Como sabemos bien, la desconfianza se ha instalado como un paradigma de los \u00faltimos tiempos. Esa desconfianza generalizada tambi\u00e9n afecta a las instituciones democr\u00e1ticas que existen precisamente para dar certezas de que el Estado act\u00faa en igualdad de condiciones respecto de todos los ciudadanos y las ciudadanas.<\/p>\n
La igualdad ante la ley es el factor crucial de la legitimidad de las entidades p\u00fablicas que, al menos en teor\u00eda, deben velar por el bienestar de la comunidad a la que sirven por mandato popular. Cuando las personas perciben que algunos reciben privilegios en el trato o en la asignaci\u00f3n de garant\u00edas de cualquier naturaleza, comienzan a poner en duda al conjunto del sistema. Este es el mayor da\u00f1o posible a las \u201creglas del juego\u201d de una sociedad que termina clasificando, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, a las y los ciudadanos en categor\u00edas de mayor o menor entidad.<\/p>\n
El ejemplo hist\u00f3rico y plenamente vivo entre nosotros de esa sociedad de castas, es el trato que se le da a las personas ind\u00edgenas en general y a los mapuche en particular.<\/p>\n
En Chile, la criminalizaci\u00f3n de los pueblos originarios es un fen\u00f3meno que atraviesa toda su historia, desde la Conquista, pasando por el periodo de la independencia y a lo largo de toda la rep\u00fablica. Sin embargo, en los \u00faltimos a\u00f1os, hemos sido testigos de una pr\u00e1ctica particularmente alarmante: la exhibici\u00f3n p\u00fablica de personas mapuche detenidas, muchas veces en condiciones humillantes, antes de que siquiera se les formalicen cargos. Esta pr\u00e1ctica, promovida por organismos persecutores como el Ministerio P\u00fablico, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que constituye una expresi\u00f3n clara del \u201cpopulismo penal\u201d que se ha instalado en el sistema de justicia chileno.<\/p>\n
Esta pr\u00e1ctica abusiva y al margen de la ley, es parte del paisaje latinoamericano. De hecho, otro modelo de estas acciones institucionalizadas es visible en M\u00e9xico. El a\u00f1o 2013, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abord\u00f3 en su Audiencia 147 la situaci\u00f3n de M\u00e9xico, por la exhibici\u00f3n p\u00fablica de imputados y v\u00edctimas ante los medios.<\/p>\n
La CIDH fue categ\u00f3rica en ese caso: esta pr\u00e1ctica es cruel, inhumana y degradante. Afecta la intimidad, el honor, el buen nombre y la dignidad de las personas. M\u00e9xico justific\u00f3 esta pol\u00edtica como una forma de mostrar resultados ante la opini\u00f3n p\u00fablica, en un contexto de baja efectividad investigativa. La CIDH no acept\u00f3 esta excusa. Lo que se intentaba disfrazar como transparencia era, en realidad, una estrategia de criminalizaci\u00f3n simb\u00f3lica: lo que la doctrina penal denomina \u201cpopulismo penal\u201d.<\/p>\n
Chile aplica esta l\u00f3gica de muchas maneras, pero es especialmente perseverante y alevoso cuando se trata del pueblo mapuche. En efecto, no existe una norma que autorice la exhibici\u00f3n p\u00fablica de imputados, pero somos testigos recurrentes de la normalizaci\u00f3n de estas acciones vejatorias. Personas mapuche detenidas con o sin justificaci\u00f3n, son presentadas ante los medios esposadas, con chalecos degradantes, en un espect\u00e1culo medi\u00e1tico que busca instalar una imagen de culpabilidad antes del juicio y de la presentaci\u00f3n de las pruebas y argumentos que ratifiquen las acusaciones respectivas.<\/p>\n
Por la v\u00eda de los hechos se contradice abiertamente, el art\u00edculo 131 del C\u00f3digo Procesal Penal que establece que una persona detenida debe ser conducida de inmediato ante el juez de garant\u00eda o en su defecto, entregado a la polic\u00eda para que se haga efectiva la custodia de Gendarmer\u00eda. Esta norma no define una etapa intermedia de exposici\u00f3n p\u00fablica, haciendo efectiva la presunci\u00f3n de inocencia y el debido proceso. Y el art\u00edculo 85 de ese mismo cuerpo legal, cuando se hace referencia al control de identidad, tampoco contempla la exhibici\u00f3n p\u00fablica de los imputados.<\/p>\n
M\u00e1s adelante, en los art\u00edculos 91 y 94, se garantiza que el imputado no tiene obligaci\u00f3n de declarar ante la polic\u00eda y que puede hacerlo ante el fiscal, si est\u00e1 acompa\u00f1ado de un abogado. Tampoco en esas circunstancias se describe alg\u00fan momento en que se permita o autorice a exhibir a alg\u00fan imputado.<\/p>\n
Dig\u00e1moslo m\u00e1s claro: la exhibici\u00f3n p\u00fablica de una persona acusada de un delito es una actuaci\u00f3n arbitraria, sin base legal, que vulnera el debido proceso y la dignidad de las personas.<\/p>\n
El abogado Pelayo Vial, en el contexto de un seminario del Poder Judicial en la Regi\u00f3n del Bio Bio el a\u00f1o 2014, indic\u00f3 que la presunci\u00f3n de inocencia es la \u201cpiedra angular\u201d del Derecho Penal Garantista y se consagra en m\u00faltiples instrumentos internacionales y normas nacionales, como la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9, Art. 8.2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (Art. 14.2), la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Chile, (Art. 5 inciso 2\u00b0), el C\u00f3digo Procesal Penal (Art. 4\u00b0) y en que el Art\u00edculo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos donde se establece una norma equivalente.<\/p>\n
