{"id":604765,"date":"2018-03-05T23:57:05","date_gmt":"2018-03-05T23:57:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=604765"},"modified":"2018-03-05T23:57:05","modified_gmt":"2018-03-05T23:57:05","slug":"costa-rica-y-el-derecho-internacional-una-aclaracion-en-medio-de-una-campana-convulsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2018\/03\/costa-rica-y-el-derecho-internacional-una-aclaracion-en-medio-de-una-campana-convulsa\/","title":{"rendered":"Costa Rica y el derecho internacional: una aclaraci\u00f3n en medio de una campa\u00f1a convulsa"},"content":{"rendered":"

Nicol\u00e1s Boeglin, Profesor de Derecho Internacional, P\u00fablico, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)\u00a0<\/em><\/p>\n

La actual campa\u00f1a electoral en Costa Rica se distingue de las anteriores en muy diversos aspectos. Uno de ellos, entre muchos m\u00e1s, tiene que ver con el hecho que esta campa\u00f1a ha sido extremadamente profusa en referencias al derecho internacional. Algunas declaraciones de uno de los candidatos a la Presidencia fueron puestas a prueba en este interesante art\u00edculo publicado por el Semanario Universidad (v\u00e9ase\u00a0texto<\/a>\u00a0del art\u00edculo titulado \u00abLas ideas de Fabricio Alvarado sobre la Corte IDH, puestas a prueba<\/i>\u00ab).<\/p>\n

Al haber dedicado varios a\u00f1os a la ense\u00f1anza de esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el observar la percepci\u00f3n que tienen unos y otros de esta rama espec\u00edfica de la ciencia jur\u00eddica, tanto en los partidos pol\u00edticos como en los medios de prensa, as\u00ed como en otros espacios de debate, constituye una in\u00e9dita coyuntura, que amerita algunas breves reflexiones.<\/p>\n

Soberan\u00eda y derecho internacional<\/b><\/p>\n

Para iniciar, podemos recordar que ning\u00fan Estado se ve sometido contra su voluntad a aplicar normas internacionales. La base de las obligaciones internacionales de un Estado la constituye el consentimiento en obligarse expresado por el mismo Estado. Por ejemplo, si Israel no ha ratificado la Convenci\u00f3n para la Prohibici\u00f3n y Uso de Armas Qu\u00edmicas de 1997 (v\u00e9ase\u00a0estado oficial<\/a>\u00a0de ratificaci\u00f3n), sus disposiciones no le son aplicables. Para citar otro ejemplo m\u00e1s cercano a todos nosotros, si Costa Rica no ha ratificado (ni tan siquiera firmado) la Convenci\u00f3n de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y los de sus Familiares de 1990 (v\u00e9ase\u00a0estado oficial<\/a>\u00a0de ratificaciones), no hay c\u00f3mo forzar a Costa Rica a someterse a este tratado y a los mecanismos de monitoreo y supervisi\u00f3n previstos.<\/p>\n

El consentimiento en obligarse a un tratado internacional constituye un acto libre y soberano, mediante el cual el Estado acepta internacionalmente obligaciones contenidas en un tratado, cual sea el \u00e1mbito de este (comercio, transporte, desarme, salud, derechos humanos, ambiente, u otro). Cada Estado prev\u00e9 en su ordenamiento jur\u00eddico los procedimientos legales para manifestar este consentimiento.<\/p>\n

Si un tratado establece un \u00f3rgano o un mecanismo para examinar el cumplimiento del Estado con respecto a las obligaciones internacionales que contempla, ello forma parte del conjunto de obligaciones suscritas contra\u00eddas. Por lo tanto, afirmar que una resoluci\u00f3n de un \u00f3rgano internacional, cual sea la denominaci\u00f3n de esta, \u201catenta contra la soberan\u00eda<\/i>\u201d de un Estado, es desconocer uno de los basamentos fundacionales del derecho internacional contempor\u00e1neo: la voluntad soberana del Estado.<\/p>\n

Al inaugurarse un valioso espacio de reflexi\u00f3n propiciado por la Asociaci\u00f3n Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI), hab\u00edamos tenido la oportunidad de referirnos a la contribuci\u00f3n hist\u00f3rica de Costa Rica al desarrollo del derecho internacional, que va mucho m\u00e1s all\u00e1 del campo espec\u00edfico de los derechos humanos (Nota 1<\/b>).<\/p>\n

