Este 9 de enero del 2018, Costa Rica fue notificada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su respuesta a una solicitud de opini\u00f3n consultiva hecha en mayo del 2016 por las autoridades costarricenses. Se trataba de una solicitud de opini\u00f3n relacionada a los derechos de las parejas del mismo sexo y a la mejor manera de garantizar los cambios de identidad de g\u00e9nero por parte del Estado costarricense.<\/p>\n
La uni\u00f3n entre personas del mismo sexo y los derechos que asisten a qui\u00e9nes optan por cambiar su identidad de g\u00e9nero han ocupado parte del debate pol\u00edtico costarricense desde varios a\u00f1os en el Poder Legislativo, as\u00ed como en el Poder Judicial, sin encontrar ninguna soluci\u00f3n jur\u00eddica. Pese a diversos estudios sobre la normativa y la jurisprudencia internacional aplicables, el juez constitucional costarricense ha optado por una lectura bastante restringida, declarando sin lugar una gran cantidad de recursos planteados ante \u00e9l. En algunos \u00e1mbitos muy espec\u00edficos, se ha logrado obtener una respuesta satisfactoria, como por ejemplo en el \u00e1mbito penitenciario (Nota 1<\/b>). En otros casos, fueron dependencias del Poder Judicial inferiores a la Corte Suprema de Justicia las que intentaron, a partir de la jurisprudencia interamericana, responder de forma afirmativa, como por ejemplo en el 2015 en materia de uni\u00f3n de hecho entre dos personas del mismo sexo (Nota 2<\/b>). De manera extremadamente reveladora, esta decisi\u00f3n dio lugar a un inusual debate generado en el mes de febrero del 2016 en el seno de la misma Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia sobre la procedencia de sancionar a un juez disciplinariamente por practicar … el control de convencionalidad (Nota 3<\/b>).<\/p>\n
Es de notar que una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos de una pareja del mismo sexo data del a\u00f1o 2012 (Caso Atala Riffo y ni\u00f1as versus Chile<\/i>, texto disponible\u00a0aqu\u00ed<\/a>).<\/p>\n Breves apuntes sobre algunos peque\u00f1os detalles de forma<\/b><\/i><\/p>\n El texto remitido y hecho p\u00fablico por la Corte de San Jos\u00e9 se titula formalmente \u00abOpini\u00f3n Consultiva OC-24 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la Rep\u00fablica de Costa Rica. Identidad de g\u00e9nero, e igualdad y no discriminaci\u00f3n a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relaci\u00f3n con el cambio de nombre, la identidad de g\u00e9nero, y los derechos derivados de v\u00ednculo entre parejas del mismo sexo (interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 1 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos)<\/i>\u00ab. Se trata de la opini\u00f3n 24 (\u00abOC-24\u00bb) adoptada en el marco del procedimiento consultivo, iniciado por Costa Rica en los a\u00f1os 80 con una in\u00e9dita acci\u00f3n relacionada al \u00abAsunto Viviana Gallardo<\/i>\u00bb en la que el Estado pretendi\u00f3 (sin \u00e9xito) acudir contra s\u00ed mismo (v\u00e9ase\u00a0texto completo<\/a>\u00a0de la OC-1).<\/p>\n La opini\u00f3n consultiva OC-24 consta de un total 89 p\u00e1ginas (v\u00e9ase\u00a0texto completo<\/a>). La parte dispositiva se encuentra a partir de la p\u00e1gina 87, pero se recomienda una lectura integral del texto como tal.<\/p>\n La fecha de esta opini\u00f3n consultiva es del\u00a024 de noviembre del 2017<\/b>: por alguna raz\u00f3n, es hasta la fecha del\u00a09 de enero del 2018\u00a0<\/b>que se notifica y hace p\u00fablico su contenido. N\u00f3tese que la solicitud de opini\u00f3n consultiva fue hecha por las mismas autoridades y no por entidades de la sociedad civil, las cuales hab\u00edan anunciado que las v\u00edctimas de discriminaciones de esta naturaleza podr\u00edan acudir al sistema interamericano en el marco de un procedimiento contencioso contra Costa Rica, de persistir una vulneraci\u00f3n a sus derechos. Como es sabido, el procedimiento consultivo ante la Corte Interamericana puede ser activado \u00fanicamente por Estados y por \u00f3rganos interamericanos.<\/p>\n Las preguntas formuladas por Costa Rica al juez interamericano<\/i><\/b><\/p>\n Las preguntas hechas por Costa Rica al juez interamericano en el 2016 son varias, y se reproducen textualmente a continuaci\u00f3n, de manera que el lector pueda mejor apreciar la respuesta que se les dio:<\/p>\n \u00ab1.