Breve recapitulativo<\/b><\/p>\n
La irresuelta controversia entre Venezuela y Guyana sobre el la regi\u00f3n de Esequibo es una de las m\u00e1s antiguas en el continente americano, objeto de una sentencia arbitral de 1899<\/b> entre Venezuela y Gran Breta\u00f1a, la cual fue considerada por Venezuela como parcializada, rest\u00e1ndole todo valor jur\u00eddico a partir de 1962<\/b>.<\/p>\n
Trat\u00e1ndose de un laudo arbitral sin motivaci\u00f3n alguna (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a> del laudo de 1899), como era lo usual en el siglo XIX, el intentar conocer las razones por las que el tribunal arbitral compuesto por cinco integrantes lleg\u00f3 a estas conclusiones ha constituido un terreno fertil para la imaginaci\u00f3n a lo largo de la historia. Para varios autores, Venezuela fue objeto de un verdadero \u00abfraude procesal<\/i>\u00bb que confirmar\u00edan declaraciones de los mismos \u00e1rbitros a\u00f1os despu\u00e9s de leerse la sentencia arbitral (v\u00e9ase art\u00edculo<\/strong><\/a> publicado en el 2008 titulado \u00abLa impugnaci\u00f3n internacional del laudo arbitral por fraude procesal: especial referencia a la reclamaci\u00f3n venezolana sobre el territorio de la Guyana Esequiba<\/i>\u00ab). La existencia de una probable complicidad entre los dos \u00e1rbitros brit\u00e1nicos y el juez ruso de aquel tribunal (Frederic de Martens), cuyo voto fue decisivo para la adopci\u00f3n del laudo, constituye una de los principales se\u00f1alamientos a este laudo arbitral, que confirmar\u00edan investigaciones realizadas en los a\u00f1os 50: en 1949, la divulgaci\u00f3n del denominado \u00abMemor\u00e1ndum de Severo Mallet-Prevost<\/i>\u00bb di\u00f3 lugar a una investigaci\u00f3n en los mismos archivos brit\u00e1nicos, entre 1950 y 1955, que recogen documentos que apuntan en esta misma direcci\u00f3n.<\/p>\n El Acuerdo de 1966<\/strong><\/p>\n Concientes ambas partes de la solidez de estas evidencias, y de la necesidad de resolver la controversia, el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966<\/b> (v\u00e9ase texto completo<\/strong><\/a>) entre Reino Unido y Venezuela abri\u00f3 entre ambos Estados un largo per\u00edodo para intentar encontrar una soluci\u00f3n negociada, sin que se lograse una soluci\u00f3n definitiva. El Art\u00edculo I de este tratado estipula que:<\/p>\n A Mixed Commission shall be established with the task of seeking satisfactory solutions for the practical settlement of the controversy between Venezuela and the United Kingdom which has arisen as the result of the Venezuelan contention that the Arbitral Award of 1899 about the frontier between British Guiana and Venezuela is null and void.<\/i><\/p>\n Pese a una formulaci\u00f3n que evita declarar nulo el laudo de 1899, se puede interpretar este tratado de 1966 como una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita por parte de las autoridades brit\u00e1nicas de la nulidad de la sentencia arbitral de 1899.<\/p>\n La celebraci\u00f3n de los 50 a\u00f1os de la firma del acuerdo de 1966 en el 2016 fue precedida por el descubrimiento (en mayo del 2015<\/b>) de yacimientos de hidrocarburos por parte de la empresa norteamericana Exxon Mobil, aumentando desde entonces la presi\u00f3n para aclarar qui\u00e9n posee la soberan\u00eda sobre la regi\u00f3n de Esequibo (la cual se extiende por m\u00e1s de 159.000 Km2), as\u00ed como en las aguas adyacentes. Dicha presi\u00f3n proviene en gran parte de Estados Unidos: como es sabido, el que fuera el jefe de la diplomacia norteamericana designado por el Presidente Donald Trump (Rex Tillerson) fue Director Ejecutivo de Exxon Mobile del 2006 al 2016. En junio del 2016, Guyana suscribi\u00f3 un importante contrato con la filial de Exxon Mobile, Esso (v\u00e9ase texto completo<\/strong><\/a> del contrato). Como elemento adicional a la contienda pol\u00edtica existente entre Estados Unidos y Venezuela, hay que a\u00f1adir el hecho que Venezuela logr\u00f3 en marzo del 2017<\/b> que un tribunal arbitral de apelaci\u00f3n anulara parcialmente los t\u00e9rminos de una decisi\u00f3n inicial del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estados) del 