{"id":392858,"date":"2016-11-04T11:19:29","date_gmt":"2016-11-04T11:19:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/es\/?p=392858"},"modified":"2016-11-04T11:20:18","modified_gmt":"2016-11-04T11:20:18","slug":"caso-baulas-contra-costa-rica-ciadi-se-declara-incompetente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2016\/11\/caso-baulas-contra-costa-rica-ciadi-se-declara-incompetente\/","title":{"rendered":"Caso Baulas contra Costa Rica: CIADI se declara incompetente\u2026"},"content":{"rendered":"

Caso Baulas contra Costa Rica: CIADI se declara incompetente para algunos terrenos objeto de supuesta expropiaci\u00f3n y se reserva estudio para indemnizaci\u00f3n de otros<\/strong><\/p>\n

El pasado viernes 28 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros y Estado (m\u00e1s conocido por sus siglas CIADI o en ingl\u00e9s ICSID) dio a conocer su decisi\u00f3n provisional con relaci\u00f3n a la supuesta expropriaci\u00f3n de varios terrenos ubicados cerca del Parque Nacional Las Baulas, Guanacaste, en Costa Rica en el caso Spence International Investments, LLC, Berkowitz, et Al (Demandantes) c. Costa Rica (Demandada), Caso CIADI No. UNCT\/13\/2.<\/em> En su decisi\u00f3n, el tribunal arbitral del CIADI descarta 18 terrenos del examen y se reserva la posibilidad de declararse competente para los 8 restantes (ver texto completo de la decisi\u00f3n provisional del tribunal del CIADI en ingl\u00e9s<\/a> y en espa\u00f1ol<\/a>).<\/p>\n

Sobre el t\u00e9rmino de \u00abexpropiaci\u00f3n<\/strong>\u00bb usado por los demandantes y por varios mbedios de prensa y analistas, es muy probable que algunos de estos terrenos no fueron \u00abexpropiados\u00bb (t\u00e9rmino usado cuando un terreno privado pasa a ser propiedad estatal) en la medida en que el Estado siempre permaneci\u00f3 como titular y propietario de estos seg\u00fan la legislaci\u00f3n en vigor. La limitaci\u00f3n de uso de suelo de un terreno a veces suele ser considerada ante el CIADI como equivalente a una expropiaci\u00f3n. Se debe advertir al lector que, ante el CIADI as\u00ed como ante otros \u00f3rganos arbitrales, varios t\u00e9rminos suelen usarse de manera impropia: por ejemplo, el rechazo de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a una minera canadiense por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2005 di\u00f3 lugar a una demanda ante el CIADI por parte de la empresa Vanessa Ventures aduciendo una \u00abnacionalizaci\u00f3n<\/strong>\u00bb de su proyecto minero. Notemos que esta demanda fue retirada por la empresa canadiense en octubre del 2005, sin que a la fecha de hoy se tenga mayor claridad sobre las \u00abnegociaciones\u00bb a las que se refirieron sus abogados al notificar el retiro de la demanda a la Secretar\u00eda del CIADI (Nota 1<\/strong>).<\/p>\n

\"baulapsmapa\"<\/p>\n

En Guanacaste, as\u00ed como en algunas otras partes de Costa Rica, inversionistas nacionales y extranjeros son a veces llevados a comprar terrenos que, por su ubicaci\u00f3n, no pueden sino pertenecer al Estado (en su totalidad o de forma parcial); tambi\u00e9n se puede tratar de terrenos colindantes con la playa que cuentan con una serie de limitaciones con relaci\u00f3n al uso de suelo, seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente. Paralelamente a ello, presiones pol\u00edticas dentro de las entidades p\u00fablicas del Estado costarricense tendientes a favorecer a un determinado proyecto y a hacer a un lado la legislaci\u00f3n ambiental vigente, culminan con actos administrativos del mismo Estado contradictorios con su propia reglamentaci\u00f3n. Recordemos que en el 2007, la Secretar\u00eda T\u00e9cnica Nacional del Ambiente (SETENA) fue \u00abintervenida\u00bb por el titular de la cartera de Competitividad, para aplicar un \u00bb bistur\u00ed<\/strong><\/em> \u00bb a dicha entidad t\u00e9cnica ambiental (ver nota<\/a> de El Financiero de noviembre del 2007). En un estudio<\/a> que tuvimos la oportunidad de realizar para el Estado de la Naci\u00f3n<\/em> sobre la extra\u00f1a tendencia del Estado de desacatar sentencias ordenadas por sus propios tribunales en materia de recurso h\u00eddrico, se citaba a uno de los integrantes de la Comisi\u00f3n Plenaria de la SETENA de aquelle \u00e9poca, qui\u00e9n afirm\u00f3 p\u00fablicamente: \u201cEntonces en nombre de la inversi\u00f3n extranjera ha habido presiones para que aceleremos los an\u00e1lisis, para que en esa \u201ccompetitividad\u201d saquemos proyectos con cierta premura, y con esto corremos el riesgo de que no se hagan los an\u00e1lisis debidamente, y por estas presiones creo que ah\u00ed pudimos haber tenido debilidades (sic.)\u201d<\/em> (p.18, nota 58).<\/p>\n

