{"id":2660144,"date":"2025-12-10T16:42:42","date_gmt":"2025-12-10T16:42:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=2660144"},"modified":"2025-12-10T16:49:51","modified_gmt":"2025-12-10T16:49:51","slug":"las-incongruencias-de-la-reforma-del-consejo-superior-de-la-magistratura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2025\/12\/las-incongruencias-de-la-reforma-del-consejo-superior-de-la-magistratura\/","title":{"rendered":"Las incongruencias de la reforma del Consejo Superior de la Magistratura"},"content":{"rendered":"<p>En esta pr\u00f3xima primavera se celebrar\u00e1 un Refer\u00e9ndum Constitucional sin <em>qu\u00f3rum<\/em> sobre la llamada \u201creforma de la Justicia\u201d. En resumen, podr\u00edamos sintetizar el contenido de la revisi\u00f3n constitucional en cuatro puntos.<\/p>\n<p><strong>1) La separaci\u00f3n de carreras entre jueces y fiscales<\/strong><\/p>\n<p>En la nueva formulaci\u00f3n del art\u00edculo 102 de la Constituci\u00f3n se hace referencia a las \u00abdistintas carreras de los magistrados juzgadores y de los fiscales (requirentes)\u00bb. Pero el actual art. 107 de la Constituci\u00f3n, que en este punto no se modifica, dice: \u00abLos magistrados se distinguen entre s\u00ed solo por la diversidad de funciones\u00bb. De hecho, se crean dos normas que utilizan dos t\u00e9rminos (\u00abcarreras\u00bb y \u00abfunciones\u00bb) con significados no coincidentes.<\/p>\n<p>Actualmente los magistrados en Italia son unos 8.800: unos 6.600 son jueces y unos 2.200 son fiscales. En los \u00faltimos a\u00f1os estos son los datos oficiales del cambio de funciones de juez a fiscal o viceversa. En 2019 = 24, en 2020 = 25, en 2021 = 31, en 2022 = 25, en 2023 = 34. Se trata de un porcentaje del 0,31%. De hecho, las \u00abcarreras\u00bb ya est\u00e1n separadas.<\/p>\n<p>Considerando estos datos, cabe preguntarse qu\u00e9 sentido tiene modificar la Constituci\u00f3n por una cuesti\u00f3n casi inexistente y que, en cualquier caso, se puede resolver con ley ordinaria. Lo cual, dicho sea de paso, ya ha ocurrido. Porque la reforma Cartabia (aprobada en 2022) estableci\u00f3 l\u00edmites adicionales a la posibilidad de cambio de funciones, que puede ocurrir para cada magistrado solo una vez en un per\u00edodo de tiempo limitado.<\/p>\n<p>En realidad, el texto de la Reforma Constitucional prev\u00e9 una excepci\u00f3n a la prohibici\u00f3n de cambio de funci\u00f3n. De hecho, el nuevo art. 106 de la Constituci\u00f3n establece que \u00abpor designaci\u00f3n del Consejo Superior de la Magistratura juzgadora podr\u00e1n ser llamados al cargo de consejeros de casaci\u00f3n, por m\u00e9ritos insignes, (&#8230;) magistrados pertenecientes a la magistratura requirente con al menos quince a\u00f1os de ejercicio de las funciones\u00bb. Se trata de una excepci\u00f3n en un solo sentido: para la Casaci\u00f3n se hace posible el paso de fiscal a juez, pero no se prev\u00e9 el camino inverso de juez a fiscal. No se entiende el sentido de esta excepci\u00f3n unidireccional, que de hecho favorece a los fiscales.<\/p>\n<p><strong>2) La divisi\u00f3n del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).<\/strong><\/p>\n<p>Actualmente el CSM es el \u00f3rgano de gobierno aut\u00f3nomo (y no de autogobierno) de todos los magistrados (jueces y fiscales). La reforma crea dos CSM separados (uno para los jueces y otro para los fiscales), sustrayendo a ambos la materia disciplinaria, que se delega al reci\u00e9n creado Alto Tribunal Disciplinario (ATD).