El pasado 4 de marzo finaliz\u00f3 en Costa Rica la\u00a0novena ronda<\/b>\u00a0de negociaciones sobre un instrumento jur\u00eddicamente vinculante para Am\u00e9rica Latina sobre la protecci\u00f3n a los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n p\u00fablica y al acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo de Janeiro de 1992).<\/p>\n
Breve puesta en contexto<\/b><\/p>\n
Se trata de la culminaci\u00f3n de esta iniciativa regional, iniciada en mayo del 2015 en Chile y auspiciada por la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina de Naciones Unidas, m\u00e1s conocida como CEPAL. A la cita concurrieron 24 delegaciones oficiales de Estados de Am\u00e9rica Latina y del Caribe, con el objetivo de poner un punto final a la incorporaci\u00f3n, en un instrumento regional obligatorio, de algunos de los principios jur\u00eddicos mencionados en el Principio 10 de la Declaraci\u00f3n de Rio de 1992, as\u00ed como de nuevos principios jur\u00eddicos existentes, desarrollados por el derecho ambiental desde 1992. Remitimos a nuestro estimable lector al\u00a0comunicado oficial<\/a>\u00a0de la CEPAL, al\u00a0comunicado oficial<\/a>\u00a0de Naciones Unidas, as\u00ed como al\u00a0comunicado oficial<\/a>\u00a0de las autoridades costarricenses, saludando la adopci\u00f3n de este tratado regional, luego de nueve rondas de negociaciones.<\/p>\n La culminaci\u00f3n de un arduo proceso negociador<\/b><\/p>\n Con ocasi\u00f3n de la\u00a0octava ronda<\/b>\u00a0de negociaciones celebrada en Chile en noviembre\/diciembre del 2017, se hab\u00edan dejado entrever algunos puntos en discusi\u00f3n no consensuados en Santiago de Chile con los que las delegaciones llegaron a San Jos\u00e9 de Costa Rica. Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, varios expertos en derechos humanos hab\u00edan urgido a las delegaciones a no posponer m\u00e1s en Chile las negociaciones y a aprobar el texto sin m\u00e1s preludios: remitimos al lector a nuestra\u00a0nota<\/a>\u00a0publicada en Debate Global en diciembre del 2017 titulada \u00abNaciones Unidas urge a Am\u00e9rica Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente<\/i>\u00ab.<\/p>\n Como aportes a la discusi\u00f3n, cabe mencionar, entre muchos otros:<\/p>\n – el documento preparado por Chile, Costa Rica, Panam\u00e1, Paraguay y Per\u00fa sobre los defensores del ambiente y la necesidad de protegerlos en su labor\u00a0que configurar\u00e1 posiblemente el art\u00edculo 9<\/b>\u00a0del futuro texto (v\u00e9ase\u00a0nota oficial<\/a>\u00a0presentada a las dem\u00e1s delegaciones);<\/p>\n – la propuesta de Argentina y de Per\u00fa sobre la participaci\u00f3n ciudadana en materia ambiental, configurando lo que ser\u00e1 probablemente el\u00a0futuro art\u00edculo 8<\/b>\u00a0(v\u00e9ase\u00a0texto<\/a>\u00a0de la propuesta), con fecha de julio del 2017;<\/p>\n – la propuesta de Chile y de Costa Rica sobre los\u00a0art\u00edculos 13 a 25<\/b>circulada en febrero del 2018, posiblemente elaborada en aras de facilitar la aprobaci\u00f3n del texto en Costa Rica (v\u00e9ase\u00a0texto<\/a>\u00a0de la propuesta).<\/p>\n De manera muy oportuna, al haber sido dada a conocer a pocas semanas de iniciarse esta cita regional en Costa Rica, podemos tambi\u00e9n referir a la reciente Opini\u00f3n Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una solicitud de Colombia, notificada el pasado 7 de febrero del 2018 (v\u00e9ase\u00a0nota\u00a0<\/a>nuestra publicada en Debate Global titulada \u00abMucho m\u00e1s que una respuesta a Colombia: a prop\u00f3sito de la Opini\u00f3n Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos<\/i>\u00ab).<\/p>\n Una luz esperanzadora para activistas y defensores del ambiente<\/b><\/p>\n Con relaci\u00f3n al art\u00edculo 9 antes mencionado, su formulaci\u00f3n antes de la cita en la capital costarricense se lee de la siguiente manera (y es de esperar que no sufri\u00f3 mayores revisiones):<\/p>\n \u00abArt\u00edculo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales [Convenido]<\/b><\/i><\/p>\n 1. Cada Parte garantizar\u00e1 un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.