<\/b>\u00a0Tomando en cuenta que la identidad de g\u00e9nero es una categor\u00eda protegida por los art\u00edculos 1 y 24 de la CADH, adem\u00e1s de lo establecido en los numerales 11.2 y 18 de la Convenci\u00f3n \u00bfcontempla esa protecci\u00f3n y la CADH que el Estado deba reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas, de conformidad con la identidad de g\u00e9nero de cada una?<\/i><\/p>\n 1.1<\/b>\u00a0En caso de que la respuesta a la anterior consulta fuera afirmativa, \u00bfse podr\u00eda considerar contrario a la CADH que la persona interesada en modificar su nombre de pila solamente pueda acudir a un proceso jurisdiccional sin que exista un procedimiento para ello en v\u00eda administrativa?<\/p>\n 1.2<\/b>\u00a0\u00bfPodr\u00eda entenderse que el art\u00edculo 54 del C\u00f3digo Civil de Costa Rica, debe ser interpretado, de acuerdo con la CADH, en el sentido de que las personas que deseen cambiar su nombre de pila a partir de su identidad de g\u00e9nero no est\u00e1n obligadas a someterse al proceso jurisdiccional all\u00ed contemplado, sino que el Estado debe proveerles un tr\u00e1mite administrativo gratuito, r\u00e1pido y accesible para ejercer ese derecho humano?<\/p>\n 2.<\/b>\u00a0Tomando en cuenta que la no discriminaci\u00f3n por motivos de orientaci\u00f3n sexual es una categor\u00eda protegida por los art\u00edculos 1 y 24 de la CADH, adem\u00e1s de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convenci\u00f3n, \u00bfcontempla esta protecci\u00f3n y la CADH que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un v\u00ednculo entre personas del mismo sexo?<\/p>\n 2.1<\/b>\u00a0En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, \u00bfes necesaria la existencia de una figura jur\u00eddica que regule los v\u00ednculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relaci\u00f3n?\u00bb<\/p>\n Tal y como se puede revisar, se trata de preguntas muy precisas hechas por las autoridades costarricenses. Recordemos que la administraci\u00f3n (2014-2018) inici\u00f3 sus funciones mostr\u00e1ndose particularmente sensible a las reivindicaciones de la poblaci\u00f3n LGTBI, izando incluso la bandera del movimiento LGTBI en Casa Presidencial para celebrar el\u00a0D\u00eda Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia<\/i>\u00a0en el mes de mayo del 2014 (v\u00e9ase\u00a0nota<\/a>\u00a0de prensa de la BBC del 17.05.2015).<\/p>\n La respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/b><\/i><\/p>\n Esta opini\u00f3n consultiva constituye un texto de gran inter\u00e9s (v\u00e9ase\u00a0texto completo<\/a>), que posiblemente sea analizado por parte de entidades sociales y colectivos en todo el hemisferio americano, al interpelar a muchos ordenamientos jur\u00eddicos de Am\u00e9rica Latina. En la parte dispositiva de su decisi\u00f3n, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece (pp.87-88) que:<\/p>\n \u00ab2. El cambio de nombre y en general la adecuaci\u00f3n de los registros p\u00fablicos y de los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de g\u00e9nero autopercibida constituye un derecho protegido por los art\u00edculos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la Convenci\u00f3n Americana, en relaci\u00f3n con el 1.1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los Estados est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines, en los t\u00e9rminos establecidos en los p\u00e1rrafos 85 a 116.<\/i><\/p>\n por unanimidad, que:<\/p>\n 3. Los Estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n del g\u00e9nero o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y\/o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de g\u00e9nero auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un tr\u00e1mite: a) enfocado a la adecuaci\u00f3n integral de la identidad de g\u00e9nero auto-percibida; b) basado \u00fanicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones m\u00e9dicas y\/o psicol\u00f3gicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Adem\u00e1s, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de g\u00e9nero; d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no debe requerir la acreditaci\u00f3n de operaciones quir\u00fargicas y\/o hormonales. El procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el procedimiento o tr\u00e1mite materialmente administrativo o notarial. Los Estados pueden proveer paralelamente una v\u00eda administrativa, que posibilite la elecci\u00f3n de la persona, en los t\u00e9rminos establecidos en los p\u00e1rrafos 117 a 161.