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Los tres proyectos mineros activos est\u00e1n ubicados en los Valles Centrales de Oaxaca y extraen principalmente oro y plata. Desde 2010, las dos empresas han vendido metales por un valor total de 3,400 millones de d\u00f3lares, (64,7 mil millones de pesos mexicanos).\u00a0En promedio, la explotaci\u00f3n de minerales les di\u00f3 ingresos anuales de 226 millones de d\u00f3lares (equivalente a 4,3 mil millones de pesos mexicanos) o 4.35 millones de d\u00f3lares (equivalente a 83 millones de pesos mexicanos) a la semana (Gold Resource Corp., 2025b, Fortuna Mining Corp., 2025c).<\/p>\n
\u00daltimamente, las empresas mineras han podido aprovechar un fuerte aumento de los precios de las materias primas en la bolsa, ya que los precios del oro y la plata casi se duplicaron en los \u00faltimos cinco a\u00f1os (Investing, 2025a y b).<\/p>\n
Promesas incumplidas: Pobreza, divisi\u00f3n social y violencia en los territorios<\/h3>\n
Sin embargo, estas enormes sumas no se quedan en Oaxaca ni en las comunidades locales, sino que se van al extranjero. Las comunidades cargan con las consecuencias negativas sin recibir nada de los beneficios. En Oaxaca, las empresas mineras se encuentran con comunidades ind\u00edgenas y rurales que viven de la agricultura, afectadas por la pobreza. La empresa canadiense Fortuna Mining Corp. se asent\u00f3 en comunidades muy pobres durante la construcci\u00f3n de la mina\u00a0San Jos\u00e9<\/em>, con casi un 84% viviendo en la pobreza y un 43,5% en la pobreza extrema en 2010 (EDUCA, 2022, p.73-74). Los niveles de pobreza y pobreza extrema en la regi\u00f3n fueron argumentos importantes de las autoridades federales y la empresa minera para implementar el proyecto minero\u00a0San Jos\u00e9<\/em>, sin embargo, la promesa no se ha materializado a\u00f1os despu\u00e9s ya que la pobreza extrema solamente disminuy\u00f3 casi una tercera parte y la pobreza moderada se mantuvo en un alto nivel. Lo mismo sucede con los municipios vecinos de San Jos\u00e9 del Progreso (Gobierno de M\u00e9xico, 2025a).<\/p>\n En San Jos\u00e9 del Progreso, la empresa minera aprovech\u00f3 que el gobierno municipal y agrario era disfuncional y as\u00ed se expandi\u00f3 en el territorio ejidal de San Jos\u00e9 del Progreso. Adem\u00e1s de la irrupci\u00f3n de la empresa minera en el ejido, se gener\u00f3 un proceso de divisi\u00f3n comunitaria y rompimiento del tejido social. En enfrentamientos, polic\u00edas estatales detuvieron a opositores al proyecto, adem\u00e1s, dos autoridades locales fueron asesinados en 2010 y en 2012, dos defensores de la comunidad fueron v\u00edctimas de asesinatos impunes (EDUCA, 2022, p.83).<\/p>\n Las y los defensores comunitarios se enfrentan a ataques e intimidaciones, pero no reciben apoyo por parte del estado, por lo que los asesinatos permanecen impunes y las defensoras y los defensores comunitarios en mayor vulnerabilidad. Durante a\u00f1os, se ha presionado a las comunidades vecinas de la mina para que vendieran sus tierras a la empresa para que el proyecto pudiera seguir expandi\u00e9ndose. Tambi\u00e9n se patrocin\u00f3 una campa\u00f1a electoral para colocar en puestos una persona af\u00edn a la mina (Minuta de la Reuni\u00f3n, 2021). Adem\u00e1s, se convocaron consultas en las que la empresa, junto con las autoridades federales, ejercieron presi\u00f3n en la comunidad de Magdalena Ocotl\u00e1n para aprobar la expansi\u00f3n de la empresa en otros territorios (Comunidad de Magdalena Ocotl\u00e1n, 2016).<\/p><\/blockquote>\n Los datos relacionados con la pobreza y pobreza extrema se mantienen en nivel alto y muy alto en la regi\u00f3n donde el proyecto minero deber\u00eda impactar directamente en materia econ\u00f3mica y de calidad de vida. El proyecto minero no ha contribuido al desarrollo social de la regi\u00f3n, por el contrario, ha generado una fuerte polarizaci\u00f3n social en la comunidad de San Jos\u00e9 del Progreso (EDUCA, 2022).