{"id":59141,"date":"2013-07-02T00:16:30","date_gmt":"2013-07-01T23:16:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=59141"},"modified":"2013-07-02T00:16:30","modified_gmt":"2013-07-01T23:16:30","slug":"el-mineral-o-la-vida-dilema-de-comunidades-mexicanas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2013\/07\/el-mineral-o-la-vida-dilema-de-comunidades-mexicanas\/","title":{"rendered":"El mineral o la vida, dilema de comunidades mexicanas"},"content":{"rendered":"

Por Emilio Godoy<\/a><\/p>\n

\u201cNos reprimieron de manera brutal. La minera compra conciencias, divide a la comunidad, pero seguimos resistiendo. Estamos pr\u00e1cticamente huyendo, hay compa\u00f1eros que est\u00e1n fuera de la comunidad\u201d, dijo a IPS, entre sollozos, la ind\u00edgena mexicana Rosalinda Dionisio.<\/p>\n

Su testimonio resume la magnitud de los crecientes conflictos entre las poblaciones locales y las empresas mineras, que buscan la riqueza del subsuelo mexicano.<\/p>\n

Dionisio, una zapoteca de 30 a\u00f1os, a\u00fan cojea debido a las heridas en una pierna infligidas en un atentado, cuando en marzo de 2012 fueron emboscados ella y otros activistas de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotl\u00e1n<\/a>, en el sure\u00f1o estado de Oaxaca.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n lucha contra la operaci\u00f3n de la mina San Jos\u00e9, de la compa\u00f1\u00eda Cuzcatl\u00e1n, subsidiar\u00eda de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc, que explota 700 hect\u00e1reas ricas en oro y plata.<\/p>\n

El yacimiento se ubica en las inmediaciones del municipio San Jos\u00e9 del Progreso, uno de los tres m\u00e1s pobres del estado. La mayor\u00eda de sus 6.200 habitantes rechazan la explotaci\u00f3n por su impacto en contaminaci\u00f3n del suelo y del agua, pero el alcalde Alberto S\u00e1nchez encabeza un grupo que la apoya.<\/p>\n

Esto genera divisiones y enfrentamientos en la comunidad, como sucede en otros pueblos mineros, cont\u00f3 pesarosa Dionisio.<\/p>\n

Historias similares abundan en este pa\u00eds latinoamericano, ante el auge de la miner\u00eda extractiva promovido desde el gobierno anterior, del conservador Felipe Calder\u00f3n (2006-2012).<\/p>\n

Al amparo de la Ley Minera de 1992, M\u00e9xico ha entregado unas 31.000 concesiones sobre casi 51 millones de hect\u00e1reas a unas 300 empresas que manejan m\u00e1s de 800 proyectos, la mayor\u00eda de ellas canadienses, seg\u00fan las cifras m\u00e1s actualizadas de la Secretar\u00eda (ministerio) de Econom\u00eda.<\/p>\n

ProM\u00e9xico<\/a>, la oficina estatal dedicada a atraer inversi\u00f3n extranjera, y la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe (Cepal) indican que M\u00e9xico es el primer productor mundial de plata, tercero de bismuto, quinto de molibdeno y plomo y noveno de oro.<\/p>\n

En 2012, el sector gener\u00f3 300.000 empleos directos, capt\u00f3 inversi\u00f3n por unos 7.000 millones de d\u00f3lares y represent\u00f3 dos por ciento del producto interno bruto, seg\u00fan cifras oficiales.<\/p>\n

ProM\u00e9xico augura que en 2014 el aporte al PIB se elevar\u00e1 a cuatro por ciento y que en los pr\u00f3ximos seis a\u00f1os el sector captar\u00e1 inversiones por 35.000 millones de d\u00f3lares, en un pa\u00eds donde c\u00e1lculos oficiales indican que 70 por ciento de su territorio contiene yacimientos minerales considerables.<\/p>\n

Pero el modelo con que se explota esa riqueza crea choques con las comunidades locales, por deforestaci\u00f3n, contaminaci\u00f3n del agua y generaci\u00f3n de residuos l\u00edquidos peligrosos, lo que hace que muchos pobladores rechacen la actividad.<\/p>\n

Organizaciones surgidas en los municipios afectados y ambientalistas definen la situaci\u00f3n como una \u201cingenier\u00eda de conflictos\u201d creada por las compa\u00f1\u00edas mineras.<\/p>\n

Desde los a\u00f1os 70, los habitantes de La Mira, en el occidental estado de Michoac\u00e1n, enfrentan la actividad de la mina de hierro Las Truchas, propiedad de la empresa Sider\u00fargica L\u00e1zaro C\u00e1rdenas-Las Truchas, filial de la compa\u00f1\u00eda india Arcelor-Mittal.<\/p>\n

\u201cContaminaron el agua y el aire, da\u00f1aron nuestras casas, todo se lo llevan\u201d, denunci\u00f3 \u00a0Melit\u00f3n Izazaga, dirigente de la no gubernamental Colonias Unidas de La Mira, que agrupa a los vecinos perjudicados por el yacimiento y la planta sider\u00fargica cercana, que produce 100.000 toneladas mensuales de acero.<\/p>\n

La mina y la siderurgia echan los residuos a una presa que contamina r\u00edos y arroyos cercanos, que son la fuente de agua potable a los pobladores del \u00e1rea. Hasta ahora las demandas ante los tribunales para frenar la contaminaci\u00f3n han sido infructuosas.<\/p>\n