Durante esta misma \u00e9poca en la que se promocion\u00f3 una muy publicitada \u00abPaz con la Naturaleza\u00bb<\/em> (2006-2010), merece tambi\u00e9n menci\u00f3n un caso llevado al conocimiento del juez constitucional: el del Proyecto tur\u00edstico Punta Cacique, declarado \u00abde conveniencia nacional e inter\u00e9s p\u00fablico\u00bb<\/em> por el Poder Ejecutivo. El juez constitucional, en el 2009, pareci\u00f3 aceptar la idea (a todas luces original) de galardonar proyectos privados con esta calidad con base en los estudios t\u00e9cnicos presentados por las entidades recurridas (Nota 2<\/strong>). Una decisi\u00f3n del tribunal contencioso administrativo (TCA) de noviembre del 2010 relacionada con un proyecto minero galardonado de igual forma por el Ejecutivo permitir\u00eda apreciar la seriedad de los estudios t\u00e9cnicos antes referidos (ver texto completo<\/a> de la decisi\u00f3n del TCA sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas).<\/p>\n

Con relaci\u00f3n al Parque Marino Las Baulas, en este n\u00famero<\/a> de la Revista Ambientico dedicado a la problem\u00e1tica de este parque nacional, uno de los articulistas expresa que: \u00ab… en el \u00e1rea de playa Grande, donde se ubica pr\u00e1cticamente la totalidad del Parque Baulas, la Universidad de Costa Rica estableci\u00f3 lo que luego confirm\u00f3 el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (Senara): la vulnerabilidad extrema del acu\u00edfero costero, lo que implica, conforme a la \u201cMatriz de criterios de uso seg\u00fan la vulnerabilidad a la contaminaci\u00f3n de acu\u00edferos para la protecci\u00f3n del recurso h\u00eddrico\u201d, que el uso recomendado del suelo es \u00fanicamente la conservaci\u00f3n absoluta. Ante esta realidad, y para evitar las consecuencias de la aplicaci\u00f3n de esta herramienta de planificaci\u00f3n y protecci\u00f3n del agua subterr\u00e1nea, la Junta Directiva de Senara public\u00f3 \u2013el \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del a\u00f1o pasado- un aviso en un peri\u00f3dico de circulaci\u00f3n nacional en el que niega la aplicaci\u00f3n de tal Matriz al territorio nacional.<\/strong> Ante esto, la Sala Constitucional, como m\u00e1ximo fiscalizador de los abusos del poder, orden\u00f3 a dicha Junta el mantener los criterios de protecci\u00f3n de aguas subterr\u00e1neas que dicha Matriz contiene. A esta fecha, en Senara, pasando por encima de lo dicho por la Sala y al mejor estilo de las dictaduras modernas, est\u00e1 en ejecuci\u00f3n una iniciativa de modificaci\u00f3n de las reglas de protecci\u00f3n de las aguas subterr\u00e1neas. Por su parte, los peritos valuadores del Ministerio de Hacienda y los nombrados por los Tribunales de Justicia se niegan a considerar estos elementos condicionantes del uso del suelo que, me atrevo a afirmar, cambiar\u00edan radicalmente la conclusi\u00f3n econ\u00f3mica de sus valuaciones y permitir\u00edan obtener, con menor esfuerzo, los fondos para la expropiaci\u00f3n de la totalidad del territorio\u00bb<\/em> (p. 6)<\/p>\n

En este otro n\u00famero especial<\/a> de la Revista Ambientico dedicado de igual formal al Parque Marino de las Baulas, uno de los articulistas concluye su an\u00e1lisis indicando que: \u00abLos antecedentes demuestran que el control, el seguimiento y la aplicaci\u00f3n de planes de prevenci\u00f3n ambiental en el pa\u00eds no son el fuerte de las autoridades y que m\u00e1s se act\u00faa para corregir que para prevenir, de manera que si se contin\u00faa aplicando criterios errados para evaluar la importancia del Parque y si se permite el desarrollo a costa de impactar los ecosistemas naturales y la biodiversidad, estaremos en el pre\u00e1mbulo de una tendencia peligrosa, donde lo que la ciencia y la t\u00e9cnica no permiten cambiar la conveniencia pol\u00edtica si lo har\u00e1\u00bb<\/em> (p. 6).<\/p>\n

Los principales alegatos de cada una de las partes ante el ciadi en el caso \u00abBaulas 2\u00bb<\/strong><\/p>\n

A diferencia de un nacional descontento con el actuar del Estado (y que solamente puede optar por recurrir a tribunales nacionales), un propietario extranjero tiene a su disposici\u00f3n la posibilidad de demandar a Costa Rica ante un ente internacional como el CIADI. Para los especialistas en la materia, el caso de estos 26 terrenos aleda\u00f1os al Parque Las Baulas es denominado \u00abBaulas 2\u00bb. En efecto, en el 2012, Costa Rica fue condenada por el CIADI a pagar m\u00e1s de 4 millones de US$ a una pareja alemana por una demanda planteada en el 2008 referente a un terreno ubicado cerca de este mismo Parque Nacional, a ra\u00edz de diversas limitaciones para desarrollar un complejo eco-tur\u00edstico. La demanda se ampar\u00f3 en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Costa Rica y Alemania, el cual contiene una cl\u00e1usula muy favorable para el inversionista extranjero, al igual que los TBI de Costa Rica con Suiza, Paises Bajos y Espa\u00f1a, entre otros.<\/p>\n

