{"id":563198,"date":"2017-11-27T18:57:10","date_gmt":"2017-11-27T18:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=563198\/"},"modified":"2017-11-27T18:59:29","modified_gmt":"2017-11-27T18:59:29","slug":"naciones-unidas-urge-america-latina-adoptar-tratado-vinculante-derechos-humanos-relacionados-al-ambiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2017\/11\/naciones-unidas-urge-america-latina-adoptar-tratado-vinculante-derechos-humanos-relacionados-al-ambiente\/","title":{"rendered":"Naciones Unidas urge a Am\u00e9rica Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente"},"content":{"rendered":"

En un comunicado dado a conocer este 27 de noviembre, diez expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos instaron a Am\u00e9rica Latina y al Caribe a adoptar sin mayor preludios un instrumento vinculante sobre derechos humanos relacionados con la protecci\u00f3n del ambiente (v\u00e9ase texto al final en espa\u00f1ol al final de esta nota, y versi\u00f3n oficial en ingl\u00e9s titulada \u00abLatin America and Caribbean urgently need strong, legally binding treaty on environmental rights, say UN experts<\/i>\u00bb disponible aqu\u00ed<\/strong><\/a>).<\/p>\n

Los Estados de la regi\u00f3n han afirmado en diversas declaraciones su compromiso para apoyar un texto de car\u00e1cter vinculante que promueva la plena aplicaci\u00f3n del principio 10 adoptado en 1992 en la Declaraci\u00f3n de R\u00edo (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a>): la octava ronda de negociaci\u00f3n<\/b> entre las 24 delegaciones oficiales, en el marco de la CEPAL, sobre este futuro instrumento inici\u00f3 en la capital de Chile este mismo 27 de noviembre. Remitimos a nuestros estimables lectores a enlace oficial de la CEPAL<\/strong><\/a> con acceso al borrador de texto que result\u00f3 de la s\u00e9ptima ronda de negociaciones).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Como se recordar\u00e1, este Principio 10 se lee como sigue:<\/p>\n

\u00abPRINCIPIO 10<\/b> El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participaci\u00f3n de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deber\u00e1 tener acceso adecuado a la informaci\u00f3n sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades p\u00fablicas, incluida la informaci\u00f3n sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, as\u00ed como la oportunidad de participar en los procesos de adopci\u00f3n de decisiones. Los Estados deber\u00e1n facilitar y fomentar la sensibilizaci\u00f3n y la participaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n poniendo la informaci\u00f3n a disposici\u00f3n de todos. Deber\u00e1 proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre \u00e9stos el resarcimiento de da\u00f1os y los recursos pertinentes<\/i>\u00ab.<\/p>\n

No cabe duda que 25 a\u00f1os despu\u00e9s de su proclamaci\u00f3n oficial en R\u00edo de Janeiro, la plena realizaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de este Principio 10 constituye a\u00fan todo un desaf\u00edo en la regi\u00f3n. En muchos casos, proyectos de gran envergadura son llevados a cabo sin consultar a las comunidades aleda\u00f1as al proyecto, y sin poner a conocimiento del p\u00fablico la informaci\u00f3n t\u00e9cnica del proyecto. En numerosos casos, la confrontaci\u00f3n es tal que los l\u00edderes comunales son eliminados f\u00edsicamente sin que el Estado concer\u00f1ido investigue ni sancione a los responsables de estos asesinatos.<\/p>\n

A inicios de noviembre del 2017, se di\u00f3 a conocer un informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la lider ind\u00edgena y ecologista Berta C\u00e1ceres, acaecida en Honduras en el 2016. El informe recopila informaci\u00f3n reunida desde el exterior, ante la clara inclinaci\u00f3n de las autoridades hondure\u00f1as por no investigar debidamente este asesinato: v\u00e9ase breve nota nuestra<\/strong><\/a> al respecto titulada \u00abEl asesinato de Berta C\u00e1ceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE<\/i>\u00ab.<\/p>\n

La tendencia a eliminar f\u00edsicamente a l\u00edderes ind\u00edgenas, campesinos, ecologistas es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida. La ONG Global Witness<\/b> registr\u00f3 200 cr\u00edmenes de este tipo a nivel mundial para el a\u00f1o 2016 de los cuales 120 en Am\u00e9rica Latina. S\u00f3lo en el a\u00f1o 2016, se contabilizaron 14 cr\u00edmenes de l\u00edderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, seg\u00fan esta misma organizaci\u00f3n (v\u00e9ase informe<\/strong><\/a> con tabla inclu\u00edda). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6. Recientemente en Per\u00fa se indic\u00f3 que las investigaciones realizadas por las autoridades en el caso de cuatro ind\u00edgenas asesinados peligran, debido a serias deficiencias detectadas en las diligencias realizadas por el Ministerio P\u00fablico peruano (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de prensa).<\/p>\n

N\u00f3tese que, en el caso de Costa Rica, el juez constitucional procedi\u00f3 a un llamativo retroceso jurisprudencial, al declarar en febrero del 2017, que la participaci\u00f3n ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (v\u00e9ase breve nota nuestra<\/strong><\/a> al respecto). En un reciente an\u00e1lisis<\/strong><\/a> al respecto, titulado \u00abLa encrucijada de los derechos humanos ambientales en la Sala Constitucional<\/i>\u00ab, el profesor Mario Pe\u00f1a Chac\u00f3n concluye que :<\/p>\n

