{"id":270290,"date":"2016-01-23T17:44:55","date_gmt":"2016-01-23T17:44:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.pressenza.com\/es\/?p=270290"},"modified":"2016-01-24T01:50:08","modified_gmt":"2016-01-24T01:50:08","slug":"peru-gasta-mas-de-53-millones-de-soles-en-defensa-de-arbitrajes-internacionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2016\/01\/peru-gasta-mas-de-53-millones-de-soles-en-defensa-de-arbitrajes-internacionales\/","title":{"rendered":"Per\u00fa gasta m\u00e1s de 53 millones de soles en defensa de arbitrajes internacionales"},"content":{"rendered":"

Gran Angular ha tenido acceso a los gastos de defensa en cuatro procesos de arbitraje internacional, que bajo el paraguas de los Tratados de Libre Comercio, el Per\u00fa es sometido a litigios internacionales que le demandan al Estado millonarios desembolsos: m\u00e1s de 53 millones de soles nos cuestan por ejemplo, \u00a0dos estudios de abogados estadounidenses en la defensa de solo cuatro casos.<\/em><\/p>\n

Escribe Magali Zevallos<\/strong><\/em><\/p>\n

La defensa de cuatro arbitrajes internacionales le cuesta al Estado peruano 53 millones 897 mil soles (15,852,065.17 millones de d\u00f3lares)<\/strong>. Renco Group, DP World Callao SRL, Eceteco Internacional Company S.L. y Bear Creek Mining Corporation, son las cuatro empresas que tienen controversias internacionales de inversi\u00f3n con el Estado peruano, este monto corresponde a los pagos que viene ejecutando el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) a dos estudios de abogados estadounidenses: White & Case LLP y Sidley Austin LLP.<\/p>\n

Los gastos m\u00e1s fuertes en la defensa corresponden al caso Renco Group: m\u00e1s de 19 millones de soles (US$ 5,730,769.27). Esta empresa que estuvo a cargo de la administraci\u00f3n del Complejo Metal\u00fargico de La Oroya, tiene un largo historial de contaminaci\u00f3n y procesos internacionales por la afectaci\u00f3n de la salud de la poblaci\u00f3n, y que coloc\u00f3 a La Oroya como una de las ciudades m\u00e1s contaminadas del mundo.\u00a0 Esta empresa inici\u00f3 un proceso arbitral en el a\u00f1o 2010 en contra del Estado peruano por 800 millones de d\u00f3lares, alegando diversos incumplimientos al Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre EEUU y Per\u00fa.<\/p>\n

As\u00ed, las empresas se valen de los TLC u otros acuerdos internacionales para llevar a los Estados a los tribunales del arbitraje internacional. En los cuatro casos que viene siendo sometido el Per\u00fa, las cifras de las demandas interpuestas por las empresas oscilan los 7, 752 millones de soles (dos mil doscientos ochenta millones de d\u00f3lares), monto que supera el presupuesto total de todos los programas sociales del pa\u00eds para el a\u00f1o 2016 (Juntos, Pensi\u00f3n 65, Cuna m\u00e1s, Qali Warma, Haku Wi\u00f1ay, Vida digna y Servicio vidas, entre otros).<\/p>\n

Pese a que el Estado viene enfrentando diversos litigios internacionales sigue firmando TLCs sin redefinir sus mecanismos de protecci\u00f3n. De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Per\u00fa tiene 20 tratados internacionales en vigencia, cuatro por entrar en vigencia y cuatro en negociaci\u00f3n.<\/p>\n

\"info-arbitraje2\"<\/p>\n

En Am\u00e9rica Latina los pa\u00edses que se han visto envueltos en \u00a0un mayor n\u00famero de demandas han sido Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, los tres primeros han decidido denunciar al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, adscrito al Banco Mundial). Mientras, otros Estados han decidido no continuar con el actual sistema de protecci\u00f3n de inversiones, como China, India, Indonesia, Sud\u00e1frica y Australia, esta \u00faltima tom\u00f3 como posici\u00f3n oficial rechazar toda posibilidad de incluir al arbitraje internacional como m\u00e9todo de soluci\u00f3n de controversias en sus Acuerdos Internacionales de Inversi\u00f3n (AII), tras ver como se iniciaba por parte de Philip Morris un procedimiento arbitral que impugnaba la adopci\u00f3n de medidas gubernamentales antitabaco.<\/p>\n

