{"id":2669141,"date":"2026-01-19T22:48:10","date_gmt":"2026-01-19T22:48:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=2669141"},"modified":"2026-01-19T22:48:10","modified_gmt":"2026-01-19T22:48:10","slug":"la-batalla-por-las-semillas-en-america-latina-como-avanza-el-cerco-legal-y-como-responden-los-pueblos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2026\/01\/la-batalla-por-las-semillas-en-america-latina-como-avanza-el-cerco-legal-y-como-responden-los-pueblos\/","title":{"rendered":"La batalla por las semillas en Am\u00e9rica Latina: c\u00f3mo avanza el cerco legal y c\u00f3mo responden los pueblos"},"content":{"rendered":"
Cada vez m\u00e1s, el avance corporativo se disfraza de protecci\u00f3n legal. Bajo leyes que supuestamente resguardan la semilla, se abren puertas para su registro, certificaci\u00f3n o privatizaci\u00f3n. Frente a ese cerco, los pueblos ind\u00edgenas y rurales sostienen sus semillas como si fueran un territorio vivo. Lo que est\u00e1 en juego no es solo la agricultura, sino un pilar esencial de las sociedades latinoamericanas.<\/div>\n
Por Grain<\/span><\/a><\/div>\n
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Las discusiones actuales sobre propiedad intelectual y tratados de libre comercio no hacen sino\u00a0actualizar una estrategia persistente<\/a><\/span>: los intentos del agronegocio por apropiarse de las semillas mediante normas o leyes que regulan su circulaci\u00f3n, su venta y su uso. En la coyuntura reciente, estos mecanismos han recuperado fuerza con compromisos internacionales que reconfiguran el sistema agr\u00edcola en beneficio de la industria.<\/div>\n
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Durante a\u00f1os, distintos gobiernos han promovido disposiciones que, bajo la promesa de \u201cordenar\u201d la comercializaci\u00f3n de semillas, han terminado afectando las pr\u00e1cticas tradicionales de quienes trabajan la tierra. Al introducir criterios de control sobre variedades vegetales y procedimientos de manejo, estas disposiciones consolidan un escenario que favorece a las corporaciones y reduce el margen para el uso, la conservaci\u00f3n y el intercambio campesino de semillas.<\/div>\n
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En paralelo, organizaciones campesinas e ind\u00edgenas han impulsado iniciativas de leyes o normativas destinadas a resguardar sus saberes y garantizar el uso libre de las semillas. Sin embargo, varias de estas propuestas se alejan de las din\u00e1micas reales del campo, ya sea por dise\u00f1os t\u00e9cnicos poco adecuados o por no incorporar plenamente las necesidades de quienes sostienen la diversidad agr\u00edcola.<\/div>\n
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La arquitectura legal del control<\/h3>\n
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Buena parte de este cerco se sostiene en legislaciones moldeadas por los est\u00e1ndares de la Uni\u00f3n Internacional para la Protecci\u00f3n de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Este marco limita el derecho campesino a\u00a0guardar, reutilizar e intercambiar semillas<\/a><\/span>, y ampl\u00eda los derechos de quienes reclaman \u201cpropiedad\u201d sobre nuevas variedades. A ello se suman los reg\u00edmenes derivados del Tratado sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en ingl\u00e9s), que autorizan patentar variedades vegetales y tecnolog\u00edas agr\u00edcolas, reforzando la dependencia de las comunidades respecto a la industria.<\/div>\n
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Los tratados de libre comercio profundizan esa tendencia. En varios pa\u00edses latinoamericanos, la firma de acuerdos con Estados Unidos o la Uni\u00f3n Europea ha ido acompa\u00f1ada de\u00a0presiones para adoptar UPOV 91 o implementar sistemas de patentes para variedades vegetales<\/a><\/span>. M\u00e1s recientemente, los\u00a0Emiratos \u00c1rabes Unidos han replicado esas presiones<\/a><\/span>\u00a0en pa\u00edses del sur global. En conjunto, estas normas imponen derechos de obtentor, reglas r\u00edgidas para la comercializaci\u00f3n y mecanismos que chocan frontalmente con las pr\u00e1cticas campesinas.<\/div>\n
