\u00ab\u201c\u00bfPor qu\u00e9 nuestro sistema social nos parece m\u00e1s aceptable que el Apartheid o el r\u00e9gimen de castas? Por la promesa de la meritocracia\u201d, se\u00f1al\u00f3 el historiador Yuval Noah Harari. Nos escandalizamos con sistemas que dividen la sociedad seg\u00fan raza, como el Apartheid de Sud\u00e1frica, o seg\u00fan casta, como en la India tradicional. Sin embargo, en Chile aceptamos con naturalidad que exista desigualdad ante la ley: la justicia suele tratar bien a los ricos y poderosos \u2014incluso cuando son culpables\u2014 y mal a los pobres, mapuche e inocentes.\u00bb<\/p>\n
El expresidente Boric, dijo: \u00abEn Chile no hay ciudadanos de primera y segunda clase\u201d, mientras sus amigos reciben trato privilegiado, basta con ver el caso Larrain procultura,
\nCaso Democracia Viva y Crispi, mientras el mapuche es condenado antes del juicio, como en la operaci\u00f3n Hurac\u00e1n, dirigentes mapuche en prisi\u00f3n preventiva con montajes de
\nFiscal\u00eda.<\/p>\n
Es profundamente revelador que la presunci\u00f3n de inocencia \u2014piedra angular de cualquier ordenamiento que aspire a la civilizaci\u00f3n jur\u00eddica\u2014 y las solemnes promesas de derechos humanos universales choquen de manera tan cruda con la realidad chilena: un racismo institucional que criminaliza la disidencia mapuche, combinado con una desigualdad estructural ante la ley que privilegia a poderosos. En una democracia que se autoproclama progresista, esta contradicci\u00f3n configura una forma de exclusi\u00f3n \u00e9tnica sistem\u00e1tica que, replica mecanismos insidiosos del apartheid sudafricano: la conversi\u00f3n de una identidad en factor de sospecha y de riesgo procesal, lo cual constituye una ofensa no solo al pueblo mapuche, sino a la dignidad humana universal.<\/p>\n
Esto fue condenado por la Relatora Especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, en su informe de agosto de 2024, respecto al trato judicial hacia los pueblos originarios: \u00ab… los
\nperfiles raciales obstaculizan el trato justo a las comunidades de pueblos ind\u00edgenas\u2026\u00bb<\/p>\n
No hablo desde la galer\u00eda acad\u00e9mica financiada por el sufrimiento mapuche, ni desde la hipocres\u00eda de altos funcionarios que predican libertad mientras encarcelan disidentes
\nind\u00edgenas, ni desde los privilegios del poder econ\u00f3mico edificado sobre la expoliaci\u00f3n de nuestro Wallmapu. Lo digo desde el conocimiento emp\u00edrico del oprimido, del epicentro de la segregaci\u00f3n al pueblo Mapuche.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico pidi\u00f3 mi prisi\u00f3n preventiva argumentando peligro de fuga, fundado en la condici\u00f3n de dirigente mapuche mapuche. De esta forma se transform\u00f3 mi herencia \u00e9tnica, mi identidad mapuche en un factor de riesgo, en un castigo, lo que resulta moralmente cuestionable y procesalmente discutible.<\/p>\n
Esa interpretaci\u00f3n va en contra del esp\u00edritu de la Ley 19.253: su art\u00edculo 54 establece que la costumbre ind\u00edgena puede considerarse como antecedente para aplicar una eximente o atenuante de responsabilidad penal, y no que la mera condici\u00f3n \u00e9tnica deba operar autom\u00e1ticamente como agravante.<\/p>\n
Esta insalvable transgresi\u00f3n no es aislada y aparentemente tampoco accidental: m\u00e1s bien, revela un patr\u00f3n estructural de lo que la doctrina ha denominado \u201cderecho penal de autor\u201d.<\/p>\n
Un r\u00e9gimen en el cual la medida cautelar y la presunci\u00f3n de peligrosidad se fundan no en la prueba de actos espec\u00edficos, sino en la ontolog\u00eda misma del imputado. Se penaliza, la existencia pol\u00edtica y \u00e9tnica del dirigente mapuche \u2014 antes que cualquier conducta demostrable. L\u00f3gica premoderna, que bajo la apariencia de neutralidad jur\u00eddica, eliminaban a personas consideradas peligrosas para el ejercicio del poder.<\/p>\n
El tribunal impuso una cauci\u00f3n de 10 millones de pesos, calificando como \u201cdirigente mapuche peligroso\u201d y argumentando riesgo de fuga por las \u201cespeciales vinculaciones con la causa ind\u00edgena\u201d (minutos 13:57, 14:07 y 14:26 del audio judicial). Esta decisi\u00f3n puede interpretarse como la imposici\u00f3n de un \u201cimpuesto \u00e9tnico\u201d a la libertad, al considerar la
\nidentidad mapuche como un factor agravante.<\/p>\n
Contrastando con otros casos de alta connotaci\u00f3n p\u00fablica, como el de Alberto Larra\u00edn en la arista ProCultura del Caso Convenios \u2014donde se investigan transferencias millonarias y delitos de fraude\u2014, o el de Daniel Jadue en el Caso Farmacias Populares, se observa una disparidad evidente en la aplicaci\u00f3n de las medidas cautelares. Esta diferencia de trato no solo genera una percepci\u00f3n de injusticia, sino que vulnera los principios de igualdad ante la ley consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos.<\/p>\n
Si el tribunal acepta que el riesgo de fuga es \u201cinalcanzable\u201d por ser mapuche, la cauci\u00f3n de 10 millones de pesos deja de ser una garant\u00eda de comparecencia y se transforma en un impuesto \u00e9tnico a la libertad.<\/p>\n
Es alarmante, que en un \u201cEstado Democr\u00e1tico\u201d en un gobierno \u201cprogresista\u201d de \u201cizquierda\u201d, se valide castigar por la identidad y la militancia Mapuche, no por los hechos. Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana en el caso de los Lonkos por exactamente estas pr\u00e1cticas.<\/p>\n
Esto no es un error aislado. Es la aplicaci\u00f3n de un \u201cderecho penal de autor\u201d que un gobierno progresista valid\u00f3. Que Bachelet, desde su postulaci\u00f3n a la ONU, guarda silencio ante estas ilegalidades, es inaceptable. Chile debe elegir: o Estado de Derecho para todos, o apartheid ind\u00edgena de facto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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