de la Guardia Civil. Balance de da\u00f1os: un labio hinchado y un tobillo roto. Hasta aqu\u00ed en absoluto inusual en un pa\u00eds como Espa\u00f1a, en el que s\u00f3lo en el a\u00f1o 2016 se produjeron 9.571 ri\u00f1as entre polic\u00edas y ciudadanos, que se suelen calificar de resistencia contra el poder p\u00fablico. En el caso vasco, se present\u00f3 tambi\u00e9n denuncia ante las autoridades locales.<\/p>\n

Pero entonces sucedi\u00f3 algo inesperado: \u00abEmpezamos a asustarnos cuando vimos c\u00f3mo determinados diarios espa\u00f1oles, as\u00ed como la televisi\u00f3n, trataban el caso en el que nuestros hijos estaban involucrados. Dec\u00edan que nuestro pueblo de Alsasua est\u00e1 dividido, que los funcionarios de la Guardia Civil no se pueden mover libremente sin ser insultados por la gente. Hablaban de una situaci\u00f3n de extrema violencia que no tiene nada que ver con la realidad del lugar. La prensa prepar\u00f3 el terreno para lo que vino despu\u00e9s\u00bb, aclara Bel Bozueta, madre de Adur \u2015que mientras tanto ya ha cumplido los 23 a\u00f1os\u2015, uno de los ocho condenados en este caso. La abogada de Adur, Jaione Karrera, describe el curso de los hechos: \u00abPocas semanas despu\u00e9s de la pelea, una organizaci\u00f3n para las v\u00edctimas del terrorismo present\u00f3 denuncia ante la Audiencia Nacional en Madrid. Este tribunal nacional s\u00f3lo es competente para cr\u00edmenes especialmente graves como el terrorismo y sus sentencias imponen siempre penas elevadas.\u00bb En realidad, se intenta crear una relaci\u00f3n de los adolescentes vascos con un movimiento que pide la retirada de la Guardia Civil del Pa\u00eds Vasco y as\u00ed indirectamente tambi\u00e9n con ETA.<\/p>\n

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Un caso de terrorismo<\/strong><\/p>\n

\u00abHemos declarado varias veces que no ha habido ninguna prueba de que ninguno de estos chicos formara parte de un movimiento as\u00ed. Peleas de este tipo las hay cada fin de semana en todo el pa\u00eds, algunas con armas como palos de b\u00e9isbol, resultando a menudo con heridas m\u00e1s graves. Ninguno de estos casos ha sido llevado ante un tribunal especial\u00bb, dice la abogada. Los tribunales competentes del Pa\u00eds Vasco tambi\u00e9n confirman en sus atestados que no hay ning\u00fan indicio de terrorismo y que el caso debe ser juzgado por los tribunales locales. Pero Madrid insiste. El conflicto de competencias es llevado ante el Tribunal Supremo. Este no excluye que se pueda tratar de terrorismo y pasa el caso a Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, la misma jueza que un a\u00f1o despu\u00e9s dicta prisi\u00f3n preventiva, acus\u00e1ndolos de \u00abrebeli\u00f3n\u00bb, al candidato a la presidencia del Gobierno catal\u00e1n, Jordi S\u00e1nchez, y al presidente de la organizaci\u00f3n catalana \u00d2mnium Cultural, Jordi Cuixart.<\/p>\n