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El caso de Chile muestra esa tensi\u00f3n con especial claridad. En 2024,\u00a0una resoluci\u00f3n<\/a><\/span>\u00a0que buscaba reconocer oficialmente las semillas tradicionales termin\u00f3 incluyendo criterios que restring\u00edan el intercambio y la comercializaci\u00f3n comunitaria. Las modificaciones introducidas en el proceso legislativo favorecieron a empresas semilleras y otorgaron al Ministerio de Agricultura potestad para regular la cantidad de semillas que pod\u00edan intercambiarse. Para organizaciones como Asociaci\u00f3n Nacional de Mujeres Rurales e Ind\u00edgenas (ANAMURI), esto significaba\u00a0una amenaza directa a sus sistemas de semillas y una v\u00eda encubierta para impulsar la adhesi\u00f3n a UPOV 91<\/a><\/span>. La presi\u00f3n social logr\u00f3 que\u00a0la resoluci\u00f3n fuera finalmente derogada<\/span>.<\/a><\/div>\n
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Esta experiencia ilustra c\u00f3mo las exigencias burocr\u00e1ticas \u2014registro obligatorio, normas de almacenamiento o procedimientos uniformes\u2014 pueden convertirse en barreras que obstaculizan las pr\u00e1cticas que mantienen viva la agrobiodiversidad. Pero tambi\u00e9n revela otro aspecto central: el avance corporativo no es inevitable. En distintos pa\u00edses, la movilizaci\u00f3n campesina e ind\u00edgena ha logrado frenar normas que buscaban obligar al registro de semillas o restringir su circulaci\u00f3n. All\u00ed donde esas luchas han sido sostenidas, la privatizaci\u00f3n ha encontrado l\u00edmites y las comunidades han defendido su derecho a usar, multiplicar e intercambiar sus semillas.<\/div>\n
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El avance corporativo y la resistencia campesina<\/h3>\n
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Un ejemplo paradigm\u00e1tico de la\u00a0presi\u00f3n corporativa<\/a><\/span>\u00a0se dio en Honduras en 2012, cuando el Parlamento aprob\u00f3 la\u00a0Ley de Protecci\u00f3n de Obtenciones de Vegetales<\/a><\/span>. Detr\u00e1s de esta iniciativa estuvieron c\u00e1maras empresariales vinculadas al agronegocio y a la industria semillera, as\u00ed como empresas transnacionales que operan en la regi\u00f3n \u2014entre ellas corporaciones del sector como Monsanto (hoy parte de Bayer), Syngenta o Cargill\u2014 interesadas en expandir reg\u00edmenes de propiedad sobre las semillas. La legislaci\u00f3n restring\u00eda el derecho de las personas agricultoras a guardar, compartir o intercambiar sus semillas, lo que provoc\u00f3 un rechazo social inmediato. Organizaciones campesinas como la Asociaci\u00f3n Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecol\u00f3gica (ANAFAE) sostuvieron una lucha de m\u00e1s de una d\u00e9cada hasta lograr que la norma fuera finalmente\u00a0declarada inconstitucional<\/span>.<\/a><\/div>\n
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La derogaci\u00f3n de esta ley no fue un hecho aislado. Respondi\u00f3 a a\u00f1os de resistencia encabezada por ANAFAE y otras organizaciones campesinas, que denunciaban que \u201cLa Ley Monsanto vulnera la Constituci\u00f3n porque limita el desarrollo de la poblaci\u00f3n. En un pa\u00eds donde muchas familias dependen de lo que cultivan para subsistir, este tipo de leyes nos condenan al hambre\u201d. \u00b9<\/div>\n
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La Corte Suprema confirm\u00f3 esta preocupaci\u00f3n: determin\u00f3 que el Decreto N\u00ba 21-2012 atentaba contra la soberan\u00eda nacional, los derechos de las comunidades campesinas y el derecho a la alimentaci\u00f3n. Tambi\u00e9n concluy\u00f3 que el Convenio UPOV \u2014base de la normativa\u2014 contraven\u00eda principios constitucionales esenciales, como el derecho a la vida, a la dignidad humana, a una vida digna, a la alimentaci\u00f3n y a la salud. A pesar de este fallo y del esfuerzo de las organizaciones campesinas, el Congreso, respaldado por corporaciones del sector, intenta nuevamente\u00a0reactivar la denominada \u201cLey Monsanto\u201d<\/span>.<\/a><\/div>\n
