A dos a\u00f1os del inicio del gobierno de Santiago Pe\u00f1a, Paraguay enfrenta un escenario complejo donde la respuesta pol\u00edtica a una econom\u00eda debilitada se traduce en un giro claro hacia la securitizaci\u00f3n del Estado. En un contexto marcado por el aumento del costo de vida y la profundizaci\u00f3n de la desigualdad, el pa\u00eds avanza hacia un modelo de control social inspirado en la experiencia salvadore\u00f1a, mientras refuerza sus v\u00ednculos en materia de seguridad con Estados Unidos.<\/p>\n
Seg\u00fan datos oficiales del Instituto Nacional de Estad\u00edstica (INE), la pobreza monetaria en Paraguay se redujo al 20,1% en 2024, dos puntos porcentuales menos que el a\u00f1o anterior. Sin embargo, esta aparente mejora no se traduce en una mejora real de las condiciones de vida. La Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) revel\u00f3 un incremento del 9% en el costo de la canasta b\u00e1sica de alimentos y de m\u00e1s del 5% en la canasta de consumo, tanto en \u00e1reas urbanas como rurales. La inflaci\u00f3n afecta con fuerza a sectores populares, y el poder adquisitivo de las y los trabajadores sigue deterior\u00e1ndose.<\/p>\n
A esto se suma un dato alarmante: el ingreso promedio del 10% m\u00e1s rico del pa\u00eds es casi 19 veces superior al del 10% m\u00e1s pobre, una muestra clara de que la desigualdad social persiste como un rasgo estructural del modelo econ\u00f3mico paraguayo.<\/p>\n
En paralelo, el pa\u00eds ha visto cuadruplicada su deuda p\u00fablica en los \u00faltimos gobiernos, mientras se impulsan reformas orientadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre ellas el uso de fondos previsionales y la flexibilizaci\u00f3n de derechos laborales.<\/p>\n
Ante este panorama, el gobierno ha optado por una estrategia centrada en el fortalecimiento del aparato de seguridad y el control del territorio. En pocas semanas, se han multiplicado los anuncios e iniciativas que apuntan a una mayor militarizaci\u00f3n y alineamiento con Estados Unidos.<\/p>\n
Entre las medidas destacadas se encuentra la declaraci\u00f3n del Cartel de los Soles como organizaci\u00f3n terrorista, en sinton\u00eda con Washington y Quito, lo que implica una toma de postura clara en la geopol\u00edtica regional. Tambi\u00e9n se anunci\u00f3 la instalaci\u00f3n en Asunci\u00f3n de una unidad entrenada por el FBI, con foco en la zona de la Triple Frontera, bajo el argumento de combatir al crimen organizado. Esta acci\u00f3n marca un aumento de la presencia directa de agentes extranjeros en el pa\u00eds.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, el pasado 14 de agosto el gobierno firm\u00f3 un Memor\u00e1ndum de Entendimiento con los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional de EE.UU., que abarca cooperaci\u00f3n en seguridad, migraci\u00f3n y comercio. Paralelamente, el ministro de Justicia, Gerald Campos, defendi\u00f3 en el Congreso un proyecto para construir una megac\u00e1rcel con capacidad para m\u00e1s de cinco mil internos, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.<\/p>\n
Esta propuesta, basada en el modelo del presidente Nayib Bukele, se presenta como una respuesta contundente a la criminalidad, pero ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos que advierten sobre los riesgos de la militarizaci\u00f3n del sistema penitenciario y la erosi\u00f3n de garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n
La securitizaci\u00f3n no es una novedad en Paraguay. Desde inicios del siglo XXI, el pa\u00eds ha construido una estrecha relaci\u00f3n con EE.UU. en materia de seguridad. La creaci\u00f3n de la Unidad de Investigaci\u00f3n Sensible, bajo la \u00f3rbita de la DEA, y la posterior formaci\u00f3n de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en 2013, consolidaron un esquema en el que las Fuerzas Armadas cumplen funciones de seguridad interna, algo prohibido por la Constituci\u00f3n nacional.<\/p>\n
Este patr\u00f3n se ha mantenido y reforzado con el tiempo. El reciente \u201cOperativo Umbral\u201d, que implic\u00f3 el traslado de 783 personas privadas de libertad y la militarizaci\u00f3n de los centros penitenciarios, confirma que la l\u00f3gica de excepci\u00f3n se consolida como norma. La narrativa oficial insiste en la necesidad de respuestas firmes frente al crimen, pero en la pr\u00e1ctica se avanza hacia un Estado con menor tolerancia a las disidencias y mayores niveles de intervenci\u00f3n extranjera.<\/p>\n
Mientras el gobierno prioriza recursos para seguridad y represi\u00f3n, los sectores productivos enfrentan serias dificultades. Gremios como la Federaci\u00f3n de Micro, Peque\u00f1as y Medianas Empresas (Fedemipymes) se\u00f1alan que apenas el 1% de las firmas logra beneficiarse del contexto econ\u00f3mico actual. El resto sufre ca\u00edda del consumo, aumento de los costos y un escenario incierto. El \u00e9nfasis estatal en la securitizaci\u00f3n contrasta con la falta de pol\u00edticas de desarrollo inclusivo y de redistribuci\u00f3n de la riqueza.<\/p>\n
La gran pregunta es si la sociedad paraguaya aceptar\u00e1 esta nueva normalidad, o si ser\u00e1 capaz de construir un camino alternativo basado en la justicia social, la equidad y la soberan\u00eda.<\/p>\n
Fuente: Nodal AL.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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