{"id":478779,"date":"2017-06-14T20:14:07","date_gmt":"2017-06-14T19:14:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=478779\/"},"modified":"2017-06-16T13:20:42","modified_gmt":"2017-06-16T12:20:42","slug":"entre-intimidacion-y-criminalizacion-el-caso-de-la-protesta-social-en-costa-rica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2017\/06\/entre-intimidacion-y-criminalizacion-el-caso-de-la-protesta-social-en-costa-rica\/","title":{"rendered":"Entre intimidaci\u00f3n y criminalizaci\u00f3n: el caso de la protesta social en Costa Rica"},"content":{"rendered":"

Por Nicolas Boeglin (*)<\/em><\/p>\n

Una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en Am\u00e9rica Latina, desde varios a\u00f1os, busca considerar como delincuentes y acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo o cierre de calles, violencia callejera, da\u00f1os a la infraestructura, difamaci\u00f3n, etc…) a diversos l\u00edderes comunitarios, ind\u00edgenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. La discusi\u00f3n en Chile alrededor del proyecto de ley Hinzpeter entre el 2011 y 2013 ilustra esta tendencia (v\u00e9ase declaraci\u00f3n<\/strong><\/a> p\u00fablica de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Valdivia y nota<\/strong><\/a> de Redseca).<\/p>\n

Un reciente informe de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a>) del 2015 present\u00f3 la situaci\u00f3n particular de los defensores de los derechos humanos en el continente: son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que las que suelen enfrentar sindicalistas, campesinos, ecologistas, ind\u00edgenas, entre muchos otros movimientos.<\/p>\n

En otras palabras, qui\u00e9nes buscan defender de forma colectiva reclamos leg\u00edtimos no solamente deben sufrir todo tipo de amenazas e intimidaciones por parte de algunos sectores, sino adem\u00e1s, las que se gestan desde el mismo Estado. A mayor cercan\u00eda del Estado con esos sectores, mayor es el riesgo de que estas acciones criminalizantes del Estado prosperen … y que amenazas e intimidaciones de esos sectores se archiven o se desestimen.<\/p>\n

En este informe<\/strong><\/a> sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee algo que comparten muchos integrantes de colectivos sociales latinoamericanos:<\/p>\n

\u00abEl respeto por los derechos de las personas que demandan p\u00fablicamente al Estado implica proteger su integridad f\u00edsica \u2013responsabilidad m\u00e1s amplia, por otra parte, que la de \u201cno reprimir\u201d\u2013 y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecuci\u00f3n penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos hab\u00edan padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ra\u00fal Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento p\u00fablico al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad f\u00edsica<\/i>\u00bb (p. 24).<\/p>\n

La protesta social en Costa Rica<\/b><\/p>\n

En algunos informes sobre protesta social en Am\u00e9rica Latina, se puede leer, como en este informe<\/strong><\/a> auspiciado por el PNUD en el 2012, que : \u00bb \u00aben estos casos, como Chile y Costa Rica, hay pocos conflictos sociales, no tanto por la ausencia de necesidades y demandas, sino por la d\u00e9bil capacidad de movilizaci\u00f3n de los actores sociales<\/i>\u00bb (p. 27). Esta manera de enfocar el problema pareciera haber cambiado con el tiempo: hoy en Costa Rica, hay movilizaciones constantemente y las fotograf\u00edas de fuerzas de seguridad anti-motines frente a cartones o pancartas sostenidos por gremios o comunidades organizadas han venido a formar parte del acontecer informativo. Una unidad acad\u00e9mica registra, consigna y cuantifica estas acciones de protesta (v\u00e9ase sitio oficial<\/strong><\/a>).<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo ha reaccionado el Estado costarricense ante esos reclamos? Con ocasi\u00f3n de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Per\u00fa tambi\u00e9n se pod\u00eda apreciar en Costa Rica (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> del Semanario Universidad). En junio del 2015, el mismo Consejo Universitario de la UCR reafirm\u00f3 p\u00fablicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalizaci\u00f3n de la protesta social (v\u00e9ase pronunciamiento<\/strong><\/a>). En mayo del 2017, nuevamente debi\u00f3 de pronunciarse en t\u00e9rminos similares (v\u00e9ase pronunciamiento<\/strong><\/a> del 2 de mayo del 2017).<\/p>\n

El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto <\/b><\/p>\n

De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho p\u00fablico con mayor determinaci\u00f3n las diversas formas de intimidaci\u00f3n de la que son a menudo objeto sus integrantes (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> detallada elaborada por Kioscos Ambientales \/ UCR del 2012). Un estudio del Estado de La Naci\u00f3n pormenoriza la protesta ambiental en Costa Rica y sus causas en le per\u00edodo 1994-2013 (v\u00e9ase estudio<\/strong><\/a>).<\/p>\n