En este inicio del 2018, insistentes cables nacionales e internacionales tienden ahora a te\u00f1ir de gris esta imagen de Costa Rica en la defensa y en la confianza en el derecho internacional, iniciada hace m\u00e1s de 100 a\u00f1os, y reforzada con la abolici\u00f3n del ej\u00e9rcito en 1948, que lleva con gran orgullo cada costarricense. Tal y como lo plante\u00e1bamos en la precitada nota \u201cdefender la integridad territorial y reclamar por el debido respeto de las normas internacionales es mucho m\u00e1s efectivo aplicando normas que movilizando tropas<\/i>\u201d. Las actuales autoridades de Costa Rica acaban de celebrar, al iniciar este mes de febrero de 2018, decisiones del juez internacional de La Haya que confirman esta apuesta costarricense hecha hace 70 a\u00f1os.<\/p>\n

La posibilidad de liberarse de obligaciones internacionales<\/b><\/p>\n

Todo Estado que asume libre y soberanamente compromisos internacionales, cual sea el \u00e1mbito de estos, puede, si as\u00ed lo consideran sus autoridades, optar por suspender los efectos jur\u00eddicos de estos, procediendo a retirarse del instrumento normativo que los establece, seg\u00fan los procedimientos internos previstos en su ordenamiento jur\u00eddico.<\/p>\n

Como ejemplos recientes, podemos indicar que desde el refer\u00e9ndum del 23 de junio del 2016, el Reino Unido est\u00e1 procediendo a retirarse de los instrumentos legales que crean la Uni\u00f3n Europea y negocia las condiciones de su salida. Promesas de campa\u00f1a del actual ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2017 han llevado a Estados Unidos a renegociar el acuerdo comercial vigente con Canad\u00e1 y M\u00e9xico, y a retirarse del proceso de negociaci\u00f3n de otro instrumento (el Acuerdo Transpac\u00edfico de Cooperaci\u00f3n Econ\u00f3mica m\u00e1s conocido como TPP). Otra promesa de campa\u00f1a llev\u00f3 a Estados Unidos a anunciar en agosto del 2017 su retiro del Acuerdo de Par\u00eds sobre cambio clim\u00e1tico suscrito en 2015, procediendo el Departamento de Estado a redactar una nota formal cercana a un verdadero malabarismo legal, incluyendo el uso del t\u00e9rmino \u00abreengage<\/i>\u00bb inexistente en el l\u00e9xico del derecho internacional (Nota 2<\/b>): para presentarlo de la forma m\u00e1s sencilla, Estados Unidos pretende retirarse de un tratado al que no es a\u00fan parte, lo cual plantea serias interrogantes para muchos especialistas en el derecho de los tratados.<\/p>\n

En efecto, es cuando han suscrito y luego ratificado un tratado internacional que los Estados pueden proceder a denunciar el tratado (y no antes). La figura de la denuncia est\u00e1 expresamente contemplada en la Convenci\u00f3n de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, la cual dedica una cl\u00e1usula a esta figura legal, ampliamente reconocida por el derecho internacional (Nota 3<\/b>). La misma Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, tambi\u00e9n suscrita en 1969, incluye una disposici\u00f3n (el Art\u00edculo 78) relativa a su denuncia (v\u00e9ase\u00a0texto<\/a>), al igual que muchos instrumentos multilaterales.<\/p>\n

En Am\u00e9rica Latina, podemos referir al lector a algunas denuncias a diversos tratados multilaterales realizadas por Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela en los \u00faltimos a\u00f1os (Nota 4<\/b>). En el caso de la denuncia de Venezuela a la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, las reacciones registradas lamentando esta decisi\u00f3n fueron de tan solo cuatro Estados Miembros de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos – OEA -, de los cuales uno (Estados Unidos) no es parte a dicho instrumento.<\/p>\n

Considerada como una atribuci\u00f3n soberana del Estado, tanto la jurisprudencia como la pr\u00e1ctica internacionales validan la denuncia de un tratado internacional, sujet\u00e1ndola simplemente a algunas condiciones, en particular en cuanto a sus efectos, que no pueden ser inmediatos.<\/p>\n

En un \u00e1mbito distinto (el retiro de una declaraci\u00f3n de aceptaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de un tribunal hecha por un Estado), la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaz\u00f3 la argumentaci\u00f3n de Per\u00fa en 1999 dictaminando que este retiro tampoco podr\u00eda surtir efectos de forma inmediata (Nota 5<\/b>).<\/p>\n

