{"id":550414,"date":"2017-11-04T15:34:45","date_gmt":"2017-11-04T15:34:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=550414\/"},"modified":"2017-11-04T15:34:45","modified_gmt":"2017-11-04T15:34:45","slug":"cataluna-sindic-greuges-alerta-medidas-tomadas-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2017\/11\/cataluna-sindic-greuges-alerta-medidas-tomadas-espana\/","title":{"rendered":"Catalu\u00f1a: el Sindic de Greuges alerta sobre medidas tomadas por Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p>Este <b>3 de noviembre<\/b>, el Sindic de Greuges, entidad equivalente a una Defensor\u00eda del Pueblo o de los Habitantes a nivel de Catalu\u00f1a (v\u00e9ase <a href=\"http:\/\/www.sindic.cat\/Ca\/page.asp?id=1\"><strong>sitio oficial<\/strong><\/a>), ha emitido una cr\u00edtica vehemente ante las diversas acciones legales tomadas por Espa\u00f1a luego de la proclama de independencia adoptada por el <i>Parlament<\/i> catal\u00e1n la semana pasada. Entre varios aspectos, la destituci\u00f3n de los dirigentes de la <i>Generalitat<\/i> y su persecuci\u00f3n desde el punto de vista penal han llamado la atenci\u00f3n de muchos observadores: el recurso al derecho penal para frenar aspiraciones pol\u00edticas es una herramienta que, en el pasado, ha demostrado, tanto dentro de Espa\u00f1a como fuera, ser contraproducente para qui\u00e9nes recurren a ella.<\/p>\n<p>Este mismo 3 de noviembre, Espa\u00f1a lanz\u00f3 una orden de captura internacional contra el ex Presidente de la Generalitat, qui\u00e9n se encuentra en B\u00e9lgica desde varios d\u00edas (v\u00e9ase <a href=\"http:\/\/www.20minutes.fr\/monde\/2163099-20171103-catalogne-espagne-lance-mandat-arret-europeen-contre-carles-puigdemont\"><strong>nota<\/strong><\/a> de prensa). Esta acci\u00f3n recuerda la que Espa\u00f1a llev\u00f3 a cabo de similar manera en 1993, contra dos l\u00edderes separatistas vascos miembros de la ETA, Luis Moreno Ramajo y Raquel Garcia Arrantz, ante las autoridades belgas, sin lograr obtener su extradici\u00f3n.<\/p>\n<p>En el comunicado del Sindic de Greuges (v\u00e9ase texto completo al final de esta nota), se lee que:<\/p>\n<p>\u00ab<i>En este contexto, el S\u00edndic reitera que el conflicto planteado desde hace a\u00f1os entre las instituciones catalanas y espa\u00f1olas, manifestado de forma creciente y pac\u00edfica por una parte muy importante de la ciudadan\u00eda de Catalu\u00f1a, y debatida en las instituciones de Catalu\u00f1a y en el conjunto de la sociedad con serenidad, tiene una dimensi\u00f3n esencialmente pol\u00edtica y deber\u00eda resolverse por la v\u00eda politicoinstitucional, legal, con acuerdos, propuestas de reformas del ordenamiento b\u00e1sico, con consultas a la ciudadan\u00eda y con gestos de entendimiento. Y a\u00fan puede resolverse por v\u00edas pol\u00edticas y de di\u00e1logo sincero y leal, con una generosa interpretaci\u00f3n del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales, vigentes tambi\u00e9n en el Reino de Espa\u00f1a<\/i>\u00ab.<\/p>\n<p>La entidad catalana a cargo de examinar los abusos contra los administrados por parte de las entidades p\u00fablicas concluye indicando que:\u00bb<\/p>\n<p><i>El S\u00edndic ya advirti\u00f3 en su informe del pasado mes de abril sobre regresi\u00f3n de derechos y libertades, siguiendo tambi\u00e9n las advertencias recibidas desde instancias europeas, de los peligros para los derechos en el uso de la soluci\u00f3n penal para los conflictos pol\u00edticos institucionales y de las derivas partidistas en \u00f3rganos judiciales.<\/p>\n<p>El S\u00edndic seguir\u00e1 atento a las vulneraciones de derechos que puedan producirse durante la vigencia de esta situaci\u00f3n y ejercer\u00e1 sus funciones de investigaci\u00f3n, supervisi\u00f3n, estudio e informe a todas las instancias en toda su extensi\u00f3n<\/i>\u00ab.