{"id":437858,"date":"2017-03-02T16:27:31","date_gmt":"2017-03-02T16:27:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=437858\/"},"modified":"2017-03-02T16:27:31","modified_gmt":"2017-03-02T16:27:31","slug":"dan-conocer-informe-situacion-la-violencia-policial-estados-latinoamericanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2017\/03\/dan-conocer-informe-situacion-la-violencia-policial-estados-latinoamericanos\/","title":{"rendered":"Dan a conocer informe sobre situaci\u00f3n de la violencia policial en estados latinoamericanos"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>El estudio, coordinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), considera informaci\u00f3n de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, M\u00e9xico, Paraguay, Per\u00fa y Venezuela, lo que permite obtener una panor\u00e1mica regional sobre el tema.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 02 de marzo de 2017<\/strong><\/p>\n<p>Hoy fue lanzado a nivel internacional el informe <strong>\u201cLos estados latinoamericanos frente a la protesta social\u201d<\/strong>, estudio coordinado Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, y que considera la participaci\u00f3n de organizaciones de derechos humanos de ese pa\u00eds, adem\u00e1s de Brasil, Chile, Colombia, M\u00e9xico, Paraguay, Per\u00fa y Venezuela.<\/p>\n<p>Teniendo presente que el derecho a la protesta constituye un derecho fundamental para el ejercicio y exigibilidad de otros derechos, y que \u00e9ste se encuentra configurado por los derechos a la libertad de expresi\u00f3n, de asociaci\u00f3n y de reuni\u00f3n pac\u00edfica, la investigaci\u00f3n logra constatar que, \u201ccon distintos niveles de gravedad, la respuesta estatal violenta, la criminalizaci\u00f3n de los militantes y activistas, las pol\u00edticas p\u00fablicas que buscan limitar o restringir las protestas y manifestaciones y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos son caracter\u00edsticas comunes a todos los pa\u00edses analizados\u201d.<\/p>\n<p>Asimismo, se perciben \u201cpatrones hist\u00f3ricos que persisten -entre ellos, el uso abusivo de la fuerza y la criminalizaci\u00f3n-, y nuevas tendencias -entre ellas, las regulaciones para limitar las protestas-\u201d, que restringen el ejercicio de este derecho. Donde si bien existen algunas experiencias que \u201cmuestran la voluntad de desarrollar mecanismos democr\u00e1ticos de gesti\u00f3n de los conflictos; sin embargo, en muchos casos tuvieron dificultades para transformarse en pol\u00edticas p\u00fablicas con continuidad\u201d, agrega.<\/p>\n<p><strong>Temas observados y la situaci\u00f3n de Chile<\/strong><\/p>\n<p>Con el prop\u00f3sito de permitir una visi\u00f3n comparada entre los ocho pa\u00edses en estudios, la investigaci\u00f3n aborda aspectos normativos \u2013restricciones legales y administrativas-, as\u00ed como disposiciones y legislaciones especiales utilizadas en algunos de ellos, como son la necesidad de aviso previo para manifestarse y el uso de leyes antiterroristas.<\/p>\n<p>En el caso de Chile, el estudio cont\u00f3 con la participaci\u00f3n del Observatorio Ciudadano y la Corporaci\u00f3n Humanas, donde se constata uno de los casos m\u00e1s graves de aplicaci\u00f3n de este tipo de leyes especiales, \u201cque prev\u00e9 las penas m\u00e1s altas del ordenamiento jur\u00eddico, opera bajo normas procesales que no se adecuan a los est\u00e1ndares de derechos humanos, como el uso de testigos de la acusaci\u00f3n an\u00f3nimos o \u201csin rostro\u201d y la extensi\u00f3n de la detenci\u00f3n preventiva. En una sentencia sobre el uso de esta ley en contra de referentes del pueblo mapuche, la Corte Interamericana de Derechos Humanos\u00a0 concluy\u00f3 que esta norma vulnera garant\u00edas procesales b\u00e1sicas como la presunci\u00f3n de inocencia y el derecho a responder en libertad, adem\u00e1s de que su aplicaci\u00f3n se basaba en estereotipos y prejuicios relacionados al origen \u00e9tnico de los involucrados\u201d.<\/p>\n<p>Al respecto, el director del Observatorio Ciudadano, Jos\u00e9 Aylwin, destac\u00f3 que \u201cel informe aborda uno de los d\u00e9ficit m\u00e1s graves de nuestro pa\u00eds en materia de derechos humanos, toda vez que la protesta social, que es expresi\u00f3n de derechos a la libertad de expresi\u00f3n, de asociaci\u00f3n y de reuni\u00f3n pac\u00edfica, sigue estando limitada de m\u00faltiples maneras. Una de ellas es la permanencia del Decreto Supremo 1.086 de 1983, que establece la necesidad de obtener autorizaci\u00f3n previa para el ejercicio del derecho de reuni\u00f3n en lugares de uso p\u00fablico. Ello constituye una\u00a0 paradoja, dado que la propia Constituci\u00f3n garantiza el derecho a re\u00f1irse pac\u00edficamente sin permiso previo\u00b7\u201d, recalc\u00f3.