\u201cMuchos Estados se han ido demasiado lejos en la protecci\u00f3n del inversor, \u00a0y el Estado se encuentra en una posici\u00f3n de \u201cprisionero\u201d, pues no tiene suficiente libertad para poder ejercer sus poderes regulatorios en determinados \u00e1mbitos de gran importancia para su poblaci\u00f3n, como la mejora de la salud o la protecci\u00f3n del medio ambiente\u201d, se\u00f1ala Enrique Fern\u00e1ndez Masi\u00e1 en su publicaci\u00f3n: La incorporaci\u00f3n de los ADR al sistema de resoluci\u00f3n de controversias sobre inversiones extranjeras<\/em>.<\/p>\n

Un estudio realizado por Hildegard Rond\u00f3n: Los problemas jur\u00eddicos planteados en los arbitrajes internacionales de inversi\u00f3n, 2009,<\/em>\u00a0 afirma que con los Tratados Bilaterales de Inversi\u00f3n, que firman los Estados para favorecer una inversi\u00f3n extranjera, se abre la oportunidad de demandar al Estado, lo que hacen es \u201cproteger la inversi\u00f3n y proteger al inversionista\u201d. Y pone como ejemplo a Brasil, que no pertenece al CIADI y que no reconoce cl\u00e1usulas de arbitraje y que, sin embargo, es el pa\u00eds que cuenta con mayores inversionistas extranjeros en Sudam\u00e9rica, y es a la vez un pa\u00eds con mucha inversi\u00f3n en la regi\u00f3n, tirando con ello por la borda el discurso que los acuerdos de inversi\u00f3n, es la \u00fanica v\u00eda para obtener la inversi\u00f3n extranjera.<\/p>\n

En el 2014 los\u00a0Acuerdos\u00a0Internacionales de\u00a0Inversi\u00f3n\u00a0ascend\u00edan en total a 3.268,\u00a0tratados\u00a0bilaterales de inversi\u00f3n: 2.923, otros acuerdos de inversi\u00f3n: 345<\/strong><\/span><\/p>\n

Teresa Guti\u00e9rrez Haces, investigadora y catedr\u00e1tica de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico, se\u00f1ala que estos compromisos transcienden a los gobiernos que los negociaron, y pone de ejemplo el caso argentino: \u201cCarlos Menem bati\u00f3 record respecto al n\u00famero de Tratados Bilaterales de Inversi\u00f3n (BITs) firmados, lamentablemente para los argentinos, las demandas que posteriormente presentaron las empresas, las enfrentaron los gobiernos posteriores; lo mismo ocurri\u00f3 con las negociaciones de Fujimori y Alan Garc\u00eda, en Per\u00fa. Uno de los aspectos que generalmente desconocen los gobiernos al momento de negociar es que cuando un gobierno se desvincule del CIADI, las obligaciones de los BITs contin\u00faan teniendo vigencia por varios a\u00f1os m\u00e1s. Es decir sigue vigente el derecho de interponer una demanda contra un gobierno, a pesar de que el BITs ya fue cancelado. Esta cl\u00e1usula b\u00e1sicamente protege en el mediano y largo plazo a las inversiones ya efectuadas de una empresa extranjera\u201d.<\/p>\n

Agrega, que dado que la mayor\u00eda de las demandas de las empresas, amparadas por un BITs, ocurren en el \u00e1mbito de los recursos naturales, se observa que las empresas cuando terminan sus operaciones, muchas veces abandonan un pa\u00eds, sin asumir el pasivo ambiental, y aplicar el protocolo de remediaci\u00f3n, dejando tras de s\u00ed una regi\u00f3n devastada. Esto se explica en cierta medida, porque dentro de las cla\u00fasulas contenidas en un BITs se encuentra una que proh\u00edbe a un gobierno imponer requisitos de desempe\u00f1o a la inversi\u00f3n de una empresa, se\u00f1ala Guti\u00e9rrez Haces.<\/p>\n

De acuerdo a los expertos, la defensa de los litigios internacionales tienen un costo de uno o dos millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, cada proceso dura un promedio de cuatro a\u00f1os, lo que demanda un gasto de cuatro a ocho millones de d\u00f3lares por cada litigio. \u201cEn el arbitraje internacional por inversi\u00f3n, destaca cierta frivolidad de parte de los gobiernos , ya que al firmar este tipo de instrumentos aceptan aprior\u00edsticamente la intervenci\u00f3n de los tribunales extraterritoriales, adem\u00e1s de comprometer enormes montos del presupuesto gubernamental para pagar futuras demandas, lo que significa que los recursos que deber\u00edan ser \u00a0destinados a instrumentar pol\u00edticas p\u00fablicas, sirven para pagar a despachos de consultores y abogados que normalmente facturan elevados honorarios. Por otra parte, un gobierno en caso de perder un arbitraje, deber\u00e1 pagar indemnizaciones millonarias que con frecuencia equivalen a una parte considerable del gasto destinado a pol\u00edtica social\u201d, concluye la catedr\u00e1tica.<\/p>\n