Luego, este abogado se\u00f1al\u00f3 que la Corte Interamericana ha reiterado que la presunci\u00f3n de inocencia es parte esencial del debido proceso, a lo menos en tres dimensiones: primero, como garant\u00eda procesal: El Estado debe respetar el proceso legal antes de imponer cualquier sanci\u00f3n. Segundo, como regla de trato: El imputado debe ser tratado como inocente durante todo el procedimiento. La exhibici\u00f3n p\u00fablica lo presenta como culpable, violando esta dimensi\u00f3n. Y tercero, como est\u00e1ndar probatorio: La carga de la prueba recae en el Estado, y la culpabilidad debe acreditarse m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable.<\/p>\n
La jurisprudencia internacional relevante, que se refiere a los fallos de tribunales internacionales, presenta el caso \u201cCantoral Benavides vs. Per\u00fa\u201d (CIDH), que arroj\u00f3 que la exhibici\u00f3n p\u00fablica de un detenido con trajes infamantes fue considerada trato cruel, inhumano y degradante, violando el art\u00edculo 5\u00b0 de la Convenci\u00f3n. Y el caso de \u201cDelitos sexuales en jard\u00edn infantil\u201d (Chile). la Corte Suprema acogi\u00f3 un recurso de protecci\u00f3n a favor de los imputados, se\u00f1alando que la condena p\u00fablica medi\u00e1tica vulneraba su derecho a la honra.<\/p>\n
El derecho a la informaci\u00f3n siendo un principio b\u00e1sico, no puede ser absoluto, sino m\u00e1s bien debe estar sujeto a derechos que le preceden. El atributo de recibir informaci\u00f3n debe ejercerse con responsabilidad y sin afectar el n\u00facleo esencial de otros derechos fundamentales. As\u00ed lo reconocen el art\u00edculo 289 del C\u00f3digo Procesal Penal que proh\u00edbe divulgar antecedentes que identifiquen a imputados sin autorizaci\u00f3n y el c\u00f3digo de \u00c9tica del Colegio de Periodistas, que recomienda evitar la identificaci\u00f3n de personas contra su voluntad, especialmente imputados o sus familiares.<\/p>\n
Todo ello abre el debate sobre las limitaciones normativas que deber\u00edan tener medios de difusi\u00f3n como lo son las redes sociales, que hoy son utilizadas de manera indiscriminada para denostar personas o directamente difundir noticias falsas. Esto se inserta en una discusi\u00f3n abierta sobre la necesidad de normar ese tr\u00e1fico de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de internet, que hoy carece de todo marco regulatorio.<\/p>\n
Autores como Ronald Dworkin sostienen que los derechos fundamentales no pueden colisionar en su n\u00facleo esencial. En casos de conflicto, debe prevalecer el respeto a la dignidad humana, incluso si ello implica limitar parcialmente el acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
La exhibici\u00f3n p\u00fablica de imputados constituye una pr\u00e1ctica incompatible con un Estado de derecho que se precie de tal. No solo vulnera la presunci\u00f3n de inocencia, sino que tambi\u00e9n afecta la honra, la dignidad y el debido proceso. Como sociedad, debemos rechazar estas pr\u00e1cticas y promover una justicia penal respetuosa de los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de personas pertenecientes a pueblos originarios, hist\u00f3ricamente marginadas y estigmatizadas. Todo ello no debe interpretarse como una obstrucci\u00f3n a la justicia, sino m\u00e1s bien lo contrario. La justicia actuar\u00e1 bajo mejores condiciones de imparcialidad e igualdad cuando las personas sean tratadas de acuerdo con su naturaleza y dignidad.<\/p>\n
En muchos casos que involucran a personas connotadas (imaginemos lo que pasa con personas an\u00f3nimas), se ha utilizado el mecanismo de las \u201cfiltraciones\u201d, para favorecer o perjudicar a v\u00edctimas o victimarios.<\/p>\n
La promoci\u00f3n de los derechos fundamentales es una tarea colectiva y un deber \u00e9tico. Todos somos responsables de una mejor administraci\u00f3n de justicia. Y todos deber\u00edamos proteger la calidad de la justicia y su mayor objetividad, contra el riesgo evidente del desprestigio del sistema que deber\u00eda asegurar la aplicaci\u00f3n fundada de las leyes que nos hemos dado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Como sabemos bien, la desconfianza se ha instalado como un paradigma de los \u00faltimos tiempos. Esa desconfianza generalizada tambi\u00e9n afecta a las instituciones democr\u00e1ticas que existen precisamente para dar certezas de que el Estado act\u00faa en igualdad de condiciones respecto…<\/p>\n","protected":false},"author":1949,"featured_media":2620341,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11389,161,80,67],"tags":[29,26619,124693,398],"class_list":["post-2620340","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contenido-original","category-opiniones","category-pueblos-originarios","category-sudamerica","tag-chile","tag-derecho-a-la-informacion","tag-derechos-de-los-pueblos-originarios","tag-justicia"],"yoast_head":"\n