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Lo que ocurri\u00f3 en Honduras no fue un caso aislado: marc\u00f3 el comienzo de una ola de iniciativas legislativas que recorrieron Am\u00e9rica Latina con la misma f\u00f3rmula: propiedad intelectual, registros obligatorios y criminalizaci\u00f3n del intercambio, casi siempre impulsadas por las mismas empresas transnacionales.<\/div>\n
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En Ecuador, varias organizaciones\u00a0criticaron la Ley Org\u00e1nica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura<\/a><\/span>, aprobada en 2017, porque no garantizaba el derecho de los pueblos ind\u00edgenas y campesinos a usar e intercambiar sus semillas. La norma buscaba crear un sistema nacional de registro de semillas y, adem\u00e1s, limitaba el derecho a guardar, transportar e intercambiar semillas seg\u00fan sus criterios culturales y formas de manejo tradicionales. La Ley tambi\u00e9n fue cuestionada por intentar permitir la\u00a0introducci\u00f3n de semillas transg\u00e9nicas<\/a><\/span>\u00a0para fines experimentales, algo prohibido constitucionalmente por el art\u00edculo 401 de la Constituci\u00f3n.<\/div>\n
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Una preocupaci\u00f3n similar estall\u00f3 en Guatemala, donde las comunidades ind\u00edgenas llevan manifest\u00e1ndose varios a\u00f1os para exigir que el gobierno\u00a0descarte una propuesta de ley basada en los lineamientos de UPOV 91<\/a>.<\/span> Estas protestas se han convertido en el eje de una huelga nacional que cuestiona las pol\u00edticas gubernamentales. Los pueblos ind\u00edgenas y el campesinado, junto con aliados de la sociedad civil, han organizado movilizaciones y encuentros en los que denuncian que dicha ley vulnera sus derechos al no haber sido sometida a una consulta libre, previa e informada. Tambi\u00e9n advierten que representa una amenaza para los sistemas alimentarios ancestrales, la soberan\u00eda alimentaria y la continuidad de las pr\u00e1cticas tradicionales campesinas e ind\u00edgenas.<\/div>\n
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En Argentina, el gobierno de Javier Milei intent\u00f3 incluir en su propuesta de \u201cLey \u00d3mnibus\u201d una cl\u00e1usula (Art\u00edculo 241) para adherir a UPOV 91. La iniciativa cont\u00f3 con el\u00a0respaldo de transnacionales semilleras como Bayer, Syngenta, Corteva y BASF.<\/a><\/span>\u00a0El art\u00edculo buscaba impedir que las agricultoras y los agricultores \u2014incluidos los grandes productores de soja, un sector con gran influencia en el pa\u00eds\u2014 reutilizaran sus semillas, ampliando as\u00ed el control corporativo sobre las cosechas y poniendo en riesgo la soberan\u00eda alimentaria. La respuesta fue un amplio movimiento social que logr\u00f3 derrotar la propuesta y eliminar el Art\u00edculo 241.<\/div>\n
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El 24 de enero de 2024, una huelga y movilizaci\u00f3n nacional liderada por las principales centrales sindicales reuni\u00f3 a cerca de cinco millones de personas. UPOV 91 fue uno de los puntos centrales de la protesta, que consigui\u00f3 frenar la ley. Sin embargo, la lucha contin\u00faa, pues el gobierno mantiene su intenci\u00f3n de presentar un nuevo proyecto para restringir el derecho de las agricultoras y los agricultores a conservar y utilizar semillas libremente.<\/div>\n
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En el caso chileno, la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos se ha convertido en una herramienta de presi\u00f3n para que el gobierno ratifique la\u00a0adhesi\u00f3n al UPOV 91<\/a><\/span>\u00a0e incremente la protecci\u00f3n para las empresas semilleras. Actualmente, organizaciones sociales han rechazado la entrada en vigor del\u00a0acuerdo de libre comercio con la Uni\u00f3n Europea<\/a>\u00a0y del\u00a0Tratado Integral y Progresista de Asociaci\u00f3n Transpac\u00edfico (TPP-11 o CPTPP)<\/a><\/span>, ya que tambi\u00e9n incluyen obligaciones para que el pa\u00eds adopte UPOV 91. Advierten que esto amenaza la recuperaci\u00f3n y protecci\u00f3n de la semilla campesina al facilitar\u00a0el registro corporativo y criminalizar el libre intercambio de semillas<\/span>.<\/a><\/div>\n