Las familias de Alsasua observan los acontecimientos con incredulidad y con miedo. \u00abLa Guardia Civil tiene mucho peso y una historia muy oscura. Hemos vivido esta polic\u00eda militar en el Pa\u00eds Vasco en el tiempo de ETA; fue muy duro. Y desde el comienzo vimos que hab\u00eda un inter\u00e9s pol\u00edtico en hacer de nuestro caso un asunto muy gordo\u00bb, dice la madre de Adur. Lo que m\u00e1s les asust\u00f3 fue un tuit del entonces jefe del Gobierno espa\u00f1ol, Mariano Rajoy, en el que aseguraba que ese ataque a la Guardia Civil no quedar\u00eda impune. Por la ma\u00f1ana del 14 de noviembre, se presentan agentes a su casa y se llevan a su hijo. Tambi\u00e9n son detenidos otros siete amigos.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n es de terrorismo. El fiscal general pide penas de prisi\u00f3n de entre 50 y 61 a\u00f1os para siete de los acusados y doce a\u00f1os para una chica. \u00abHubo una fase de instrucci\u00f3n muy corta. En la Audiencia Nacional, se tom\u00f3 la declaraci\u00f3n de nuestros mandantes y, por aparente peligro de fuga, se les encarcel\u00f3 cerca de Madrid. Tres de ellos siguieron en prisi\u00f3n hasta que se dict\u00f3 sentencia, 19 meses m\u00e1s tarde, y en las condiciones especiales que se usan para los terroristas\u00bb, explica Jaione Karrera. La madre de Adur describe qu\u00e9 signific\u00f3 aquello para el estudiante de magisterio y m\u00fasica que entonces ten\u00eda 21 a\u00f1os: \u00abCada comunicaci\u00f3n estaba controlada. No pod\u00edan participar en actividades dentro del recinto de la prisi\u00f3n. Eran sometidos a severos controles por parte del personal de seguridad. Solicitamos una conversaci\u00f3n con un psic\u00f3logo porque los primeros meses fueron muy duros para nuestro hijo. Esto era en agosto del 2017; el psic\u00f3logo no lo pudo ver hasta junio de 2018.\u00bb<\/p>\n

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Xabier Perez<\/strong><\/span><\/em><\/b><\/h6>\n

Proceso injusto<\/strong><\/p>\n

La abogada de Adur est\u00e1 convencida de que la justicia est\u00e1 predispuesta en contra de sus mandantes. \u00abNo habr\u00eda llegado a esta acusaci\u00f3n desproporcionada ni en prisi\u00f3n preventiva si los acusados no hubieran sido del Pa\u00eds Vasco. Todo el proceso daba la impresi\u00f3n de ser un anacronismo.\u00bb ETA abandon\u00f3 las armas en 2011 y, en aquel momento, los acusados a\u00fan eran menores de edad. \u00abTodos nuestros argumentos fueron recusados. S\u00f3lo vali\u00f3 el informe de los agentes de la Guardia Civil afectados. No pudimos presentar ning\u00fan documento, ni v\u00eddeos, ni siquiera pruebas objetivas como un plano del bar, para exponer al menos otra versi\u00f3n que la de la acusaci\u00f3n.\u00bb Tampoco fueron admitidas ninguna de las pruebas de la defensa que se refer\u00edan a la situaci\u00f3n pol\u00edtica en el pueblo, aunque una parte de la acusaci\u00f3n precisamente se basaba en ello.<\/p>\n

Pero todo empeor\u00f3 todav\u00eda m\u00e1s. En febrero de 2017, la defensa se enter\u00f3 de que una de las juezas es la mujer de un oficial de la Guardia Civil y tiene una medalla de la polic\u00eda militar. A pesar de ello, el recurso de parcialidad fue denegado.<\/p>\n

Las sentencias dictadas el 1 de junio son consecuentemente muy duras. La Audiencia Nacional, temiendo que el veredicto pueda ser despu\u00e9s anulado, retira la acusaci\u00f3n de terrorismo. Son condenados, a\u00fan as\u00ed, por lesi\u00f3n corporal, alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico y ataque al poder p\u00fablico. Tres de los acusados reciben la condena m\u00e1xima de 13 a\u00f1os, los dem\u00e1s 9 a\u00f1os y la chica 2 a\u00f1os. La defensa pide revisi\u00f3n. Sin embargo, pocos d\u00edas despu\u00e9s de la sentencia, son encarcelados por la Guardia Civil.<\/p>\n

Las familias protestan por las condenas desmesuradas y por las muchas irregularidades. Miles de personas de todas partes de Espa\u00f1a van al Pa\u00eds Vasco para manifestarse junto a ellas. \u00abNo hubo ninguna presunci\u00f3n de inocencia. Desde el primer momento, s\u00f3lo hubo la versi\u00f3n de la acusaci\u00f3n y no la de la defensa\u00bb, resume la abogada Karrera. Adem\u00e1s, ya durante la prisi\u00f3n preventiva, fueron ingresados \u200b\u200ba casi 400 kil\u00f3metros de su pueblo. Esa t\u00e1ctica de dispersi\u00f3n ya es practicada desde hace d\u00e9cadas con los presos vascos; y, desde el pasado oto\u00f1o, tambi\u00e9n con los separatistas catalanes encarcelados. Bel Bozueta, la madre de Adur, sobre todo ve motivos pol\u00edticos detr\u00e1s de la sentencia: \u00abLa Guardia Civil es un elemento importante de la unidad de Espa\u00f1a, es considerada como una columna de apoyo de la naci\u00f3n espa\u00f1ola. Y, aunque la acusaci\u00f3n de terrorismo no pudiera ser mantenida, seguimos viendo por televisi\u00f3n c\u00f3mo se sigue argumentando en esta direcci\u00f3n por lo que el ciudadano normal se cree que nuestros hijos deben ser de alguna manera terroristas. Hay un motivo muy claro detr\u00e1s de las sentencias y es la venganza.\u00bb Aqu\u00ed Bel ve un paralelismo con los activistas y pol\u00edticos catalanes encarcelados. Y en ambos casos ella ve una clara muestra de que en Espa\u00f1a no funciona ning\u00fan tipo de separaci\u00f3n de poderes.<\/p>\n

