Este 8 de marzo, tras intensas rondas de negociaciones, se procedi\u00f3 a la firma del texto definitivo del \u201cTratado Integral y Progresista de Asociaci\u00f3n Transpac\u00edfico\u201d (CPTPP, por sus siglas en ingl\u00e9s), conocido como TPP11. Este tratado viene a sustituir al desahuciado Acuerdo Transpac\u00edfico de Cooperaci\u00f3n Econ\u00f3mica (TPP, por sus siglas en ingl\u00e9s), luego que la salida de Estados Unidos del mismo hiciera inviable su implementaci\u00f3n.<\/p>\n
A partir de esa fecha, el TPP11 queda abierto a su ratificaci\u00f3n por parte de los parlamentos de los estados signatarios \u2013Australia, Brun\u00e9i, Canad\u00e1, Jap\u00f3n, Malasia, M\u00e9xico, Nueva Zelanda, Per\u00fa, Singapur y Vietnam, adem\u00e1s de Chile\u2013 para su entrada en vigencia, de acuerdo a los requisitos que el propio acuerdo impone. Esto es, 60 d\u00edas despu\u00e9s de su firma y cuando seis o el 50% del n\u00famero de signatarios hayan cumplido con la tramitaci\u00f3n legal prevista en su ordenamiento interno. Ello, sin que los congresistas puedan hacer modificaci\u00f3n alguna a sus disposiciones y anexos, limit\u00e1ndose a aprobarlo o rechazarlo en su totalidad.<\/p>\n
Aunque su texto a\u00fan no ha sido liberado para su conocimiento p\u00fablico, el gobierno ha insistido en afirmar que se trata de un acuerdo renovado que elimina aquellos aspectos m\u00e1s cuestionados por la ciudadan\u00eda y que gener\u00f3 la preocupaci\u00f3n de instancias internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el TPP11 considera la incorporaci\u00f3n \u201cpor referencia\u201d de todo el contenido del TPP original, con la \u00fanica salvedad del acuerdo alcanzado para \u201csuspender\u201d 20 de sus normas, 11 de ellas contenidas en el Cap\u00edtulo sobre Propiedad Intelectual, en \u00e1mbitos referidos a la industria farmac\u00e9utica y derechos de autor vinculados a internet. En relaci\u00f3n a esta materia, se desconoce cuales ser\u00e1n los efectos del nuevo tratado en temas tan sensibles como la patentaci\u00f3n de semillas y el uso de transg\u00e9nicos, y los impactos que ello puede tener en los conocimientos tradicionales de pueblos ind\u00edgenas y campesinos.<\/p>\n
Lo anterior nos lleva a pensar que estamos en presencia, en la pr\u00e1ctica, del mismo acuerdo, el que de manera enga\u00f1osa es presentado como restringido en sus alcances m\u00e1s cuestionados de la versi\u00f3n anterior del TPP. Es importante resaltar que todas las normas suspendidas del acuerdo original son revocables con el consenso de los 11 estados signatarios. M\u00e1s a\u00fan, las condiciones impuestas para su entrada en vigencia han sido rebajadas, al eliminarse la disposici\u00f3n del TPP original que exig\u00eda que el m\u00ednimo de pa\u00edses requerido concentraran al menos el 85% del PIB combinado del total, precisamente el motivo por el cual la decisi\u00f3n de Trump termin\u00f3 por aniquilarlo.<\/p>\n
En otras palabras, hoy se hace en extremo expedita la entrada en vigor del TPP11, y retiradas las normas suspendidas, del TPP original, persistiendo las graves amenazas a los derechos humanos y a la soberan\u00eda de los estados para garantizarlos que estos tratados de nueva generaci\u00f3n concitan, as\u00ed como la vulneraci\u00f3n de principios democr\u00e1ticos b\u00e1sicos, debido a la ausencia de participaci\u00f3n ciudadana efectiva y a sus formas secretas de negociaci\u00f3n.<\/p>\n
Uno de los cuestionamientos centrales que desde la perspectiva de derechos humanos hicimos al TPP que reiteramos en el caso del TPP11, es la mantenci\u00f3n de un sistema propio para la soluci\u00f3n de controversias empresas – estado, al que pueden recurrir las compa\u00f1\u00edas cuando estas estiman que sus intereses econ\u00f3micos se ven afectados por la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas, programas sociales, o legislaciones que les son desfavorables. Ello, en la pr\u00e1ctica, ha llevado a muchos estados a inhibirse a la hora de avanzar en sus obligaciones de garantizar derechos humanos comprometidos al ratificar tratados internacionales, debido a las elevados montos que son exigidos por las empresas a modo de compensaci\u00f3n en sus demandas ante estos mecanismos de soluci\u00f3n de controversias.<\/p>\n
Preocupa tambi\u00e9n desde la perspectiva de los derechos de participaci\u00f3n, ahora que se abre la instancia de tramitaci\u00f3n parlamentaria de este acuerdo, que no est\u00e9 contemplada la consulta con pueblos ind\u00edgenas de esta versi\u00f3n \u201cprogresista\u201d del TPP, como exige el Convenio 169 de la OIT cada vez que se adoptan medidas administrativas o medidas legislativas susceptibles de afectar sus derechos, como sin duda es el caso. M\u00e1s aun teniendo en consideraci\u00f3n que los tres pa\u00edses latinoamericanos signatarios -Per\u00fa, M\u00e9xico y Chile- han ratificado dicho Convenio.<\/p>\n
Asimismo, resulta indispensable considerar ahora que Chile ha presentado su Plan de Acci\u00f3n Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, lo establecido por los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en el sentido de que \u201cLos Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyen acuerdos pol\u00edticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a trav\u00e9s de tratados o contratos de inversi\u00f3n\u201d. En otras palabras, sin informes preliminares sobre los impactos que tienen acuerdos comerciales como el TPP11 en estos derechos, ning\u00fan acuerdo de esta naturaleza debiera ser suscrito como ocurrir\u00e1 este 8 de marzo.<\/p>\n
Es de esperar que la tramitaci\u00f3n que ahora se abre en el Congreso, sirva para dar una discusi\u00f3n de fondo en torno a la forma en que estos acuerdos son negociados y adoptados. Primando hasta ahora el secreto y la reserva antes que la transparencia en dichos procesos; la ausencia de participaci\u00f3n ciudadana efectiva, plebiscitarios ni de consulta a los pueblos ind\u00edgenas directamente afectados; con una tramitaci\u00f3n legislativa meramente simb\u00f3lico; y sin informes que acrediten los beneficios econ\u00f3micos y los impactos en derechos humanos que se desprendan de su adopci\u00f3n.<\/p>\n
\/Texto: Jos\u00e9 Aylwin, director Observatorio Ciudadano\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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