{"id":430780,"date":"2017-02-11T02:50:42","date_gmt":"2017-02-11T02:50:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/?p=430780\/"},"modified":"2017-02-13T16:46:39","modified_gmt":"2017-02-13T16:46:39","slug":"caso-manfred-amhrein-otros-vs-costa-rica-costa-rica-presenta-excepciones-preliminares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2017\/02\/caso-manfred-amhrein-otros-vs-costa-rica-costa-rica-presenta-excepciones-preliminares\/","title":{"rendered":"Caso Manfred Amhrein y otros vs Costa Rica: Costa Rica presenta excepciones preliminares"},"content":{"rendered":"

Por Nicolas Boeglin (*)<\/em><\/p>\n

En audiencias celebradas el 8 de febrero de 2017 en San Jos\u00e9 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica present\u00f3 excepciones preliminares para evitar que la Corte se pronuncie sobre el caso Manfred Amrhein y otros vs Costa Rica<\/i>. Como bien se sabe, las excepciones preliminares constituyen una figura procesal que aceptan todas las jurisdicciones internacionales, mediante la cual un Estado puede presentar diversos argumentos jur\u00eddicos cuestionando la competencia del juez internacional. Ello obedece a la idea que ning\u00fan Estado puede ser demandado ante una jurisdicci\u00f3n internacional si no ha dado su pleno consentimiento previo para ello. No obstante, el recurso a esta figura legal debiera ser siempre objeto de una cuidadosa valoraci\u00f3n por parte de los Estados: intentar evitar que la justicia internacional se pronuncie no siempre es bien percibido por parte del juez internacional.<\/p>\n

Los alegatos de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos<\/strong><\/p>\n

En su informe 33\/14 (ver texto completo<\/span><\/strong><\/a>), de abril del 2014, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos concluy\u00f3 su informe sobre este complejo caso, que inici\u00f3 en el 2004, de la siguiente manera, desglosando el tipo de violaciones a la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos que se presentan en este expediente:<\/p>\n

\u00bb 269<\/b>. En virtud del an\u00e1lisis de hecho y de derecho efectuado en el presente informe, la Comisi\u00f3n concluye que el Estado de Costa Rica es responsable por:<\/p>\n

1. La violaci\u00f3n del derecho a recurrir el fallo establecido en el art\u00edculo 8.2 h) de la Convenci\u00f3n Americana, en relaci\u00f3n con las obligaciones establecidas en los art\u00edculos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Manfred Amrhein, Ronald Fern\u00e1ndez, Carlos Osborne, Carlos Gonz\u00e1lez, Arturo Fallas, Rafael Rojas Madrigal, Carlos Eduardo Yepez Cruz, Luis Archbold Jay, Enrique Floyd Archbold Jay, Fernando Saldarriaga, Miguel Antonio Valverde, Guillermo Rodr\u00edguez Silva, Mart\u00edn Rojas Hern\u00e1ndez, Manuel Hern\u00e1ndez Quesada, Damas Vega Atencio, Miguel Mora Calvo y Jorge Mart\u00ednez Mel\u00e9ndez.<\/p>\n

2. La violaci\u00f3n del derecho a un juez imparcial establecido en el art\u00edculo 8.1 de la Convenci\u00f3n Americana, en relaci\u00f3n con las obligaciones establecidas en el art\u00edculo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Rafael Rojas Madrigal.<\/p>\n

3. La violaci\u00f3n del derecho a la libertad personal establecido en los art\u00edculos 7.1, 7.2 y 7.5 de la Convenci\u00f3n American, en relaci\u00f3n con las obligaciones establecidas en el art\u00edculo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Mart\u00ednez.<\/p>\n

4. La violaci\u00f3n del derecho a la integridad personal establecido en los art\u00edculos 5.1 y 5.2 de la Convenci\u00f3n Americana, en relaci\u00f3n con las obligaciones establecidas en el art\u00edculo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Rafael Rojas Madrigal, respecto de la ausencia de acceso a servicios de salud, as\u00ed como en perjuicio de todas las v\u00edctimas del presente caso que han cumplido su condena en el CAI La Reforma, por las condiciones de detenci\u00f3n en dicho lugar\u00bb.<\/i><\/p>\n