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En Bolivia, durante 2025, organizaciones campesinas e ind\u00edgenas\u00a0rechazaron la adhesi\u00f3n del pa\u00eds a UPOV 91<\/a><\/span>.Consideran que las restricciones y los mecanismos de privatizaci\u00f3n que promueve este convenio vulneran sus derechos y comprometen la soberan\u00eda alimentaria. La protecci\u00f3n de las semillas nativas, sostienen, es un pilar de su identidad y de las pr\u00e1cticas culturales que sostienen la vida comunitaria.<\/div>\n
<\/div>\n
La preocupaci\u00f3n se ha extendido a escala regional. En mayo de 2024, organizaciones campesinas y de la sociedad civil de M\u00e9xico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Ecuador se reunieron en Costa Rica\u00a0\u201cpor la defensa de las semillas y el ma\u00edz\u201d<\/a>. All\u00ed compartieron experiencias y acordaron acciones comunes para enfrentar el creciente control que las transnacionales buscan imponer sobre las semillas y otros materiales de reproducci\u00f3n mediante la propiedad intelectual, las leyes de comercializaci\u00f3n y diversas normativas. Las delegaciones denunciaron espec\u00edficamente los tratados de libre comercio y las leyes UPOV, a las que consideran una amenaza de extrema gravedad para sus comunidades.<\/div>\n
<\/div>\n
Ese mismo impulso atraviesa hoy a toda la regi\u00f3n: el campesinado latinoamericano sostiene diversas formas de resistencia frente a los intentos de privatizar y controlar las semillas, y\u00a0denuncia estas regulaciones como amenazas directas a la agrobiodiversidad y a su autonom\u00eda<\/a><\/span>.<\/div>\n
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Tabla 1: Pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, leyes de semillas y su estado de adhesi\u00f3n a UPOV<\/strong><\/div>\n
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\u00a0Pa\u00eds<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
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\u00a0Ley de semillas nacional<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
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\u00a0Instrumentos\u00a0 <\/strong><\/div>\n
\u00a0regionales<\/strong><\/div>\n<\/td>\n
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\u00a0UPOV<\/strong><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Argentina<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
\u00a0Resoluci\u00f3n Mercosur:<\/div>\n
\n
\u00a0UPOV 78<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Brasil<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
\u00a0Resoluci\u00f3n Mercosur:<\/div>\n
\n
\u00a0UPOV 78<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Chile<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
<\/div>\n<\/td>\n
\n
\u00a0UPOV 78<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Colombia<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
\u00a0Comunidad Andina de<\/div>\n
\u00a0UPOV 78<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Costa Rica<\/div>\n<\/td>\n
\n\n\u00a0UPOV 91<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Cuba<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
<\/div>\n<\/td>\n
\n
\u00a0No adhesi\u00f3n<\/div>\n
\u00a0a UPOV<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Ecuador<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
\u00a0Comunidad Andina de<\/div>\n
\n
\u00a0UPOV 78<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0El Salvador<\/div>\n<\/td>\n
\n\n\n
\u00a0No adhesi\u00f3n<\/div>\n
\u00a0a UPOV<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Guatemala<\/div>\n<\/td>\n
\n
\u00a0Se rige por el reglamento t\u00e9cnico Centroamericano<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
\u00a0No adhesi\u00f3n<\/div>\n
\u00a0a UPOV<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Honduras<\/div>\n<\/td>\n
\n\n\n
\u00a0No adhesi\u00f3n<\/div>\n
\u00a0a UPOV<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Panam\u00e1<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
<\/div>\n<\/td>\n
\n