2014 (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a> del laudo) que condenaba a Venezuela a pagar m\u00e1s de 14 mil millones de US$<\/b> a Exxon Mobile y a sus asociados en Venezuela. El texto completo de esta decisi\u00f3n de marzo del 2017 del CIADI, pocamente divulgada, est\u00e1 disponible en este enlace<\/strong><\/a>: revisar una condena de m\u00e1s de 14 billones de US$ para ordenar el pago de 188 millones<\/b> merecer\u00eda, en nuestra opini\u00f3n, una mayor difusi\u00f3n en medios de prensa y en c\u00edrculos especializados. En julio del 2017, se supo que una Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos adopt\u00f3 una pol\u00e9mica decisi\u00f3n con relaci\u00f3n a los 188 millones de US$<\/b> que debe pagar Venezuela (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de Lexology).<\/p>\n Mapa de concesiones en materia de hidrocarburos hechas por Guyana y Surinam, extraido de esta nota<\/a> de prensa.<\/p><\/div>\n<\/div>\n A pocas semanas de estrenar su puesto, en febrero del 2017<\/b>, el actual Secretario General de Naciones Unidas nombr\u00f3 a un nuevo representante para atender la controversia entre Guyana y Venezuela (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de prensa). Su antecesor al cargo, Ban Ki-moon, se hab\u00eda mostrado satisfecho por las conversaciones mantenidas con ambas partes en octubre del 2015<\/b> (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de prensa oficial de Naciones Unidas).<\/p>\n Dos Estados hist\u00f3ricamente distantes de la justicia internacional de La Haya<\/b><\/p>\n N\u00f3tese que ni Guyana ni Venezuela han ratificado el Pacto de Bogot\u00e1 de 1948, instrumento internacional emblem\u00e1tico que ha permitido en Am\u00e9rica Latina resolver ante el juez internacional una gran cantidad de controversias surgidas entre dos Estados del hemisferio americano (v\u00e9ase estado oficial<\/strong><\/a> de firmas y ratificaciones). Los \u00fanicos Estados en haber denunciado este tratado son El Salvador (1973) y Colombia (2012). De igual manera, cabe resaltar que ni Guyana ni Venezuela han procedido a reconocer la jurisdicci\u00f3n obligatoria de la CIJ mediante la declaraci\u00f3n facultativa prevista en el Art\u00edculo 36, p\u00e1rrafo 2 de su Estatuto (v\u00e9ase lista oficial<\/strong><\/a> de la CIJ).<\/p>\n N\u00f3tese, como detalle de inter\u00e9s, que en diciembre del 2017<\/b> la empresa Exxon Mobil anunci\u00f3 que apoyar\u00eda con 15 millones de US$ a Guyana para sufragar los costos que conlleva una demanda ante la CIJ contra Venezuela (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> titulada \u00abExxonMobil to Fund Guyana Lawsuit Against Venezuela. US oil giant ExxonMobil has agreed to cover the cost of Guyana’s US$15 million legal fees in its territorial dispute with Venezuela<\/i>\u00ab). Chile<\/b> reconoci\u00f3 oficialmente en el 2015 haber gastado m\u00e1s de 20 millones de US$<\/b> para enfrentar la \u00fanica demanda planteada por Per\u00fa<\/b> ante la CIJ en materia de delimitaci\u00f3n mar\u00edtima (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de prensa), por lo que el monto de 15 millones de US$ se adec\u00faa a la estimaci\u00f3n de gastos relacionados a la defensa de un Estado en La Haya.<\/p>\n Los t\u00e9rminos de la petitoria de Guyana<\/b><\/p>\n En su demanda presentada al finalizar el mes de marzo del 2018<\/b> (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a> completo), Guyana solicita a la CIJ dictaminar que:<\/p>\n \u00ab(a)<\/b> The 1899 Award is valid and binding upon Guyana and Venezuela, and the boundary established by that Award and the 1905 Agreement is valid and binding upon Guyana and Venezuela;<\/i><\/p>\n (b)<\/b> Guyana enjoys full sovereignty over the territory between the Essequibo River and the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement, and Venezuela enjoys full sovereignty over the territory west of that boundary; Guyana and Venezuela are under an obligation to fully respect each other\u2019s sovereignty and territorial integrity in accordance with the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement.<\/p>\n (c)<\/b> Venezuela shall immediately withdraw from and cease its occupation of the eastern half of the Island of Ankoko, and each and every other territory which is recognized as Guyana\u2019s sovereign territory in accordance with the 1899 Award and 1905 Agreement;<\/i><\/p>\n (d)<\/b> Venezuela shall refrain from threatening or using force against any person and\/or company licensed by Guyana to engage in economic or commercial activity in Guyanese territory as determined by the 1899 Award and 1905 Agreement, or in any maritime areas appurtenant to such territory over which Guyana has sovereignty or exercises sovereign rights, and shall not interfere with any Guyanese or Guyanese-authorised activities in those areas;<\/p>\n (e)<\/b> Venezuela is internationally responsible for violations of Guyana’s sovereignty and sovereign rights, and for all injuries suffered by Guyana as a consequence\u00bb<\/p>\n Como se puede observar, Guyana reclama que la sentencia de 1899 sea considerada como jur\u00eddicamente v\u00e1lida, derivando de ello el trazado de la frontera terrestre y su proyecci\u00f3n en materia de delimitaci\u00f3n mar\u00edtima. Tal y como se puede apreciar en el mapa anteriormente reproducido, la delimitaci\u00f3n mar\u00edtima es de suma importancia para Guyana, al haber procedido a conceder amplias zonas mar\u00edtimas para la exploraci\u00f3n en materia de hidrocarburos a la empresa Exxon Mobil.<\/p>\n La competencia de la CIJ invocada por Guyana<\/b><\/p>\n Como bien es sabido, la base de la justicia internacional lo constituye el consentimiento de ambas partes para someter la controversia al juez internacional<\/b>. En este caso, la base de competencia de la CIJ que invoca Guyana es el art\u00edculo IV (2) del Acuerdo de Ginebra, el cual otorga al Secretario General la facultad de escoger el medio pac\u00edfico de controversia para resolver esta disputa. El actual Secretario General de Naciones Unidas, en una declaraci\u00f3n reciente de enero del 2018<\/b> (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a> de la declaraci\u00f3n oficial) di\u00f3 por concluidos sus buenos oficios entre Guyana y Venezuela, y procedi\u00f3 a designar formalmente a la CIJ como mecanismo de soluci\u00f3n pac\u00edfica para este caso preciso. Se lee en el texto de la demanda presentada por Guyana que:<\/p>\n \u00bb On 30 January 2018, nearly 52 years after the signing of the Geneva Agreement, Secretary-General Ant\u00f3nio Guterres determined that the Good Offices Process had failed to achieve a peaceful settlement of the controversy. He then took a formal and binding decision, under Article IV, paragraph 2 of the Agreement, to choose a differentmeans of settlement under Article 33 of the Charter. In identical letters to both Parties, he communicated the terms of his decision that, pursuant to the authority vested in him by the Geneva Agreement, the controversy shall be settled by recourse to the International Court of Justice. A public statement issued on his behalf, on the same date, declared that the Secretary General \u201chas chosen the International Court of Justice as the means to be used for the solution of the controversy<\/i>\u00bb (pp.4-5).<\/p>\n Para Venezuela, esta carta del Secretario General del 30 de enero del 2018 plantea una serie de interrogantes y en un comunicado de prensa emitido 24 horas despu\u00e9s de dada a conocer, hizo ver que privilegia la negociaci\u00f3n pol\u00edtica con Guyana sobre cualquier otro mecanismo. Para las autoridades venezolanas,<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/1.bp.blogspot.com\/-ptLLYG_q3Dw\/Wsvbuhzln1I\/AAAAAAAAGnQ\/Izl3CWMuUdsexpeMmiZP9lWYCRSu6ZOzgCLcBGAs\/s400\/aaa11.jpg\")