Declaraciones de campa\u00f1a que merecen una aclaraci\u00f3n<\/b><\/p>\n

Un gobernante puede como Jefe de Estado retirar a Costa Rica de las organizaciones internacionales a la que es parte y denunciar los tratados que considere que son lesivos para el Estado, o retirar la declaraci\u00f3n de aceptaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n de un tribunal.<\/p>\n

Lo que deber\u00eda de precisar qui\u00e9n sostiene esta posici\u00f3n siendo candidato a la Presidencia (y hac\u00e9rselo ver sus contrincantes si no lo hace), es que ninguno de estos actos surte efectos inmediatos, y mucho menos de forma retroactiva: el ordenamiento jur\u00eddico internacional puede resultar a veces un tanto inacabado para el jurista, pero las reglas para liberar a un Estado de una obligaci\u00f3n internacional son extremadamente precisas.<\/p>\n

Dicho en otras palabras, ninguno de los temas de derechos humanos que han motivado tan peculiar postura durante esta in\u00e9dita campa\u00f1a electoral se ver\u00eda afectado al retirarse Costa Rica de una organizaci\u00f3n internacional o bien al denunciar un tratado: estos actos, de materializarse alg\u00fan d\u00eda, no surtir\u00edan efectos sino despu\u00e9s de un plazo de 12 meses contados a partir de la notificaci\u00f3n hecha por Costa Rica al depositario del tratado (figura cuya funci\u00f3n recae usualmente en la Secretar\u00eda General de alguna organizaci\u00f3n internacional).<\/p>\n

Por lo tanto, ninguna obligaci\u00f3n internacional derivada de un tratado internacional o de una decisi\u00f3n de un tribunal internacional relativa a la discriminaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n sexualmente diversa podr\u00e1 ser desconocida por el Estado costarricense si Costa Rica optase, en alg\u00fan momento, por denunciar un tratado o retirarse de una organizaci\u00f3n internacional.<\/p>\n

El efecto inmediato de declaraciones de esta naturaleza<\/b><\/p>\n

En cambio, un candidato a la Presidencia puede estar seguro del impacto inmediato que puede tener esta postura, generando titulares que pueden debilitar la credibilidad de Costa Rica en el plano internacional, al poner en tela de duda la seriedad de los compromisos que ha asumido ante la comunidad internacional.<\/p>\n

Trat\u00e1ndose de un \u00e1mbito tan sensible como el de los derechos humanos, estos titulares pueden incluso estar dando ideas a gobernantes de Estados con una tradici\u00f3n mucho menos respetuosa de los derechos humanos (y en particular de los derechos de las minor\u00edas) que la que ha prevalecido hist\u00f3ricamente en Costa Rica.<\/p>\n

Una reciente declaraci\u00f3n p\u00fablica sobre un futuro gabinete formado por personas \u00abmoralmente heterosexuales<\/i>\u00bb (v\u00e9ase\u00a0nota<\/a>\u00a0de La Naci\u00f3n) plantea interesantes preguntas, que confirman la percepci\u00f3n antes apuntada. Las disculpas p\u00fablicas presentadas con posterioridad (v\u00e9ase\u00a0nota<\/a>\u00a0de ElMundo.cr) constituyen una buena se\u00f1al, en medio de la crispaci\u00f3n de actitudes y discursos que ha provocado la actual campa\u00f1a electoral. En materia de odio y de incitaci\u00f3n al odio, las disculpas p\u00fablicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideraci\u00f3n el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificaci\u00f3n m\u00e1s acorde con nuestros tiempos del delito de incitaci\u00f3n al odio (Nota 6<\/b>).<\/p>\n

En Chile, en setiembre del 2017, su Presidente firm\u00f3 un proyecto de ley que tipifica como delito la incitaci\u00f3n a la violencia por discriminaci\u00f3n (v\u00e9ase\u00a0nota<\/a>\u00a0de prensa de Cooperativa): remitimos al lector al texto del proyecto de ley como tal, disponible en este\u00a0enlace<\/a>.<\/p>\n