<\/p>\n Una vez que se ha establecido una empresa minera, es sumamente dif\u00edcil impedir el avance de un proyecto minero. Un ejemplo es la mina hist\u00f3rica de Natividad, en el territorio de Capul\u00e1lpam de M\u00e9ndez, en la Sierra Norte. Esta mina ha seguido funcionando ilegalmente durante muchos a\u00f1os, incluso despu\u00e9s de su cierre y frente a la resistencia. O el proyecto minero de San Jos\u00e9: A pesar de los problemas previsibles, las violaciones de la las normas medioambientales y laborales o las violaciones de los derechos humanos, incluso asesinatos, segu\u00eda trabajando (EDUCA, 2025a). Despu\u00e9s de 13 a\u00f1os de explotaci\u00f3n de la mina, la Fortuna Mining Corp. vendi\u00f3 su filial mexicana a la empresa minera peruana JRC Ingenier\u00eda y Construcci\u00f3n (EDUCA, 2025a). Esto no s\u00f3lo libera a la empresa de una mina menos rentable, sino sobre todo de los costes de seguimiento del cierre de una mina y de la responsabilidad del almacenamiento seguro de las enormes cantidades de residuos mineros que se han acumulado a lo largo de los a\u00f1os. Aunque finalmente se cerrar\u00e1 la mina, su impacto se dejar\u00e1 sentir en las comunidades vecinas durante d\u00e9cadas.<\/p>\n En los \u00faltimos a\u00f1os, el Estado argument\u00f3 que se reformaron varias leyes destinadas a fortalecer a las comunidades ind\u00edgenas y sus derechos. Sin embargo, la reforma ind\u00edgena y la ley minera excluyeron deliberadamente el derecho fundamental al territorio y el derecho sobre los recursos naturales, que es especialmente importante en el contexto de la miner\u00eda y la explotaci\u00f3n de recursos naturales (EDUCA, 2024b). Sin embargo, las intenciones declaradas de las reformas no se reflejan en la realidad (EDUCA, 2024c). Por un lado, porque el Estado suaviza las reformas en \u00e1reas clave de tal manera que no producen ning\u00fan cambio y, por otro lado, porque el Estado tiene un gran d\u00e9ficit de aplicaci\u00f3n. Si un Estado no puede hacer cumplir sus leyes de forma coherente, ni siquiera la mejor ley sirve para nada.<\/p>\n Tal fue el caso de la mina San Jos\u00e9, donde la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) emiti\u00f3 primero una pr\u00f3rroga de 12 a\u00f1os a su Manifestaci\u00f3n de Impacto Ambiental, la cual fue acortada a dos a\u00f1os poco tiempo despu\u00e9s, desencadenando una disputa legal entre Fortuna Mining Corp. y la autoridad que dur\u00f3 varios a\u00f1os, y que gan\u00f3 la empresa (El Universal Oaxaca, 2023; Fortuna Mining Corp., 2025a).<\/p>\n Otra debilidad del Estado expone la explotaci\u00f3n ilegal de minas en la Mixteca o en la Sierra Norte de Oaxaca. En Natividad, la miner\u00eda se ha llevado a cabo sin autorizaci\u00f3n durante muchos a\u00f1os e incluso despu\u00e9s de que la SEMARNAT cerrara la mina en 2017 y 2024, la Minera Natividad continu\u00f3 su actividad (EDUCA, 2024a). Esto ha provocado graves da\u00f1os ambientales como la contaminaci\u00f3n con plomo y ars\u00e9nico del R\u00edo Grande y la p\u00e9rdida de 13 manantiales en los alrededores (EDUCA, 2020a). La comunidad de Capul\u00e1lpam de M\u00e9ndez lleva a\u00f1os resistiendo la operaci\u00f3n ilegal. Esto provoca repetidos enfrentamientos con los trabajadores de la mina ilegal, que cuentan con el apoyo de la polic\u00eda de Natividad y que intentan intimidar a las autoridades de Capul\u00e1lpam (EDUCA, 2024a). Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han logrado detener las actividades mineras, y su operaci\u00f3n continua y da\u00f1os quedan impunes.<\/p><\/blockquote>\n A pesar del \u201cgran potencial\u201d para las empresas mineras en Oaxaca, anunciado reiteradamente en revistas y congresos mineros, en los \u00faltimos a\u00f1os no ha habido m\u00e1s expansi\u00f3n del sector minero. Esto se debe, por una parte, a la exitosa resistencia organizada de las comunidades y al incierto entorno de inversi\u00f3n desde el punto de vista de las empresas.<\/p>\n Aunque la ley minera no se note en las zonas ya afectadas, s\u00ed repercute en los c\u00e1lculos para futuros proyectos mineros. A ra\u00edz de la reforma, la miner\u00eda ha perdido su estatus especial frente a la agricultura, el manejo forestal sostenible o el turismo y ya no se ve favorecida autom\u00e1ticamente frente a las dem\u00e1s. El Estado puede cancelar las concesiones de las empresas si violan las normas medioambientales o los derechos de los trabajadores. Tambi\u00e9n se proh\u00edbe la miner\u00eda en regiones con escasez de agua y zonas protegidas, y se da prioridad al abastecimiento de agua para la poblaci\u00f3n. Adem\u00e1s, las comunidades deben participar en los beneficios y recibir el 5% de los beneficios de la explotaci\u00f3n (Maxwell Radwin, 2023). La cuesti\u00f3n es hasta qu\u00e9 punto se aplicar\u00e1 la legislaci\u00f3n en los casos espec\u00edficos, ya que en recientes declaraciones el Secretario de Econom\u00eda Marcelo Ebrard manifest\u00f3 el impulso de la miner\u00eda en el norte del pa\u00eds a\u00fan cuando esta regi\u00f3n cuenta con un d\u00e9ficit importante de agua.