\u00a0UPOV 91<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Per\u00fa<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
\u00a0Comunidad Andina de<\/div>\n
\n
\u00a0UPOV 91<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0M\u00e9xico<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
<\/div>\n<\/td>\n
\n
\u00a0UPOV 78<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Nicaragua<\/div>\n<\/td>\n
\n\n\n
\u00a0UPOV 78<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Paraguay<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
\u00a0Resoluci\u00f3n Mercosur:<\/div>\n
\n
\u00a0UPOV 78<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Rep\u00fablica\u00a0 \u00a0Dominicana<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
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\n
\u00a0UPOV 91<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Uruguay<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
\u00a0Resoluci\u00f3n Mercosur:<\/div>\n
\n
\u00a0UPOV 78<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n
\n
\u00a0Venezuela<\/div>\n<\/td>\n
\n\n
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\n
\u00a0No adhesi\u00f3n\u00a0 a UPOV<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n
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Elaboraci\u00f3n: GRAIN. Fuente: Legislaciones nacionales vigentes de cada pa\u00eds y UPOV<\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n
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El riesgo de legislar la semilla campesina<\/h3>\n
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En los \u00faltimos a\u00f1os, organizaciones sociales de pa\u00edses como\u00a0Guatemala<\/a><\/span>\u00a0y\u00a0Per\u00fa<\/a><\/span>\u00a0han promovido proyectos de ley orientados a \u201cproteger\u201d las semillas nativas o criollas y garantizar su libre uso e intercambio. Aunque estas iniciativas parten de una preocupaci\u00f3n leg\u00edtima, pueden convertirse en un riesgo para las comunidades. Las normas que buscan resguardar las semillas pueden ser reinterpretadas, modificadas o capturadas por actores del agronegocio, que encuentran en el lenguaje legal v\u00edas para favorecer sus intereses.<\/div>\n
<\/div>\n
En Per\u00fa, el Grupo Impulsor de Semillas Nativas (Grisen) present\u00f3 el\u00a0Proyecto de Ley N.\u00b0 11521<\/a><\/span>, cuyo prop\u00f3sito central es proteger los sistemas tradicionales de semillas nativas y salvaguardar el conocimiento ancestral y la agrobiodiversidad. A pesar de ello, el texto contiene aspectos problem\u00e1ticos. El art\u00edculo 5 establece una definici\u00f3n restrictiva de \u201cSistemas Tradicionales de Semillas Nativas\u201d, lo que podr\u00eda dejar fuera otras pr\u00e1cticas de conservaci\u00f3n e intercambio. El art\u00edculo 11 introduce mecanismos de registro que, de aplicarse con criterios t\u00e9cnicos o comerciales ajenos al mundo rural, podr\u00edan limitar el intercambio libre. A esto se suma que el art\u00edculo 13 concentra en el Estado la facultad de distribuir semillas nativas, asignando a las comunidades un rol meramente receptor.<\/div>\n
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En Brasil existen tres marcos legales distintos que regulan las semillas y la propiedad intelectual:\u00a0(1)<\/strong>\u00a0<\/strong>la Ley de Cultivares, inspirada en UPOV; (2)\u00a0<\/strong>la Ley de Semillas y Pl\u00e1ntulas junto con su reglamento; y\u00a0(3)\u00a0<\/strong>las disposiciones sobre patentes de secuencias gen\u00e9ticas derivadas de los TRIPS, adoptadas en el marco de la OMC, lo que permiti\u00f3 la\u00a0<\/strong>patentabilidad de semillas transg\u00e9nicas<\/a><\/span>\u00a0<\/strong>a trav\u00e9s de la\u00a0Ley de Propiedad Industrial N.\u00b0 9.279\/1996<\/span>.<\/a><\/div>\n