Al someter el caso a la Corte en noviembre del 2014, la Comisi\u00f3n indic\u00f3 que: \u00abEl caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisi\u00f3n amplia de las condenas penales impuestas a diecisiete personas<\/b>. En efecto, conforme al marco procesal penal vigente al momento de las referidas condenas, el recurso existente era el recurso de casaci\u00f3n que se encontraba limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisi\u00f3n de cuestiones de hecho y prueba. Asimismo, la Comisi\u00f3n consider\u00f3 que las dos reformas legislativas adoptadas por el Estado con posterioridad a dichas sentencias tampoco permitieron garantizar el derecho a recurrir el fallo de las v\u00edctimas, en tanto los mecanismos ofrecidos para las personas con condena en firme antes de dichas reformas, adolecieron de las mismas limitaciones<\/i>\u00bb (ver carta<\/span><\/strong><\/a> del 28 de noviembre del 2014).<\/p>\n

Es de se\u00f1alar que en el precitado informe 33\/14 de abril del 2014 de la Comisi\u00f3n, ya se indicaba que Costa Rica present\u00f3 varias excepciones preliminares, sin mayor \u00e9xito. El mismo informe tambi\u00e9n inclu\u00eda un peque\u00f1o recordarorio a Costa Rica relacionado con los derechos de las personas privadas de libertad, que la Comisi\u00f3n consider\u00f3 \u00fatil a\u00f1adir. Se lee de la siguiente manera:<\/p>\n

\u00ab253.<\/b> La Comisi\u00f3n recuerda que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente, con irrestricto apego a la dignidad inherente al ser humano, a sus derechos y garant\u00edas fundamentales, y en observancia de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Asimismo, ambos \u00f3rganos del sistema han establecido que frente a personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posici\u00f3n especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia<\/i>\u00bb<\/p>\n

La posici\u00f3n de Costa Rica ante la Corte Interamericana<\/b><\/p>\n

Seg\u00fan se pudo leer en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica con fecha del 8 de febrero del 2017 (v\u00e9ase texto completo<\/span><\/strong><\/a>), Costa Rica present\u00f3 cinco excepciones preliminares:<\/p>\n

\u00abEn su Escrito de Contestaci\u00f3n a la Corte, presentado el 5 de febrero de 2016, el Estado costarricense interpuso cinco excepciones preliminares, detallando en cada una de ellas los argumentos respectivos y sustentando las faltas de la Comisi\u00f3n al debido proceso, a la equidad procesal de la partes y al derecho de defensa del Estado. Adem\u00e1s, el Estado ha argumentado ante la Corte IDH que, con el sometimiento del Caso Amrhein a la Corte por parte de la Comisi\u00f3n, se reabre a discusi\u00f3n el Sistema Procesal Penal costarricense, que fue reformado precisamente para cumplir con lo dispuesto por la Corte IDH en la Sentencia Herrera Ulloa de 2004. El Estado toma con mucha seriedad el Caso, no solamente porque se ha lesionado su derecho de defensa, sino porque pone en entre dicho los equilibrios procesales del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos<\/i>.\u00bb<\/p>\n

Cabe recordar que de los diversos argumentos esgrimidos por Costa Rica, la pretendida falta de equilibrio procesal fue una de las razones que motivaron a la Corte a convocar a las partes a una audiencia preliminar sobre estas excepciones preliminares en el 2016 (ver punto 8 de resoluci\u00f3n<\/span><\/strong><\/a> de la Corte del 17 de noviembre del 2016).<\/p>\n

Una etapa procesal que se abre dentro del procedimiento contencioso ante la Corte <\/b><\/p>\n

Esta fase preliminar dentro del procedimiento contencioso se concluir\u00e1 con una primera decisi\u00f3n del juez interamericano sobre su competencia (o sobre su incompetencia). Usualmente los Estados se presentan a la barra en San Jos\u00e9 presentando excepciones preliminares, sin lograr mayor resultado a su favor. Uno de los pocos casos en los que un Estado s\u00ed logr\u00f3 que la Corte se declarara incompetente fue Per\u00fa en el caso Cayara, al demonstrar que la Comisi\u00f3n no someti\u00f3 el caso ante la Corte dentro de los tres meses despu\u00e9s de notificar el informe preliminar al Estado para su fiel cumplimiento (Caso Cayara vs. Per\u00fa<\/i>. sentencia sobre excepciones preliminares<\/span><\/strong><\/a> del 3 de febrero de 1993, p\u00e1rrafo 60 y 61). Se trata no obstante de un \u00ab\u00e9xito\u00bb relativo de Per\u00fa, en una \u00e9poca en la que sus autoridades eran llamadas de forma reiterada a comparecer en San Jos\u00e9 debido a las numerosas violaciones a los derechos humanos y al patr\u00f3n generalizado de impunidad prevaleciente. Por su parte, Costa Rica ya hab\u00eda presentado excepciones preliminares con ocasi\u00f3n del caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica<\/i> (v\u00e9ase texto<\/span><\/strong><\/a> de la sentencia de la Corte, 2004, p\u00e1rrafos 75-76), sin obtener mayor \u00e9xito.<\/p>\n