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![nota<\/a> de prensa.<\/p><\/div>\n<\/div>\nA pocas semanas de estrenar su puesto, en febrero del 2017<\/b>, el actual Secretario General de Naciones Unidas nombr\u00f3 a un nuevo representante para atender la controversia entre Guyana y Venezuela (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de prensa). Su antecesor al cargo, Ban Ki-moon, se hab\u00eda mostrado satisfecho por las conversaciones mantenidas con ambas partes en octubre del 2015<\/b> (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de prensa oficial de Naciones Unidas).<\/p>\nDos Estados hist\u00f3ricamente distantes de la justicia internacional de La Haya<\/b><\/p>\nN\u00f3tese que ni Guyana ni Venezuela han ratificado el Pacto de Bogot\u00e1 de 1948, instrumento internacional emblem\u00e1tico que ha permitido en Am\u00e9rica Latina resolver ante el juez internacional una gran cantidad de controversias surgidas entre dos Estados del hemisferio americano (v\u00e9ase estado oficial<\/strong><\/a> de firmas y ratificaciones). Los \u00fanicos Estados en haber denunciado este tratado son El Salvador (1973) y Colombia (2012). De igual manera, cabe resaltar que ni Guyana ni Venezuela han procedido a reconocer la jurisdicci\u00f3n obligatoria de la CIJ mediante la declaraci\u00f3n facultativa prevista en el Art\u00edculo 36, p\u00e1rrafo 2 de su Estatuto (v\u00e9ase lista oficial<\/strong><\/a> de la CIJ).<\/p>\nN\u00f3tese, como detalle de inter\u00e9s, que en diciembre del 2017<\/b> la empresa Exxon Mobil anunci\u00f3 que apoyar\u00eda con 15 millones de US$ a Guyana para sufragar los costos que conlleva una demanda ante la CIJ contra Venezuela (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> titulada \u00abExxonMobil to Fund Guyana Lawsuit Against Venezuela. US oil giant ExxonMobil has agreed to cover the cost of Guyana’s US$15 million legal fees in its territorial dispute with Venezuela<\/i>\u00ab). Chile<\/b> reconoci\u00f3 oficialmente en el 2015 haber gastado m\u00e1s de 20 millones de US$<\/b> para enfrentar la \u00fanica demanda planteada por Per\u00fa<\/b> ante la CIJ en materia de delimitaci\u00f3n mar\u00edtima (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de prensa), por lo que el monto de 15 millones de US$ se adec\u00faa a la estimaci\u00f3n de gastos relacionados a la defensa de un Estado en La Haya.<\/p>\nLos t\u00e9rminos de la petitoria de Guyana<\/b><\/p>\nEn su demanda presentada al finalizar el mes de marzo del 2018<\/b> (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a> completo), Guyana solicita a la CIJ dictaminar que:<\/p>\n\u00ab(a)<\/b> The 1899 Award is valid and binding upon Guyana and Venezuela, and the boundary established by that Award and the 1905 Agreement is valid and binding upon Guyana and Venezuela;<\/i><\/p>\n(b)<\/b> Guyana enjoys full sovereignty over the territory between the Essequibo River and the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement, and Venezuela enjoys full sovereignty over the territory west of that boundary; Guyana and Venezuela are under an obligation to fully respect each other\u2019s sovereignty and territorial integrity in accordance with the boundary established by the 1899 Award and the 1905 Agreement.<\/p>\n(c)<\/b> Venezuela shall immediately withdraw from and cease its occupation of the eastern half of the Island of Ankoko, and each and every other territory which is recognized as Guyana\u2019s sovereign territory in accordance with the 1899 Award and 1905 Agreement;<\/i><\/p>\n(d)<\/b> Venezuela shall refrain from threatening or using force against any person and\/or company licensed by Guyana to engage in economic or commercial activity in Guyanese territory as determined by the 1899 Award and 1905 Agreement, or in any maritime areas appurtenant to such territory over which Guyana has sovereignty or exercises sovereign rights, and shall not interfere with any Guyanese or Guyanese-authorised activities in those areas;<\/p>\n(e)<\/b> Venezuela is internationally responsible for violations of Guyana’s sovereignty and sovereign rights, and for all injuries suffered by Guyana as a consequence\u00bb<\/p>\nComo se puede observar, Guyana reclama que la sentencia de 1899 sea considerada como jur\u00eddicamente v\u00e1lida, derivando de ello el trazado de la frontera terrestre y su proyecci\u00f3n en materia de delimitaci\u00f3n mar\u00edtima. Tal y como se puede apreciar en el mapa anteriormente reproducido, la delimitaci\u00f3n mar\u00edtima es de suma importancia para Guyana, al haber procedido a conceder amplias zonas mar\u00edtimas para la exploraci\u00f3n en materia de hidrocarburos a la empresa Exxon Mobil.