Mientras el gobierno central tramita el Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, los ayuntamientos de Barcelona, Madrid, C\u00e1diz, Santiago de Compostela, la Coru\u00f1a, Valencia y Zaragoza le reclaman medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda.
\nEn una reuni\u00f3n con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio G\u00f3mez-Pomar, los responsables de vivienda de los ayuntamientos, le han entregado una serie de alegaciones exigiendo una inversi\u00f3n en vivienda para Espa\u00f1a que la equipare al resto de pa\u00edses europeos, donde la vivienda es considerada un derecho fundamental. <\/p>\n
Una de las principales propuestas que han presentado ha sido dotar dicho plan con 2.000 M\u20ac de inversi\u00f3n para el 2018, e invertir as\u00ed la tendencia que se ha ido produciendo en los \u00faltimos a\u00f1os de reducci\u00f3n dr\u00e1stica del gasto p\u00fablico en pol\u00edticas de vivienda. Actualmente el gasto destinado a vivienda de la Administraci\u00f3n General del Estado supone el 0,059% del PIB (467 M\u20ac en 2017). Si el Estado contin\u00faa con la tendencia actual de recortes en vivienda (recortes que han supuesto una reducci\u00f3n de 1.000 M\u20ac en los \u00faltimos 8 a\u00f1os), las pol\u00edticas p\u00fablicas de vivienda desaparecer\u00e1n en 5 a\u00f1os.<\/p>\n
La reclamaci\u00f3n de los siete ayuntamientos es que en el plazo de 10 a\u00f1os el gasto p\u00fablico se sit\u00fae en el 1\u20195% del PIB. Los representantes municipales insisten que los ayuntamientos son las administraciones m\u00e1s cercanas a la ciudadan\u00eda, y son las que m\u00e1s sufren la carencia de recursos p\u00fablicos de las pol\u00edticas estatales que tienen que permitir garantizar la vivienda como un derecho de primera necesidad.
\nEl incremento presupuestario es imprescindible para poder aumentar el parque p\u00fablico de alquiler y situar as\u00ed las ciudades espa\u00f1olas al nivel europeo. Actualmente, el Estado espa\u00f1ol s\u00f3lo tiene un 2\u20195% de vivienda asequible (sumando viviendas de protecci\u00f3n oficial y alquileres de rentas antiguas), un parque insuficiente para cubrir las necesidades de la ciudadan\u00eda, mientras que en Austria el 24% de la vivienda corresponde al parque p\u00fablico de protecci\u00f3n, o en el Reino Unido o Francia se sit\u00faa en el 17%.<\/p>\n
Otras medidas propuestas son las de tipo financiero, como que el Instituto de Cr\u00e9dito oficial habilite l\u00edneas de financiaci\u00f3n espec\u00edficas para proyectos de vivienda de protecci\u00f3n oficial; que desde el Gobierno se apoye t\u00e9cnica y financieramente para pedir la financiaci\u00f3n y ayudas europeas; que se establezca un estudio sobre sistemas de financiaci\u00f3n de vivienda p\u00fablica, social y asequible para conseguir la convergencia europea. En cuanto a la potenciaci\u00f3n de nuevos modelos, la propuesta es establecer un marco legal para impulsar alternativas como el derecho de superficie en cesi\u00f3n de uso, que garantiza la propiedad p\u00fablica del suelo.<\/p>\n
Los ayuntamientos tambi\u00e9n plantean la necesidad de evitar la especulaci\u00f3n con la vivienda p\u00fablica de compra. La propiedad del suelo de este tipo de vivienda no tiene que pasar en manos privadas con los a\u00f1os, como pasa actualmente. Entre las propuestas incluyen obligar a las entidades bancarias rescatadas con fondos p\u00fablicos a incluir inmuebles vac\u00edos en el fondo de viviendas para el alquiler social, o priorizar al peque\u00f1o propietario con pocos recursos en las ayudas a la rehabilitaci\u00f3n. <\/p>\n
Los representantes de los ayuntamientos han aprovechado la visita de hoy a la Secretar\u00eda de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda para poner sobre la mesa la reivindicaci\u00f3n de modificaciones en el marco legal y normativo que proteja a los inquilinos. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) tiene que alargar la duraci\u00f3n m\u00ednima de los contratos, puesto que se ha demostrado en muchas ciudades que la reducci\u00f3n de 3 a\u00f1os que se llev\u00f3 a cabo en la \u00faltima modificaci\u00f3n de esta ley ha conducido a subidas de los precios mucho por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadan\u00eda. Adem\u00e1s, los ayuntamientos reclaman que la LAU permita a las comunidades aut\u00f3nomas, en coordinaci\u00f3n con los municipios, que puedan si as\u00ed lo requieren, y si se da el caso de una alta demanda acreditada, regular los alquileres para evitar los precios abusivos.<\/p>\n
Eliminar los beneficios fiscales de las SOCIMIS (sociedades de inversi\u00f3n in mobiliaria) es otro de los planteamientos que ponen sobre la mesa los ayuntamientos, puesto que la actividad de estas sociedades repercute negativamente en el mercado del alquiler, y gracias a las excepciones de tributos y a las bonificaciones fiscales sus beneficios superan los 5.000 millones de euros. As\u00ed mismo denuncian la pol\u00edtica que regala la tarjeta de residencia a personas extranjeras que compren viviendas de m\u00e1s de 500.000\u20ac.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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