<\/p>\n<p>Como se recordar\u00e1, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un <b>comunicado del 2 de octubre del 2017<\/b>, hab\u00eda externado su profunda preocupaci\u00f3n por el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas policiales contra los votantes el pasado 1ero de octubre en el que se celebr\u00f3 el refer\u00e9ndum, exigiendo a Espa\u00f1a una investigaci\u00f3n al respecto (v\u00e9ase breve <a href=\"https:\/\/derechointernacionalcr.blogspot.com\/2017\/10\/referendum-en-cataluna-alto-comisionado.html\"><strong>nota<\/strong><\/a> nuestra al respecto).<\/p>\n<p>En medio de fuertes movilizaciones de diversos sectores (sea en favor o en contra de la decisi\u00f3n de la Generalitat), de la escalada verbal, as\u00ed como de la renuencia de las autoridades espa\u00f1olas y catalanas a entablar alg\u00fan tipo de di\u00e1logo, expertos de Naciones Unidas en derechos humanos hab\u00edan el pasado <b>4 de octubre del 2017<\/b> llamado a reestablecer canales de comunicaci\u00f3n (v\u00e9ase breve <a href=\"https:\/\/derechointernacionalcr.blogspot.com\/2017\/10\/referendum-en-ecataluna-expertos-de.html\"><strong>nota<\/strong><\/a> nuestra al respecto). Se trat\u00f3 del tercer comunicado emitido por \u00f3rganos de derechos humanos de Naciones Unidas en menos de una semana, un hecho que no ha llamado mayormente la atenci\u00f3n de observadores ni de analistas.<\/p>\n<p>Este comunicado de Naciones Unidas fue seguido por la aprobaci\u00f3n en Espa\u00f1a, el <b>6 de octubre del 2017<\/b>, de un decreto ejecutivo, objeto de una amplia cobertura medi\u00e1tica, que facilita la salida de empresas cuya sede se encuentra en Catalu\u00f1a (v\u00e9ase <a href=\"http:\/\/www.lanacion.com.ar\/2069846-referendum-cataluna-espana-indepencia-empresas-barcelona\"><strong>nota<\/strong><\/a> de prensa), al tiempo que el juez constitucional espa\u00f1ol ordenaba, como medida cautelar, la suspensi\u00f3n de una sesi\u00f3n del <i>Parlament<\/i> catal\u00e1n prevista para el lunes 9 de octubre (v\u00e9ase <a href=\"http:\/\/www.eldiario.es\/politica\/Tribunal-Constitucional-suspende-convocatoria-Parlament_0_693981201.html\"><strong>nota<\/strong><\/a> de prensa): el juez constitucional espa\u00f1ol, en una sentencia del 5 de octubre (v\u00e9ase <a href=\"http:\/\/hj.tribunalconstitucional.es\/docs\/BOE\/BOE-A-2017-11409.pdf\"><strong>texto<\/strong><\/a> completo), suspendi\u00f3 la sesi\u00f3n del <i>Parlament<\/i> catal\u00e1n al:<\/p>\n<p>\u00ab4. <i>Suspender cautelarmente, conforme al art\u00edculo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebraci\u00f3n el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Catalu\u00f1a de 4 de octubre de 2017<\/i>\u00bb<\/p>\n<p>La bater\u00eda de medidas de car\u00e1cter legal tomadas por Espa\u00f1a, recurriendo al juez constitucional o al juez penal, y m\u00e1s recientemente al derecho de la cooperaci\u00f3n policial en el marco europeo, reduce toda posibilidad de acercamiento y de di\u00e1logo pol\u00edtico. Las elecciones del <b>pr\u00f3ximo 21 de diciembre<\/b>, convocadas por las autoridades espa\u00f1olas, permitir\u00e1n valorar cu\u00e1n efectivas fueron esta medidas para disminuir el apoyo a los separatistas catalanes; o si, por el contrario, la actitud de las autoridades espa\u00f1olas contribuy\u00f3 a consolidar sustancialmente el apoyo al proyecto separatista en el seno de la sociedad catalana.<\/p>\n<p><b>Texto integral del comunicado del Sindic de Greujes <\/b><\/p>\n<p><i>Comunicado del S\u00edndic de Greuges. 