<\/p>\n<p>Otra aspecto \u201ces el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales del Estado, el que se ha pasado a constituir una pr\u00e1ctica, en particular en la represi\u00f3n de manifestaciones p\u00fablicas, y que ha resultado en casos de muerte, tortura y tratos crueles y degradantes, que han sido documentadas por entidades como el INDH. Dicha fuerza ha tenido particular gravedad trat\u00e1ndose de mujeres, ni\u00f1os e integrantes de pueblos ind\u00edgenas, lo que denota un trato discriminatorio en su contra\u201d. A ello se agrega, \u201cla impunidad generada por la vigencia, hasta hace poco, de legislaci\u00f3n que permit\u00eda a la justicia militar conocer de estos delitos, lo que sin duda contribu\u00eda a la persistencia de esta realidad\u201d. Finalmente, \u201cla criminalizaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la ultilizaci\u00f3n de figuras penales como la ley sobre conductas terroristas, de defensores de derechos humanos en el ejercicio de la protesta social, sigue constituy\u00e9ndose en un hecho cr\u00edtico para el ejercicio de este derecho. Por todo lo anterior, es que consideramos de la mayor importancia el conocimiento de este informe por las distintas instancias del Estado, a fin de que se adopten las reformas necesarias para garantizar el ejercicio de la protesta social pac\u00edfica en el pa\u00eds\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n<p>Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano y tambi\u00e9n parte del equipo de investigadores del informe, Felipe Guerra, sostiene que \u201ceste estudio presenta una gran cantidad de informaci\u00f3n actualizada sobre las tendencias en el tratamiento del derecho a la protesta en los diversos Estados Latino Americanos en los \u00faltimos a\u00f1os. Sin embargo, la realidad com\u00fan a los pa\u00edses latinoamericanos es que los Estados suelen responder utilizando la fuerza para contener y controlar las manifestaciones, expresiones pol\u00edticas y demandas de grupos marginados de los canales formales de di\u00e1logo. En este sentido, el caso de Chile es paradigm\u00e1tico. El marco jur\u00eddico nacional presenta graves deficiencias respecto a la regulaci\u00f3n que hace del ejercicio de los derechos vinculados a la protesta social. Algunas de estas deficiencias se encuentran inscritas en la regulaci\u00f3n constitucional. Otras, vienen dadas a nivel de desarrollo legal o reglamentario, pero que arrancan de las faltas de regulaci\u00f3n constitucional. Frente a esta situaci\u00f3n, las responsabilidades del Ejecutivo y el Congreso al no adoptar normas internas para adecuar la regulaci\u00f3n nacional del ejercicio de los derechos a la libertad de expresi\u00f3n y de reuni\u00f3n son evidentes\u201d, denunci\u00f3.<\/p>\n<p>Sin perjuicio de lo anterior, a\u00f1ade Guerra \u201cse observar un cambio positivo en la jurisprudencia reciente de las Cortes y el Tribunal Constitucional en orden a sostener, sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos, la competencia de la justicia ordinaria para conocer de los asuntos que involucran funcionarios policiales como imputados. Por lo mismo, es recomendable que los tribunales ordinarios apliquen estos importantes precedentes y sostengan su competencia en estos asuntos\u201d.<\/p>\n<p>El estudio es el resultado del trabajo colectivo de las siguientes organizaciones: Justic\u0327a Global, Brasil; Corporacio\u0301n Humanas, Chile; Observatorio Ciudadano, Chile; CAJAR- Colectivo de Abogados Jose\u0301 A\u0301lvarez Restrepo, Colombia; Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agusti\u0301n Pro Jua\u0301rez, Me\u0301xico; Fundar- Centro de Ana\u0301lisis e Investigacio\u0301n, Me\u0301xico; Frente por la Libertad de expresio\u0301n y la protesta social, Me\u0301xico; Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Paraguay; APRODEH- Asociacio\u0301n Pro Derechos Humanos, Peru\u0301; Provea- Programa Venezolano de Educacio\u0301n -Accio\u0301n en Derechos Humanos, Venezuela y CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.<\/p>\n<p>Las versiones en ingl\u00e9s y espa\u00f1ol del estudio, pueden ser descargadas desde los siguientes enlaces:<\/p>\n<p>ESPA\u00d1OL:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.cels.org.ar\/protestasocial_AL\/index.html\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=http:\/\/www.cels.org.ar\/protestasocial_AL\/index.html&amp;source=gmail&amp;ust=1488552396277000&amp;usg=AFQjCNHP_ia-3dtjxvznA9NjdRax1mBYQg\">http:\/\/www.cels.org.ar\/protestasocial_AL\/index.html<\/a><\/p>\n<p>INGL\u00c9S:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.cels.org.ar\/protestasocial_AL\/en.html\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?hl=es&amp;q=http:\/\/www.cels.org.ar\/protestasocial_AL\/en.html&amp;source=gmail&amp;ust=1488552396277000&amp;usg=AFQjCNGfYFD73KmQTLNdWNXrN3Kr8BKyYA\">http:\/\/www.cels.org.ar\/protestasocial_AL\/en.html<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El estudio, coordinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), considera informaci\u00f3n de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, M\u00e9xico, Paraguay, Per\u00fa y Venezuela, lo que permite obtener una panor\u00e1mica regional sobre el tema. 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