{"id":2618541,"date":"2025-07-10T23:04:03","date_gmt":"2025-07-10T22:04:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pressenza.com\/?p=2618541"},"modified":"2025-07-10T23:04:03","modified_gmt":"2025-07-10T22:04:03","slug":"derecho-sin-poder-limitaciones-estructurales-de-la-opinion-consultiva-oc-32-25-frente-a-la-emergencia-climatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pressenza.com\/es\/2025\/07\/derecho-sin-poder-limitaciones-estructurales-de-la-opinion-consultiva-oc-32-25-frente-a-la-emergencia-climatica\/","title":{"rendered":"\u00bfDerecho sin poder? Limitaciones estructurales de la Opini\u00f3n Consultiva OC-32\/25 frente a la emergencia clim\u00e1tica"},"content":{"rendered":"

La Opini\u00f3n Consultiva OC-32\/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un hito jur\u00eddico en la evoluci\u00f3n del derecho ambiental internacional, al integrar el cambio clim\u00e1tico dentro del corpus iuris de los derechos humanos. Sin embargo, y lamentando tener que pinchar el globo, desde una perspectiva estrictamente t\u00e9cnica, institucional y operativa, debemos precisar que\u00a0la viabilidad de implementaci\u00f3n efectiva de las medidas propuestas en el dictamen es profundamente cuestionable<\/strong>. Esta cr\u00edtica no parte de una objeci\u00f3n al esp\u00edritu ni a la pertinencia \u00e9tica del texto, sino de un an\u00e1lisis de sus contradicciones, ausencias pr\u00e1cticas y asimetr\u00edas estructurales entre Estados.<\/p>\n

Como siempre digo, para perfeccionar algo, primero hay que mirarlo de frente. Vamos a ello.<\/p>\n

Desfase entre el alcance normativo y la arquitectura institucional disponible<\/strong>
\nLa Corte IDH ha establecido est\u00e1ndares ambiciosos para los Estados, como la obligaci\u00f3n de reducir emisiones, garantizar el acceso a la informaci\u00f3n, proteger a defensores ambientales y reconocer el derecho humano a un clima sano. Sin embargo,\u00a0ninguna de estas obligaciones est\u00e1 sujeta a un sistema de verificaci\u00f3n o cumplimiento vinculante en el plano interamericano<\/strong>. La Opini\u00f3n Consultiva carece de efecto coercitivo y se inscribe en una l\u00f3gica de\u00a0soft law<\/em>. Esto significa que, aunque pueda ser invocada como marco interpretativo,\u00a0su implementaci\u00f3n depende por completo de la voluntad pol\u00edtica de cada Estado<\/strong>, muchos de los cuales no cuentan con capacidades t\u00e9cnicas, recursos financieros ni estructuras jur\u00eddicas adecuadas.<\/p>\n

Incluso si un pa\u00eds adopta las medidas exigidas, la eficacia de sus esfuerzos\u00a0puede quedar anulada por las acciones o inacciones de otros Estados m\u00e1s contaminantes<\/strong>. Esta desconexi\u00f3n entre responsabilidad jur\u00eddica y eficacia real\u00a0socava el principio de no regresividad ambiental y pone en tensi\u00f3n el principio de justicia intergeneracional<\/strong>\u00a0que el mismo fallo defiende.<\/p>\n

Ambig\u00fcedad y dificultades pr\u00e1cticas del concepto de \u201cderecho humano a un clima sano\u201d<\/strong>
\nEl reconocimiento de un derecho humano a un clima sano, aunque progresista en el plano \u00e9tico, presenta\u00a0serias dificultades operativas<\/strong>. A diferencia del derecho a un ambiente sano \u2014que puede ser defendido mediante par\u00e1metros concretos como calidad del aire, niveles de agua, biodiversidad\u2014,\u00a0el clima es una construcci\u00f3n global, multicausal, no lineal y no localizable jur\u00eddicamente.<\/strong><\/p>\n

\u00bfQui\u00e9n responde, por ejemplo, por una sequ\u00eda agravada en Centroam\u00e9rica si su causa se vincula a emisiones hist\u00f3ricas de Asia o Estados Unidos? \u00bfA qu\u00e9 Estado puede exig\u00edrsele el cumplimiento del \u201cderecho al clima sano\u201d? El concepto, tal como est\u00e1 formulado,\u00a0carece de herramientas jur\u00eddicas claras de exigibilidad o reparaci\u00f3n directa<\/strong>, y su traslado al litigio ambiental podr\u00eda generar falsas expectativas o desviar recursos hacia demandas simb\u00f3licamente poderosas, pero jur\u00eddicamente fr\u00e1giles.<\/p>\n

Supuestos problem\u00e1ticos sobre las capacidades diferenciadas de los Estados<\/strong>
\nAunque la Corte invoca el principio de \u201cresponsabilidades comunes pero diferenciadas\u201d (CBDR), propio del derecho clim\u00e1tico internacional, no desarrolla\u00a0ning\u00fan mecanismo t\u00e9cnico o pol\u00edtico para operacionalizarlo en el marco interamericano<\/strong>. El resultado es que pa\u00edses como Hait\u00ed, Honduras o Bolivia se ven llamados a cumplir compromisos similares \u2014aunque en teor\u00eda adaptados a sus capacidades\u2014 que pa\u00edses con mayor capacidad institucional y menor vulnerabilidad.<\/p>\n