Trat\u00e1ndose del Estado que hospeda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su capital San Jos\u00e9, y que, al ser el primero en albergar a la primera jurisdicci\u00f3n internacional creada en la historia (la Corte de Justicia Centroamericana 1907-1917), siempre se ha destacado por la defensa de la justicia internacional y la causa de los derechos humanos, la estrategia de Costa Rica puede sorprender. El hecho que este caso est\u00e9 relacionado con la posibilidad de apelar sentencias condenatorias en materia penal, tema en el que Costa Rica ha sido bastante lenta en acatar lo dispuesto en la sentencia Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica<\/i> del 2004 (ver texto<\/span><\/strong><\/a> de la sentencia) posiblemente sea tomado en cuenta al momento de examinar las excepciones preliminares de Costa Rica. Finalmente, un elemento reciente (del que han tomado nota las diversas instancias interamericanas de derechos humanos) es el hecho que Costa Rica se mantuvo durante mas de dos a\u00f1os y medio sin acatar lo ordenado en materia de Fecundaci\u00f3n in Vitro (FIV) por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre del 2012 (v\u00e9ase modesta nota<\/span><\/strong><\/a> nuestra del 2012 al respecto).<\/p>\n

En una opini\u00f3n publicada por el recientemente estrenado blog de la Asociaci\u00f3n Costarricense de Derecho Internacional (ACODI), el autor se inclina por se\u00f1alar que las probabilidades de que la Corte se declare competente son altas (v\u00e9ase art\u00edculo de Jorge Alberto Ulloa Cordero, titulado \u00abUna encrucijada de derechos humanos en el proceso penal costarricense: sobre admitir una violaci\u00f3n u oponerse a ella por el alto costo que implicar\u00eda<\/i>\u00ab, disponible aqu\u00ed<\/span><\/strong><\/a>). Se lee adem\u00e1s que para el autor, \u00abParece ser que esto es a lo que los agentes del Estado costarricense tanto temen y que motiv\u00f3 -pol\u00edticamente, pero por medios jur\u00eddicos- el cambio de posici\u00f3n sobre oponer cuanta excepci\u00f3n previa existiera, con el fin de que la Corte IDH no entre a conocer el fondo del asunto o, simplemente, retrasar su resoluci\u00f3n el mayor tiempo posible (esperando que le quede \u201cla torta\u201d a otro Gobierno).<\/i>\u00bb<\/p>\n

Seg\u00fan el mismo autor, el Poder Judicial costarricense ha tenido la posibilidad de remediar la situaci\u00f3n de las sentencias anteriores a la entrada en vigor en el 2011 de la reforma penal (la cual fue adoptada en el 2010): \u00abDe todas formas, por mandato del control de convencionalidad y la obligaci\u00f3n de effect utile de la CADH -siendo que ya existen precedentes contestes en cuanto a que la casaci\u00f3n cerrada y abierta no eran verdaderos recursos contra la sentencia penal- deber\u00edan los Tribunales costarricenses abrir motu proprio el recurso de apelaci\u00f3n para TODOS los casos anteriores al 2011<\/i>\u00ab.<\/p>\n

Notemos que en una alocuci\u00f3n ante los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciada en febrero del 2016 (ver texto<\/span><\/strong><\/a> completo), el actual Jefe del Estado costarricense se refiri\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos al control de convencionalidad<\/b>:<\/p>\n

\u00abLa tercera contribuci\u00f3n que deseo destacar es la consolidaci\u00f3n del control de convencionalidad. Es aceptada la obligaci\u00f3n de las autoridades judiciales y administrativas de cada Estado de aplicar directamente los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, as\u00ed como la jurisprudencia y los precedentes emanados de la Corte Interamericana. En el caso Almonacid Arellano vs Chile, de 2006, la Corte estableci\u00f3 el deber que tienen las autoridades nacionales de realizar el control de convencionalidad en el ejercicio cotidiano de sus funciones. Como Estado sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica tiene un compromiso a\u00fan mayor de efectuar el control de convencionalidad. Nuestras autoridades nacionales son las primeras llamadas a aplicar debidamente el Corpus Iuris interamericano en materia de Derechos Humanos<\/i>\u00bb<\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n<\/b><\/p>\n