En esta segunda demanda, los inversionistas norteamericanos, invocando la letra del TLC entre Estados Unidos y Centroam\u00e9rica (CAFTA-DR), alegaron ante los tres \u00e1rbitros del CIADI la privaci\u00f3n il\u00edcita de sus inversiones inmobiliarias residenciales en 26 terrenos adyacentes a dos playas ubicadas en el Cant\u00f3n de Santa Cruz, Guanacaste: Playa Grande y Playa Ventanas, localizadas ambas en la costa del Oc\u00e9ano Pac\u00edfico. Seg\u00fan se lee en la decisi\u00f3n provisional del CIADI, \u00abLa cuesti\u00f3n objeto de debate consiste en determinar si, al momento de su compra, los terrenos se ubicaban total o parcialmente dentro del Parque Nacional Las Baulas (\u201cel Parque\u201d), establecido en aras de proteger no s\u00f3lo la tortuga marina baula, sino tambi\u00e9n otras especies y recursos naturales, y si las Demandantes ten\u00edan conocimiento de las consecuencias expropiatorias de que las propiedades se encontraran dentro de los l\u00edmites del Parque o deber\u00edan haberlo tenido. No es objeto de debate que las privaciones invocadas surgen del desarrollo del Parque. Las Demandantes no cuestionan el derecho soberano de Costa Rica de expropiar tierras por causa de un prop\u00f3sito p\u00fablico. Sin embargo, primero, alegan que Costa Rica no \u201cproporcion[\u00f3] una indemnizaci\u00f3n pronta y adecuada por sus expropiaciones de facto y de jure\u201d, contrariamente al Art\u00edculo 10.7 del CAFTA3 . [Traducci\u00f3n del Tribunal] Segundo, argumentan que Costa Rica no brind\u00f3 \u201cacceso a los medios administrativos y\/o judiciales necesarios para la revisi\u00f3n inmediata de su expropiaci\u00f3n de facto de ciertos segmentos de los lotes\u201d en cuesti\u00f3n\u00bb.<\/em><\/p>\n

Por su parte, se lee que para Costa Rica, seg\u00fan se desprende del mismo texto de la decisi\u00f3n del CIADI: \u00ab7. Costa Rica se opone a la jurisdicci\u00f3n del Tribunal sobre la base del fundamento de que las Demandantes no iniciaron el procedimiento dentro del plazo de prescripci\u00f3n de tres a\u00f1os del CAFTA en virtud del Art\u00edculo 10.18.1 del CAFTA y\/o de que las presuntas violaciones tuvieron lugar con anterioridad a la entrada en vigor del CAFTA entre Costa Rica y los Estados Unidos el 1 de enero de 2009. No se present\u00f3 solicitud de bifurcaci\u00f3n alguna, y las cuestiones jurisdiccionales se plantearon junto con las cuestiones de fondo. 8. En materia de fondo, Costa Rica alega que las Demandantes \u201cten\u00edan conocimiento de que sus propiedades, o algunas de sus partes, estaban sujetas a expropiaci\u00f3n, tal como dispon\u00eda la ley que creaba el Parque, o deber\u00edan haberlo tenido\u201d y que, en la medida en que alguna propiedad haya sido expropiada, \u201cno se ha tratado de una expropiaci\u00f3n sin indemnizaci\u00f3n\u201d. [Traducci\u00f3n del Tribunal] Asimismo, Costa Rica rechaza la alegaci\u00f3n de las Demandantes de que \u201cno ha garantizado el debido proceso legal, mucho menos de manera de alcanzar el nivel de violaci\u00f3n de la disposici\u00f3n de trato justo y equitativo [del CAFTA]\u201d. [Traducci\u00f3n del Tribunal]\u00bb.<\/em><\/p>\n

\"Figura

Figura con ubicaci\u00f3n del Parque Nacional Las Baulas, extra\u00edda de art\u00edculo de prensa de La Naci\u00f3n sobre esta decisi\u00f3n del CIADI, y titulado (de forma err\u00f3nea) \u00abCosta Rica gana litigio por expropiaci\u00f3n de parque Las Baulas en juicio al amparo del TLC\u00bb<\/p><\/div>\n

Decisi\u00f3n provisional dada a conocer por el\u00a0CIADI<\/strong><\/p>\n

En su decisi\u00f3n provisional, los tres arbitros establecen, por unanimidad, que:<\/p>\n

\u00ab1. El Tribunal concluye que carece de jurisdicci\u00f3n para entender en las reclamaciones de las Demandantes respecto de los Lotes B1, A39, C71, C96, SPG3, V30, V31, V32, V33, V38, V39, V40, V46, V47, V59, V61a, V61b y V61c.<\/em><\/p>\n