Larga prisi\u00f3n preventiva<\/strong><\/p>\n

Los familiares y los abogados catalanes se quejan de irregularidades tanto en lo que se refiere a la prisi\u00f3n preventiva como a los defectos procesales. El ex-ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Puigdemont, Ra\u00fcl Romeva, en el transcurso de pocos meses ya ha sido encarcelado por segunda vez. A mediados de junio, el Tribunal Supremo confirm\u00f3 la acusaci\u00f3n contra \u00e9l y catorce pol\u00edticos catalanes m\u00e1s por rebeli\u00f3n y sedici\u00f3n. Las penas correspondientes son de 30 y 12 a\u00f1os, respectivamente. \u00abRebeli\u00f3n en Espa\u00f1a significa uso de la violencia, pero mi marido no ha tenido ni siquiera una piedra en la mano\u00bb, dice Diana Riba, la mujer de Romeva. Reprocha que los miembros del Gobierno catal\u00e1n acusados casi no han tenido tiempo de hablar adecuadamente con sus abogados. Txell Bonet, compa\u00f1era de Jordi Cuixart, que lleva nueve meses en la c\u00e1rcel, est\u00e1 convencida de que no habr\u00e1 proceso justo. \u00abEs como el caso de Alsasua: piden las penas m\u00e1ximas para encarcelarlos. Al final, puede que no los condenen por rebeli\u00f3n, la condena puede que sea menor que la de los chicos vascos. Pero se les condenar\u00e1 a pesar de que no hubo ninguna violencia.\u00bb<\/p>\n

Jaume Alonso-Cuevillas representa a algunos de los pol\u00edticos catalanes en el exilio, entre ellos a Carles Puigdemont. Alonso-Cuevillas ejerce de abogado desde hace 35 a\u00f1os y es catedr\u00e1tico de derecho procesal en la Universidad de Barcelona. \u00abEn Espa\u00f1a, la prisi\u00f3n preventiva es aplicada inadecuadamente como una especie de castigo previo. En nuestros casos es bien claro que se trata de intimidaci\u00f3n. Ning\u00fan vasco ni ning\u00fan canario debe tener la idea de emular a los catalanes.\u00bb Al igual que la abogada vasca Jaione Karrera, Alonso-Cuevillas est\u00e1 convencido de que los derechos fundamentales de sus mandantes han sido vulnerados. Adem\u00e1s, se les ha dificultado su defensa: \u00abSe nos avis\u00f3 con muy escaso tiempo de que los acusados, por una acusaci\u00f3n de rebeli\u00f3n que les puede conllevar una condena de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n, ya ten\u00edan que presentarse al d\u00eda siguiente, a las nueve, en Madrid, es decir, a 600 km de distancia. Yo recib\u00ed documentos de un grosor de 150 p\u00e1ginas, pero no se hab\u00eda incluido ning\u00fan documento de prueba.\u00bb El abogado catal\u00e1n se queja tambi\u00e9n del uso abusivo del derecho penal: \u00abSe podr\u00eda decir que se trata de desobediencia, no de rebeli\u00f3n. Naturalmente, la alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico con violencia armada es un crimen en todas partes. En Espa\u00f1a, esto ocurri\u00f3 el 23 de febrero de 1981 con el golpe de estado de la Guardia Civil, o con la sublevaci\u00f3n militar de Franco en 1936. Aqu\u00ed, sin embargo, no hubo ninguna violencia sino un proceso democr\u00e1tico. El problema es que tanto la Fiscal\u00eda como el Tribunal Supremo se ven ellos mismos como v\u00edctimas. Y por eso no se juzga con objetividad\u00bb, opina Alonso-Cuevillas.<\/p>\n