3 de noviembre de 2017 03\/11\/2017 s\u00edndic<\/p>\n<p><b>Acceso al informe s\u00edntesis de las actuaciones del S\u00edndic entorno al 1-O <\/b><\/p>\n<p>El pasado 27 de octubre, tras la aprobaci\u00f3n de dos resoluciones en el Parlamento de Catalu\u00f1a, claramente fuera del marco constitucional con la pretendida declaraci\u00f3n de independencia, a propuesta del Consejo de Ministros, el Pleno del Senado autoriz\u00f3 una amplia serie de medidas respecto de la Generalitat de Catalu\u00f1a en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 155 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola (CE). A partir de aqu\u00ed, el presidente del Gobierno espa\u00f1ol ha adoptado varios reales decretos que incluyen el cese del presidente, el vicepresidente y los consejeros del Gobierno de la Generalitat, as\u00ed como otros altos cargos del Gobierno, y la disoluci\u00f3n del Parlamento de Catalu\u00f1a; disoluci\u00f3n que lleva aparejada la convocatoria de elecciones auton\u00f3micas para el 21 de diciembre de este a\u00f1o. La Fiscal\u00eda General del Estado tambi\u00e9n ha planteado ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional querellas penales contra las personas que han gobernado la Generalitat y contra la Mesa del Parlamento, que han sido admitidas a tr\u00e1mite por ambos tribunales.<\/p>\n<p>En este contexto, el S\u00edndic reitera que el conflicto planteado desde hace a\u00f1os entre las instituciones catalanas y espa\u00f1olas, manifestado de forma creciente y pac\u00edfica por una parte muy importante de la ciudadan\u00eda de Catalu\u00f1a, y debatida en las instituciones de Catalu\u00f1a y en el conjunto de la sociedad con serenidad, tiene una dimensi\u00f3n esencialmente pol\u00edtica y deber\u00eda resolverse por la v\u00eda politicoinstitucional, legal, con acuerdos, propuestas de reformas del ordenamiento b\u00e1sico, con consultas a la ciudadan\u00eda y con gestos de entendimiento. Y a\u00fan puede resolverse por v\u00edas pol\u00edticas y de di\u00e1logo sincero y leal, con una generosa interpretaci\u00f3n del marco legal y con respeto a los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales, vigentes tambi\u00e9n en el Reino de Espa\u00f1a.<\/p>\n<p><b>La aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 155 CE<\/b><\/p>\n<p>La actuaci\u00f3n del Tribunal Constitucional que suspende o declara inconstitucionales leyes aprobadas por el Parlamento o declaraciones posteriores demuestra que dentro del ordenamiento vigente hay medidas jur\u00eddicas para garantizar el con respecto al ordenamiento constitucional m\u00e1s adecuados que el uso que se ha hecho del art\u00edculo 155 CE. A parte de no haber fijado un l\u00edmite temporal de la excepcionalidad de manera expl\u00edcita, las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado podr\u00edan vulnerar el derecho fundamental a la participaci\u00f3n pol\u00edtica de toda la ciudadan\u00eda de Catalu\u00f1a, reconocido en los art\u00edculos 23 CE y 3 del Protocolo adicional al Convenio europeo de derechos humanos. Estos preceptos establecen:<\/p>\n<p>\u00abLos ciudadanos tienen el derecho de participado en los asuntos p\u00fablicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones peri\u00f3dicas por sufragio universal\u00bb (art. 23 CE)<\/p>\n<p>\u201cLas Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresi\u00f3n de la opini\u00f3n del pueblo en la elecci\u00f3n del cuerpo legislativo\u201d (art. 3 Protocolo adicional)<\/p>\n<p>El ejercicio del mandato parlamentario de los cargos electos est\u00e1 protegido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicaci\u00f3n de este \u00faltimo precepto y, desde este punto de vista, la destituci\u00f3n del Gobierno catal\u00e1n en pleno vulnera el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica de toda la ciudadan\u00eda de Catalu\u00f1a, con independencia de las opciones que votaran a las elecciones de septiembre de 2015. Esto es as\u00ed en tanto que esta destituci\u00f3n se produce con una posible transgresi\u00f3n del propio ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, dado que ning\u00fan precepto de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, incluido el art\u00edculo 155 CE, no prev\u00e9 que pueda adoptarse una medida de esta naturaleza.