2. El Tribunal concluye que carece de jurisdicci\u00f3n para entender en las reclamaciones de las Demandantes respecto de los Lotes A40, B3, B8, SPG1 y SPG2 salvo en cuanto a las alegaciones de las Demandantes de que, por v\u00eda de referencia a las sentencias pertinentes y aplicables de los tribunales costarricenses, el c\u00e1lculo de la indemnizaci\u00f3n respecto de los Lotes B3, B8, A40, SPG1 y SPG2 constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta y\/o injusticia evidente contrario al Art\u00edculo 10.5 del CAFTA.<\/em><\/p>\n

3. El Tribunal concluye que las Partes deber\u00edan tener la oportunidad de ser escuchadas respecto de la cuesti\u00f3n que consiste en determinar si el Tribunal goza de jurisdicci\u00f3n para entender en las alegaciones por parte de las Demandantes de violaci\u00f3n del Art\u00edculo 10.5 del CAFTA por v\u00eda de referencia a las sentencias pertinentes y aplicables de los tribunales costarricenses dictadas con posterioridad al d\u00eda 10 de junio de 2013 en cuanto a los Lotes B5, B6 y B7.<\/em><\/p>\n

4. Las actuaciones aplicables a los procedimientos adicionales se reservan a la decisi\u00f3n oportuna del Tribunal, previa consulta a las Partes\u00bb.<\/em><\/p>\n

(ver texto completo de la decisi\u00f3n provisional del tribunal del CIADI en ingl\u00e9s<\/a> y en espa\u00f1ol<\/a>).<\/p>\n

El precedente del caso \u00abBaulas 1\u00bb<\/strong><\/p>\n

En el caso \u00abBaulas 1\u00bb o caso Unglaube contra Costa Rica (ARB \/09\/1 y ARB 09\/20), el reclamo de dos ciudadanos alemanes (Marion y Reinhard Unglaube) se bas\u00f3 en el hecho que, al verse imposibilitados de desarrollar en Playa Grande un proyecto de condominios de turismo ecol\u00f3gico debido a las restricciones de uso de suelo y limitaciones de car\u00e1cter ambiental existentes, se les deb\u00eda reconocer una indemnizaci\u00f3n, en particular en relaci\u00f3n a los 75 m. de franja mar\u00edtima. La finca fue adquirida por una sociedad paname\u00f1a en 1987 de la que eran socios los esposos Unglaube, y los inversionistas alemanes consideraron ser objeto de una expropiaci\u00f3n, reclamando el pago de una indemnizaci\u00f3n por parte de Costa Rica evaluada en 5.190.000 US$. En su decisi\u00f3n del 16 de mayo del 2012<\/a>, el CIADI conden\u00f3 a Costa Rica a pagar 3.100.000 US$, as\u00ed como intereses sumando en total 4.085.900 US$ (ver nota<\/a> de prensa de La Naci\u00f3n).<\/p>\n

Es de notar que se lee en un informe de la Contraloria General de la Rep\u00fablica (CGR) del a\u00f1o 2010 ( ver texto del Informe DFOE DFOE-PGAA-IF-3-2010 con fecha del 26 de febrero del 2010, p. 25) que: \u00abLos valores asignados por la ATP a los terrenos que se encuentran dentro de los l\u00edmites del Parque Nacional Marino Baulas, muestran un incremento significativo en los precios asignados a 31 propiedades que fueron valoradas en el a\u00f1o 2008, en contraste con el costo determinado a 24 terrenos de caracter\u00edsticas semejantes, cuyos valores fueron estimados durante el per\u00edodo comprendido entre los a\u00f1os 2005 y 2007. Al respecto, se tiene que el valor por metro cuadrado de un terreno con un \u00e1rea aproximada de 1000 m 2 alcanz\u00f3 en el a\u00f1o 2005 un monto promedio de \u20a120.315,12\/m2, mientras que en el a\u00f1o 2008 el valor para dicho terreno asciende a \u20a1187.354,55\/m 2, lo cual representa un aumento del 822%<\/strong>\u00ab.<\/em> A raiz de este informe de la CGR, parte del proceso de expropiaci\u00f3n fue suspendido por autoridades a cargo del ambiente (SINAC). No se ha oido, a la fecha, de alguna investigaci\u00f3n interna ni de sanciones a funcionarios del Ministerio de Hacienda responsables de esta extra\u00f1a manera de evaluar terrenos en esa zona.<\/p>\n