Una peligrosa deriva discursiva<\/b><\/p>\n

La Defensor\u00eda de los Habitantes de Costa Rica hab\u00eda advertido sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio que parec\u00eda haberse apoderado de la campa\u00f1a electoral costarricense, despu\u00e9s de la primera ronda electoral del pasado 4 de febrero (v\u00e9ase\u00a0nota<\/a>\u00a0de prensa de ElMundo.cr). Semanas despu\u00e9s, se registra un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (v\u00e9ase\u00a0art\u00edculo<\/a>\u00a0del Semanario Universidad).<\/p>\n

Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos \u00f3rganos de Naciones Unidas, as\u00ed como a la Corte Europea de Derechos Humanos, y ello desde varios a\u00f1os: su tipificaci\u00f3n como delito penal es generalmente recomendado por esta y algunas otras entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminaci\u00f3n y de c\u00f3mo prevenirla (Nota 7<\/b>).<\/p>\n

Recordemos que desde 1966, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Pol\u00edticos de Naciones Unidas estipula que: \u201cToda apolog\u00eda del odio nacional, racial o religioso que constituya incitaci\u00f3n a la discriminaci\u00f3n, la hostilidad o la violencia estar\u00e1n prohibidas por la ley<\/i>\u201d (Art\u00edculo 20, p\u00e1rrafo 2).<\/p>\n

Volviendo a la situaci\u00f3n en Costa Rica, en materia de lucha contra la discriminaci\u00f3n y contra la intolerancia, la tarea pendiente es a\u00fan laboriosa. En sus observaciones al informe oficial presentado por Costa Rica (pocamente divulgadas en medios de prensa), el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas se\u00f1al\u00f3 en abril del 2016, entre muchos otros puntos preocupantes en materia de derechos humanos en Costa Rica, que:<\/p>\n

\u201c10.\u00a0El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminaci\u00f3n contra los miembros de pueblos ind\u00edgenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campa\u00f1as de concientizaci\u00f3n a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopci\u00f3n de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminaci\u00f3n, asegur\u00e1ndose que incluya una prohibici\u00f3n general de la discriminaci\u00f3n por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparaci\u00f3n en casos de discriminaci\u00f3n<\/i>\u00bb (Nota 8<\/b>).<\/p>\n

Hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os, en el\u00a02007<\/b>, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos hab\u00eda examinado el caso de Natividad Canda Mairena, recordando la imperiosa necesidad de prevenir el clima de discriminaci\u00f3n y de xenofobia contra la poblaci\u00f3n migrante originaria de Nicaragua: v\u00e9ase\u00a0texto<\/a>\u00a0del informe sobre admisibilidad, en el que se lee que (p\u00e1rrafos 222-223):<\/p>\n

\u00abAnte este tipo de fen\u00f3menos, es obligaci\u00f3n de los Estados adoptar medidas positivas para revertir o cambiar cualquier situaci\u00f3n discriminatoria existente en la sociedad y velar porque se garanticen los derechos reconocidos en la Convenci\u00f3n a todas las personas bajo su jurisdicci\u00f3n, sin distinci\u00f3n de nacionalidad.<\/i><\/p>\n

223<\/b>. A la luz de estas consideraciones, la Comisi\u00f3n considera que, prima facie, los hechos alegados de ser ciertos podr\u00edan caracterizar violaciones a la Convenci\u00f3n Americana en sus art\u00edculos 8 (garant\u00edas judiciales), 25 (protecci\u00f3n judicial) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convenci\u00f3n, todos ellos en concordancia con la obligaci\u00f3n general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el art\u00edculo 1.1 de dicho instrumento internacional, en cuanto se refieren a la eventual existencia de una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica de discriminaci\u00f3n hacia los migrantes nicarag\u00fcenses en Costa Rica\u00bb.<\/p>\n

Pese a haber sido adoptada esta decisi\u00f3n de la Comisi\u00f3n hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os, este doloroso episodio en Costa Rica no ha dado lugar a programas educativos sostenidos en el tiempo tendientes a prevenir la discriminaci\u00f3n y la xenofobia, las cuales se manifiestan a menudo en el seno de la sociedad costarricense (Nota 9<\/b>).<\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n<\/b><\/p>\n

Las reglas imperantes en derecho internacional son bastante claras en cuanto a las obligaciones jur\u00eddicas de los Estados, en particular cuando estas \u00faltimas derivan de un instrumento normativo como un tratado multilateral.<\/p>\n

