El problema de ese principio es que se transforma en \u201cletra muerta\u201d cuando se contrasta con la realidad cotidiana de nuestra vida social. Para verificar esta situaci\u00f3n no es necesario recurrir a estudios acad\u00e9micos o manuales de educaci\u00f3n c\u00edvica, basta abrir los ojos para ver lo que somos y como vivimos. La verdad es que quienes nacimos en esta tierra expoliada y segregada, nos percatamos muy pronto que pertenecemos a un grupo al que llegamos no por nuestra voluntad, sino marcado por las diferencias preexistentes que nos condicionan a una cierta asimetr\u00eda como modo de vida. Si bien, esta no es una determinaci\u00f3n absoluta, si genera diferencias estructurales complejas de superar.<\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, la realidad judicial que vivimos d\u00eda a d\u00eda desmiente esa bien inspirada sentencia constitucional. Una vez m\u00e1s, esto no se trata de una percepci\u00f3n subjetiva o de la aplicaci\u00f3n del mero sentido com\u00fan: es una constataci\u00f3n documentada en sentencias, informes policiales y procesos penales que revelan un patr\u00f3n sistem\u00e1tico de aplicaci\u00f3n selectiva de la justicia. Tambi\u00e9n todos sabemos que cuando la justicia es diferenciada, deja de ser justicia y pasa a ser una simple herramienta de discriminaci\u00f3n y uso ileg\u00edtimo del poder. Cuando esto ocurre, la democracia se diluye y se convierte en una autocracia disfrazada.<\/p>\n
Tomemos dos casos emblem\u00e1ticos del llamado \u201cCaso Convenios\u201d, que han sacudido la agenda p\u00fablica en los \u00faltimos a\u00f1os. Por un lado, se encuentra la denominada \u201carista ProCultura\u201d, en la que fue formalizado por fraude al Fisco el psiquiatra Alberto Larra\u00edn, cofundador de la entidad beneficiada con m\u00e1s de 1.600 millones de pesos del Gobierno Regional Metropolitano, sin licitaci\u00f3n ni acreditaci\u00f3n evidente de idoneidad. Larra\u00edn, conocido por moverse con soltura en los c\u00edrculos del poder \u2014donde la identidad ideol\u00f3gica suele ser secundaria\u2014 y por su cercan\u00eda hist\u00f3rica con el gobernador Claudio Orrego, qued\u00f3 en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional tras la audiencia de formalizaci\u00f3n. El juez rechaz\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva solicitada por la Fiscal\u00eda, al considerar que no representaba un peligro para la sociedad. Evidentemente, no se cuestiona aqu\u00ed su derecho a la presunci\u00f3n de inocencia ni la aplicaci\u00f3n del debido proceso; lo que resulta llamativo es el contraste abismal con otros casos de caracter\u00edsticas similares que han recibido un tratamiento judicial muy distinto.<\/p>\n
Lo que parece quedar al desnudo no son los diversos criterios que aplican los jueces respecto de una misma ley ante hechos comparables, sino que algo mucho peor. Lo que se configura es la aplicaci\u00f3n de medidas que se adaptan al inculpado. No es lo mismo juzgar a un ciudadano cualquiera que a alguien que pertenece a un segmento privilegiado por su condici\u00f3n, su historia, sus redes de contacto o su capacidad de influencia.<\/p>\n
Demos un ejemplo que conozco bien. En la llamada \u201carista Los Lagos\u201d del mismo Caso Convenios, fui el primer formalizado a partir de cargos que, se vieron obligados a eliminar por falsedades. Permanec\u00ed 18 meses en prisi\u00f3n preventiva en la c\u00e1rcel de alta seguridad de Puerto Montt (no en la c\u00e1rcel VIP Capit\u00e1n Y\u00e1bar), pese a que la investigaci\u00f3n fue debelando desde el primer momento la verdad que estaba oculta bajo una serie de presunciones que fueron desmoron\u00e1ndose una a una. Tambi\u00e9n se han presentado en este asunto graves irregularidades como filtraciones de informaci\u00f3n reservada desde la fiscal\u00eda hacia el gobierno regional seg\u00fan un informe policial de noviembre de 2023, que concluye la existencia de al menos tres fiscales involucrados en la entrega indebida de datos.<\/p>\n
Mi liberaci\u00f3n lleg\u00f3 solo tras mi declaraci\u00f3n judicial como m\u00e9todo de defensa (art. 98 CPP). En ese escenario la fiscal\u00eda se opuso al otorgamiento de mi libertad argumentando que \u201cpor ser mapuche hab\u00eda riesgo de fuga de una comunidad a otra\u201d. Por esa raz\u00f3n, me obligaron al pago de una cauci\u00f3n de 10 millones de pesos, dinero que fue reunido por mi familia y amigos con un gran esfuerzo. Lo cierto es que la acusaci\u00f3n se ha debilitado principalmente porque se ha acreditado que nunca recib\u00ed fondos p\u00fablicos y que no era parte de la fundaci\u00f3n que los recibi\u00f3, por ende, nunca deb\u00ed haber estado en prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n
Como se aprecia a simple vista, el contraste resulta evidente: mientras una persona sale pr\u00e1cticamente indemne en una etapa temprana del proceso, pese a la magnitud de los fondos involucrados y las acusaciones de concierto con autoridades p\u00fablicas, otra persona de origen mapuche, sin redes de poder y sin dinero se aplica la medida m\u00e1s gravosa sin pruebas concluyentes y con vicios procesales demostrables.<\/p>\n