<\/p>\nLa competencia de la CIJ invocada por Guyana<\/b><\/p>\nComo bien es sabido, la base de la justicia internacional lo constituye el consentimiento de ambas partes para someter la controversia al juez internacional<\/b>. En este caso, la base de competencia de la CIJ que invoca Guyana es el art\u00edculo IV (2) del Acuerdo de Ginebra, el cual otorga al Secretario General la facultad de escoger el medio pac\u00edfico de controversia para resolver esta disputa. El actual Secretario General de Naciones Unidas, en una declaraci\u00f3n reciente de enero del 2018<\/b> (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a> de la declaraci\u00f3n oficial) di\u00f3 por concluidos sus buenos oficios entre Guyana y Venezuela, y procedi\u00f3 a designar formalmente a la CIJ como mecanismo de soluci\u00f3n pac\u00edfica para este caso preciso. Se lee en el texto de la demanda presentada por Guyana que:<\/p>\n\u00bb On 30 January 2018, nearly 52 years after the signing of the Geneva Agreement, Secretary-General Ant\u00f3nio Guterres determined that the Good Offices Process had failed to achieve a peaceful settlement of the controversy. He then took a formal and binding decision, under Article IV, paragraph 2 of the Agreement, to choose a differentmeans of settlement under Article 33 of the Charter. In identical letters to both Parties, he communicated the terms of his decision that, pursuant to the authority vested in him by the Geneva Agreement, the controversy shall be settled by recourse to the International Court of Justice. A public statement issued on his behalf, on the same date, declared that the Secretary General \u201chas chosen the International Court of Justice as the means to be used for the solution of the controversy<\/i>\u00bb (pp.4-5).<\/p>\nPara Venezuela, esta carta del Secretario General del 30 de enero del 2018 plantea una serie de interrogantes y en un comunicado de prensa emitido 24 horas despu\u00e9s de dada a conocer, hizo ver que privilegia la negociaci\u00f3n pol\u00edtica con Guyana sobre cualquier otro mecanismo. Para las autoridades venezolanas,<\/p>\n\u00abCabe preguntarse las razones que privaron para recomendar la Corte Internacional de Justicia a dos Estados que no reconocen su jurisdicci\u00f3n, siendo que el propio Acuerdo de Ginebra contempla los medios pol\u00edticos para la soluci\u00f3n de la controversia territorial. En este sentido, Venezuela ratifica de manera determinante e inequ\u00edvoca el proceso de negociaci\u00f3n bajo estos medios<\/i>\u00bb (v\u00e9ase texto completo<\/strong><\/a> del comunicado oficial de Venezuela).<\/p>\nA modo de conclusi\u00f3n<\/b><\/p>\nNo cabe duda que Guyana, a sugerencia del Secretario General de Naciones Unidas, ha decidido en este a\u00f1o 2018 accionar decididamente la justicia internacional para resolver su disputa territorial con Venezuela. En pocos meses, y posiblemente en raz\u00f3n de la presi\u00f3n ejercida por Exxon Mobil, el panorama ha cambiado sustancialmente para ambos Estados. El hecho que Venezuela se muestre renuente a la opci\u00f3n de la CIJ podr\u00eda conducir ya sea a una judicializaci\u00f3n extrema de esta controversia, con la presentaci\u00f3n de excepciones preliminares cuestionando la competencia de la CIJ por parte de Venezuela, o bien la no comparecencia de Venezuela en se\u00f1al de repudio; ya sea, por el contrario, a abrir la posibilidad para otra opci\u00f3n, entre las m\u00faltiples posibilidades que ofrece el capitulo de la soluci\u00f3n pac\u00edfica de controversias entre Estados.<\/p>\nAmbos Estados mantienen, a\u00fan a estas alturas, la posibilidad de encontrar una salida negociada bilateral, siempre recomendada para este tipo de disputas, y forman parte de marcos institucionales regionales (CELAC) y subregionales (CARICOM) que podr\u00edan ayudarlos a crear condiciones propicias para lograrla.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En estos d\u00edas se anunci\u00f3 que Guyana present\u00f3 formalmente una demanda contra 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