{"id":270978,"date":"2016-01-24T16:21:20","date_gmt":"2016-01-24T16:21:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/es\/?p=270978"},"modified":"2016-01-24T16:21:20","modified_gmt":"2016-01-24T16:21:20","slug":"alerta-ante-la-declaracion-de-la-emergencia-en-seguridad-en-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2016\/01\/alerta-ante-la-declaracion-de-la-emergencia-en-seguridad-en-argentina\/","title":{"rendered":"Alerta ante la declaraci\u00f3n de la emergencia en seguridad en Argentina"},"content":{"rendered":"<p class=\"title entry-title\"><strong>Ante la declaraci\u00f3n de la emergencia en seguridad<\/strong><\/p>\n<p class=\"title entry-title\">El Poder Ejecutivo Nacional declar\u00f3 la emergencia en seguridad a trav\u00e9s de un decreto que, sin apoyarse en diagn\u00f3sticos claros, pone en marcha medidas que profundizan las peores tendencias en materia de pol\u00edticas de seguridad. Para dar respuesta a demandas sociales leg\u00edtimas, otra vez se realizan anuncios efectistas pero ineficaces, con el agravante de que en esta oportunidad la escalada punitiva llega a habilitar una pena de muerte encubierta.<\/p>\n<p>El decreto expresa un enfoque que considera que el narcotr\u00e1fico es \u201cla principal amenaza a la seguridad de los argentinos\u201d y lo transforma en la explicaci\u00f3n de los problemas relacionados con el delito y la violencia. As\u00ed se intenta justificar que para detener el ingreso de drogas declaradas ilegales al territorio nacional es necesario un estado de emergencia que habilita medidas excepcionales. Sin tener ning\u00fan diagn\u00f3stico, la emergencia hace foco en la frontera norte como causa principal de los problemas del narcotr\u00e1fico y decide concentrar all\u00ed los recursos con un enfoque de corte militarista. Ya se ha demostrado que este camino no tiene capacidad para desarmar el complejo mercado de las drogas ilegales, ni su tejido con las instituciones estatales involucradas en las redes de ilegalidad. En cambio, sobran pruebas de su capacidad para incrementar los niveles de violencia y las violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n<p>El decreto caracteriza al narcotr\u00e1fico como una violaci\u00f3n a la soberan\u00eda nacional e inscribe a las pol\u00edticas para enfrentarlo en el modelo de las \u201cnuevas amenazas\u201d que EEUU prescribe para Am\u00e9rica Latina pero que no aplica en su propio territorio. Asimilar el narcotr\u00e1fico a una agresi\u00f3n militar extranjera lo coloca por encima de otros delitos tanto o m\u00e1s violentos como la comercializaci\u00f3n ilegal de armas de fuego. Como consecuencia de este paradigma, se le atribuyen a las Fuerzas Armadas nuevas facultades para intervenir en cuestiones de seguridad p\u00fablica y no de defensa nacional. Esta decisi\u00f3n produce un quiebre en la distinci\u00f3n entre seguridad interior y defensa nacional que ya se hab\u00eda debilitado en el gobierno anterior.<\/p>\n<p>Las FF.AA. no se limitar\u00edan ahora a controlar el espacio a\u00e9reo sino que tambi\u00e9n tendr\u00e1n la potestad de derribar aviones que no se identifiquen, sin necesidad de consultar a las autoridades pol\u00edticas para hacerlo. Esta medida es inconstitucional desde el momento en que constituye una pena de muerte sumaria encubierta, en contradicci\u00f3n con el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, con jerarqu\u00eda constitucional. Las experiencias internacionales han demostrado que la intervenci\u00f3n militar contra el narcotr\u00e1fico no produce ning\u00fan efecto beneficioso, s\u00f3lo contribuye a una escalada de la violencia.<\/p>\n<p>La emergencia no reconoce las principales deficiencias del sistema de seguridad como la falta de profesionalizaci\u00f3n y de reforma de las fuerzas policiales para que dejen de ser un engranaje fundamental de los mercados ilegales ni la degradaci\u00f3n de los sistemas penitenciarios y las deplorables condiciones de detenci\u00f3n. En lugar de ello, se habilitan una serie de procedimientos de excepci\u00f3n para aumentar el n\u00famero de efectivos policiales y dotarlos de mayor poder de fuego. Por ejemplo, se autoriza la convocatoria a personal retirado, medida que ya ha sido adoptada reiteradas veces y que no aporta nada positivo, pero que desprofesionaliza a las fuerzas de seguridad. Estos cuerpos policiales reforzados, que mantienen los mismos problemas de violencia y corrupci\u00f3n, son luego destinados a operativos de saturaci\u00f3n en barrios pobres, sumando un problema m\u00e1s a las situaciones cotidianas de violencia que se viven en algunos de estos barrios. Al mismo tiempo, la declaraci\u00f3n de emergencia habilita al poder ejecutivo a incrementar los gastos en tecnolog\u00eda y armamento y debilita los sistemas de control para las contrataciones estatales.