Jueces conservadores<\/strong><\/p>\n

Joaqu\u00edn Ur\u00edas, ex-juez del Tribunal Constitucional espa\u00f1ol y profesor de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla, no cree que estos procesos contra vascos y catalanes sean un problema de falta de separaci\u00f3n de poderes. Pero da la raz\u00f3n al abogado catal\u00e1n en cuanto a la falta de objetividad: \u00abEn Espa\u00f1a, no es que los jueces hagan lo que el Gobierno quiera. Pero el problema es que los mismos jueces representan una ideolog\u00eda determinada. No es ning\u00fan problema de la independencia de la justicia, sino de su neutralidad.\u00bb Esto afecta sobre todo a los tribunales superiores de Espa\u00f1a, en los que los jueces son nombrados por el Estado. Aqu\u00ed predominan las posiciones conservadoras. Para Ur\u00edas, el caso de Alsasua es un ejemplo t\u00edpico: \u00abHay un conflicto entre un polic\u00eda y un ciudadano. El juez da la raz\u00f3n siempre, siempre, siempre al polic\u00eda. Da miedo.\u00bb En su opini\u00f3n, en un estado democr\u00e1tico, el juez debe proteger a los ciudadanos ante el Estado pero, en Espa\u00f1a, los jueces defienden de los ciudadanos al poder p\u00fablico. \u00abSiempre que hay un conflicto entre un ciudadano y un polic\u00eda, aunque sea el polic\u00eda el que haya cometido el delito, los jueces sentencian en favor del polic\u00eda\u00bb. Precisamente en el caso de una violaci\u00f3n en grupo, de la denominada Manada, en julio de 2016 en Pamplona, que provoc\u00f3 protestas en todo el pa\u00eds ya que los jueces reconocieron \u00ababuso sexual\u00bb, pero no violaci\u00f3n, y dejaron en libertad a los acusados \u200b\u200bdurante el desarrollo del proceso, llama la atenci\u00f3n que dos de los imputados sean miembros del ej\u00e9rcito y de la polic\u00eda, respectivamente.<\/p>\n

Como causa de ello, el constitucionalista ve en primer lugar la \u00abTransici\u00f3n\u00bb, tal como se llama en Espa\u00f1a el paso a la democracia a partir de 1978. \u00abAl contrario que en Alemania, tras la dictadura no se realiz\u00f3 ning\u00fan cambio en el \u00e1mbito de la justicia. Tras la muerte de Franco, votamos una nueva constituci\u00f3n, pero los mismos jueces que hasta 1975 hab\u00edan aplicado las leyes franquistas, es decir directamente leyes fascistas, son los que ten\u00edan que aplicar esta constituci\u00f3n. Por eso se tarda tanto a que los derechos y valores de la constituci\u00f3n puedan enraizar en la justicia espa\u00f1ola.\u00bb Otro problema es la formaci\u00f3n. \u00abEn otros pa\u00edses, los principiantes de juez dedican tiempo a casos reales, hacen de asistentes, se enfrentan con la vida real. En Espa\u00f1a, se ha de estudiar al menos cinco a\u00f1os y se ha de poder pagar un tutor muy caro\u00bb, explica Ur\u00edas. El trasfondo social de los jueces es muy homog\u00e9neo. Esto tambi\u00e9n contribuye mucho a la tendencia conservadora mayoritaria del cuerpo judicial espa\u00f1ol.<\/p>\n

Otro problema lo ve Ur\u00edas en la propia legislaci\u00f3n. El derecho penal espa\u00f1ol es cada vez m\u00e1s ideol\u00f3gico. \u00abEs imposible aplicar ciertas leyes sin que el juez las deba interpretar \u00e9l mismo pol\u00edticamente; no hay una base f\u00e1ctica\u00bb, avisa. Un ejemplo es la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo en el caso de \u00abdelitos de odio\u00bb: \u00abHace poco, hubo un proceso porque el periodista Antonio Maestre hab\u00eda sido amenazado de muerte por un polic\u00eda a trav\u00e9s de Twitter. Este polic\u00eda tuvo que pagar 200 euros de multa. Al mismo tiempo, el rapero Valt\u00f2nyc, que en una de sus canciones hab\u00eda amenazado a un empresario de Mallorca, fue condenado a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, en base a la misma ley. Aqu\u00ed se ve bien claro: si un polic\u00eda amenaza a una persona de izquierdas, el juez dice: ‘Bueno, no es tan grave …’ pero si una persona de izquierdas amenaza a un empresario de derechas, hay penas de prisi\u00f3n\u00bb, explica Ur\u00edas.<\/p>\n