Pese a esta c\u00e1lida recepci\u00f3n presidencial al control de convencionalidad, un tema que ha generado un fuerte debate entre algunos sectores dentro del Poder Judicial en Costa Rica (Nota 1<\/b>), no cabe duda que el caso Manfred Amrhein y otros vs Costa Rica<\/i> constituye un desaf\u00edo para el sistema judicial costarricense, para su sistema penal, incluyendo la administraci\u00f3n penitenciaria, objeto de diversos se\u00f1alamientos desde hace ya muchos a\u00f1os en cuanto a las condiciones que imperan en materia de detenci\u00f3n (Nota 2<\/b>). El \u00ab caos total <\/b><\/i>\u00bb al que refiere el ex Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (ver nota<\/span><\/strong><\/a> de La Naci\u00f3n) si se le da tr\u00e1mite a esta demanda da una idea de la magnitud del problema. Empero, como se indic\u00f3 anteriormente, el mismo Poder Judicial tuvo la posibilidad de remediar la situaci\u00f3n. Ante este sombr\u00edo panorama, es entendible que las autoridades de Costa Rica hayan presentado la mayor cantidad de excepciones preliminares para evitar que la Corte Interamericana de Derehos Humanos se pronuncie sobre el fondo. No obstante, como ya tuvimos la oportunidad de se\u00f1alarlo en ocasiones anteriores con relaci\u00f3n al juez internacional (y su particular sensibilidad), el recurso a la figura de las excepciones preliminares siempre debiera de ser cuidadosamente valorado y sopesado por el Estado: lo coloca en una situaci\u00f3n delicada si, por alguna raz\u00f3n, la Corte se declara competente (Nota 3<\/b>).<\/p>\n

—Notas—-<\/p>\n

Nota 1<\/b>: Sobre la aplicaci\u00f3n de esta figura en el ordenamiento jur\u00eddico costarricense, remitimos a una reciente t\u00e9sis de Licenciatura de la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) que realiza un minucioso y profundo an\u00e1lisis del tema: AMADOR GARITA C.<\/b> y RODRIGUEZ MATA N. D.<\/b>, \u00abEl control de convencionalidad en Costa Rica: propuesta de aplicaci\u00f3n por los jueces ordinarios. An\u00e1lisis comparado desde la perspectiva del derecho internacional p\u00fablico<\/i>\u00ab, noviembre del 2016, T\u00e9sis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, 627 p\u00e1ginas. De particular inter\u00e9s resulta el an\u00e1lisis de la jurisprudencia de la Sala Tercera (Penal) (pp.463-478), del debate interno que se deja entrever en varios votos individuales y notas separadas de magistrados de la Sala Cuarta (Constitucional) (pp. 510-539). De manera extremadamente ilustradora, se recomienda la lectura de un inusual debate generado en el 2016 en el seno de la misma Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia sobre la procedencia de sancionar a un juez disciplinariamente por practicar … el control de convencionalidad (pp.540 y subsiguientes).<\/p>\n

Nota 2<\/b>: V\u00e9ase BOEGLIN N.<\/b>, \u00abDerechos humanos y c\u00e1rceles en Costa Rica. Con motivo del estreno de \u201cLa Isla de los Hombres Solos<\/i>\u201d \u00ab, DerechoalD\u00eda, 8 de septiembre del 2016, texto disponible aqu\u00ed<\/span><\/strong><\/a> y nuestro art\u00edculo, \u00abDerechos humanos y c\u00e1rceles en Costa Rica: breves reflexiones<\/i>\u00ab, RIDH, 21 de septiembre del 2016, texto disponible aqu\u00ed<\/span><\/strong><\/a>.<\/p>\n

Nota 3<\/b>: V\u00e9ase BOEGLIN N.<\/b>, \u00abNicaragua \/ Colombia: la CIJ se declara competente<\/i>\u00ab, Ius360, 24 de marzo del 2016, texto disponible aqu\u00ed<\/span><\/strong><\/a>.<\/p>\n

(*) Profesor de Derecho Internacional P\u00fablico, Facultad de Derecho, UCR<\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Nicolas Boeglin (*) En audiencias celebradas el 8 de febrero de 2017 en San Jos\u00e9 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica present\u00f3 excepciones preliminares para evitar que la Corte se pronuncie sobre el caso Manfred Amrhein…<\/p>\n","protected":false},"author":1329,"featured_media":430781,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[69,79,161],"tags":[2842,15609,34925],"class_list":["post-430780","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-america-central","category-derechos-humanos","category-opiniones","tag-costa-rica","tag-costa-rica-es","tag-manfred-amhrein"],"yoast_head":"\nCaso Manfred Amhrein y otros vs Costa Rica: Costa Rica presenta excepciones preliminares<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Por Nicolas Boeglin (*) En audiencias celebradas el 8 de febrero de 2017 en San Jos\u00e9 ante la Corte 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