<\/p>\n 2. Cada Parte tomar\u00e1 las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n, derecho de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n pac\u00edficas y derecho a circular libremente, as\u00ed como su capacidad para ejercer sus derechos de acceso.<\/p>\n 3. Cada Parte tomar\u00e1 medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente Acuerdo.\u00a0\u00bb<\/p>\n Como bien es sabido, son innumerables los casos en Am\u00e9rica Latina de defensores del ambiente que son objeto de actos de violencia y de asesinatos no dilucidados por las autoridades estatales, y que se mantienen en una indignante impunidad.<\/p>\n De igual forma, son incontables los casos de l\u00edderes comunitarios y ecologistas llevados en Am\u00e9rica Latina ante los tribunales nacionales por presuntas calumnia, difamaci\u00f3n, resistencia a la autoridad, violencia en la v\u00eda p\u00fablica, amenaza al orden p\u00fablico u otras figuras del derecho penal, con el fin de intimidarlos: en el caso de Costa Rica, repetidas ausencias de los abogados de una empresa minera canadiense a audiencias se\u00f1aladas por el juez penal en tres distintas causas llevaron a los demandados por presunta difamaci\u00f3n a publicar un\u00a0art\u00edculo<\/a>\u00a0titulado: \u00abAudiencias con el Infinito: ausencias…<\/i>\u00bb en el peri\u00f3dico La Naci\u00f3n (y que al parecer surti\u00f3 alg\u00fan efecto: los abogados de la minera Infinito Gold se presentaron finalmente a las audiencias siguientes en dos de los tres casos).<\/p>\n De alguna manera este art\u00edculo 9 viene tambi\u00e9n a plantear a los Estados adoptar medidas contra acciones intimidatorias de tipo penal que la doctrina anglosajona designa por el t\u00e9rmino de \u00abSlapp Actions<\/i>\u00bb (\u00abSlapp\u00bb correspondiente a las siglas de \u00abStrategic Legal Actions Against Public Participation<\/i>\u00ab): v\u00e9ase, entre muchos, este\u00a0an\u00e1lisis\u00a0<\/a>publicado en Australia en el 2009 titulado \u00abQuantum of strategic litigation \u2014 quashing public participation<\/i>\u00ab, as\u00ed como este\u00a0estudio<\/a>\u00a0al respecto publicado en el caso de Ontario, Canad\u00e1 en el 2010, titulado\u00a0\u00abBreaking the Silence. The urgent need for anti-SLAPP legislation in Ontario<\/i>\u00bb y\u00a0volante<\/a>\u00a0publicado en el 2010 sobre la legislaci\u00f3n \u00abAnti-Slapp\u00bb adoptada en Filipinas en el 2010.<\/p>\n Una valiosa iniciativa en espera de ser ampliamente difundida<\/b><\/p>\n Para qui\u00e9nes se interesan por la g\u00e9nesis de cada uno de los art\u00edculos de este nuevo instrumento regional, el texto finalmente adoptado del futuro tratado consensuado en San Jos\u00e9 deber\u00e1 ser comparado con el texto no consensuado correspondiente a la\u00a0octava ronda<\/b>\u00a0de negociaciones (v\u00e9ase\u00a0borrador del texto<\/a>\u00a0con corchetes, propuestas de enmiendas y modificaciones, que lleva la fecha del 22 de enero del 2018). El progreso logrado en las discusiones se puede apreciar con relaci\u00f3n al documento de trabajo de abril del 2017, de cara a la\u00a0s\u00e9ptima ronda de negociaciones<\/b>\u00a0realizada en Buenos Aires en julio\/agosto del 2017 (v\u00e9ase\u00a0documento<\/a>).<\/p>\n Sin lugar a dudas, se trata de un texto de gran relevancia que permite reafirmar en la regi\u00f3n latinoamericana una serie de principios en materia ambiental que han venido sufriendo una interpretaci\u00f3n restrictiva por parte del aparato estatal: es el caso, por ejemplo, en Costa Rica de un episodio ins\u00f3lito acaecido con el juez constitucional en febrero del 2017 en materia de participaci\u00f3n p\u00fablica (v\u00e9ase\u00a0breve nota<\/a>\u00a0nuestra al respecto). No hace falta mencionar que la poca cobertura de la prensa a la adopci\u00f3n de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con reserva y extrema cautela toda consolidaci\u00f3n de estos principios jur\u00eddicos en favor de las comunidades y del ambiente.<\/p>\n A modo de conclusi\u00f3n: una amplia divulgaci\u00f3n requerida<\/b><\/p>\n