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Desde 2003 est\u00e1 vigente la Ley de Semillas y Pl\u00e1ntulas y el\u00a0Sistema Nacional de Registro de Semillas y Plantas<\/a><\/span>, los cuales establecen normas para la producci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y certificaci\u00f3n de semillas. El Decreto N.\u00b0 10.586, promulgado en 2020, junto con normativas posteriores, introdujo cambios relevantes, como la exenci\u00f3n de registro para las semillas tradicionales destinadas al uso propio y la autorizaci\u00f3n para que los agricultores reserven hasta el 10% de sus semillas para la siembra. Estas reformas fueron impulsadas principalmente por la movilizaci\u00f3n de organizaciones campesinas. Sin embargo, \u201ces una ley contradictoria, pero hasta ahora ha servido a algunas organizaciones campesinas, debido a las excepciones para las semillas criollas y agricultores familiares\u201d.\u00b2<\/div>\n
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Estas excepciones han permitido que el intercambio de semillas entre comunidades campesinas, ind\u00edgenas y agricultores familiares se mantenga fuera del control estatal, sin necesidad de inscripci\u00f3n en el sistema oficial. No obstante, cuando se trata de vender semillas en los mercados, la ley exige un registro t\u00e9cnico que resulta inaccesible para la mayor\u00eda del campesinado. \u201cEs casi imposible cumplir con todos los requisitos\u201d, advierte Naiara, miembro de la organizaci\u00f3n brasile\u00f1a Tierra de Direitos, evidenciando la distancia entre el marco legal y las pr\u00e1cticas reales del campo.<\/div>\n
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Aun con estas restricciones, el intercambio de semillas campesinas contin\u00faa siendo un espacio de resistencia y reproducci\u00f3n cultural. Las ferias comunitarias, las redes locales y los saberes ancestrales sostienen la autonom\u00eda campesina sobre sus semillas, sin necesidad de un reconocimiento institucional en Brasil. Sin embargo, \u201cel Estado lo tolera porque considera que son iniciativas peque\u00f1as, pero no las apoya para su expansi\u00f3n\u201d, se\u00f1ala Naiara. Esta exclusi\u00f3n tiene consecuencias concretas: quienes trabajan con semillas criollas quedan fuera de cr\u00e9ditos, seguros agr\u00edcolas y programas p\u00fablicos, debido a los requisitos de trazabilidad impuestos por el Estado y las entidades financieras.<\/div>\n
<\/div>\n
En 2017, el gobierno cre\u00f3 el\u00a0Catastro Nacional de Cultivares Criollos<\/a><\/span>\u00a0con el objetivo de facilitar el acceso al Programa de Adquisici\u00f3n de Alimentos (PAA). No obstante, este catastro tambi\u00e9n gener\u00f3 tensiones. Para algunas organizaciones represent\u00f3 un avance; para otras, un potencial mecanismo de control estatal que\u00a0podr\u00eda restringir la comercializaci\u00f3n de semillas criollas<\/span>.<\/a>\u00a0Asimismo, han advertido que los registros pueden convertirse en instrumentos de vigilancia o persecuci\u00f3n, especialmente ante cambios de gobierno y variaciones en las prioridades institucionales.<\/div>\n
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M\u00e1s recientemente, en octubre de 2025, congresistas afines al agronegocio han impulsado una\u00a0reforma de la Ley de Cultivares para alinear al pa\u00eds con las reglas de UPOV 91<\/a><\/span>. La propuesta ha generado un rechazo inmediato por parte de organizaciones campesinas como el Movimiento de Peque\u00f1os Agricultores (MPA).<\/div>\n
<\/div>\n
Por otro lado, en 2022 diversas organizaciones campesinas e ind\u00edgenas de Guatemala presentaron la\u00a0<\/strong>Iniciativa de Ley 6086, o Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales<\/a><\/span>, como una alternativa legislativa orientada a proteger las semillas, la biodiversidad y los saberes tradicionales. La iniciativa buscaba \u201cdefender la biodiversidad y los conocimientos ancestrales del modelo extractivo, los saqueos, despojos de las empresas y pol\u00edticos corruptos\u201d, proponiendo un marco normativo que reconociera estos conocimientos como patrimonio colectivo. Adem\u00e1s, planteaba que su uso deb\u00eda regirse por principios de justicia y reciprocidad, garantizando que los beneficios se orientaran prioritariamente hacia los pueblos ind\u00edgenas.<\/div>\n
<\/div>\n