El principio de irretroactividad de la norma es bien conocido en la ciencia jur\u00eddica. El mismo principio aplica a la hora de liberar a un Estado de sus obligaciones internacionales.<\/p>\n

Esperamos, con esta modesta precisi\u00f3n, contribuir a un mejor conocimiento de esta peculiar rama de la ciencia jur\u00eddica como la es el derecho internacional, que tanto le debe a Costa Rica.<\/p>\n

-Notas-<\/p>\n

Nota 1<\/b>: V\u00e9ase nuestra nota\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u201cCosta Rica y el Derecho Internacional. Una introducci\u00f3n<\/i>\u201d, ACODI, Blog, enero del 2017. Texto disponible en el siguiente\u00a0enlace<\/a>.<\/p>\n

Nota 2<\/b>: V\u00e9ase nuestra nota al respecto,\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u00abFormalizando lo prohibido: la carta de denuncia de Estados Unidos sobre su denuncia al Acuerdo de Par\u00eds<\/i>\u00ab, Debate Global, 2017. Texto disponible en este\u00a0enlace<\/a>. N\u00f3tese que la propuesta de \u00abreengage<\/i>\u00bb a Costa Rica luego de retirarse de un tratado tambi\u00e9n fue escuchada en los \u00faltimos meses por parte de uno de los aspirantes a la Presidencia.<\/p>\n

Nota 3<\/b>: V\u00e9ase el art\u00edculo 56 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre Derecho de los Tratados suscrita en 1969. Texto disponible en este enlace<\/a>.<\/p>\n

Nota 4<\/b>: Sobre la denuncia realizada por Bolivia, Ecuador y Venezuela de la Convenci\u00f3n de Washington de 1965 que crea el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjero y Estado (CIADI), referimos a nuestros estimables lectores a la siguiente nota:\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u201cICSID and Latin America: Criticisms, withdrawals and regional alternatives<\/i>\u201d, ISDS Platform, 2013, texto disponible en este\u00a0enlace<\/a>. Sobre la denuncia por parte de Colombia en el 2012 de un emblem\u00e1tico tratado que lleva el nombre de su propia capital suscrito en 1948, v\u00e9ase\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u201cLe retrait de la Colombie du Pacte de Bogot\u00e1 de 1948<\/i>\u201d, Universidad de Laval, CEI, 2012, disponible en este\u00a0enlace<\/a>\u00a0. Sobre la denuncia en el 2012 por parte de Venezuela de la Convenci\u00f3n Americana de derechos Humanos suscrita en 1969, v\u00e9ase\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u201cVenezuela denuncia la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos<\/i>\u201d, Derechointernacionalcr, 2012, disponible en el siguiente\u00a0enlace<\/a>.<\/p>\n

Nota 5<\/b>: V\u00e9ase p\u00e1rrafo 53 de la sentencia sobre competencia de la Corte IDH de 1999 contra Per\u00fa (caso Tribunal Constitucional vs Per\u00fa, texto disponible\u00a0aqu\u00ed<\/a>\u00a0) que se lee de la siguiente manera: \u201cPor las razones anteriores, la Corte considera que es inadmisible el pretendido retiro por el Per\u00fa de la declaraci\u00f3n de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte con efectos inmediatos, as\u00ed como cualesquiera consecuencias que se busque derivar de dicho retiro, entre ellas, la devoluci\u00f3n de la demanda, que resulta irrelevante<\/i>\u201d. De igual forma, en el caso Ingabire Victoire Umuhoza vs Ruanda, la Corte Africana de Derechos Humanos valid\u00f3 el retiro de la declaraci\u00f3n de reconocimiento de la jurisdicci\u00f3n de la CorteADH por parte de Ruanda, estableciendo que surte efectos jur\u00eddico 12 meses despu\u00e9s de notificada (v\u00e9ase\u00a0texto<\/a>\u00a0de la sentencia del 2016, p\u00e1rrafo 69).<\/p>\n

