En la interminable secuencia de esc\u00e1ndalos y corrupciones, el sicario que habr\u00eda ultimado por encargo a un empresario del barrio Meiggs fue detenido por la polic\u00eda, acusado por la fiscal\u00eda y enviado a la c\u00e1rcel por una jueza que apenas dispuso la medicada cautelar decret\u00f3 su excarcelaci\u00f3n. No se sabe si por error, o en complicidad con el crimen organizado. Solo despu\u00e9s de cuatro d\u00edas las autoridades y la opini\u00f3n p\u00fablica supieron\u00a0 que este delincuente se encontraba nuevamente en libertad, por lo que tuvo bastante tiempo para viajar al norte del pa\u00eds y salir hacia Per\u00fa por el control fronterizo de Chacalluta.<\/p>\n
Con identidades falsas, el venezolano Alberto Carlos Alberto Mej\u00eda Hern\u00e1ndez evadi\u00f3 los controles, pero tambi\u00e9n dej\u00f3 en evidencia que nunca se le someti\u00f3 al oportuno registro de sus huellas dactilares, por lo que las resoluciones judiciales recayeron en cada una de sus \u201cchapas\u201d y no en su verdadero nombre.<\/p>\n
Todo esto significa que el transgresor burl\u00f3 completamente a las polic\u00edas, al sistema judicial y a Gendarmer\u00eda por lo que provoc\u00f3 una urgente sesi\u00f3n especial del Senado de la Rep\u00fablica y un serio remez\u00f3n al interior de un Gobierno que, qui\u00e9rase o no, es acusado de debilidad frente al crimen organizado, junto con su falta de diligencia respecto de lo que sucede en nuestras largas fronteras, que ahora no solo son permeables al ingreso al pa\u00eds de emigrantes ilegales sino tambi\u00e9n a los que huyen al exterior.<\/p>\n
La reacci\u00f3n general de la clase pol\u00edtica ha sido, como de costumbre, explicar lo sucedido donde no se cumplieron los protocolos de nuestro sistema policial y judicial, como a la necesidad de dictar nuevas leyes dentro de la vor\u00e1gine de disposiciones que ya existen y que debieran ser suficientes para evitar este tipo de situaciones.<\/p>\n
De esta manera, hay quienes hablan de la corrupci\u00f3n de nuestras instituciones, incluso de la penetraci\u00f3n del narcotr\u00e1fico en el Poder Legislativo, el Gobierno y los m\u00e1s de 360 municipios del pa\u00eds.\u00a0 Lamentablemente a muchos les basta con atribuir estas transgresiones a las dependencias del Estado, sin reparar en la obvia responsabilidad es de quienes all\u00ed se desempe\u00f1an y que podr\u00edan pertenecer o tener v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n
Lo mismo ocurri\u00f3 con la fallida compra de parte del Estado de la casa el ex presidente Allende, situaci\u00f3n en que tambi\u00e9n se le quiso imputar a las instituciones que tuvieron que tramitar esta operaci\u00f3n cuando en realidad fueron personas las estuvieron dispuestas a transgredir la ley, ampar\u00e1ndose en una instrucci\u00f3n \u201cdesde arriba\u201d. En efecto, la escritura de compraventa pas\u00f3 por unas seis instancias gubernamentales y m\u00faltiples funcionarios a partir de la autorizaci\u00f3n que dio el propio Presidente Boric en acuerdo con los herederos del extinto mandatario, quienes debieran haber estado completamente conscientes de que el trabajar en el Estado les prohib\u00eda cualquier tipo de negocios con el Fisco. Por lo que, a la postre, resultaron separados de sus cargos por requerimiento period\u00edstico y el esc\u00e1ndalo p\u00fablico que solo sufrieron la senadora Isabel Allende, en su calidad de hija, y la ministra Maya Fern\u00e1ndez, su nieta. Con lo que se salvaron varios funcionarios por los que pas\u00f3 el expediente fraudulento.<\/p>\n
Un incidente en que, por cierto, no se encauz\u00f3 al propio Jefe de Estado que, por sus estudios de Derecho, m\u00e1s que cualquier otra persona, debi\u00f3 haber impedido esta bochornosa tramitaci\u00f3n. La que implicaba, adem\u00e1s, una tasaci\u00f3n abultada respecto del precio de mercado del inmueble, as\u00ed como el beneficio a\u00f1adido a los mismos herederos para la administraci\u00f3n de un memorial sobre el l\u00edder de la Unidad Popular en lo que fue su residencia.<\/p>\n
Es completamente absurdo e hip\u00f3crita que en estos y otros episodios se reproche la eficacia de nuestras leyes, al funcionamiento de nuestras instituciones, y no a la insolvencia \u00e9tica o profesional de muchos funcionarios p\u00fablicos. Situaci\u00f3n que es agravada por la defensa corporativa de cada una de las entidades del Estado al momento de conocerse los delitos que las implican. Reci\u00e9n se ha conocido, para colmo de abusos, la existencia de varios funcionarios del Ministerio de Seguridad P\u00fablica que tienen remuneraciones por encima de las del propio titular de la Cartera.<\/p>\n
Qu\u00e9 duda cabe que la pol\u00edtica, los gobiernos de turno, tienen infectada la Administraci\u00f3n del Estado con operadores pol\u00edticos, parientes y otro tipo de personas que poco o nada pueden aportar a la eficiencia del servicio p\u00fablico. Con sueldos escandalosos, adem\u00e1s, y todo tipo de argucias para ausentarse de su trabajo, valerse de licencias m\u00e9dicas fraudulentas y hasta malversar caudales p\u00fablicos en beneficio propio, de sus partidos y cajas electorales. Los procesos judiciales que hoy afectan a alcaldes, gobernadores y otros son apenas la punta del t\u00e9mpano de la amplia y soterrada corrupci\u00f3n nacional, en que efectivamente podr\u00edan descubrirse bajo el alero de nuestra institucionalidad a narcotraficantes y otro tipo de fascinerosos.<\/p>\n
Aunque lo cierto es que siempre estos ser\u00e1n dif\u00edciles de neutralizar en la medida de que \u201clos cojos le echen la culpa al empedrado\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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