<\/p>\n<p>La declaraci\u00f3n de emergencia se presenta como una estrategia unilateral e ineficaz que tiene m\u00e1s de impacto comunicacional que de pol\u00edtica consensuada, t\u00e9cnicamente eficaz, sustentable en el tiempo y evaluable por sus resultados.<\/p>\n<p>La declaraci\u00f3n de emergencia no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales como por ejemplo fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico que atraviesan el sistema financiero. Al mismo tiempo, los nombramientos en la unidad encargada de elaborar estas pol\u00edticas no parecen ir en el sentido de incrementar el control. Tampoco se han dado a conocer medidas para intervenir en la relaci\u00f3n promiscua entre f\u00fatbol y pol\u00edtica, fen\u00f3meno \u00edntimamente vinculado al narcotr\u00e1fico y a los cr\u00edmenes mafiosos. Para promover una verdadera pol\u00edtica de Estado para enfrentar los complejos fen\u00f3menos del delito y la violencia no es posible dejar de lado la necesidad de profesionalizar las instituciones policiales y el sistema de Inteligencia. Al mismo tiempo, deber\u00eda jerarquizarse el trabajo preventivo territorial, en particular con los j\u00f3venes y los ni\u00f1os.<\/p>\n<p>Las pol\u00edticas de seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de diagn\u00f3sticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democr\u00e1tica. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un estado democr\u00e1tico debe abordar los problemas del delito y la violencia. Diversos espacios pol\u00edticos, sociales y acad\u00e9micos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democr\u00e1tica y el grupo Convergencia, venimos planteando que la obligaci\u00f3n del Estado de dar seguridad a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democr\u00e1ticos, a partir de acuerdos pol\u00edticos y sociales amplios que eviten medidas demag\u00f3gicas e ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.<\/p>\n<p>Grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democr\u00e1tica y Convergencia: Le\u00f3n Carlos Arslanian, Alberto Binder, Gast\u00f3n Chillier, Enrique Font, Gabriel Kessler, Gustavo Palmieri, Mar\u00eda Victoria Pita, Marcelo Sa\u00edn, Sof\u00eda Tiscornia, Paula Litvachky, Marcela Perelman, Manuel Tufr\u00f3, Agust\u00edn Colombo Sierra, Nicol\u00e1s Comini, Enrique del Percio, Ernesto L\u00f3pez, Juan L\u00f3pez Chorne, Pablo Mart\u00ednez, Jos\u00e9 Paradiso, Ra\u00fal S\u00e1nchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, Jos\u00e9 Mar\u00eda V\u00e1squez Ocampo.<\/p>\n<p>Horacio Verbitsky, Beatriz Sarlo, Nilda Garr\u00e9, Adolfo P\u00e9rez Esquivel, Jorge Taiana, Eduardo Valdes, Hermes Binner, Rafael Gentili, Leonardo Grosso, Dante Caputo, Rut Diamint, Carlos Acu\u00f1a, Victoria Donda, Gabriel Puricelli, Juan Manuel Abal Medina, Nito Artaza, Paula Alicia Ciciliani, Juan Pablo Cafiero, Roberto Gargarella, Germ\u00e1n Montenegro, Alicia Pierini, Manuel Garrido, Eduardo Rinesi, Ana Jaramillo, Hern\u00e1n Pati\u00f1o Mayer, Humberto Tumini, Juan Sasturain, Carlos Gabetta, Mempo Giardinelli, Maristella Svampa, Paula Canelo, Khatchik Derghougassian, Pablo Bergel, Marcelo Leiras, Mar\u00eda Esperanza Casullo, Gabriel Anitua, Hugo Spinelli, , Andrea Catenazzi, Silvia Guemureman, Virginia Manzano, Sebasti\u00e1n Pereyra, M\u00e1ximo Sozzo, Esteban Rodr\u00edguez Alzueta, Alberto Schprejer, Mario Pecheny, Jos\u00e9 Garriga Zucal, Natalia Berm\u00fadez, Alejandra Otamendi, Mart\u00edn Becerra, Juan Tapia, Pablo Alabarces, Alberto Bovino, Ileana Arduino, Jorge Ceballos, Roberto Cipriano, Victor Mendibil, Gabriel Ganon, Alejandro Grimson, Lila Caimari, Diego Tati\u00e1n, Susana Morales, Magdalena Brocca, Natalia Federman, Alfredo Lazzeretti, Graciela Cousinet, Federico Masso, Isaac Rudnik, Edy Binstock, \u00c1ngela Oyhandy, Juan Carlos Manoukian.<\/p>\n<p>Asociaci\u00f3n por los Derechos Civiles (ADC), Asociaci\u00f3n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ANDHES, Asociaci\u00f3n Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo Habitar Argentina, Colectivo de Investigaci\u00f3n y Acci\u00f3n Jur\u00eddica (CIAJ), Comisi\u00f3n Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Intercambios Asociaci\u00f3n Civil, Programa Universidad y C\u00e1rcel (Universidad Nacional de C\u00f3rdoba), Xumek.<\/p>\n<p>Siguen las firmas\u2026<br \/>\nm\u00e1s informaci\u00f3n en <a href=\"http:\/\/www.asd.org.ar\/\">www.asd.org.ar<\/a> adhesiones: consultas@cels.org.ar<\/p>\n<p class=\"title entry-title\"><strong>De Crudos, el blog de Esteban Rodr\u00edguez 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