<\/p>\n<p>Esta resoluci\u00f3n puede ser impugnada judicialmente por los ciudadanos, incluso en amparo constitucional, por los que consideren lesionado su derecho de participaci\u00f3n. Por su parte, frente a irregularidades cometidas en sede parlamentaria que lesionan sus derechos, los parlamentarios disponen, como ya ha advertido al S\u00edndic, de la v\u00eda del recurso espec\u00edfico previsto en la Ley del Tribunal Constitucional.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, la interpretaci\u00f3n que han efectuado el Senado y el Gobierno del art\u00edculo 155 parece contraria a otros preceptos constitucionales. Las decisiones tomadas sobre la competencia de disolver el Parlamento y convocar elecciones, as\u00ed como de cesar al presidente y al Gobierno, pueden transgredir el derecho a la autonom\u00eda reconocida en el art\u00edculo 2 de la CE y el sistema desarrollado en el t\u00edtulo VIII. No obstante, las elecciones convocadas para el 21 de diciembre deben poderse desarrollar con todas las garant\u00edas democr\u00e1ticas y sin ninguna amenaza ni advertencia en relaci\u00f3n con sus resultados. Y, en todo caso, el Gobierno espa\u00f1ol deber\u00eda comprometerse p\u00fablicamente a levantar las medidas excepcionales adoptadas una vez se forme libremente y seg\u00fan las previsiones estatutarias el nuevo gobierno de la Generalitat.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, con independencia de que la suspensi\u00f3n del autogobierno de Catalu\u00f1a pueda considerarse o no una vulneraci\u00f3n intr\u00ednseca de derechos, el hecho de que desde el lunes la Administraci\u00f3n de la Generalitat de Catalu\u00f1a se gobierne a distancia, por instancias ajenas a la voluntad popular expresada por la ciudadan\u00eda de Catalu\u00f1a y que no responden frente a sus leg\u00edtimos representantes, puede generar un riesgo de mala administraci\u00f3n y de potenciales vulneraciones de derechos.<\/p>\n<p><b>La imputaci\u00f3n penal del Gobierno cesado y la Mesa del Parlamento <\/b><\/p>\n<p>Todas las v\u00edas legales e institucionales deber\u00edan prevalecer sobre la v\u00eda penal para resolver cuestiones como las que nos ocupan. En este sentido, la propia exposici\u00f3n de motivos de la Ley Org\u00e1nica de Modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal que despenaliz\u00f3 la convocatoria de refer\u00e9ndums ilegales, despu\u00e9s de afirmar que esta conducta no tiene entidad penal suficiente, se\u00f1ala expresamente que \u201cen nuestro ordenamiento hay otras formas de control de la legalidad diferente a la v\u00eda penal. As\u00ed, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por v\u00edas diferentes a la penal\u201d.<\/p>\n<p>Por ello, con pleno respeto por la independencia del poder judicial, y subrayando la necesidad de siempre colaborar, es importante se\u00f1alar, como posible afectaci\u00f3n a derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales y en la CE, los autos del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional de admisi\u00f3n de las querellas presentadas por el Fiscal General del Estado.<\/p>\n<p>En primer lugar, pueden representar una transgresi\u00f3n del derecho al juez predeterminado por Ley, que deber\u00eda ser de la jurisdicci\u00f3n ordinaria de Catalu\u00f1a, y en primer lugar el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a (TSJC).<\/p>\n<p>Aun as\u00ed, es sorprendente la disparidad de criterios en las dos instancias, Tribunal Supremo y Audiencia, respecto al ejercicio del derecho de defensa y de la aplicaci\u00f3n de las medidas cautelares.