Por Javier Cabero Gandarias<\/p>\n
Desde el pasado lunes 5 de marzo, Gonzalo S\u00e1nchez de Lozada (alias el Goni), quien fuera presidente de Bolivia, y su ex-ministro de Defensa, Carlos S\u00e1nchez Berzain (alias el Zorro), se vieron sentados en la Corte Federal de Fort Lauderlade, Florida, Estados Unidos, en el sitio que se asigna a los acusados. Se los acusa de haber provocado 81 muertos y 420 heridos, todos civiles, incluyendo ni\u00f1os, en octubre de 2013 durante la rebeli\u00f3n de los habitantes de la ciudad de El Alto, denominada la \u201cguerra por el gas\u201d. Los S\u00e1nchez, usando a soldados fuertemente armados, tanques y aviones intentaron derrotar a sangre y fuego una insurrecci\u00f3n que termin\u00f3 con la huida a Estados Unidos de ambos personajes, donde residen actualmente. El in\u00e9dito juicio concluir\u00e1 con una sentencia los primeros d\u00edas del mes de abril.<\/p>\n
Como antecedente del conflicto debemos se\u00f1alar que a\u00f1os antes, el 4 de agosto de 1997, el presidente S\u00e1nchez de Lozada entreg\u00f3 el petr\u00f3leo y el gas de Bolivia a empresas transnacionales mediante un decreto secreto e ilegal, que fue demandado como inconstitucional ante los tribunales. En el 2003, Goni pone en marcha el proyecto de exportaci\u00f3n de gas a Estados Unidos, bajo el control del consorcio Pacific LNG, constituido por las transnacionales British Gas, British Petroleum y Repsol\/YPF. Se proyectaba la exportaci\u00f3n diaria de 36 millones de metros c\u00fabicos de gas durante veinte a\u00f1os. El proyecto, en su conjunto, iba a demandar una inversi\u00f3n de 5 a 7 mil millones de d\u00f3lares durante un quinquenio. Las condiciones otorgadas a Pacific LNG eran por completo desfavorables para Bolivia. El ingreso previsto para las transnacionales era de 1. 370 millones de d\u00f3lares anuales, mientras que el pago de impuestos y regal\u00edas era tan solo entre 40 a 70 millones de d\u00f3lares. En veinte a\u00f1os, periodo de duraci\u00f3n del contrato de exportaci\u00f3n, las transnacionales petroleras y el Goni, estimaban obtener alrededor de 27 mil millones de d\u00f3lares. La entrega del gas a las transnacionales gener\u00f3 indignaci\u00f3n en la poblaci\u00f3n, avivado por el hecho de elegir a Chile como el pa\u00eds intermediario para procesar y distribuir el gas a Estados Unidos, dado que fue Chile quien, mediante una guerra, despoj\u00f3 a Bolivia de su costa mar\u00edtima en 1879.<\/p>\n
Frente a estos hechos, en el mes de octubre del 2003, diversas organizaciones populares convocan a una huelga general, con bloqueo de caminos. Piden tambi\u00e9n levantar trincheras y cavar zanjas en cada zona de la ciudad, conformar los comit\u00e9s de autodefensa y defender a los medios populares de comunicaci\u00f3n. Ante los asesinatos que cada d\u00eda se produc\u00edan a manos de los militares, bajo el mando del Zorro y el Goni, la ex-defensora del pueblo, Ana Mar\u00eda Campero inicia una huelga de hambre, acompa\u00f1ada por el sacerdote jesuita Ricardo Zeballos, el empresario Javier Hurtado y los intelectuales Jos\u00e9 Antonio Quiroga y Ricardo Calla. Los huelguistas llegaron a un millar, agrupados en treinta piquetes de huelga en todo el pa\u00eds. Los ayunos se producen tambi\u00e9n en Tarija, en Cochabamba y en otras ciudades. La sublevaci\u00f3n culmina con la huida de S\u00e1nchez de Lozada y S\u00e1nchez Berzain a Estados Unidos que les concedi\u00f3 refugio pol\u00edtico.<\/p>\n
Tras largos 15 a\u00f1os de insistentes tentativas, un grupo de familiares de los asesinados, apoyados por el abogado Rogelio Mayta y abogados de la Cl\u00ednica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y del Centro de Derechos Constitucionales, logran que una Corte de Estados Unidos acepte los cargos y los convoque en calidad de acusados por violaciones a los Derechos Humanos.<\/p>\n
El Derecho hizo lo suyo, ahora es el turno de la Justicia.<\/p>\n
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