No obstante, seg\u00fan organizaciones como REDSAG, el proceso de esta iniciativa de ley estuvo marcado por presiones e intentos de modificar sus articulados, introduciendo cambios que ponen en riesgo sus principios fundamentales. Un ejemplo es el Art\u00edculo 8, que se\u00f1ala que la ley no afecta el intercambio tradicional de conocimientos protegidos entre comunidades ind\u00edgenas y campesinas; sin embargo, al mismo tiempo establece que las comunidades no tienen garant\u00eda de que sus semillas no puedan ser apropiadas por el Estado para su aprovechamiento, lo que genera incertidumbre y desconfianza.<\/div>\n
<\/div>\n
El Art\u00edculo 15, por su parte, permite que las comunidades mantengan sus sistemas de administraci\u00f3n territorial, pero solo \u201csiempre y cuando sean compatibles con normas cient\u00edfico-t\u00e9cnicas\u201d. Esta condici\u00f3n podr\u00eda facilitar la imposici\u00f3n de est\u00e1ndares externos que no consideren la diversidad ni la particularidad de las pr\u00e1cticas campesinas, comprometiendo la autonom\u00eda comunitaria sobre sus semillas y saberes.<\/div>\n
<\/div>\n
Asimismo, el Art\u00edculo 22 abre la posibilidad de que legislaciones externas o acuerdos internacionales tengan primac\u00eda sobre la protecci\u00f3n local, lo que constituye una amenaza para la soberan\u00eda de las semillas campesinas y el resguardo de los conocimientos ancestrales frente a intereses comerciales o de terceros.<\/div>\n
<\/div>\n
Finalmente, esta propuesta de ley no fue aprobada por el Congreso de Guatemala. Ante ello, las organizaciones han reorientado sus esfuerzos hacia la resistencia y la denuncia p\u00fablica frente a los intentos del gobierno de impulsar una\u00a0Ley de Semillas alineada con los intereses de las corporaciones<\/a><\/span>\u00a0semilleras.<\/div>\n
<\/div>\n
La experiencia de las organizaciones guatemaltecas muestra que incluso las iniciativas legislativas concebidas para proteger las semillas campesinas e ind\u00edgenas pueden terminar sin garantizar el reconocimiento ni el libre uso de la semilla campesina. Las modificaciones introducidas en los espacios legislativos, muchas veces producto de la presi\u00f3n corporativa, pueden desvirtuar el esp\u00edritu original de estas propuestas y convertirlas en amenazas para los derechos de las comunidades.<\/div>\n
<\/div>\n
La defensa de los derechos campesinos y de sus semillas representa, en esencia, una confrontaci\u00f3n por el control y la autonom\u00eda. La experiencia acumulada en pa\u00edses como Per\u00fa, Brasil y Guatemala nos muestra que las leyes y regulaciones, por m\u00e1s bien intencionadas que parezcan, suelen distanciarse de la realidad y las necesidades de quienes cultivan la tierra. De hecho, la intervenci\u00f3n estatal puede limitar el intercambio libre, imponer mecanismos de registro inaccesibles y relegar a las comunidades a meros beneficiarios, mientras el verdadero control se mantiene lejos de sus manos.<\/div>\n
<\/div>\n
Si bien es tentador impulsar normas o legislaciones que reconozcan las semillas campesinas como un derecho fundamental o como patrimonio p\u00fablico, la experiencia reciente muestra que estas iniciativas suelen quedar subordinadas a intereses comerciales y corporativos. Por ello, resulta m\u00e1s \u00fatil concentrar los esfuerzos en desmontar las leyes que favorecen a las corporaciones que en crear nuevos marcos legales supuestamente protectores, pero vulnerables a la captura.<\/div>\n
<\/div>\n
En los pr\u00f3ximos a\u00f1os, la regi\u00f3n enfrentar\u00e1 una disyuntiva decisiva: permitir que la propiedad intelectual cierre el ciclo sobre la agricultura y las semillas, o fortalecer los sistemas campesinos que han mantenido viva la diversidad de la que depende la alimentaci\u00f3n mundial. La batalla por las semillas en la regi\u00f3n, lejos de estar resuelta, reci\u00e9n est\u00e1 entrando en su momento m\u00e1s intenso.<\/div>\n
\n
\n<\/div>\n
\u00b9\u00a0Comunicaci\u00f3n personal con Octavio, miembro de ANAFAE
\n\u00b2\u00a0Comunicaci\u00f3n personal con Naiara, miembro de Terra de Direitos – Brasil<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cada vez m\u00e1s, el avance corporativo se disfraza de protecci\u00f3n legal. Bajo leyes que supuestamente resguardan la semilla, se abren puertas para su registro, certificaci\u00f3n o privatizaci\u00f3n. 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