Nota 6<\/b>: Desde el\u00a02014<\/b>, una iniciativa de ley (Expediente Legislativo\u00a019.062<\/b>\u00a0titulado \u00abLey para combatir la discriminaci\u00f3n, la incitaci\u00f3n al odio y la apolog\u00eda del odio y la discriminaci\u00f3n<\/i>\u00ab) pretende tipificar este delito en el C\u00f3digo Penal. V\u00e9ase referencia en el punto 3 de este\u00a0enlace<\/a>\u00a0del\u00a02016<\/b>\u00a0de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Tanto el expediente 19.062 como el Informe de Servicios T\u00e9cnicos de la Asamblea Legislativa est\u00e1n disponibles en la red. Manifestarse de forma p\u00fablica contra un grupo determinado de personas constituye una incitaci\u00f3n al odio: es una materia que ha interesado desde muchos a\u00f1os el derecho penal en otras partes de Am\u00e9rica Latina, en aras precisamente de prevenir esta conducta social y sancionarla cuando necesario de forma ejemplarizante: v\u00e9ase por ejemplo estudio titulado \u00abEstudio sobre la prohibici\u00f3n de la incitaci\u00f3n al odio en las Am\u00e9ricas<\/i>\u00ab, disponible\u00a0aqu\u00ed<\/a>\u00a0y documento muy completo preparado en el marco de un taller realizado en el 2011 por Naciones Unidas\u00a0sobre la prohibici\u00f3n de la incitaci\u00f3n al odio<\/b>, disponible en este\u00a0enlace<\/a>.<\/p>\n

A modo de ejemplo sobre formas de tipificar la incitaci\u00f3n al odio, encontramos en el C\u00f3digo Penal del\u00a0Uruguay<\/b>\u00a0el siguiente\u00a0art\u00edculo<\/a>:<\/p>\n

\u00abTITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I<\/i><\/p>\n

Art\u00edculo 149-BIS<\/b>\u00a0(Incitaci\u00f3n al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)<\/p>\n

El que p\u00fablicamente o mediante cualquier medio apto para su difusi\u00f3n p\u00fablica incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o f\u00edsica contra una o m\u00e1s personas en raz\u00f3n del color de su piel, su raza, religi\u00f3n, origen nacional o \u00e9tnico, orientaci\u00f3n sexual o identidad sexual, ser\u00e1 castigado con tres a dieciocho meses de prisi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

ARTTCULO 149 TER<\/b>. (Comisi\u00f3n de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o f\u00edsica, de odio o de desprecio contra una o m\u00e1s personas en raz\u00f3n del color de su piel, su raza, religi\u00f3n u origen nacional o \u00e9tnico, ser\u00e1 castigado con seis a veinticuatro meses de prisi\u00f3n<\/i>\u00ab.<\/p>\n

Nota 7<\/b>: Sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, remitimos al reciente art\u00edculo publicado en M\u00e9xico, que resume tambi\u00e9n el estado de la discusi\u00f3n a nivel internacional: ESQUIVEL ALONSO Y.<\/b>, \u00abEl discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/i>\u00ab, UNAM, Cuestiones Constitucionales, 2016, disponible en este\u00a0enlace<\/a>.<\/p>\n

Nota 8<\/b>: V\u00e9ase al respecto nuestro breve an\u00e1lisis, que contrapone lo indicado por el Comit\u00e9 de Derechos Humanos con el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica:\u00a0BOEGLIN N.<\/b>, \u00abObservaciones finales del Comit\u00e9 de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes<\/i>\u00ab, DerechoalDia, abril del 2016, disponible\u00a0aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n

Nota 9<\/b>: Cabe precisar que la Comisi\u00f3n Interamericana rechaz\u00f3 en el\u00a02007<\/b>\u00a0en su informe sobre admisibilidad la petici\u00f3n de Nicaragua en el caso de Natividad Canda Mairena, al no haberse agotada la v\u00eda interna en los tribunales de justicia de Costa Rica. Por lo tanto, no entr\u00f3 a examinar todos los aspectos de fondo. En el\u00a02012<\/b>, los tribunales de Costa Rica absolvieron a todos los imputados aduciendo falta de pruebas (v\u00e9ase\u00a0nota<\/a>\u00a0de prensa de La Naci\u00f3n). Sobre pendientes de Costa Rica en la materia, v\u00e9ase\u00a0BARRANTES CECILIANO A.<\/b>, \u00abCaso Natividad Canda: Pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia<\/i>\u00ab, publicado en el\u00a02016<\/b>\u00a0en DerechoalDia, disponible en este\u00a0enlace<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nicol\u00e1s Boeglin, Profesor de Derecho Internacional, P\u00fablico, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)\u00a0 La actual campa\u00f1a electoral en Costa Rica se distingue de las anteriores en muy diversos aspectos. 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