En las imperfectas democracias del mundo existen diversas formas para la administraci\u00f3n de la justicia y el nombramiento de magistrados y jueces. Hay reg\u00edmenes en que la judicatura depende de los otros poderes del estado, as\u00ed como otros en que sus integrantes son elegidos por los ciudadanos. En el caso chileno, lo que tenemos es un h\u00edbrido en que sus presupuestos y recursos son determinados por el Ejecutivo y el Legislativo y en que sus m\u00e1ximas autoridades se autogeneran, pero en algunos casos son determinadas finalmente por los gobiernos y legisladores de turno.<\/p>\n
De esta forma, y como se comprueba fehacientemente, la llamada carrera judicial est\u00e1 altamente intervenida por la pol\u00edtica, lo que ha favorecido desde siempre el tr\u00e1fico de influencias, as\u00ed como la inhibici\u00f3n de los tribunales para dictar sentencias contra los altos funcionarios p\u00fablicos que se corrompen en el poder. En la actualidad ha quedado de manifiesto la lenidad de varios integrantes de la propia Corte Suprema cuyas resoluciones han favorecido, incluso, a empresas extranjeras en desmedro del inter\u00e9s nacional. Tal como ocurri\u00f3 recientemente en una resoluci\u00f3n judicial en favor de una empresa bielorrusa en desmedro de nuestra cupr\u00edfera estatal.<\/p>\n
En efecto, el soborno a algunos magistrados ha develado las siniestras relaciones de estos con los abogados de dichos intereses for\u00e1neos, por lo que arriesgan su destituci\u00f3n del Poder Judicial, pero debiendo tambi\u00e9n ser condenados por traici\u00f3n a la patria. Ello explica las altas sumas de dinero rescatadas de los domicilios de estos, as\u00ed como la comprobaci\u00f3n de la participaci\u00f3n de los prevaricadores en cruceros de lujo por Europa junto a los abogados que les favorecieron con sus sentencias.<\/p>\n
Aunque la Reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Penal impuls\u00f3 algunas mejoras en la administraci\u00f3n de la justicia chilena es poco o insuficiente lo que se avanz\u00f3 en materia de renovaci\u00f3n de nuestros jueces y la celeridad de su trabajo. Es p\u00fablico y notorio lo lentas que son las investigaciones de la justicia y el desmedido tiempo que trascurre entre una denuncia y su eventual dictamen. Lo que ciertamente favorece la impunidad en variadas causas, pero especialmente en aquellas que involucran a la clase pol\u00edtica, como a los m\u00e1s poderosos empresarios.<\/p>\n
El pa\u00eds se manifiesta pasmado respecto del mal comportamiento de jueces y magistrados, pero muy poco o nada ha merecido el comentario de los candidatos presidenciales que en dos semanas m\u00e1s enfrentar\u00e1n una segunda ronda electoral. Algo dif\u00edcil de explicar cuando es un hecho que el pueblo chileno desconf\u00eda de la Justicia, concluyendo que \u00e9sta es clasista y perjudica muy especialmente a los pobres.<\/p>\n
Poco se sabe todav\u00eda cu\u00e1nta penetraci\u00f3n ha tenido el narcotr\u00e1fico en nuestros tribunales, aunque la sospecha existe respecto de resoluciones que en poco tiempo dejan libre a sus cabecillas y operadores, mientras que en las c\u00e1rceles reina el imperio de las mafias de la droga, al tiempo que se descubren con frecuencia candidatos y pol\u00edticos que reciben sus aportes, especialmente a nivel municipal. De ello hablan, varios procesos que comprometen actualmente a algunos ediles, pero que habitualmente demoran sus resoluciones y hasta logran bochornosos sobreseimientos. Mucho se comenta que nuestras polic\u00edas, gendarmes e incluso militares, han sido sobrepasados por las bandas delictuales o francamente cooptados por estas. Existiendo decenas de efectivos comprometidos con el tr\u00e1fico de estupefacientes y en la permeabilidad de aduanas y controles fronterizos para el ingreso y salida de las drogas y contrabando de armas.<\/p>\n
Mucho explica este actual estado de descomposici\u00f3n judicial la misma impunidad que favorecieron los gobiernos de la posdictadura a aquellos magistrados que fueron c\u00f3mplices de las graves violaciones contra los Derechos Humanos. Al renunciar, por ejemplo, a la posibilidad de destituir a numerosos jueces y magistrados involucrados como c\u00f3mplices pasivos y hasta activos del horror que significara las ejecuciones, torturas y ese sinn\u00famero de desprop\u00f3sitos cometidos por Pinochet y sus secuaces. Cuyo r\u00e9gimen hoy merece, incre\u00edblemente, la nostalgia de millones de ciudadanos. Es claro que en la c\u00e1rcel que hoy tiene encerrado a los m\u00e1s tenebrosos criminales de la Dictadura debiera haber sitio, tambi\u00e9n, para tantos jueces que denigraron su misi\u00f3n.<\/p>\n
La responsabilidad penal, se dice, es siempre personal, pero tambi\u00e9n existe una negligencia pol\u00edtica que compromete a los actores que se han sucedido en el poder, al grado que la administraci\u00f3n de justicia es otro de los \u00e1mbitos en crisis y que hace preciso que las pr\u00f3ximas autoridades manifiesten claramente su voluntad de intervenir con leyes que otorguen verdadera autonom\u00eda a este poder del estado. Para impedir que la corrupci\u00f3n siga propag\u00e1ndose, aunque mucho se teme que sea ya demasiado tarde.<\/p>\n
Al menos es necesario materializar luego la condena de los integrantes de esa red de abogados, jueces y pol\u00edticos coludidos para favorecerse mutuamente, como es el bullado \u201cCaso Hermosilla\u201d, cuyas figuras m\u00e1s comprometidas en el cohecho y tr\u00e1fico de influencias probablemente conf\u00eden en la ascensi\u00f3n de un nuevo gobierno para lograr la prescripci\u00f3n de sus causas o conseguir la m\u00e1s tenue de las sanciones. Ojal\u00e1 que los nuevos moradores de La Moneda y el Parlamento acometan, por fin, las reformas necesarias para que la Judicatura se constituya realmente en un poder del Estado independiente y deje de ser la caja pagadora de los favores otorgados por la pol\u00edtica y el crimen organizado.
\nCondici\u00f3n fundamental para la profundizaci\u00f3n de la democracia y la equidad social.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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