Gran revuelo caus\u00f3 la noticia de que en d\u00edas pasados le fue prohibido el ingreso a Chile a un n\u00famero importante de personas provenientes de Hait\u00ed. De acuerdo a las informaciones disponibles, dichas personas \u00a0fueron retenidas en dependencias del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Ben\u00edtez en Santiago para ser regresados a su pa\u00eds de origen. Finalmente, en un proceso expedito y poco transparente en que se vulneraron los derechos humanos de los mismos, la Polic\u00eda de Investigaciones de Chile (PDI), por motivos confusos, dispuso el retorno de m\u00e1s sesenta haitianos, sin que se resolvieran a tiempo los recursos judiciales interpuestos para evitar una medida a todas luces arbitraria.<\/p>\n
Algunas de las faltas graves que podemos identificar en estos hechos, son el impedimento de ingreso a un n\u00famero masivo de personas de una misma nacionalidad, esgrimi\u00e9ndose que ellas habr\u00edan incurrido en infracciones o faltas a la ley y el reglamento de extranjer\u00eda; la posterior custodia de los documentos de identificaci\u00f3n de los afectados; su retenci\u00f3n por d\u00edas en el aeropuerto en lugares no aptos y sin permit\u00edrseles acceso a sus equipajes; la falta oportuna de acceso de asesor\u00eda jur\u00eddico-social y, finalmente, la concreci\u00f3n de la deportaci\u00f3n.<\/p>\n
Para analizar la actuaci\u00f3n de la PDI y los procedimientos adoptados desde una perspectiva de derechos humanos, se hace necesario someter a un control de legalidad la actuaci\u00f3n policial.<\/p>\n
En primer lugar, debemos tener en consideraci\u00f3n las prohibiciones de ingreso establecidas en la ley, y si \u00e9stas podr\u00edan aplicarse al caso en concreto (art\u00edculos 15 y 16 del Decreto Ley 1094, o Ley de Extranjer\u00eda). Al respecto, seg\u00fan lo informado por la PDI, las personas que estaban ingresando no habr\u00edan se\u00f1alado el lugar de estad\u00eda, requisito no exigido en la normativa. Lo \u00fanico que podr\u00eda requerir la polic\u00eda al momento del ingreso es la \u201cacreditaci\u00f3n de medios econ\u00f3micos suficientes para subsistir durante su permanencia en Chile\u201d, \u00a0donde por lo dem\u00e1s, ni la ley ni su reglamento se\u00f1alan un monto determinado, quedando sujeta la autorizaci\u00f3n de ingreso a la discrecionalidad de la autoridad policial. Por tanto, la actuaci\u00f3n de la PDI, en cuanto prohibir el ingreso al pa\u00eds a los ciudadanos haitianos en raz\u00f3n de los motivos por ella esgrimidos resulta ilegal, \u00a0al no tener fundamento en norma alguna, ni siquiera en el resquicio de solvencia econ\u00f3mica.<\/p>\n
Por otro lado, si la PDI argumentase que existi\u00f3 entrega de informaci\u00f3n falsa en la solicitud de ingreso respecto de supuestas reservas hoteleras no existentes, como trascendi\u00f3 en la prensa, lo que podr\u00eda configurar una falta o delito que da pie a la negaci\u00f3n de ingreso al territorio, es una obligaci\u00f3n que las eventuales infracciones sean investigadas caso a caso, bajo un examen pormenorizado de cada persona a la cual se quiere sancionar. Por tanto, en ning\u00fan caso proceden las devoluciones o expulsiones masivas de inmigrantes. As\u00ed lo establecen, adem\u00e1s, distintos instrumentos internacionales ratificados por Chile, como tambi\u00e9n abundante jurisprudencia en la materia de las cortes regionales.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, es dif\u00edcil imaginar que todos los ciudadanos haitianos que ingresaron al pa\u00eds se hayan organizado previamente para hacerlo de forma irregular, configurando as\u00ed una especie de banda criminal, y que por ello se haya rechazado su entrada. Por el contrario, debido al gran n\u00famero de personas que se vieron involucradas en la misma situaci\u00f3n, es probable que su condici\u00f3n sea de v\u00edctimas de tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes o trata de personas, y que tengan la necesidad y posibilidad de acceder a ayuda humanitaria de acuerdo tambi\u00e9n a la legislaci\u00f3n vigente (Ley N\u00b0 20.507 que tipifica los delitos de tr\u00e1fico il\u00edcito de migrantes y rata de personas). \u00a0La devoluci\u00f3n \u00a0de dichas personas al pa\u00eds de origen configurar incluso un peligro para su integridad f\u00edsica y ps\u00edquica a su retorno.<\/p>\n
Un tercer elemento, surge del an\u00e1lisis del plazo de retenci\u00f3n o custodia a la que fueron sometidos.<\/p>\n
En efecto, los ciudadanos haitianos superaron con creces los plazos m\u00e1ximos de detenci\u00f3n que establece el C\u00f3digo Procesal Penal, que es veinticuatro horas. Incluso, si concedi\u00e9ramos que este proceder de la PDI obedece a las dificultades t\u00e9cnicas, como ser\u00eda la imposibilidad de reembarcar de forma expedita a un gran n\u00famero de pasajeros a una ruta hoy sobre demandada, \u00a0de cualquier modo, e independientemente del tiempo de retenci\u00f3n, \u00a0\u00e9sta debi\u00f3 ser en condiciones de trato y reguardo.<\/p>\n