<\/p>\n<p>En consecuencia, se crean tres organismos que realizar\u00e1n en su totalidad todo lo que actualmente compete al \u00fanico CSM actual. Una elecci\u00f3n que evidentemente no va en la direcci\u00f3n de la simplificaci\u00f3n y la eficiencia. Baste decir que el actual CSM cuesta unos 50 millones de euros al a\u00f1o. Se prev\u00e9 que la nueva estructura costar\u00eda al menos el doble, para realizar las mismas funciones. Tambi\u00e9n aumenta la carga para el Presidente de la Rep\u00fablica, que deber\u00e1 presidir ambos CSM, en comparaci\u00f3n con el \u00fanico actual.<\/p>\n<p>Es evidente que la elecci\u00f3n de establecer una netta divisi\u00f3n de carreras entre jueces y fiscales no implica necesariamente la creaci\u00f3n de dos CSM distintos.<\/p>\n<p><strong>3) La instituci\u00f3n de un Alto Tribunal Disciplinario (ATD)<\/strong> (*)<\/p>\n<p>La instituci\u00f3n de un ATD parece il\u00f3gica por al menos dos razones:<\/p>\n<ul>\n<li>No se entiende por qu\u00e9 la acci\u00f3n disciplinaria se sustrae a las competencias de los CSM, que continuar\u00e1n ocup\u00e1ndose de todas las dem\u00e1s cuestiones: \u00ablas contrataciones, las asignaciones, los traslados, las evaluaciones de profesionalidad y los nombramientos de funciones\u00bb. De este modo, el sistema de gobierno de la magistratura estar\u00e1 m\u00e1s fragmentado y, en consecuencia, menos equilibrado.<\/li>\n<li>No se entiende por qu\u00e9 se ha creado solo un ATD. En coherencia con la elecci\u00f3n de constituir dos CSM, ser\u00eda l\u00f3gico crear dos ATD. \u00bfPor qu\u00e9 motivo la prerrogativa de la acci\u00f3n disciplinaria debe ejercerse conjuntamente por jueces y fiscales, si sus carreras y\/o funciones est\u00e1n absolutamente separadas?<\/li>\n<\/ul>\n<p>Giuseppe Santalucia&#8230; ha escrito: \u00abLos fiscales presentes en el Alto Tribunal juzgar\u00e1n los asuntos disciplinarios de los jueces, y viceversa. As\u00ed, ser\u00e1n los expedientes m\u00e1s delicados (los asuntos disciplinarios) los que seguir\u00e1n siendo competencia de un \u00f3rgano mixto donde cada parte juzga a la otra. No se explica por qu\u00e9 este sistema no pondr\u00eda en peligro la imparcialidad de los jueces, tal y como la definen los propios promotores de la reforma\u00bb.<\/p>\n<p>Cabe se\u00f1alar que mientras en el actual CSM hay 15 jueces y 5 fiscales, reflejando en la representaci\u00f3n exactamente la proporci\u00f3n 3 a 1 del n\u00famero efectivo de magistrados (6.600 y 2.200), en el ATD habr\u00e1 6 jueces y 3 fiscales (por tanto, con una proporci\u00f3n 2 a 1), reforzando de hecho la presencia de los fiscales en detrimento de los jueces.<\/p>\n<p>No solo eso: mientras que en los CSM la proporci\u00f3n entre magistrados y componentes \u00ablaicos\u00bb es de 2 a 1, en el ATD es de 3 a 2. No se entiende por qu\u00e9 raz\u00f3n.<\/p>\n<p>En la composici\u00f3n del ATD se plantea otra cuesti\u00f3n: solo pueden formar parte de \u00e9l magistrados \u00abextra\u00eddos por sorteo entre los pertenecientes a las respectivas categor\u00edas con al menos veinte a\u00f1os de ejercicio de las funciones judiciales y que ejerzan o hayan ejercido funciones de casaci\u00f3n\u00bb. En otras palabras, los magistrados presentes en el ATD son solo los de la Corte de Casaci\u00f3n. Una decisi\u00f3n que parece poco equilibrada, teniendo que juzgar y eventualmente sancionar a magistrados de todos los niveles de juicio, incluida la Casaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La elecci\u00f3n de incluir en el ATD solo a magistrados de casaci\u00f3n hace pensar en una visi\u00f3n jer\u00e1rquica del ordenamiento. Como, por otra parte, la introducci\u00f3n del t\u00e9rmino \u00abcarreras\u00bb podr\u00eda dar a entender. En cambio, la diversidad de funciones es un criterio de diferenciaci\u00f3n no jer\u00e1rquica de los magistrados.<\/p>\n<p>En el texto de la reforma constitucional se prev\u00e9 que \u00abcontra las sentencias emitidas por el Alto Tribunal en primera instancia se admite recurso, incluso por motivos de fondo, s\u00f3lo ante el mismo Alto Tribunal, que juzga sin la participaci\u00f3n de los componentes que hayan concurrido a pronunciar la decisi\u00f3n recurrida\u00bb.