{"id":578695,"date":"2018-01-02T12:17:44","date_gmt":"2018-01-02T12:17:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=578695\/"},"modified":"2018-01-02T12:17:44","modified_gmt":"2018-01-02T12:17:44","slug":"ano-represion-despojo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2018\/01\/ano-represion-despojo\/","title":{"rendered":"Un a\u00f1o de represi\u00f3n y despojo"},"content":{"rendered":"

Por Dar\u00edo Aranda<\/strong><\/em><\/p>\n

Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron los eslabones m\u00e1s conocidos de una cadena de violencia contra comunidades originarias. Los hechos m\u00e1s relevantes.<\/strong><\/p>\n

Los pueblos ind\u00edgenas de Argentina cerraron un a\u00f1o en el que han enfrentado numerosos intentos de despojo de sus territorios, que implicaron represiones, criminalizaci\u00f3n, c\u00e1rcel y asesinatos. La embestida contra el pueblo mapuche tuvo sus paralelos, aunque con menor difusi\u00f3n, en Formosa, Tucum\u00e1n, Misiones, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, entre otras provincias. La pr\u00f3rroga de la ley 26.160 (que debiera frenar los desalojos) est\u00e1 entre las buenas noticias. La peor: el asesinato de Rafael Nahuel y la represi\u00f3n al Lof Cushamen (con la desaparici\u00f3n y muerte de Santiago Maldonado).<\/p>\n

La noticia que pas\u00f3 m\u00e1s desapercibida fue toda una se\u00f1al: el gobierno nombr\u00f3 en agosto al frente del Instituto Nacional de Asuntos Ind\u00edgenas (INAI) a Jimena Psathakis, de la Fundaci\u00f3n Cambio Democr\u00e1tico, ONG referente en el discurso de \u201cdi\u00e1logo\u201d, muy conocida entre las asambleas socioambientales porque siempre favorece al sector privado, desde Esquel (donde se ubic\u00f3 del lado de la minera) hasta Vaca Muerta (donde \u201cdialog\u00f3\u201d mucho con comunidades mapuches, pero siempre impuls\u00f3 el fracking).<\/p>\n

El racconto de hechos de violencia contra las comunidades es extenso. El 26 de junio, la comunidad Indio Colalao de Tucum\u00e1n sufri\u00f3 un violento desalojo de 16 familias. Decenas de polic\u00edas e infanter\u00eda llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. Los diaguitas acusaron a la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo. En San Ignacio (Misiones), el 8 de julio, una patota atac\u00f3 a la comunidad Tekoa Kokuere\u2019i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y las incendiaron en presencia de ni\u00f1os y mujeres.<\/p>\n

Los desalojos se dan en un contexto de numerosas leyes que protegen los derechos de los pueblos ind\u00edgenas. Desde el Convenio 169 de la OIT hasta la ley 26.160. La responsabilidad incluye a jueces y fiscales, que no aplican las legislaci\u00f3n que favorece a las comunidades ind\u00edgenas. El pueblo diaguita de Tucum\u00e1n identific\u00f3 a ese actor c\u00f3mplice y march\u00f3 el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Se\u00f1al\u00f3 como principal causante de sus males al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca lleg\u00f3. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos ind\u00edgenas.<\/p>\n

El 20 de diciembre, la polic\u00eda de Formosa reprimi\u00f3 con balas de plomo en la comunidad wich\u00ed del \u201cBarrio 50 Viviendas\u201d (en la localidad de Ingeniero Ju\u00e1rez). Hubo cuatro heridos, dos con balas de plomo.<\/p>\n

En cuanto a la criminalizaci\u00f3n, dos referencias fueron Agust\u00edn Santill\u00e1n, wich\u00ed de Formosa que estuvo preso cinco meses por reclamar derechos b\u00e1sicos ante el gobierno de Gildo Insfr\u00e1n, y la detenci\u00f3n del lonko (autoridad mapuche) Facundo Jones Huala, que a\u00fan est\u00e1 detenido en Esquel a la espera de juicio de extradici\u00f3n.<\/p>\n

El pueblo mapuche fue el que m\u00e1s trascendi\u00f3 en los medios de Buenos Aires. En enero se ejecutaron tres represiones en dos d\u00edas (9 y de 10) sobre el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Gendarmer\u00eda Nacional y Polic\u00eda de Chubut avanzaron con escopetas y gases lacrim\u00f3geno. El disparo en el cuello sobre Fausto Emilio Jones Huala lleg\u00f3 a la prensa. Otro integrante de la comunidad perdi\u00f3 un t\u00edmpano. No hubo v\u00edctimas fatales de casualidad. El 1 de agosto hubo una nueva represi\u00f3n. Sin orden judicial, Gendarmer\u00eda ingres\u00f3 a territorio comunitario. Sobrevino la desaparici\u00f3n y muerte de Santiago Maldonado.<\/p>\n