A pocos d\u00edas de acaecida la muerte de un j\u00f3ven bi\u00f3logo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Mo\u00edn, un art\u00edculo<\/strong><\/a> del 2013 del profesor Alvaro Sagot titulado \u00ab\u00bfEs peligroso ser ambientalista en Costa Rica?<\/i>\u00bb mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres a\u00f1os de la muerte de Jairo Mora, nos permit\u00edmos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (v\u00e9ase art\u00edculo<\/strong><\/a> publicado en Informa-tico).<\/p>\n

Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la regi\u00f3n latinomericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Per\u00fa contra una quincena de l\u00edderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de Pressenza). Con relaci\u00f3n a la pena de prisi\u00f3n impuesta a la dirigente argentina Milago Sala, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas se\u00f1al\u00f3 en el 2016 que:<\/p>\n

\u00abResulta sorprendente para el Grupo de Trabajo que diversas personas han presentado denuncias penales en 2016 por hechos de los que el Estado argentino supuestamente ten\u00eda conocimiento desde 2010 a partir de una auditor\u00eda y que sus efectos legales y procesales surtan efectos justo en el contexto en el que la Sra. Sala participa en una protesta social pac\u00edfica, y particularmente d\u00edas despu\u00e9s de que un juez estuviera por decretar su excarcelaci\u00f3n. Llama la atenci\u00f3n tambi\u00e9n al Grupo de Trabajo la informaci\u00f3n recibida acerca de que una de las personas que denuncian a la Sra. Sala expres\u00f3 que el testimonio lo ofreci\u00f3 por presiones y amenazas, al parecer porque dos de sus hijos est\u00e1n vinculados a delitos similares y respecto de quienes no ha habido consecuencias penales<\/i> \u00bb (punto 107 de Resoluci\u00f3n 31 del 2016, DocumentoA\/HRC\/WGAD\/2016\/31, disponible aqu\u00ed<\/strong><\/a>. Escoger \u00abS\u00bb para la versi\u00f3n en espa\u00f1ol).<\/p>\n

Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades<\/strong><\/p>\n

En a\u00f1os recientes, declaraciones de las m\u00e1ximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica di\u00f3 lugar a una violenta acci\u00f3n policial, plenamente justificada, seg\u00fan el Presidente de Costa Rica, qui\u00e9n brind\u00f3 declaraciones (en nuestra opini\u00f3n infortunadas) sobre lo que denomin\u00f3 \u00ablos que buscan camorra<\/b><\/i>\u00bb (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de La Naci\u00f3n).<\/p>\n

En octubre del 2010, su antecesora al cargo hab\u00eda llamado a los integrantes de la C\u00e1mara de Ganaderos de San Carlos a \u00abayudarla a luchar<\/i><\/b>\u00bb contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. N\u00f3tese que esta ins\u00f3lita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaraci\u00f3n o rectificaci\u00f3n alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremeti\u00f3 contra los \u00abmalos costarricenses<\/b><\/i>\u00bb opuestos a la construcci\u00f3n en condiciones sumamente cuestionables de la denominada \u00abtrocha fronteriza\u00bb: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciar\u00eda cu\u00e1n correcta fue la posici\u00f3n de las (pocas) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (v\u00e9ase declaraciones<\/strong><\/a> del jurista Alvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1<\/b>).<\/p>\n

En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, que evidenci\u00f3 un verdadero \u00abcontubernio Estado-empresa<\/b>\u00bb (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> del Semanario Universidad), la cercan\u00eda geogr\u00e1fica de este proyecto con Nicaragua dio lugar a interesantes coincidencias que plantean algunas interrogantes:<\/p>\n

– el segundo d\u00eda de una memorable audiencia en la Sala Contitucional en noviembre del 2009<\/b> coincidi\u00f3 con la publicaci\u00f3n de un art\u00edculo<\/strong><\/a> titulado \u00abLa mayor amenaza ambiental – El dragado del r\u00edo San Juan afecta el r\u00edo Colorado y los humedales<\/i>\u00bb suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Naci\u00f3n del 18 de noviembre del 2009;<\/p>\n

– la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010<\/b> en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto<\/i> de su sentencia<\/strong><\/a>, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reuni\u00f3n con organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.<\/p>\n

Muertes de ecologistas e impunidad rampante<\/b><\/p>\n

Con relaci\u00f3n a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a ra\u00edz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, hab\u00eda recomendado a las autoridades que:<\/p>\n

\u00abEl Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no est\u00e1 facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un per\u00edodo prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que s\u00ed hacen las comisiones de investigaci\u00f3n independientes<\/i>\u00bb<\/p>\n