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n en este caso se podr\u00eda crear un conflicto entre el recurso previsto solo ante el ATD (nuevo art. 105 de la Constituci\u00f3n) y el art. 111 de la Constituci\u00f3n, que permanece inalterado: \u00abcontra las sentencias y contra las disposiciones sobre la libertad personal, pronunciadas por los \u00f3rganos jurisdiccionales ordinarios o especiales, siempre se admite recurso de casaci\u00f3n por violaci\u00f3n de la ley\u00bb.<\/p>\n<p><strong>4) La modificaci\u00f3n del sistema de elecci\u00f3n de los miembros de los CSM y del ATD<\/strong><\/p>\n<p>Para la composici\u00f3n de los 2 CSM y del ATD, los magistrados ser\u00edan elegidos por sorteo y ya no electos. Es del todo evidente que las elecciones, aun considerando los posibles defectos de las llamadas \u00abcorrientes\u00bb, garantizan una representaci\u00f3n del pluralismo, en este caso de culturas jur\u00eddicas. Al fin y al cabo, es lo que vale para los representantes pol\u00edticos, que son elegidos en listas de partido.<\/p>\n<p>El sorteo plantea al menos tres problemas:<\/p>\n<ol>\n<li>Los sorteados no podr\u00e1n tener la misma autoridad representativa que tienen los elegidos. Los elegidos representan a los electores. Los sorteados se encuentran desempe\u00f1ando un papel de representaci\u00f3n que no han elegido y para el cual no han sido elegidos.<\/li>\n<li>Los sorteados, al ser elegidos al azar, podr\u00edan pertenecer todos o en su mayor\u00eda solo a una determinada cultura jur\u00eddica (o corriente), creando la paradoja de que los representantes de una minor\u00eda se encuentren en condiciones de gobernar y sancionar a todos los magistrados. Se tratar\u00eda de un gobierno aut\u00f3nomo no democr\u00e1tico y potencialmente autoritario.<\/li>\n<li>Si el sorteo vale para los magistrados, que son elegidos entre todos los que est\u00e1n en servicio, no se entiende por qu\u00e9 los consejeros \u00ablaicos\u00bb, es decir, los de nombramiento parlamentario, no son sorteados de la misma manera. De hecho, en los 2 CSM y en el ATD tambi\u00e9n los consejeros \u00ablaicos\u00bb son extra\u00eddos por sorteo, pero de una lista precompilada por el Parlamento \u00abmediante elecci\u00f3n\u00bb. Es evidente que el sorteo entre todos los magistrados y el sorteo entre una lista de elegidos (de los que no se especifica el n\u00famero) por el Parlamento, puede ser muy diferente. Adem\u00e1s, en el ATD tres componentes son nombrados por el Presidente de la Rep\u00fablica. Se trata de una novedad absoluta que, m\u00e1s all\u00e1 de una evaluaci\u00f3n de m\u00e9rito, se sit\u00faa en tendencial contraste con la elecci\u00f3n del sorteo para los otros componentes.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Cabe se\u00f1alar la contradicci\u00f3n entre la ya citada norma que permite a los fiscales acceder a la Casaci\u00f3n por \u00abm\u00e9ritos insignes\u00bb y la composici\u00f3n por sorteo (es decir, sin m\u00e9rito alguno) de los CSM y del ATD. \u00bfEl m\u00e9rito cuenta o no cuenta nada? En la misma norma est\u00e1n presentes ideas contrapuestas.<\/p>\n<p>Finalmente, se plantea el problema de las reglas de aplicaci\u00f3n, que se delegan a la normativa ordinaria: \u00abLa ley determina las faltas disciplinarias y las sanciones correspondientes, indica la composici\u00f3n de los colegios, establece las formas del procedimiento disciplinario y las normas necesarias para el funcionamiento del Alto Tribunal y asegura que los magistrados juzgadores o requirentes est\u00e9n representados en el colegio\u00bb.