<\/p>\n por unanimidad, que:<\/p>\n 4. El art\u00edculo 54 del C\u00f3digo Civil de Costa Rica, en su redacci\u00f3n actual, ser\u00eda conforme a las disposiciones de la Convenci\u00f3n Americana, \u00fanicamente si el mismo es interpretado, bien sea en sede judicial o reglamentado administrativamente, en el sentido que el procedimiento que esa norma establece pueda garantizar que las personas que deseen cambiar sus datos de identidad para que sean conformes a su identidad de g\u00e9nero auto-percibida, sea un tr\u00e1mite materialmente administrativo, que cumpla con los siguientes aspectos: a) debe estar enfocado a la adecuaci\u00f3n integral de la identidad de g\u00e9nero auto-percibida; b) debe estar basado \u00fanicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones m\u00e9dicas y\/o psicol\u00f3gicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Adem\u00e1s los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de g\u00e9nero; d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no debe exigir la acreditaci\u00f3n de intervenciones quir\u00fargicas y\/o tratamientos hormonales. En consecuencia, en virtud del control de convencionalidad, el art\u00edculo 54 del C\u00f3digo Civil debe ser interpretado de conformidad con los est\u00e1ndares previamente establecidos para que las personas que desean adecuar integralmente los registros y\/o los documentos de identidad a su identidad de g\u00e9nero auto-percibida puedan gozar efectivamente de ese derecho humano reconocido en los art\u00edculos 3, 7, 11.2, 13 y 18 de la Convenci\u00f3n Americana en los t\u00e9rminos establecidos en los p\u00e1rrafos 162 a 171.<\/p>\n por unanimidad, que:<\/p>\n 5. El Estado de Costa Rica, con el prop\u00f3sito de garantizar de manera m\u00e1s efectiva la protecci\u00f3n de los derechos humanos, podr\u00e1 expedir un reglamento mediante el cual incorpore los est\u00e1ndares antes mencionados al procedimiento de naturaleza administrativa el cual puede proveer de forma paralela, de conformidad a lo se\u00f1alado en los p\u00e1rrafos anteriores de la presente opini\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos en los p\u00e1rrafos 162 a 171.<\/p>\n por unanimidad, que:<\/p>\n 6. La Convenci\u00f3n Americana, en virtud del derecho a la protecci\u00f3n de la vida privada y familiar (art\u00edculo 11.2), as\u00ed como del derecho a la protecci\u00f3n de la familia (art\u00edculo 17), protege el v\u00ednculo familiar que puede derivar de una relaci\u00f3n de una pareja del mismo sexo en los t\u00e9rminos establecidos en los p\u00e1rrafos 173 a 199.<\/p>\n por unanimidad, que:<\/p>\n 7. El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un v\u00ednculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 11.2 y 17.1 de la Convenci\u00f3n Americana, y en los t\u00e9rminos establecidos en los p\u00e1rrafos 200 a 218.<\/p>\n por seis votos a favor y uno en contra, que:<\/p>\n 8. De acuerdo a los art\u00edculos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convenci\u00f3n es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jur\u00eddicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protecci\u00f3n de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminaci\u00f3n con respecto a las que est\u00e1n constituidas por parejas heterosexuales, en los t\u00e9rminos establecidos en los p\u00e1rrafos 200 a 228.\u00bb<\/p>\n El juez constitucional costarricense (de nuevo) en la mira<\/b><\/i><\/p>\n Lo dispuesto en el punto 8 sobre el \u00abderecho al matrimonio<\/i>\u00bb es un tema sobre el que, desde varios a\u00f1os en Costa Rica, las organizaciones sociales de defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo han insistido, sin obtener por parte del Estado una respuesta a sus reivindicaciones. En el 2006, el juez constitucional descart\u00f3 el matrimonio para personas del mismo sexo (resoluci\u00f3n 2006-07262, v\u00e9ase\u00a0texto<\/a>) y en el 2010, rechaz\u00f3 la tutela legal de la uni\u00f3n de hecho para personas del mismo sexo (voto 2010-641).