Esta inusual sobrevaloraci\u00f3n del precio del metro cuadrado del mismo Estado contraviene con indicaciones sobre restricciones al uso de suelo de todo tipo, varias de ellas debido a la presencia de un acu\u00edfero muy vulnerable en la zona aleda\u00f1a al Parque Nacional de Las Baulas. Precisamente, en la p\u00e1gina 31 de este mismo informe de la CGR del a\u00f1o 2010, se indica que. \u00abEmpero, es menester resaltar que la condici\u00f3n de vulnerabilidad de los terrenos del PNMB, no obedece a eventos ocurridos despu\u00e9s de la fecha de las valoraciones efectuadas por la ATP, sino que se trata de circunstancias inherentes a esa zona, las cuales, si bien fueron retomadas por el SENARA en el oficio de previa cita, ya hab\u00edan sido se\u00f1aladas por esa misma entidad en documentos emitidos en a\u00f1os anteriores, como por ejemplo, en el estudio denominado \u201cEvaluaci\u00f3n del potencial y demanda h\u00eddrica subterr\u00e1nea en el acu\u00edfero costero Huacas – Tamarindo, Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica\u201d, de mayo de 2003, as\u00ed como en el oficio No. ASUB-476-06 del 23 de Noviembre de 2006. Asimismo, se debe indicar que se conoce de informes emitidos por la Escuela de Geolog\u00eda de la Universidad de Costa Rica y de la \u201cComisi\u00f3n Baulas\u201d, de la Iniciativa Paz con la Naturaleza, los cuales tambi\u00e9n han concluido en se\u00f1alamientos categ\u00f3ricos acerca de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad en la zona del PNMB. As\u00ed las cosas, no resulta aceptable lo indicado por el \u00c1rea de Valoraciones de la DGT, siendo que desde el a\u00f1o 2003 se tienen estudios acerca de la vulnerabilidad de la zona, aunado a que las condiciones restrictivas que predominan en ese sector ya hab\u00edan sido, en alguna medida, identificadas por los propios peritos de la ATP, al haber catalogado el uso del suelo como de categor\u00eda 7, sin que las variables respectivas se tomaran posteriormente en cuenta como parte de las estimaciones realizadas\u00bb.<\/strong><\/em><\/p>\n

En uno de los diversos peritajes aportados por Costa Rica a los \u00e1rbitros del CIADI, el jurista costarricense Aldo Milano, especialista en derecho administrativo, precisa que: \u00abLa decisi\u00f3n del SINAC de suspender algunos procedimientos administrativos durante el desarrollo de la investigaci\u00f3n o auditor\u00eda que di\u00f3 lugar al informe DFOE-PGAA-IF-3-2010 es leg\u00edtima, y puede inlcuso deducirse de ese informe vinculante a t\u00edtulo de acto impl\u00edcito\u00bb<\/em> (ver texto completo<\/a> de este peritaje aportado por Costa Rica, punto 63, p. 21).<\/p>\n

Con relaci\u00f3n a los montos que adeuda Costa Rica de manera general por la creaci\u00f3n de Parques Nacionales, se lee en este reportaje de junio del 2016 del Semanario Universidad que: \u00abLa mayor\u00eda de ese monto corresponde al pago de propiedad privada dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, donde el Sinac estima que debe pagar \u00a2859.000 millones por 305 hect\u00e1reas (aunque el Plan de Manejo del Parque se\u00f1ala que solo hay 242,38 hect\u00e1reas por comprar)\u00bb.<\/strong><\/em><\/p>\n

En esta nota del a\u00f1o 2009 sobre el reclamo inicial de los Unglaube ante el CIADI contra Costa Rica, se lee que: \u00abAs reported previously by ITN, a year ago Mr. Unglaube\u2019s wife filed a similar arbitration against Costa Rica, which is also pending at ICSID. The two own 50% shares in the company Uni Rana which owns the hotel complex at Playa Grande. Mrs. Unglaube\u2019s arbitration alleges similar breaches of the Costa Rica-Germany Bilateral Investment Treaty, in relation to property she owns in the area including her 50% share in the hotel complex. Last year, counsel for Mrs. Unglaube told ITN that she was not the only investor to have been affected by restrictions on property development in the area around the marine park. More than 50 other properties are alleged to have been affected; however it is unknown how many of these are foreign owned\u00bb.<\/em><\/p>\n

De otras demandas pendientes contra Costa Rica ante el CIADI<\/strong><\/p>\n

Adem\u00e1s de esta nueva demanda relacionada a terrenos cercanos al Parque Nacional Las Baulas, Costa Rica enfrenta en la actualidad otros cuatro procedimientos ante el CIADI<\/strong> que se mencionar\u00e1n muy brevemente a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