Tambi\u00e9n sufrieron represiones en la comunidad Campo Maripe (Vaca Muerta, el 21 de junio), comunidad Vuelta del R\u00edo (Chubut, el 18 de septiembre), Lof Fvta Xayen (en \u00a0Neuqu\u00e9n, el 19 de septiembre), quema de viviendas en comunidad Vuelta del R\u00edo (el 20 de septiembre).<\/p>\n

El 23 de noviembre, en un operativo con m\u00e1s de 300 efectivos sobre el Lof Lafken Winkul Mapu (a 35 kil\u00f3metros de Bariloche), se espos\u00f3 a mujeres durante horas e incluso se detuvo a los ni\u00f1os. Dos d\u00edas despu\u00e9s, asesinaron al joven mapuche Rafael Nahuel. La represi\u00f3n estuvo a cargo del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional y la bala ingres\u00f3 por la espalda.<\/p>\n

Los hechos de violencia contra los pueblos ind\u00edgenas es mucho m\u00e1s extenso.<\/p>\n

Tambi\u00e9n hay otras muertes y violencias. En Santa Victoria Este, regi\u00f3n norte de Salta, murieron 26 personas en 23 d\u00edas, todas por causas evitables y falta de atenci\u00f3n b\u00e1sica de salud. Lo denunci\u00f3 la comunidad wich\u00ed Cruce Buena Fe Ca\u00f1averal entre diciembre de 2016 y enero de 2017. El dirigente wich\u00ed Pedro Lozano precis\u00f3 que se trat\u00f3 de cinco adultos y 21 ni\u00f1os, todos menores de 2 a\u00f1os. Las comunidades ind\u00edgenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54, denunciaron a la jefa de enfermer\u00eda, la falta de insumos b\u00e1sicos y la carencia de agua (con temperaturas de m\u00e1s de 40 grados). El 17 de diciembre pasado, otro ni\u00f1o wich\u00ed (de 7 a\u00f1os) muri\u00f3 en Santa Victoria Este.<\/p>\n

La semana pasada fue noticia una ni\u00f1a del pueblo mbya de Misiones cuando fue fotografiada tomando agua de un charco en un boulevard de Posadas. Por un momento, los grandes medios recordaron la situaci\u00f3n ind\u00edgena.<\/p>\n

\"\"

Foto Sergio Alvez<\/p><\/div>\n

La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) public\u00f3 su informe \u201cPobreza y derechos humanos\u201d, en el que determin\u00f3 que la pobreza afecta al 43 por ciento de los ind\u00edgenas del hemisferio. La CIDH detall\u00f3 que los pueblos ind\u00edgenas padecen los peores \u00edndices de analfabetismo, desnutrici\u00f3n, dificultades para acceder a cuidados m\u00e9dicos, y obst\u00e1culos para acceder servicios b\u00e1sicos como agua potable, saneamiento, electricidad y viviendas. Son los marginados entre los marginados.<\/p>\n

Los pueblos ind\u00edgenas viven en carne propia esas estad\u00edsticas desde hace d\u00e9cadas y apuntan al fondo del asunto: la causa de sus males es el despojo de territorios (de la mano del agronegocio, forestales, mineras, petroleras, grandes obras de infraestructura), la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las leyes que los beneficia, la total falta de pol\u00edticas p\u00fablicas para que puedan desarrollarse y el racismo estructural.<\/p>\n

Repudio a Morales<\/h4>\n

Los pueblos originarios de Jujuy realizaron la \u201cSegunda marcha del agua y la vida de nuestros territorios\u201d. Se movilizaron desde distintas puntos de la provincia para confluir en San Salvador. Repudiaron la pol\u00edtica del gobernador Gerardo Morales, entre ellas su alianza con las multinacionales mineras (de oro, plata y litio, entre otras) y denunciaron la Ley 5915, conocida como \u201cde servidumbre\u201d para el paso de electroductos y proyectos de generaci\u00f3n de energ\u00eda que autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio ind\u00edgena, sin respetar las leyes que establecen la consulta de pueblos originarios.<\/p>\n

Una buena noticia fue la pr\u00f3rroga de la Ley 26.160, que frena los desalojos de comunidad (aunque el Poder Judicial no suele aplicarla) y que establece que el Gobierno debe relevar los territorios ind\u00edgenas (muy demorada desde hace una d\u00e9cada). Aunque est\u00e1 lejos de ser una soluci\u00f3n de fondo, es una paraguas \u00fatil a la resistencia ind\u00edgena. El gobierno nacional se negaba a prorrogarla, pero la acci\u00f3n conjunta de pueblos ind\u00edgenas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos posibilit\u00f3 que mantenga vigencia durante otros cuatro a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Dar\u00edo Aranda Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron los eslabones m\u00e1s conocidos de una cadena de violencia contra comunidades originarias. Los hechos m\u00e1s relevantes. 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