<\/p>\n<p>Dado que la ley ordinaria se aprueba con mayor\u00eda simple, es evidente el condicionamiento del Parlamento y\/o del Gobierno en esta materia delicada, que afecta a la autonom\u00eda de la magistratura. Adem\u00e1s, una norma ordinaria puede ser modificada en cada cambio de mayor\u00eda pol\u00edtica, con el riesgo de una oscilaci\u00f3n peri\u00f3dica de las reglas para el funcionamiento del ATD.<\/p>\n<p>Considerando las incongruencias presentes en el texto y los amplios m\u00e1rgenes dejados a la interpretaci\u00f3n, se puede concluir que se trata de una ley de revisi\u00f3n de p\u00e9sima calidad, que seguramente no mejora la actual Carta Constitucional.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>(*) <strong>N.d.T.: An\u00e1lisis desde la perspectiva comparada (italo-espa\u00f1ola)<\/strong>:<\/p>\n<p><small><em>La cr\u00edtica del art\u00edculo es muy pertinente desde ambas \u00f3pticas. En derecho comparado, toda reforma estructural del\u00a0gobierno judicial\u00a0debe partir de principios rectores claros <strong>(independencia, eficiencia, rendici\u00f3n de cuentas, etc.)<\/strong> y aplicar coherentemente las reglas t\u00e9cnicas que de ellos se derivan.<\/em><\/small><\/p>\n<ul>\n<li><small><em><strong>Desde el prisma espa\u00f1ol:<\/strong>\u00a0Nuestro sistema parte de una\u00a0<strong>separaci\u00f3n constitucional n\u00edtida<\/strong>\u00a0entre la carrera judicial (jueces\/magistrados) y la fiscal (fiscales). Por ello, la discusi\u00f3n italiana sobre \u00abseparar carreras\u00bb ya nos es ajena. Sin embargo, comprendemos bien la importancia cr\u00edtica de la\u00a0<strong>composici\u00f3n y legitimaci\u00f3n de los \u00f3rganos de gobierno<\/strong> (como el CGPJ, muy politizado en Espa\u00f1a). El dise\u00f1o de la futura Alta Corte Disciplinaria (ATD) italiana genera las mismas dudas de principio que aqu\u00ed suscitar\u00eda modificar, sin motivo transparente, la proporci\u00f3n entre vocales judiciales y no judiciales del CGPJ o alterar su sistema de elecci\u00f3n. Cambios t\u00e9cnicos tan sensibles exigen una justificaci\u00f3n de principio incontestable, que esta reforma no aporta.<\/em><\/small><\/li>\n<li><small><em><strong>Desde el prisma italiano:<\/strong> La reforma parece intentar resolver un problema real (la percepci\u00f3n de falta de imparcialidad) con una herramienta contradictoria. Se proclama la separaci\u00f3n absoluta para las carreras, pero se mantiene una interdependencia crucial cuando el foco cae en el \u00e1mbito disciplinario. Se introducen mecanismos de sorteo (que podr\u00edan leerse como un intento de despolitizar) pero se dejan amplios m\u00e1rgenes a la ley ordinaria, sujeta al vaiv\u00e9n pol\u00edtico. Esta falta de coherencia interna entre fines y medios es lo que el art\u00edculo denuncia como \u00abincongruencia\u00bb y lo que, en t\u00e9cnica legislativa, se considera un defecto grave, m\u00e1s a\u00fan en una reforma constitucional.<\/em><\/small><\/li>\n<\/ul>\n<p><small><em><strong>Conclusi\u00f3n:<\/strong> El art\u00edculo acierta plenamente al se\u00f1alar que la reforma italiana falla en lo esencial: no articula un principio rector claro y luego aplica reglas t\u00e9cnicas (proporciones, sorteos) que parecen arbitrarias o, peor, responden a una l\u00f3gica no declarada (\u00abopaca\u00bb dice el redactor). Esto genera fundadas dudas sobre su eficacia para fortalecer la independencia judicial y, en cambio, amenaza con crear nuevos problemas de gobernanza, opacidad y hasta posible instrumentalizaci\u00f3n pol\u00edtica del sistema disciplinario (caso del CGPJ espa\u00f1ol).<\/em><\/small><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta pr\u00f3xima primavera se celebrar\u00e1 un Refer\u00e9ndum Constitucional sin qu\u00f3rum sobre la llamada \u201creforma de la Justicia\u201d. 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