1.<\/strong> la demanda interpuesta por la minera canadiense Infinito Gold por 94 millones de US$<\/strong> en el 2014 (ver ficha t\u00e9cnica<\/a>), amparada en el TBI Costa Rica-Canad\u00e1; 2.<\/strong> la demanda presentada por Cervin Investissements et Alii (subsidiaria de Gas Z) por 30 millones de US$<\/strong> en el 2013 (ver ficha t\u00e9cnica<\/a>), usando como base de competencia el TBI Costa Rica-Suiza; 3.<\/strong> la demanda presentada por Supervisi\u00f3n y Control SA (subsidiaria de RITEVE) en el 2012 por 262 millones de US$<\/strong> (ver ficha t\u00e9cnica<\/a>), recurriendo al TBI COsta Rica-Espa\u00f1a; y 4.<\/strong> la demanda presentada por David Aven y otros en el 2014 por un proyecto residencial en Playa Esterillos frenado por las autoridades, en la que se reclama un monto de 70 millones de US$<\/strong> (ver ficha t\u00e9cnica<\/a>), utilizando esta vez el CAFTA-DR. Varios de estos casos encuentran su origen en actos administrativos adoptados por el aparato estatal costarricense en el per\u00edodo 2006-2010 (Nota 3<\/strong>). Al momento de redactar estas l\u00edneas (28 de octubre del 2016), despu\u00e9s de Venezuela y de Argentina, Costa Rica es el Estado de Am\u00e9rica Latina con m\u00e1s demandas pendientes de resoluci\u00f3n ante el CIADI. A nivel global, Espa\u00f1a en la actualidad es el Estado con mayor cantidad de demandas pendientes ante el CIADI: acumula un total de 27 demandas (ver recuadro oficial del CIADI<\/a>). En su gran mayor\u00eda, estas demandas se originan en recortes al presupuesto estatal decididos en el 2015 en materia de ayudas estatales a proyectos de energ\u00edas renovables. Como detalle un tanto curioso en la regi\u00f3n centroamericana, de las tres demanas que enfrenta Panam\u00e1 en estos momentos, una fue presentada por qui\u00e9n hoy ostenta el cargo de Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (caso Alvarez y Mar\u00edn Corporaci\u00f3n S.A. y otros c. Panam\u00e1<\/strong>, ver ficha t\u00e9cnica<\/a>).<\/p>\n

Como otro detalle un tanto inusual, al uso de t\u00e9rminos improprios antes se\u00f1alado por parte de algunos demandantes ante el CIADI, el caso David Aven y otros contra Costa Rica di\u00f3 recientemente lugar a una contestaci\u00f3n de los demandantes en los que se aprecia una serie de improperios<\/strong> dignos de citar por parte de los abogados contratados por los inversionistas extranjeros: \u00abQuitando toda la alharaca del Escrito de defensa del Demandado<\/strong>, es incuestionable que los Demandantes obtuvieron de los diversos organismos competentes de Costa Rica todos los permisos relevantes para realizar este proyecto, y que dichos permisos fueron retirados poco despu\u00e9s de iniciarse el proceso de construcci\u00f3n del proyecto. Los Demandantes est\u00e1n muy lejos de ser los necios irresponsables descritos en el Escrito de defensa:<\/strong> adoptaron todas las medidas para asegurarse de disponer todo lo necesario para el proyecto y, minuciosos y prudentes como son, contrataron a los mejores expertos para desarrollar el proyecto. 8. En su desesperaci\u00f3n por evitar la responsabilidad por las demandas presentadas en este arbitraje, esencialmente el Demandado alega que estaba facultado para retirar los permisos sobre la base de que (a) el emplazamiento de Las Olas es ecol\u00f3gicamente importante y sensible debido a la presencia de humedales y bosques, y de que (b) los Demandantes omitieron cumplir sus obligaciones para con las leyes de Costa Rica. Analiz\u00e1ndolos, la totalidad de los argumentos del Demandado son err\u00f3neos, y claramente err\u00f3neos.<\/strong> Los Demandantes han evaluado todos los puntos alegados por el Demandado y pueden afirmar que ninguno de ellos resiste una comprobaci\u00f3n objetiva\u00bb<\/em> (escrito de contestaci\u00f3n, 5 de Agosto del 2016, p. 4, texto integral disponible aqu\u00ed<\/a>)<\/p>\n

Los gastos que asume un Estado ante una demanda del CIADI<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan especialistas en materia de arbitraje de inversiones, cada demanda ante el CIADI significa para el erario p\u00fablico de un Estado un gasto de unos 8 millones de US$ para asegurar su defensa ante los \u00e1rbitros del CIADI (el cual incluye, adem\u00e1s de los honorarios de firmas de abogados, estudios, peritajes, viajes y per diem en Washington, gastos secretariales, traducciones, certificaciones, elaboraci\u00f3n de mapas, salarios de funcionarrios dedicados a coordinar dicha defensa, etc…) . En esta nota<\/a> de CRHoy del 2014, se lee que: \u00abEl abogado especialista en derecho internacional Juan Jos\u00e9 Obando afirm\u00f3 que los montos pagados por el Gobierno son bajos para par\u00e1metros internacionales. El experto mencion\u00f3 que un estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) determin\u00f3 en $8 millones el costo de la defensa legal por un caso\u00bb<\/em>. No obstante, en el largo caso Pacific Rim que enfrent\u00f3 El Salvador en el CIADI (demanda inicialmente planteada por 314 millones de US$ por una empresa minera canadiense, ahora en manos de un consorcio minero australiano), se ley\u00f3 recientemente que el monto en honorarios de abogados superaba los 12 millones de US$ (ver nota de prensa titulada \u201cArbitraje con Pacific Rim ha costado al Estado $12.6 millones\u201d). En otro extenso caso de la empresa minera canadiense Crystallex contra Venezuela, cuya decisi\u00f3n se dio a conocer en abril del 2016 (ver texto<\/a> del fallo en su versi\u00f3n espa\u00f1ola), Venezuela reconoci\u00f3 haber gastado en honorarios de abogados la suma de 14.322.826 US$ (punto 950 del fallo), mientras que la empresa minera indic\u00f3 haber gastado 30.493.635 US$ (punto 949 del fallo). Por estas (y por algunas otras razones) es que se puede tener algunas dudas sobre los m\u00f3dicos montos de Costa Rica dados a conocer en documentos oficiales sobre el costo que representan estas demandas que enfrenta ante el CIADI (Nota 4<\/strong>).<\/p>\n