(v\u00e9ase informe A\/HRC\/25\/53\/Add.1 del 8 de abril del 2014, pobremente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace<\/strong><\/a> de DerechoAlDia, punto 57).<\/p>\n

En sus recomendaciones finales, leemos (punto 67<\/b>) que:<\/p>\n

\u00abEl Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisi\u00f3n o un \u00f3rgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situaci\u00f3n actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera m\u00e1s adecuada de mejorar su protecci\u00f3n. Tal iniciativa podr\u00eda ser un modelo para muchos otros Estados respecto de la manera de abordar esta cuesti\u00f3n<\/i>\u00ab. Pocamente divulgadas en Costa Rica, esta y algunas otras recomendaciones muestran similar situaci\u00f3n con relaci\u00f3n a su implementaci\u00f3n por parte de las autoridades costarricenses.<\/p>\n

Al conmemorarse un a\u00f1o de la muerte de la lider ind\u00edgena hondure\u00f1a Berta C\u00e1ceres, en marzo del 2017, tuvimos la oportunidad de se\u00f1alar que el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2<\/b>).<\/p>\n

La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente<\/b><\/p>\n

Recientemente concluy\u00f3 (con la desestimaci\u00f3n de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: \u00bfsu \u00abdelito\u00bb? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad p\u00fablica insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Pese a una fuerte movilizaci\u00f3n que trascendi\u00f3 incluso las fronteras (v\u00e9ase petici\u00f3n en l\u00ednea<\/strong><\/a> del portal Change.org), el Ministerio P\u00fablico mantuvo inc\u00f3lume la acusaci\u00f3n penal contra los univesritarios.<\/p>\n

Parte de las supuestas \u00abpruebas<\/i>\u00bb presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo as\u00ed Costa Rica una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Per\u00fa y Guatemala (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de ElPais.cr del 19 de mayo y nota<\/strong><\/a> de Teletica del 22 de mayo del 2017). Si bien cinco fueron los imputados, m\u00e1s de treinta personas fueron capturadas durante la manifestaci\u00f3n, como se puede apreciar en esta nota<\/strong><\/a> publicada por NODAL (Argentina) en el 2015:<\/p>\n

\u00abEl 08 de noviembre de 2012 finaliz\u00f3 con la detenci\u00f3n ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana despu\u00e9s; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios pol\u00edticos en su contra con cargos penales por s\u00f3lo el hecho de estar en la manifestaci\u00f3n por la defensa de la CCSS ese d\u00eda<\/i>\u00ab.<\/p>\n

N\u00f3tese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios p\u00fablicos responsables de graves irregularidades: en este art\u00edculo<\/strong><\/a> del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta pol\u00edtica, se lee que: \u00abGadi Amit, dirigente de la organizaci\u00f3n Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los \u00fanicos que fueron acusados penalmente son los compa\u00f1eros de Sardinal que fueron detenidos por la polic\u00eda en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comit\u00e9 de defensa del agua de Sardinal fueron sobrese\u00eddos, pero otros cuatro, por inadecuada asesor\u00eda legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, a\u00f1adi\u00f3<\/i>\u00ab.<\/p>\n

La protesta social ante un debate p\u00fablico<\/b><\/p>\n

En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresi\u00f3n, Comunicaci\u00f3n y Democracia <\/b>(v\u00e9ase nota con programa completo y formulario de inscripci\u00f3n<\/strong><\/a> editada por Surcos Digital), una mesa redonda ser\u00e1 dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica. En ella se analizar\u00e1 la situaci\u00f3n de qui\u00e9nes, Constituci\u00f3n en mano muchas veces, claman por el respeto a sus leg\u00edtimos derechos ante la sinraz\u00f3n estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).<\/p>\n

Tambi\u00e9n se abordar\u00e1n algunas figuras legales en materia penal que, de manera m\u00e1s sutil, buscan inhibir e intimidar a qui\u00e9nes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota<\/strong><\/a> de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamaci\u00f3n contra el lider comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa pi\u00f1era operando en Siquirres, se lee que:<\/p>\n

\u00abComo ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis reto\u00f1os d\u00e1ndome muchos nietos, no estoy en condici\u00f3n de permitir que esta empresa quede impune ante tanto da\u00f1o a la comunidad\u201d, se\u00f1ala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia<\/i>\u00ab. La demanda penal por presunta difamaci\u00f3n fue interpuesta en el 2009 por declaraciones dadas por Carlos Arguedas ante el Consejo Municipal de su localidad, acompa\u00f1ada de una demanda civil resarcitoria por 10 millones de colones (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de Kioscos Ambientales).<\/p>\n