\u00abA todas luces, el recurso de amparo constitucional se constituye actualmente en la \u00fanica v\u00eda procesal que logra cumplir a cabalidad la obligaci\u00f3n de protecci\u00f3n judicial efectiva de los derechos humanos ambientales, exigida en el Pacto de San Jos\u00e9. De ah\u00ed que su cierre total o bien, su limitaci\u00f3n irracional, podr\u00eda constituirse en una nueva regresi\u00f3n jurisprudencial y abrir las puertas de la justicia interamericana<\/i>\u00bb<\/p>\n

Tetxo del comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 27\/11\/2017<\/p>\n

Am\u00e9rica Latina y el Caribe necesitan urgentemente un tratado fuerte, legalmente vinculante sobre los derechos ambientales, dicen expertos de la ONU<\/b><\/i><\/p>\n

GINEBRA (27 de noviembre de 2017) – Expertos en derechos humanos de la ONU* urgen a los gobiernos de Am\u00e9rica Latina y el Caribe a que adopten un acuerdo firme sobre derechos ambientales, incluyendo los derechos a la informaci\u00f3n, participaci\u00f3n y acceso a la justicia.<\/p>\n

\u00abEs crucial que los gobiernos de la regi\u00f3n act\u00faen en solidaridad y acepten normas jur\u00eddicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente\u00bb, dijeron los expertos.<\/p>\n

El llamamiento se produce con ocasi\u00f3n de la reuni\u00f3n de Estados de Am\u00e9rica Latina y el Caribe en la capital chilena, Santiago, con motivo de su octava ronda de negociaciones para alcanzar acuerdo regional en asuntos ambientales auspiciados por la Comisi\u00f3n Econ\u00f3mica para Am\u00e9rica Latina y el Caribe de Naciones Unidas.<\/p>\n

Las negociaciones buscan aplicar el principio 10 de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo de 1992, por el que los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la informaci\u00f3n sobre el medio ambiente, fomentar la participaci\u00f3n en los procesos de toma de decisiones que le afectan, y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.<\/p>\n

\u00abFelicito los esfuerzos realizados por los Estados durante los \u00faltimos a\u00f1os de negociaciones. Se ha recorrido un largo camino y se ha logrado grandes avances. Pero el tiempo apremia. Los Estados deber\u00edan finalizar su labor mediante la adopci\u00f3n de un tratado fuerte, jur\u00eddicamente vinculante para la regi\u00f3n\u00bb, subray\u00f3 uno de los expertos, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox.<\/p>\n

La mayor\u00eda de los Estados de la regi\u00f3n ya han firmado una declaraci\u00f3n en la que afirmaron su compromiso para lograr un tratado vinculante que promueva la plena aplicaci\u00f3n del principio 10. \u00abLa<\/p>\n

adopci\u00f3n del nuevo tratado ambiental propuesto ser\u00eda un hito importante para la regi\u00f3n. Ser\u00eda una expresi\u00f3n tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protecci\u00f3n del medio ambiente\u00bb, dijeron los expertos.<\/p>\n

\u00abAcoger\u00edamos con satisfacci\u00f3n que el acuerdo contribuyera a aclarar que los Estados deber\u00edan incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental no s\u00f3lo impactos potenciales sobre la salud de las personas, sino tambi\u00e9n otros impactos sociales, incluyendo impactos sobre los derechos a la alimentaci\u00f3n, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento\u00bb, los expertos destacaron.<\/p>\n

\u00abEspero que el tratado contribuya a fortalecer el derecho a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n y el acceso a la justicia en relaci\u00f3n con grandes proyectos energ\u00e9ticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la regi\u00f3n, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos.<\/p>\n

El acuerdo es particularmente importante, observaron los expertos, debido a que esta es una de las regiones m\u00e1s peligrosas del mundo para los defensores de los derechos humanos ambientales. S\u00f3lo en 2016, m\u00e1s de 100 defensores ambientales fueron asesinados en la regi\u00f3n.<\/p>\n

\u00abPara proteger el medio ambiente, debemos proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente\u00bb, subray\u00f3 Knox. \u00abEste acuerdo ser\u00eda un salto adelante en ese esfuerzo crucial\u00bb.<\/p>\n

FINAL<\/p>\n

*Los expertos de la ONU: Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Sr. L\u00e9o Heller, Relator Especial sobre el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento; Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentaci\u00f3n; Sr. Michel Forst, Relator especial sobre la situaci\u00f3n de los defensores de los derechos humanos; Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n del derecho a la libertad de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n; Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y de asociaci\u00f3n; Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre El derecho al desarrollo; Sr. Alfred de Zayas, Experto independiente sobre la promoci\u00f3n de un orden internacional democr\u00e1tico y equitativo; Sr. Obiora C. Okafor, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Sr. Juan Pablo Bohoslavsky, Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturale.<\/p>\n

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales son el cuerpo m\u00e1s grande de expertos independientes en el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigaci\u00f3n y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos que abordan situaciones espec\u00edficas de pa\u00edses o tem\u00e1ticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organizaci\u00f3n y sirven en su capacidad individual.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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