Necesario es tambi\u00e9n se\u00f1alar, que tampoco se les concedi\u00f3 oportuna asesor\u00eda jur\u00eddica y de interpretaci\u00f3n, a fin de que ellos pudieran ser informados claramente del motivo de la prohibici\u00f3n de ingreso, y adem\u00e1s evaluar, atendida la actual situaci\u00f3n pol\u00edtico-social que vive Hait\u00ed, si son objeto de protecci\u00f3n internacional.<\/p>\n
Cabe por otra parte resaltar, que estas pr\u00e1cticas no son nuevas en nuestro pa\u00eds. Han sido m\u00faltiples las denuncias sobre casos de discrecionalidad arbitraria en pasos fronterizos representados ante \u00f3rganos de tratado, y que por lo mismo se les ha denominado como \u201crechazos en ventanilla\u201d o \u201crechazos en caliente\u201d, los cuales carecen de todo fundamento normativo en Chile.<\/p>\n
Un caso de similares caracter\u00edsticas ocurri\u00f3 en el mes de febrero del a\u00f1o 2013, donde abogados y postulantes de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporaci\u00f3n de Asistencia Judicial de la Regi\u00f3n Metropolitana (CAJ-Metro), constataron la detenci\u00f3n arbitraria e ilegal de diecisiete extranjeros en las dependencias de la Brigada de Investigaci\u00f3n Criminal de Santiago de la PDI (\u201cCuartel Borgo\u00f1o\u201d), los cuales llevaban semanas privados de libertad en los calabozos, sin una orden de detenci\u00f3n legalmente emitida, sin haber sido puestos a disposici\u00f3n de un juez, y sin tener una fecha efectiva para su deportaci\u00f3n.<\/p>\n
Ante la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de amparo (Rol 351-2013 ICA Santiago), acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago y ratificada por la Corte Suprema, se decret\u00f3 la libertad de los extranjeros, no as\u00ed la revocaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de expulsiones que pesaban en su contra. La gravedad de estos hechos, llev\u00f3 a que el Ministerio del Interior y la entidad policial firmaran el \u201cProtocolo de actuaci\u00f3n para expulsi\u00f3n de extranjeros infractores\u201d, que debi\u00f3 aplicarse en este caso.<\/p>\n
Evitar la reiteraci\u00f3n de estos casos, y los rechazos arbitrarios en ventanillas debido a la solicitud por parte de la autoridad de requisitos que no se encuentran establecidos en la ley ni reglamentos, representa un desaf\u00edo central en el marco de la discusi\u00f3n de una nueva ley de migraci\u00f3n para Chile, que como ya adelant\u00f3 el gobierno entrante, su tramitaci\u00f3n \u201cgoza de preferencia\u201d. Preocupa, no obstante, que seguramente se reingrese el proyecto de ley presentado por la anterior administraci\u00f3n de Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era el a\u00f1o 2013, el que carece de un enfoque en derechos humanos, lo que concit\u00f3 reparos y fuertes cuestionamientos en su momento por parte de agrupaciones de migrantes, organizaciones de derechos humanos, y universidades con trabajo en la materia en sus informes anuales. Cr\u00edticas que tambi\u00e9n encontr\u00f3 el proyecto enviado por el gobierno de Bachelet (Bolet\u00edn 11395-06), dado que este tampoco cumple con las exigencias y est\u00e1ndares internacionales, entre otras materias, el reconocimiento expreso de la migraci\u00f3n como un derecho humano, el acceso a la salud sujeto a la situaci\u00f3n migratoria, -teniendo atenci\u00f3n \u00edntegra s\u00f3lo aquellos extranjeros que cuenten con un permiso vigente-, la limitaci\u00f3n al debido proceso toda vez que se conocer\u00e1 del recurso de reclamaci\u00f3n ante una expulsi\u00f3n s\u00f3lo en \u00fanica instancia impidiendo el acceso al m\u00e1ximo tribunal del pa\u00eds. Tampoco se enuncian cambios sustanciales en la institucionalidad migratoria actual.<\/p>\n
Se hace necesario que la nueva ley de migraciones contemple, entre otras cosas, el procedimiento y que enumere taxativamente los requisitos para el ingreso y obtenci\u00f3n de visas, a fin de establecer l\u00edmites a la discrecionalidad de la autoridad en la entrega de visados; la garant\u00eda a los extranjeros en el derecho de acceso a la justicia de poder expresarse en su idioma y contar con la asesor\u00eda de int\u00e9rpretes; cambio o reconfiguraci\u00f3n de la institucionalidad migratoria, donde exista un \u00f3rgano encargado de la creaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de pol\u00edticas migratorias, y otro \u00f3rgano independiente encargado del otorgamiento de visas y sanciones; y en la misma l\u00ednea, se sustituya el actual rol que cumplen la PDI en el control de pasos fronterizos, quit\u00e1ndole el actual protagonismo generado para la amplia discrecionalidad otorgada; y que se garantice el acceso y goce de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales de los migrantes y sus familias, independiente de la situaci\u00f3n migratoria en la que se encuentren.<\/p>\n
La nueva normativa debe consagrar adem\u00e1s otros principios y derechos esenciales establecidos en torno a la movilidad humana, como son, entre otros, la libertad de circulaci\u00f3n o movimiento, la igualdad con los nacionales y no discriminaci\u00f3n, unidad o reunificaci\u00f3n familiar, no devoluci\u00f3n, y no expulsi\u00f3n colectiva de migrantes.<\/p>\n