Caso Renco Group, Doe Run Per\u00fa SRL (Caso CIADI N\u00b0UNCT\/13\/1)<\/strong><\/p>\n

El proceso se lleva a cabo conforme las reglas de Arbitraje de la Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).<\/em><\/p>\n

La empresa desde 1997 con argucias legales ha evadido responsabilidades ambientales pese a los altos \u00edndices de contaminaci\u00f3n en La Oroya, en el a\u00f1o 2010 fue expulsada de la Sociedad Nacional de Miner\u00eda, Petr\u00f3leo y Energ\u00eda (SNMPE) por no cumplir sus compromisos ambientales, y pidi\u00f3 al Estado peruano no ceder al chantaje porque solicitaba una serie de condiciones para volver a operar el complejo metal\u00fargico.<\/p>\n

\"Oroya\"

Cr\u00e9dito: Plataforma La Oroya por un cambio<\/em><\/p><\/div>\n

En noviembre del 2010, 11 denuncias fueron aceptadas por un juzgado de St. Louis en Missouri EEUU contra el Grupo Renco, propietario de la fundici\u00f3n, por la intoxicaci\u00f3n de 107 ni\u00f1os de La Oroya entre 1997 y 2010. En abril del 2011, con el fin de dilatar este proceso, \u00a0el Grupo Renco present\u00f3 una millonaria demanda de arbitraje contra el Estado peruano por US$ 800 millones de d\u00f3lares, ampar\u00e1ndose en el TLC con EE.UU y argumentando un intento de expropiaci\u00f3n y un trato desigual con ellos. Inmediatamente, solicit\u00f3 a la Corte de Missouri suspender el juicio por la intoxicaci\u00f3n masiva de ni\u00f1os en La Oroya, mientras no se solucione la demanda de arbitraje.<\/p>\n

Actualmente se est\u00e1 a la espera de que el Tribunal emita su decisi\u00f3n sobre la objeci\u00f3n presentada por el Per\u00fa.<\/p>\n

El MEF\u00a0 tiene un contrato con el estudio de abogados White & Case por un monto de US$ 5,730,769.27, aproximadamente 19 millones 484,615 de soles. Pag\u00f3 US$ 859, 615 (15% del contrato), quedando un saldo de US$ 4,871,153.88.<\/p>\n

Caso DP World Callao SRL (Caso CIADI N\u00b0ARB\/11\/21)<\/strong><\/p>\n

E<\/strong>l 1 de abril de 2011, el Estado peruano otorg\u00f3 la buena pro para administrar y explotar el Muelle Norte del Puerto del Callao a APM Terminals, hecho que en opini\u00f3n de Dubai Ports (concesionaria de Muelle Sur) significa un trato discriminatorio en su contra, por no haberlos considerado para participar en el concurso p\u00fablico de otorgamiento de concesi\u00f3n. Esta \u00a0empresa entendi\u00f3 esa decisi\u00f3n como un acto que atenta directamente contra las provisiones contractuales sobre competencia desleal.<\/p>\n

El MEF ha desembolsado entre los a\u00f1os 2012 al 2015 al estudio White & Case aproximadamente 16 millones 302 mil soles (US$ 4,794,938.65). El caso aun no ha concluido y no se ha tenido acceso al monto final del contrato.<\/p>\n

En octubre del 2015 estaba programado para que las partes presenten sus alegatos de cierre. DP World Callao estar\u00eda\u00a0 solicitando US$ 200 millones por da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\n

Caso Exeteco Internacional Company SL<\/strong><\/p>\n

El Ministerio de Justicia a trav\u00e9s de PROINVERSI\u00d3N, convoc\u00f3 al \u201cConcurso de proyectos integrales para la entrega en concesi\u00f3n del dise\u00f1o, construcci\u00f3n, financiamiento, operaci\u00f3n, mantenimiento y transferencia de un establecimiento penitenciario en la Regi\u00f3n Lima\u201d. Luego de haber entregado la buena pro al Consorcio Montealto-Exeteco-Eulen, y luego de algunas postergaciones para la firma del contrato, se cancel\u00f3 el concurso y el contrato de concesi\u00f3n correspondiente no se firm\u00f3.<\/p>\n