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loquesomos.org<\/em><\/h6>\n

Un fascista como v\u00edctima<\/strong><\/p>\n

Otro ejemplo es el caso de Luis Carrero Blanco, a quien Francisco Franco hab\u00eda previsto como su sucesor, que fue asesinado por ETA en un atentado en 1973. Tras publicar, la estudiante Cassandra Vera, un tuit con un chiste sobre la muerte de Carrero Blanco, fue condenada a un a\u00f1o de prisi\u00f3n. \u00abEl juez decidi\u00f3 sobre la base del art\u00edculo 579 del C\u00f3digo Penal (\u00abglorificaci\u00f3n del terrorismo\u00bb) que Carrero Blanco fue una v\u00edctima del terrorismo. Esto es como si en Alemania alguien hubiera matado en un atentado a Hermann G\u00f6ring y \u00e9ste hubiera sido reconocido m\u00e1s tarde como v\u00edctima del terrorismo\u00bb, opina el jurista. Seguramente por el temor de que el \u00abcaso Cassandra\u00bb tuviera consistencia ante el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo revoc\u00f3 la sentencia en marzo de este a\u00f1o.<\/p>\n

En opini\u00f3n de Alonso-Cuevillas, los casos citados demuestran que la justicia espa\u00f1ola es imprevisible, lo que hace perder la confianza en las sentencias judiciales: \u00abLa justicia debe ser previsible hasta un cierto grado. Pero en Espa\u00f1a, por casos absolutamente id\u00e9nticos, las sentencias pueden ser completamente diferentes.\u00bb Aqu\u00ed ve un problema en el mismo C\u00f3digo penal. \u00abLa definici\u00f3n vaga de algunos tipos de delito permite hacer de casos peque\u00f1os uno grande, por ejemplo en el caso de la sedici\u00f3n.\u00bb<\/p>\n

Paralelismo con el caso de ETA<\/strong><\/p>\n

Alonso-Cuevillas pone en guardia ante una situaci\u00f3n en la que los ciudadanos est\u00e1n indefensos frente al Estado. Si los pol\u00edticos catalanes que est\u00e1n acusados \u200b\u200bpor haber llevado a cabo un refer\u00e9ndum de independencia son condenados, habr\u00eda un caso de precedencia y en el futuro cualquier manifestaci\u00f3n contra un desalojo en el que la polic\u00eda no pueda hacer su trabajo se podr\u00e1 interpretar como sedici\u00f3n. Tambi\u00e9n le parece muy preocupante que Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la judicatura, diga que el mantenimiento de la unidad territorial del Estado es una de las tareas m\u00e1s importantes de la justicia espa\u00f1ola. \u00abCon ello, se ha intentado justificar la vulneraci\u00f3n que estamos viviendo de muchos derechos fundamentales. La falta de garant\u00edas, el abuso de la prisi\u00f3n preventiva, la aplicaci\u00f3n desproporcionada del derecho penal. Aqu\u00ed se ve un esquema similar al seguido en el Pa\u00eds Vasco en cuanto al tratamiento de ETA en el pasado. Entonces dec\u00edan los jueces que contra ETA val\u00eda todo, incluida la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. Pero, en nuestro caso, no ha habido ninguna v\u00edctima mortal\u00bb, explica el abogado catal\u00e1n.<\/p>\n

Joaqu\u00edn Ur\u00edas lo resume con mucha claridad: \u00abLos tribunales espa\u00f1oles defienden siempre al poder contra los ciudadanos, en lugar de defender a los ciudadanos. Ning\u00fan juez en activo lo reconocer\u00e1 p\u00fablicamente. Los jueces deber\u00edan defender el derecho y a las personas, no el poder del Estado. Pero en Espa\u00f1a lo hacemos exactamente al rev\u00e9s.\u00bb<\/p>\n

Autor:<\/strong><\/p>\n

Krystyna Schreiber<\/a> (@KommunikaCat)<\/p>\n

Traducci\u00f3n:\u00a0<\/strong> Marta Albert\u00ed<\/p>\n

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