<\/p>\n No es la primera vez en Costa Rica que la peculiar lectura que hace el juez constitucional obliga a activar el sistema interamericano de protecci\u00f3n de los derechos humanos. En el 2012, Costa Rica fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al no existir ning\u00fan marco legal para que familias pudiesen procrear mediante la t\u00e9cnica artificial de la\u00a0Fecundaci\u00f3n In Vitro<\/i>\u00a0(FIV): el reglamento vigente hab\u00eda sido anulado por el juez constitucional en una cuestionada sentencia del a\u00f1o 2000. Ante la situaci\u00f3n de desacato por parte de Costa Rica desde la lectura de la sentencia en noviembre del 2012, las v\u00edctimas acudieron nuevamente al juez interamericano. El 26 de febrero del 2016, el juez interamericano confirmar\u00eda la plena validez de un Decreto Ejecutivo sobre la FIV cuestionado ante el juez constitucional (v\u00e9ase\u00a0sentencia sobre cumplimiento<\/a>\u00a0del 26 de febrero del 2016), no sin antes recordarle a la Sala Constitucional algunas verdades inc\u00f3modas (v\u00e9ase en particular los p\u00e1rrafos 12 y 20 de la precitada decisi\u00f3n del 2016).<\/p>\n La primera ni\u00f1a fecundada\u00a0in vitro<\/i>\u00a0en Costa Rica despu\u00e9s del 2012, Mar\u00eda Jos\u00e9, naci\u00f3 el 8 de marzo del 2017 (v\u00e9ase nuestra breve\u00a0nota<\/a>\u00a0al respecto publicada en Contexto.cr, titulada \u00abMar\u00eda Jos\u00e9: la beb\u00e9 s\u00edmbolo del regreso de la FIV a Costa Rica<\/i>\u00ab).<\/p>\n La lectura completa de la opini\u00f3n consultiva como tal es recomendada para entender mejor los alcances de esta decisi\u00f3n. Cabe se\u00f1alar la gran cantidad de jurisprudencia citada, proveniente tanto del sistema universal de Naciones Unidas como de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la misma Corte Interamericana. En el\u00a0p\u00e1rrafo 83<\/b>, la Corte Interamericana de Derechos Humanos arrebata un argumento a menudo utilizado por los Estados en sus alegatos:<\/p>\n \u00abPor \u00faltimo, resulta importante recordar que la falta de un consenso al interior de algunos pa\u00edses sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientaci\u00f3n sexual, su identidad de g\u00e9nero o su expresi\u00f3n de g\u00e9nero, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento v\u00e1lido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminaci\u00f3n hist\u00f3rica y estructural que estos grupos o personas han sufrido.<\/i>\u00bb<\/p>\n A modo de conclusi\u00f3n: la opini\u00f3n consultiva en medio de una diversidad de opiniones jur\u00eddicas<\/b><\/i><\/p>\n A diferencia del procedimiento contencioso, el procedimiento consultivo permite que diversas entidades proporcionen a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opini\u00f3n jur\u00eddica sobre el tema objeto de la consulta. En este\u00a0enlace<\/a>\u00a0se pueden consultar las opiniones jur\u00eddicas dadas por nueve Estados a la Corte Estado (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, M\u00e9xico, Panam\u00e1 y Uruguay), as\u00ed como por parte de varios colectivos de ONGs, expertos, entidades estatales de derechos humanos y dem\u00e1s.<\/p>\n De las diversas opiniones remitidas, la opini\u00f3n jur\u00eddica proporcionada por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (v\u00e9ase\u00a0texto completo<\/a>) cobra particular relevancia, al proceder a un repaso de la jurisprudencia internacional aplicable a la materia a partir de los par\u00e1metros interpretativos de los \u00f3rganos del sistema interamericano.<\/p>\n Como indicado anteriormente, la notificaci\u00f3n de esta opini\u00f3n consultiva, que lleva la fecha del 24 de noviembre del 2017, se dio el 9 de enero del 2018 tan solo, por razones que se desconocen. El tema irrumpe con fuerza en la recta final de la campa\u00f1a electoral en Costa Rica, cuyos comicios est\u00e1n previstos para el pr\u00f3ximo 4 de febrero del 2018. M\u00e1s all\u00e1 de la posici\u00f3n que puedan externar al respecto los 13 candidatos a la Presidencia en Costa Rica, no cabe duda que esta opini\u00f3n consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reviste tambi\u00e9n un especial inter\u00e9s en varios Estados del hemisferio en los que a\u00fan persisten discriminaciones de esta naturaleza irresueltas por el aparato estatal, justicia constitucional incluida.<\/p>\n Nota 1<\/b>: V\u00e9ase por ejemplo sentencia N\u00b02103-2016 de la Sala Constitucional de Costa Rica que ordena al Ministerio de Justicia construir un m\u00f3dulo espec\u00edfico para la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n reclusa transexual. Texto disponible en este\u00a0enlace<\/a>\u00a0de DerechoalD\u00eda.<\/p>\n