Los casos de San Jos\u00e9 y La Mira integraron las denuncias que entre el 21 y el 23 de este mes recibi\u00f3 la secci\u00f3n mexicana del Tribunal Permanente de los Pueblos, en una pre-audiencia sobre el impacto de la miner\u00eda en el ambiente y los derechos de los pueblos a la que asisti\u00f3 IPS, celebrada en Cuernavaca, capital del central estado de Morelos.<\/p>\n

El Tribunal inici\u00f3 su labor en 2011 y la concluir\u00e1 en 2014 con una resoluci\u00f3n sobre el Estado mexicano centrada en siete ejes, tales como el acceso a la justicia, migraciones, violencia de g\u00e9nero o ataques contra el ma\u00edz y la soberan\u00eda alimentaria.<\/p>\n

\u201cLa nueva miner\u00eda no busca desarrollar nada, s\u00f3lo extraer oro, plata o lo que sea. Son un modelo para explotar, no para desarrollar a las comunidades. Si no nos oponemos, nos vamos a tener que ir\u201d, dijo a IPS la investigadora de la estatal Universidad Aut\u00f3noma de la Ciudad de M\u00e9xico, Fernanda Campa.<\/p>\n

El gobierno del conservador Enrique Pe\u00f1a Nieto, en la Presidencia desde el 1 de diciembre, ha reafirmado las garant\u00edas a la inversi\u00f3n minera, pero acad\u00e9micos\u00a0 y activistas contra el actual modelo minero, critican que no ha hecho lo mismo con los derechos de las comunidades afectadas y, en particular, de los pueblos originarios.<\/p>\n

Entre 2000 y 2012 se otorgaron concesiones mineras en dos de los 28 millones que constituyen los territorios ind\u00edgenas en M\u00e9xico.<\/p>\n

El Observatorio de Conflictos Mineros de Am\u00e9rica Latina calcula que en la regi\u00f3n hay 175 conflictos socio-ambientales que involucran a 183 proyectos mineros y a 246 comunidades, de los cuales 21 se ubican en M\u00e9xico.<\/p>\n

\u201cNo queremos m\u00e1s muertos, pero preferimos perder la vida que estar de rodillas ante el Estado. No hemos logrado que se retire la empresa, queremos que se nos haga justicia\u201d, demand\u00f3 Dionisio, quien estuvo hospitalizada dos meses por las heridas recibidas en un ataque que su organizaci\u00f3n adjudica a grupos armados contratados por Cuzcatl\u00e1n.<\/p>\n

El conflicto en San Jos\u00e9 del Progreso dejo hasta ahora cuatro muertos que se opon\u00edan a la mina.<\/p>\n

Otra cr\u00edtica al modelo extractivo mexicano, es el escaso beneficio para el Estado. Las operadoras pagan entre 36 centavos de d\u00f3lar y ocho d\u00f3lares anuales por cada hect\u00e1rea de su concesi\u00f3n. A este canon, se suma solo el pago del impuesto sobre la renta, cuyo monto se mantiene secreto.<\/p>\n

El\u00a0\u201cEstudio sobre las industrias extractivas en M\u00e9xico y la situaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas en los territorios en que est\u00e1n ubicadas estas industrias\u201d\u00a0 <\/a>consign\u00f3 reclamos de los pueblos ind\u00edgenas como la falta de respeto y protecci\u00f3n de sus derechos.<\/p>\n

Entre ellos, destacaron la falta de participaci\u00f3n en procesos de consulta y la obtenci\u00f3n de su consentimiento libre, previo e informado antes del otorgamiento de concesiones y de la operaci\u00f3n de esas industrias en sus territorios<\/p>\n

El reporte, comisionado por el Foro Permanente para las Cuestiones Ind\u00edgenas de las Naciones Unidas, tambi\u00e9n cita la criminalizaci\u00f3n de las protestas, la p\u00e9rdida de sus recursos naturales, impactos ambientales negativos, la afectaci\u00f3n a la salud y nulos beneficios por la extracci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cLas autoridades federales deben asumir su papel de garantes de la protecci\u00f3n de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas, detener la criminalizaci\u00f3n de las protestas de los pueblos ind\u00edgenas contra las mineras y castigar a los responsables de los cr\u00edmenes cometidos contra l\u00edderes ind\u00edgenas\u201d, plantea el documento.<\/p>\n

\u201cUn d\u00eda el cerro se nos va a venir encima y el pueblo quedar\u00e1 enterrado\u201d, anticip\u00f3 Izazaga.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Emilio Godoy \u201cNos reprimieron de manera brutal. La minera compra conciencias, divide a la comunidad, pero seguimos resistiendo. Estamos pr\u00e1cticamente huyendo, hay compa\u00f1eros que est\u00e1n fuera de la comunidad\u201d, dijo a IPS, entre sollozos, la ind\u00edgena mexicana Rosalinda Dionisio.…<\/p>\n","protected":false},"author":347,"featured_media":59144,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68,80],"tags":[381],"class_list":["post-59141","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-norteamerica","category-pueblos-originarios","tag-recursos-naturales"],"yoast_head":"\nEl mineral o la vida, dilema de comunidades mexicanas<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Por Emilio Godoy \u201cNos reprimieron de manera brutal. La minera compra conciencias, divide a la comunidad, pero seguimos resistiendo. 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