Esta equiparaci\u00f3n en la obligaci\u00f3n de \u201cadoptar disposiciones internas\u201d, \u201cmitigar\u201d, \u201cregular\u201d y \u201cadaptar\u201d omite un hecho fundamental:\u00a0muchos Estados parte de la Corte IDH est\u00e1n atrapados en econom\u00edas extractivas por dise\u00f1o estructural<\/strong>, y no pueden simplemente \u201cregular a los particulares\u201d sin romper el v\u00ednculo mismo de sus ingresos fiscales.<\/p>\n

En la pr\u00e1ctica,\u00a0estos Estados son v\u00edctimas de un modelo econ\u00f3mico global que la Opini\u00f3n no problematiza ni confronta estructuralmente<\/strong>. La Corte reconoce las causas antropog\u00e9nicas y la desigualdad, pero no analiza ni sugiere caminos para enfrentar la arquitectura del comercio internacional, las inversiones en carbono, los tratados bilaterales de inversi\u00f3n, o el poder de las empresas transnacionales que bloquean regulaciones clim\u00e1ticas a trav\u00e9s del arbitraje internacional.<\/p>\n

Omisi\u00f3n de la dimensi\u00f3n militar y geopol\u00edtica del cambio clim\u00e1tico<\/strong>
\nLa Opini\u00f3n Consultiva hace una omisi\u00f3n cr\u00edtica al\u00a0no considerar el rol de los complejos militares-industriales como agentes clim\u00e1ticos<\/strong>. Las fuerzas armadas de ciertos pa\u00edses \u2014especialmente fuera de Am\u00e9rica Latina, pero con presencia estrat\u00e9gica en la regi\u00f3n\u2014 son algunos de los mayores emisores de gases contaminantes, protegidos por cl\u00e1usulas de excepci\u00f3n en tratados como el Acuerdo de Par\u00eds.<\/p>\n

El hecho de que no se mencione el impacto clim\u00e1tico de bases extranjeras, operaciones extractivas protegidas por tratados militares, o el uso de tecnolog\u00edas de vigilancia de alto consumo energ\u00e9tico,\u00a0revela un sesgo diplom\u00e1tico que limita la potencia transformadora del documento<\/strong>. Si los Estados parte no tienen soberan\u00eda plena sobre sus recursos ni sobre sus decisiones estrat\u00e9gicas en materia ambiental por razones geopol\u00edticas, entonces la exigencia de responsabilidad estatal plena es, en s\u00ed misma, un artefacto jur\u00eddico ingenuo.<\/p>\n

La paradoja de exigir resiliencia sin garantizar redistribuci\u00f3n<\/strong>
\nFinalmente, la Corte sostiene que los Estados deben actuar \u201ccon perspectiva de resiliencia\u201d. Sin embargo,\u00a0la resiliencia sin redistribuci\u00f3n reproduce el statu quo<\/strong>. Ning\u00fan modelo de adaptaci\u00f3n clim\u00e1tica sostenible ser\u00e1 viable si los sistemas de financiamiento clim\u00e1tico \u2014ya sean p\u00fablicos, multilaterales o privados\u2014 no se democratizan y descentralizan.<\/p>\n

Las medidas propuestas por la Corte asumen impl\u00edcitamente que la resiliencia puede lograrse con ajustes normativos, participaci\u00f3n ciudadana y voluntad pol\u00edtica. Pero en ausencia de\u00a0transformaciones materiales en los sistemas tributarios, las relaciones centro-periferia y las reglas del comercio global<\/strong>, la resiliencia se convierte en una consigna t\u00e9cnica m\u00e1s que en una realidad posible.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

La Opini\u00f3n Consultiva OC-32\/25 es un documento de enorme valor simb\u00f3lico, normativo y pedag\u00f3gico. Sin embargo, desde un enfoque t\u00e9cnico-cient\u00edfico y de gobernanza internacional, su contenido revela l\u00edmites estructurales que comprometen su viabilidad real.\u00a0No basta con declarar derechos sin cuestionar el marco global que impide su cumplimiento<\/strong>. El reto no est\u00e1 solo en lo jur\u00eddico, sino en lo pol\u00edtico, econ\u00f3mico y epistemol\u00f3gico. Lo que est\u00e1 en juego no es \u00fanicamente el reconocimiento de derechos, sino la transformaci\u00f3n radical de los sistemas que impiden su realizaci\u00f3n.<\/p>\n

 <\/p>\n

ANEXO \u2013 S\u00cdNTESIS DE LA OPINI\u00d3N CONSULTIVA OC-32\/25 DE LA CORTE IDH<\/strong><\/p>\n

El\u00a09 de julio de 2025<\/strong>, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emiti\u00f3 su Opini\u00f3n Consultiva OC-32\/25, en respuesta a la solicitud presentada en\u00a0enero de<\/strong> 2023<\/strong>\u00a0por\u00a0Chile y Colombia<\/strong>, en la que establece con car\u00e1cter vinculante las\u00a0obligaciones estatales frente a la emergencia clim\u00e1tica desde una perspectiva de derechos humanos<\/strong>. Se trata del proceso m\u00e1s participativo en la historia del tribunal, con m\u00e1s de 600 actores involucrados y audiencias p\u00fablicas en Barbados y Brasil.<\/p>\n

La Corte declara que\u00a0la emergencia clim\u00e1tica es un hecho probado cient\u00edficamente,<\/strong> causado por actividades humanas desigualmente distribuidas entre Estados, y que\u00a0afecta de forma incremental y desproporcionada a las personas m\u00e1s vulnerables<\/strong>. Exige por ello\u00a0acciones estatales urgentes, eficaces y coordinadas<\/strong>, bajo los principios de resiliencia, equidad y justicia clim\u00e1tica.<\/p>\n

Entre sus puntos clave:<\/p>\n