Alrededor del 78% de las 608\u00a0demandas\u00a0de soluci\u00f3n de controversias entre inversores y Estados interpuestas contra 101\u00a0pa\u00edses\u00a0lo ha sido contra pa\u00edses menos adelantados<\/span><\/strong><\/p>\n

Exeteco, una de las empresas integrantes del Consorcio present\u00f3 una solicitud de arbitraje Ad Hoc bajo las reglas de \u00a0la CNUDMI al amparo del Tratado Bilateral de Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Inversiones Per\u00fa- Espa\u00f1a, el 4 de setiembre de 2013.<\/p>\n

El proceso se encuentra en etapa inicial a pesar de haber sido iniciado hace dos a\u00f1os. En octubre del 2015 reci\u00e9n se dio una audiencia para que las partes acuerden el calendario procesal. Exeteco habr\u00eda interpuesto la demanda contra el Estado peruano por U$80 millones.<\/p>\n

El MEF ha desembolsado para este proceso al estudio White & Case US$ 713,625 (30% por honorarios, estudio, local y gastos b\u00e1sicos de la defensa), quedando un saldo de aproximadamente US$ 1,665,125.00, siendo un total de 8 millones 087 mil soles (US$ 2,378,750.00) el costo del contrato.<\/p>\n

Caso Bear Creek Mining Corporation (Caso CIADI N\u00b0ARB\/14\/21)<\/strong><\/p>\n

El 29 de noviembre del a\u00f1o 2007 el Ministerio de Energ\u00eda y Minas expidi\u00f3 el Decreto Supremo N\u00b0 083-2007-EM, que declara de necesidad publica la inversi\u00f3n privada en actividades mineras a fin de que la empresa canadiense Bear Creek Mining Company Per\u00fa pueda adquirir y poseer concesiones mineras dentro de los 50 kil\u00f3metros de frontera con Bolivia.<\/p>\n

EE.UU. nunca ha perdido un\u00a0caso\u00a0de soluci\u00f3n de controversias ni ha tenido que pagar\u00a0indemnizaci\u00f3n\u00a0alguna a ning\u00fan inversor.<\/strong><\/span><\/p>\n

Los grupos ind\u00edgenas organizaron una serie de huelgas y bloqueos en la regi\u00f3n Puno, la polic\u00eda mat\u00f3 a seis, mayoritariamente ind\u00edgenas, por lo que el Gobierno se vio obligado a anular la autorizaci\u00f3n a la empresa minera.<\/p>\n

La controversia surge a partir de la emisi\u00f3n del Decreto Supremo N\u00b0032-2011-EM, que deroga los beneficios a favor de la empresa, porque el DS 083-2007 EM vulneraba el derecho a la consulta previa, siendo un deber indelegable del Estado, seg\u00fan el art\u00edculo 6 del Convenio 169 de la OIT y el art\u00edculo 19 de la Declaraci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind\u00edgenas. Un an\u00e1lisis legal realizado por Justicia Viva se\u00f1ala que el derecho a la consulta no es el \u00fanico que se ha violado en el caso de las comunidades Aymaras: \u201ccuando se realice las actividades extractivas, ellas acarrean la afectaci\u00f3n de otros derechos, cuando el Estado est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de proteger todos y cada uno de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas\u201d.<\/p>\n

Un Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los derechos de los pueblos ind\u00edgenas se\u00f1ala que los acuerdos de inversi\u00f3n y de libre comercio pueden f\u00e1cilmente ir en detrimento de la protecci\u00f3n de los derechos de los pueblos ind\u00edgenas. Las cl\u00e1usulas sobre un trato no discriminatorio, otorgan a los inversores extranjeros el mismo trato que el dado a los inversores nacionales y de otros pa\u00edses. Lo que \u00a0significa que, si los derechos de los pueblos ind\u00edgenas no est\u00e1n expresamente incluidos como excepciones a dichas disposiciones, cualquier protecci\u00f3n especial de sus tierras, podr\u00eda quedar obsoleta en el \u00e1mbito de las inversiones.<\/p>\n

La empresa interpuso una solicitud de arbitraje al amparo del TLC suscrito entre el Per\u00fa y Canad\u00e1. Seg\u00fan proyecciones de especialistas el monto de la demanda le costar\u00eda al Estado US$ 1,200 millones.<\/p>\n

El estudio Sidley Austin LLP ha recibido el 15% del total del contrato: US$ 469,857.25,\u00a0 quedando un saldo de: US$: 2,477,750 (85%), el\u00a0 total del contrato es de aproximadamente 10 millones de soles (US$ 2,947,607.25).<\/p>\n

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