{"id":514894,"date":"2017-09-07T20:31:16","date_gmt":"2017-09-07T19:31:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=514894\/"},"modified":"2017-09-07T20:31:16","modified_gmt":"2017-09-07T19:31:16","slug":"estado-democratico-no-puede-vigilar-la-ciudadania-rechazo-decreto-espia-llega-contraloria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2017\/09\/estado-democratico-no-puede-vigilar-la-ciudadania-rechazo-decreto-espia-llega-contraloria\/","title":{"rendered":"\u201cUn Estado democr\u00e1tico no puede vigilar a la ciudadan\u00eda\u201d: Rechazo a \u201cdecreto esp\u00eda\u201d llega hasta Contralor\u00eda"},"content":{"rendered":"

El dirigente de Izquierda Aut\u00f3noma, Francisco Figueroa, present\u00f3 el recurso argumentando que \u00abla democracia se debilita cuando la autoridad p\u00fablica est\u00e1 m\u00e1s dispuesta a tratar a las personas como sospechosas antes que titulares de derechos\u00bb. Adhieren al rechazo la ONG Derechos Digitales y el escritor \u00d3scar Contardo.<\/span><\/p>\n

El llamado \u201cdecreto esp\u00eda\u201d impulsado por el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, obliga a las empresas de telecomunicaciones a guardar un registro de toda la informaci\u00f3n<\/span> de navegaci\u00f3n y llamadas de los chilenos y mantenerla a disposici\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n

Esta modificaci\u00f3n ha sido cuestionada por acad\u00e9micos y organizaciones de la la<\/span> sociedad civil por aumentar la capacidad de vigilancia del Estado, prescindiendo de una orden judicial.<\/p>\n

Pablo Viollier, vocero de la ONG Derechos Digitales, subray\u00f3 en conversaci\u00f3n con El Ciudadano<\/em> que a trav\u00e9s de este decreto \u201cse pretende crear de forma inconstitucional, una base de datos con el historial de navegaci\u00f3n y registro de las comunicaciones telef\u00f3nicas de todos los chilenos y que las polic\u00edas tengan acceso a esta base de datos, sin una debida orden judicial\u201d.<\/p>\n

\u201cNos recuerda un autoritarismo propio de la era dictatorial\u201d<\/h3>\n

Por este motivo, el Coordinador Nacional de Izquierda Aut\u00f3noma, Francisco Figueroa, present\u00f3 un recurso ante la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica con el objetivo de que la medida no prospere. El decreto, aprobado silenciosamente por el gobierno de Michelle Bachelet, \u201crecuerda un autoritarismo propio de la era dictatorial\u201d, se\u00f1ala el dirigente del Frente Amplio.<\/p>\n

Figueroa sostiene que el \u201cdecreto esp\u00eda\u201d no debiera ser visado por Contralor\u00eda, ya que \u201cinfringe las garant\u00edas constitucionales de respeto a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones, as\u00ed como las normas legales que regulan y limitan en su caso el ejercicio de las mismas contenidas en el art\u00edculo 222 del C\u00f3digo<\/span> Procesal Penal, la Ley N\u00ba 19.628 y la Ley General de Telecomunicaciones, por lo cual no corresponde que se d\u00e9 curso a su toma de raz\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan el Coordinador Nacional de Izquierda Aut\u00f3noma, \u201cun Estado democr\u00e1tico no puede vigilar a la ciudadan\u00eda. Encontr\u00e1ndonos ante una crisis de legitimidad, la democracia se debilita a\u00fan m\u00e1s cuando la autoridad p\u00fablica est\u00e1 m\u00e1s dispuesta a tratar a las personas como sospechosas antes que como titulares de derechos. El subsecretario Aleuy debe echar pie atr\u00e1s con este recurso que nos recuerda un autoritarismo propio de la era dictatorial\u201d, interpel\u00f3.<\/p>\n

Por su parte, Derechos Digitales agrega que \u201cpor dos a\u00f1os<\/span>, se permitir\u00eda a quien tiene acceso a esa base de datos, hacer un tratamiento de ella. Es decir, analizarla, y poder revisar patrones de conducta, h\u00e1bitos e incluso predecir comportamiento futuro\u201d. Por estos motivos, iniciativas similares fueron rechazadas en la Comunidad Europea.<\/p>\n

\u201cEl tribunal europeo rechaz\u00f3 una idea similar, porque se consider\u00f3 que atentaba contra la Carta Europea de Derechos Humanos<\/span>, aumentaba desproporcionadamente las capacidad de vigilancia del Estado y vulneraba el derecho de las personas\u201d, declara Pablo Viollier. Tambi\u00e9n se rechaz\u00f3 en Uruguay, y en Estados Unidos tendr\u00eda un tope de 120 d\u00edas.<\/p>\n

Aleuy contra todos<\/h3>\n

A trav\u00e9s de una columna publicada el domingo 3 de septiembre, el periodista y escritor \u00d3scar Contardo \u00a0se sum\u00f3 al rechazo. Fue rebatido por el mism\u00edsimo Aleuy.<\/p>\n

Contardo critic\u00f3 mordazmente la relaci\u00f3n que este decreto supone con las polic\u00edas. \u201cEn lugar de impulsarlos para mejorar sus habilidades de investigaci\u00f3n y lograr, por ejemplo, detectar a tiempo millonarios desfalcos que ocurren bajo sus propias narices llevados a cabo por sus compa\u00f1eros de oficina, lo que hace el gobierno es entregarles una llave maestra para mantenernos a todos bajo vigilancia\u201d, espet\u00f3 el columnista.<\/p>\n

Aleuy respondi\u00f3 a trav\u00e9s de una carta la interpelaci\u00f3n del periodista, en el que apunt\u00f3 que no hay innovaci\u00f3n<\/span> sustantiva respecto del decreto anterior que regulaba la privacidad de los datos desde 2005.<\/p>\n

\u201cEl nuevo reglamento, al igual que aquel vigente desde 2005, otorga la titularidad del requerimiento de informaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico, en el marco de un proceso judicial, autorizado por un juez de garant\u00eda\u201d, declar\u00f3 el subsecretario del Interior. Y agreg\u00f3 que el mismo decreto estableci\u00f3 la facultad<\/span> de \u201cacceder a registro de las comunicaciones\u201d a trav\u00e9s de \u201cmecanismos establecidos por ley\u201d y ha sido utilizado por la Fiscal\u00eda tanto en el caso Zamudio, como en el caso Luchsinger. En ambos, se pudo establecer tanto las horas de contactos entre los imputados, como su locaci\u00f3n.<\/p>\n

A Viollier le preocupan las declaraciones de Aleuy. Considera que \u201cintenta confundir de modo intencional dos elementos distintos: uno es la interceptaci\u00f3n de comunicaciones y otro es el almacenamiento y puesta a disposici\u00f3n de la autoridad de los datos de este registro de actividad\u201d. Para lo primero, la legislaci\u00f3n pide expl\u00edcitamente una orden judicial.<\/p>\n

Sin embargo, respecto del almacenamiento, no se obliga a la orden judicial de modo expl\u00edcito. Viollier reconoce que \u201choy la PDI accede a esos datos\u201d. No obstante, agrega, \u201cen este caso se aumentan tanto en el per\u00edodo como los tipos de datos\u201d, por lo que subraya que a Derechos Digitales le escandaliza la \u201cnaturalizaci\u00f3n\u201d de esta situaci\u00f3n.<\/p>\n

Por Javier Paredes Godoy<\/span><\/em><\/p>\n

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