<\/p>\n La inversi\u00f3n siempre va asociada a elevados gastos de capital y riesgos. A pesar de las enormes cifras de ventas, las operaciones de Don David Gold Mine en Oaxaca arrojan p\u00e9rdidas (Gold Resource Corp., 2025a). Otro factor importante en la realizaci\u00f3n de proyectos mineros son las concesiones mineras que en M\u00e9xico otorgan derechos exclusivos de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de los minerales ubicados en las concesiones, pero no incluyen derechos de superficie sobre los bienes inmuebles, lo que requiere que la compa\u00f1\u00eda negocie los acuerdos necesarios con los propietarios de la superficie. Muchas de las propiedades mineras est\u00e1n sujetas al sistema de ejidos, lo que obliga a la empresa a celebrar contratos con las comunidades locales que rodean las propiedades para obtener los derechos de superficie de los terrenos necesarios en relaci\u00f3n con las actividades de exploraci\u00f3n minera (Gold Resource Corp., 2025a).<\/p>\n La resistencia organizada de las comunidades se ha demostrado muy eficaz. En la gran mayor\u00eda de casos, desde los Chimalapas hasta la Sierra Norte y la Mixteca, y tambi\u00e9n en las comunidades vecinas de los proyectos mineros de Valles Centrales, negaron a las empresas mineras el acceso a sus territorios.<\/p>\n Mediante la firma de declaraciones de territorios prohibidos para la miner\u00eda, registrados ante el RAN, las comunidades negaron a las empresas extractivas el acceso a sus territorios. De este modo, las comunidades organizadas en el \u201cFrente contra la Miner\u00eda, por un Futuro para Todas y Todos\u201d impidieron la expansi\u00f3n de la mina San Jos\u00e9, ya que un anillo de comunidades vecinas le prohibi\u00f3 a la empresa minera utilizar y comprar sus tierras.<\/p>\n La v\u00eda legal tambi\u00e9n es un medio para combatir la expansi\u00f3n ilegal de las minas. En 2020, la comunidad de San Pedro Quiatoni interpuso un amparo y logr\u00f3 que la empresa Don David Gold desistiera de sus actividades mineras ilegales en el territorio de la comunidad (EDUCA, 2020b).<\/p>\n Actualmente, un obst\u00e1culo considerable que dificulta la difusi\u00f3n de informaci\u00f3n y la investigaci\u00f3n de la miner\u00eda en Oaxaca es el dif\u00edcil acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Con la supresi\u00f3n del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya no se tramitan las solicitudes de informaci\u00f3n y se ha formado un vac\u00edo institucional que anteriormente obligaba al Estado a entregar informaci\u00f3n. La informaci\u00f3n que se puede encontrar en los sitios web del Estado muchas veces no est\u00e1 actualizada y no es posible reconocer la fecha de la que proviene. Esto provoca una base de datos insegura para la investigaci\u00f3n y dificulta el registro preciso de la situaci\u00f3n actual violentando con ello el derecho al acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p><\/blockquote>\n Gracias a los incansables esfuerzos de aproximadamente 60 comunidades, el avance del extractivismo en Oaxaca se ha frenado en los \u00faltimos a\u00f1os; pero la amenaza persiste en territorios de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, ayuuk, mixteco, zapoteco, afromexicano, adem\u00e1s de comunidades campesinas (Juicio Popular, 2018). Esto se debe a que Oaxaca es una regi\u00f3n rica en materias primas, en la que a\u00fan existen cientos de concesiones mineras en vigor. La situaci\u00f3n exige comunidades atentas y organizadas, pero tambi\u00e9n un Estado que respete y aplique las leyes. Comunidades como San Pedro Quiatoni, Capul\u00e1lpam de M\u00e9ndez o comunidades de Valles Centrales siguen en su lucha pac\u00edfica, pol\u00edtica y jur\u00eddica promoviendo asambleas comunitarias, consultas, denuncias p\u00fablicas y amparos contra la miner\u00eda en sus comunidades y regiones. Observaremos con atenci\u00f3n el papel del poder judicial y sus alcances frente a las \u00faltimas reformas. Es decir, si respetan el derecho de las comunidades a su autonom\u00eda o, como ha sucedido hist\u00f3ricamente, fortalecen la inversi\u00f3n privada ante de los derechos fundamentales.<\/p>\n Descargar informe:\u00a0Panorama minero en Oaxaca: entre la resistencia comunitaria, las reformas legales y la voracidad empresarial<\/a><\/p>\nInstituciones d\u00e9biles: El Estado no protege los derechos de las comunidades<\/h3>\n
Organizaci\u00f3n comunitaria, amparos y declaratorias: Instrumentos que protegen los territorios frente al avance de la miner\u00eda<\/h3>\n