En este enlace<\/strong><\/a> de FECON se detallan los da\u00f1os causados a la comunidad por parte de la empresa pi\u00f1era. En siete ocasiones, los abogados de la empresa pi\u00f1era no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleci\u00f3 en el 2011 sin que el juicio reanudara. En el 2015, cansadas de esperar desde el 2007 una resoluci\u00f3n al problema del agua contaminada, las comunidades de Siquirres acudieron a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> sobre audiencia celebrada en marzo del 2015).<\/p>\n

La \u00abt\u00e9cnica<\/i>\u00bb consistiendo en no presentarse a audiencias por parte de los abogados de las empresas que demandan a personas se volvi\u00f3 a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acus\u00f3 penalmente en el 2011 por presunta difamaci\u00f3n a cinco personas: un lider comunitario, dos profesores universitarios y dos diputados. En un art\u00edculo<\/strong><\/a> de opini\u00f3n suscrito por tres de ellas, titulado \u00abAudiencias con el Infinito: ausencias…<\/b>\u00bb , se lee que:<\/p>\n

\u00ablos suscritos quisi\u00e9ramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos raz\u00f3n alguna para retractarnos. De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de \u201cenga\u00f1ar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca\u201d, o de tener alguna animadversi\u00f3n particular que califique como \u201canimus difamandi\u201d para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre busc\u00f3 desmenuzar, con base en el conocimiento t\u00e9cnico, cient\u00edfico y jur\u00eddico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente<\/i>\u00ab.<\/p>\n

En el caso de uno de los acusados, la empresa no envi\u00f3 a su representante legal en cinco ocasiones (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> de la Prensa Libre de noviembre del 2016).<\/p>\n

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Foto de marcha en san Jos\u00e9 en contra del proyecto minero de Crucitas en Costa Rica referenciada en este art\u00edculo <\/a>del Tico Times.<\/em><\/p><\/div>\n

A continuaci\u00f3n, remitimos el lector al programa del foro que tendr\u00e1 lugar sobre la protesta social este pr\u00f3ximo 14 de junio del 2017<\/b> en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:<\/p>\n

Cuarta Mesa Redonda, Mi\u00e9rcoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR<\/b><\/p>\n

\u201cProtesta social como manifestaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n\u201d<\/i><\/p>\n

Primera exposici\u00f3n<\/b>: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedr\u00e1tico Escuela de Biolog\u00eda, UCR<\/p>\n

Segunda exposici\u00f3n<\/b>: Dr. Nicol\u00e1s Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional P\u00fablico, Facultad de Derecho, UCR<\/p>\n

Comentarista<\/b>: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigaci\u00f3n en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED<\/p>\n

Moderador<\/b>: Dr. Jorge Blanco Rold\u00e1n<\/p>\n

El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresi\u00f3n total al no querer reconocer m\u00e1s el derecho a la participaci\u00f3n ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (v\u00e9ase nota<\/strong><\/a> del Semanario Universidad de febrero del 2017 as\u00ed como breve nota<\/strong><\/a> nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente art\u00edculo de opini\u00f3n<\/strong><\/a> del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta l\u00ednea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.<\/p>\n

\"\"

Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil<\/strong> en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta ins\u00f3lita propuesta de las autoridades sanitarias, v\u00e9ase art\u00edculo de Gabriela Cuadrado, \u00abLegalizaci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n de aguas para consumo humano (caso del diur\u00f3n y el bromacil)\u00bb,<\/strong> Ambientico (UNA), N\u00famero 177<\/a>, 2008, pp.11-12<\/em><\/p><\/div>\n

— Notas —<\/p>\n

Nota 1<\/b>: En este an\u00e1lisis<\/strong><\/a> del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcci\u00f3n de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la \u00e9poca, en un clima hostil ante cualquier cr\u00edtica a la denominada \u201ctrocha\u201d, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociaci\u00f3n Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociaci\u00f3n Conservacionista Yiski, Comit\u00e9 Bandera Azul Ecol\u00f3gica de San Miguel de Santo Domingo, Comit\u00e9 C\u00edvico de Ca\u00f1as, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patri\u00f3tico Juanito Mora, Palabra Cero y la Uni\u00f3n Norte por la Vida (UNOVIDA) (v\u00e9ase texto<\/strong><\/a> de comunicado colectivo).<\/p>\n

Nota 2<\/b>: V\u00e9ase nuestro breve art\u00edculo<\/strong><\/a> publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: \u00abA un a\u00f1o del asesinato de Berta C\u00e1ceres: impunidad campante<\/i>\u00ab. N\u00f3tese que para la conmemoraci\u00f3n del cuarto a\u00f1o de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oy\u00f3 de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.<\/p>\n

 <\/p>\n

(*) Profesor de Derecho Internacional P\u00fablico, Facultad de Derechos, Universidad de Costa Rica (UCR)\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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