Una reciente tesis de grado de la Facultad de Derecho de la UCR (ver texto completo<\/a>) titulada \u00abEl formato de defensa utilizado por Costa Rica en conflictos dirimidos ante el CIADI\u00bb<\/strong> se\u00f1ala algunas diferencias en los montos correspondientes a las contrataciones de firmas de abogados norteamericanas: \u00abEn los casos de Marion y Reinhard Hans Unglaube, expedientes 2008CD-001500- 79600 y 000204-79600, se contrat\u00f3 tambi\u00e9n a Sidley Austin LLP por la suma de $850.000,00 y $260.000,00, que podr\u00edan tomarse como precio unitario equivalente a la suma de \u00a2555.000.000 ya que la contrataci\u00f3n del caso de Reinhard se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de un addendum en el cual se modific\u00f3 el contrato original con Marion Unglaube. \uf0a7 En el caso Quadrant Pacific Growth Fund L.P. and Canasco Holdings Inc., expediente 2008CD-001500-79600, se contrat\u00f3 por tercera vez a Sidley Austin LLP por la suma de $750.000 equivalente a la suma de \u00a2375.000.000. \uf0a7 En el caso de Supervisi\u00f3n y Control S.A., expediente 2012CD-000006-79600, se contrat\u00f3 a la firma Arnold & Porter LLP, por la suma de $1.399.000,00, equivalente a la suma de \u00a2699.500.000. \uf0a7 Por \u00faltimo, en el caso de Cervin Investissements S.A. and Rhone Investissements S.A., expediente 2013CD-000018-79600, se contrat\u00f3 a la firma Baker Botts (UK)LLP por la suma de $1.250.000,00 equivalente a la suma de \u00a2625.000.000\u00bb<\/em> (pp.141-142).<\/p>\n

A modo de conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Tuvimos la oportunidad de analizar la solicitud de Costa Rica de poner fin al procedimiento ante el CIADI en el 2015 con relaci\u00f3n a la demanda de la minera Infinito Gold (ver art\u00edculo publicado en el OPALC): se trata de una gesti\u00f3n que no surti\u00f3 mayores efectos ya que el procedimiento se mantuvo por decisi\u00f3n del los \u00e1rbitros. En el caso de la demanda presentada por una subisidiaria de RITEVE contra Costa Rica en el a\u00f1o 2012, las afirmaciones del Ejecutivo son dignas de mencionar: se pudo leer en el Diario La Extra (edici\u00f3n del 16\/06\/2012) que el viceministro del MOPT, Rodrigo Rivera, \u00abexplic\u00f3 que para el Estado era m\u00e1s barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 a\u00f1os m\u00e1s y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perd\u00eda el arbitraje\u00bb<\/em>: el contrato de concesi\u00f3n por 10 a\u00f1os m\u00e1s fue reconducido por Costa Rica en el 2012, y la demanda se mantiene pendiente de resoluci\u00f3n en el registro oficial del CIADI al 2016.<\/p>\n

\n

Nota 1<\/strong>: Cuando la empresa antecesora a cargo del proyecto minero en Las Crucitas, Vanessa Ventures, demand\u00f3 a Costa Rica en el a\u00f1o 2005 (debido a la no aprobaci\u00f3n del estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA) lo hizo por un monto de 276 millones de US$<\/strong> (ver nota<\/a> de La Naci\u00f3n). En una carta con fecha del 3 de octubre del 2005 (ver texto completo<\/a>), la empresa minera retir\u00f3 formalmente su demanda aduciendo estar en negociaciones con el gobierno de Costa Rica de la \u00e9poca. Al haber la SETENA dos meses despu\u00e9s (diciembre del 2005) aprobado el Estudio de Impacto Ambiental que hab\u00eda rechazado anteriormente, la expresi\u00f3n \u201creasonably optimistic\u201d<\/em> mencionada por la empresa en esta carta de octubre del 2005 adquiere particular significado. A la fecha, se desconoce qui\u00e9nes en nombre del Estado \u00abnegociaron\u00bb con la empresa en el 2005 y cu\u00e1l fue el objeto de dichas negociaciones.<\/p>\n