<\/p>\n<p>En segundo lugar, en el caso de los miembros de la Mesa, parece obviarse, como ya se manifest\u00f3 en el informe del mes de abril de este a\u00f1o, la inviolabilidad de que gozan diputados y diputadas en su funci\u00f3n parlamentaria, como es, sin duda, la admisi\u00f3n a tr\u00e1mite, mediante votaci\u00f3n, de propuestas de resoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, la cualificaci\u00f3n penal como rebeli\u00f3n propuesta por el Ministerio Fiscal y aceptada inicialmente por las m\u00e1s altas instancias jurisdiccionales parece completamente desproporcionada para describir los hechos de todos conocidos, como tambi\u00e9n fue desproporcionada la orden de prisi\u00f3n provisional sin fianza impuesta a Jordi S\u00e0nchez y Jordi Cuixart, que se mantiene a fecha de hoy a pesar de la modificaci\u00f3n sustancial de las circunstancias en que se produjo aquella resoluci\u00f3n judicial. Las medidas cautelares de prisi\u00f3n provisional ahora aplicadas a consejeros cesados son una muestra m\u00e1s de la desproporci\u00f3n de la justicia.<\/p>\n<p>La jurisprudencia del Tribunal Constitucional patente que los art\u00edculos 25.2 y 9.3 de la Constituci\u00f3n obligan a garantizar un principio de proporcionalidad de las penas que no parece que se est\u00e9 respetando en este caso. As\u00ed mismo, la referencia retroactiva que efect\u00faa la querella, como intimidatorias, de grandes manifestaciones que han sido ejemplares por su civismo puede suponer un grave riesgo de transgresi\u00f3n del art\u00edculo 21 CE, que reconoce el derecho de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Estas afectaciones de derechos fundamentales y de libertades p\u00fablicas reconocidos en la Constituci\u00f3n y en el Convenio europeo para la salvaguardia de los derechos fundamentales y las libertades p\u00fablicas y en sus protocolos adicionales podr\u00edan acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desgraciadamente, los m\u00e1s que previsibles pronunciamientos de Estrasburgo llegar\u00e1n pasado un largo tiempo, cuando las vulneraciones de los derechos ya sean irreversibles y la \u00fanica reparaci\u00f3n posible sea la moral o, en seg\u00fan qu\u00e9 casos, la econ\u00f3mica. El S\u00edndic emplaza a los diferentes poderes que tienen potestad para hacerlo a revertir ab initio estas diferentes situaciones vulneradoras de derechos y libertades para evitar, como reiteradamente ha pasado, que el m\u00e1ximo \u00f3rgano jurisdiccional europeo en materia de derechos humanos condene al Estado espa\u00f1ol por violaciones de normas internas e internacionales por vulneraci\u00f3n de derechos humanos.<\/p>\n<p>El S\u00edndic ya advirti\u00f3 en su informe del pasado mes de abril sobre regresi\u00f3n de derechos y libertades, siguiendo tambi\u00e9n las advertencias recibidas desde instancias europeas, de los peligros para los derechos en el uso de la soluci\u00f3n penal para los conflictos pol\u00edticos institucionales y de las derivas partidistas en \u00f3rganos judiciales.<\/p>\n<p>El S\u00edndic seguir\u00e1 atento a las vulneraciones de derechos que puedan producirse durante la vigencia de esta situaci\u00f3n y ejercer\u00e1 sus funciones de investigaci\u00f3n, supervisi\u00f3n, estudio e informe a todas las instancias en toda su extensi\u00f3n.<\/i><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este 3 de noviembre, el Sindic de Greuges, entidad equivalente a una Defensor\u00eda del Pueblo o de los Habitantes a nivel de Catalu\u00f1a (v\u00e9ase sitio oficial), ha emitido una cr\u00edtica vehemente ante las diversas acciones legales tomadas por Espa\u00f1a luego&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1329,"featured_media":550415,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[66,161],"tags":[],"class_list":["post-550414","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-europa-es","category-opiniones"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Catalu\u00f1a: el Sindic de Greuges alerta sobre medidas 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