Este doble est\u00e1ndar no es nuevo y para ilustrar presento mi segundo ejemplo. La denominada \u201cOperaci\u00f3n Hurac\u00e1n\u201d (2017), sac\u00f3 a la luz uno de los casos de mentira institucional m\u00e1s flagrantes de la historia reciente. En efecto, un tribunal oral en Temuco conden\u00f3 en enero de 2026 a exfuncionarios de inteligencia de Carabineros y a un civil por falsificaci\u00f3n de instrumento p\u00fablico y obstrucci\u00f3n a la investigaci\u00f3n. Se acredit\u00f3 que implantaron pruebas falsas en celulares de siete mapuche y un periodista para justificar las detenciones y la prisi\u00f3n preventiva. El Estado, a trav\u00e9s de la polic\u00eda, la Fiscal\u00eda y, en su momento, con la complacencia de autoridades pol\u00edticas, mont\u00f3 una persecuci\u00f3n que record\u00f3 las pr\u00e1cticas de la dictadura.<\/p>\n
Hasta hoy, el Presidente de la Rep\u00fablica no ha asumido responsabilidad pol\u00edtica alguna por este montaje estatal. Es lo que corresponder\u00eda hacer respecto de funcionarios p\u00fablicos que actuaron al amparo de las atribuciones que esos mismos cargos les otorgaban. La cl\u00e1sica mala memoria y una ancestral discriminaci\u00f3n que nos ahoga, hizo que ese fallo y sus implicancias pasaran casi desapercibidos.<\/p>\n
En mi caso personal, la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico present\u00f3 graves irregularidades, entre ellas la valoraci\u00f3n invertida de pruebas, la omisi\u00f3n de antecedentes relevantes y el uso impl\u00edcito de mi origen mapuche como factor de riesgo procesal, en contradicci\u00f3n con la normativa que proh\u00edbe la discriminaci\u00f3n racial.<\/p>\n
Ojal\u00e1 esto solo fuera una injusticia individual o localizada en casos puntuales. En realidad, esto es una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica que se manifiesta de viejas o nuevas maneras. Se trata de la expresi\u00f3n de un Estado que niega la justicia igualitaria, que aplica la ley seg\u00fan el apellido, que te trata bien si eres del \u201cc\u00edrculo de confianza\u201d, pero te trata mal si eres mapuche e inocente o si eres pobre, inmigrante, de la diversidad sexual, deudor, progresista o simplemente diferente.<\/p>\n
A prop\u00f3sito de otros asuntos, el presidente Boric ha dicho que en Chile existe igualdad ante la ley. Lo cierto es que un sistema corrupto desde sus ra\u00edces jam\u00e1s podr\u00e1 conducirnos por el camino hacia la implementaci\u00f3n de una justicia real. No, se\u00f1or. Instaurar un sistema justo y digno requiere de una\u00a0conducci\u00f3n pol\u00edtica que se oriente seg\u00fan principios \u00e9ticos, con jueces de moral intachable y probos, con fiscales no influenciados por el prejuicio o intereses particulares y una pol\u00edtica recta en su proceder y que busque el bien com\u00fan, sin distinci\u00f3n de raza, capacidad de influencia o condici\u00f3n de vida. Ahora s\u00ed est\u00e1s condiciones imposibles se dieran, el \u201camigo\u201d del presidente Boric, (Alberto Larra\u00edn) estar\u00eda en prisi\u00f3n
\npreventiva.<\/p>\n
Los acontecimientos recientes relacionadas con las sanciones y destituciones de los titulares del m\u00e1ximo tribunal de la Rep\u00fablica, deber\u00eda hacernos reflexionar sobre la fragilidad del sistema de justicia y sus agentes principales. La demanda por una justicia verdadera y moralmente apta constituye una urgencia de la mayor prioridad. Ello implica romper con la legalidad hegem\u00f3nica que ha servido de instrumento de opresi\u00f3n y avanzar hacia un pluralismo jur\u00eddico real, donde el derecho deje de ser un mecanismo de dominaci\u00f3n y se transforme en camino hacia la libertad personal y colectiva. Solo as\u00ed se honrar\u00e1 la promesa constitucional de igualdad y se reparar\u00e1 el da\u00f1o causado a los pueblos originarios y a todos
\nquienes sufren la selectividad de la justicia.<\/p>\n
Chile no puede seguir fingiendo aquello que la evidencia deja al descubierto. Es hora de asumir esta verdad inc\u00f3moda y exigir una reforma profunda que ponga fin a los privilegios invisibles pero plenamente actuantes en la vida nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La primera frase que expresa el art\u00edculo 1 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica en sus \u201cBases de la institucionalidad\u201d, proclama que en Chile \u201cLas personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos\u201d. Este principio democr\u00e1tico aclara que…<\/p>\n","protected":false},"author":1949,"featured_media":2674269,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11389,79,161,74,67],"tags":[441,34338,151142,3078],"class_list":["post-2674248","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contenido-original","category-derechos-humanos","category-opiniones","category-politica-es","category-sudamerica","tag-derechos-humanos","tag-estado-de-derecho","tag-igualdad-ante-la-ley","tag-pueblo-mapuche"],"yoast_head":"\n