Nota 2<\/strong>: En la decisi\u00f3n del 2009<\/a> en la que rechaza un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto que declara de conveniencia nacional dicho proyecto, el juez constitucional precisa que: \u00abEn esa virtud, la Sala no puede levantarse como un contralor de legalidad, y venir a determinar la procedencia, veracidad y legalidad del contenido de los estudios t\u00e9cnicos agregados al expediente, ni tampoco, se\u00f1alarle a las autoridades accionadas, cu\u00e1les eran los an\u00e1lisis o la investigaci\u00f3n m\u00e1s adecuada para sostener la viabilidad de este tipo de declaratorias, pues eso tendr\u00eda como consecuencia el que esta sede se inmiscuyera e interviniera en el seno de sus prerrogativas, y sobre todo, de su especialidad. Asimismo, se verific\u00f3 que con la puesta en pr\u00e1ctica de esta normativa, no se van a entorpecer las funciones que por ley le corresponden a las entidades municipales, o a los \u00f3rganos que velan por la salud y el ambiente, pues la petici\u00f3n de permisos ante los trabajos que en ese proyecto se efect\u00faen, deben contar con las autorizaciones correspondientes – ver art\u00edculo 3 del Decreto -. Agr\u00e9guese a lo dicho que, como la consecuencia inmediata del reclamo del recurrente, deriv\u00f3 en la tan mencionada falta de fundamentaci\u00f3n del acto, ello tambi\u00e9n es un tema que, si a bien lo tiene el petente, puede reclamar haciendo uso de los remedios ordinarios que existen al respecto\u00bb.<\/em><\/p>\n

Nota 3<\/strong>: Con relaci\u00f3n a declarar de inter\u00e9s nacional proyectos privados, remitimos al lector a estas conclusiones de un foro acad\u00e9mico realizado en la UCR en el 2009 titulado \u00abT\u00e9cnicas para evadir la legislaci\u00f3n ambiental: el caso del MINAET\u00bb<\/strong>: ver nota<\/a> del Semanario Universidad; as\u00ed como a un art\u00edculo en franc\u00e9s publicado en el 2009 por el jurista costarricense Edgar Fern\u00e1ndez Fern\u00e1ndez, titulado \u00abConflits d\u2019usage des espaces naturels au Costa Rica\u00bb<\/em> en el que se lee, a prop\u00f3sito del Parque Marino de Las Baulas que:\u00abDans le cas sp\u00e9cifique du Parc national marin Las Baulas de Guanacaste, les propri\u00e9taires ont essay\u00e9 par tous les moyens d\u2019\u00e9viter l\u2019acquisition publique, car ils craignent de ne pas pouvoir obtenir de l\u2019Etat le m\u00eame prix qu\u2019ils recevraient s\u2019ils vendaient leurs terrains sur le march\u00e9 \u00e0 des personnes d\u00e9sirant construire des maisons de vacances \u00e0 quelques pas de la mer.<\/strong> La discussion s\u00b4est donc vite r\u00e9duite \u00e0 la question concernant le prix des terrains : les projets de loi pr\u00e9sent\u00e9s se fondent sur l\u2019argument selon lequel l\u2019Etat n\u2019a pas les moyens financiers pour payer les prix exorbitants qu\u2019il faudrait payer aux propri\u00e9taires de terrains dans le parc, et ce malgr\u00e9 le fait qu\u2019aucune proc\u00e9dure d\u2019expropriation en cours n\u2019a encore arr\u00eat\u00e9 un prix pour l\u2019un des terrains concern\u00e9s. Parmi les trois projets de loi pr\u00e9sent\u00e9s pour exclure les terrains priv\u00e9s du Parc, ceux pr\u00e9sent\u00e9s en 2008 n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 approuv\u00e9s par l\u2019Assembl\u00e9e l\u00e9gislative, tandis que celui pr\u00e9sent\u00e9 en 2009 s\u2019annonce comme un projet d\u00e9cisif pour le futur des parcs nationaux au Costa Rica compte tenu du dangereux pr\u00e9c\u00e9dent qu\u2019il pourrait ainsi cr\u00e9er\u00bb<\/strong>\u00a0<\/em>(p.9).<\/p>\n

Nota 4<\/strong>: Se lee en la solicitud de modificaci\u00f3n presupuestaria para el 2013 presentada por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica (ver texto) que: \u00abAl Ministerio de Comercio Exterior se le asignan recursos para atender aspectos relacionados con la defensa de los intereses comerciales del Estado, por un monto de \u00a2332,4 millones para el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversi\u00f3n (CIADI), para la atenci\u00f3n de los siguientes casos: \uf0b7 Supervisi\u00f3n y Control S.A. vs Rep\u00fablica de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB\/12\/4). \uf0b7 Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. vs Rep\u00fablica de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB\/13\/2) y, \uf0b7 Spence Internacional Investments y Berkowitz vs Rep\u00fablica de Costa Rica, referente a la expropiaci\u00f3n de las propiedades ubicadas en el Parque Nacional Marino Las Baulas en Playa Grande, Guanacaste\u00bb<\/em> (p. 21).<\/p>\n

La presente nota fue rese\u00f1ada en el sitio CIARGlobal<\/a> (Revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana) y publicada en una versi\u00f3n preliminar en ElPais.cr, en su edici\u00f3n del d\u00eda 1\/11\/2016.
\nPublicado por Curso de Derecho Internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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