El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), valora y celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de Chile, a favor de los defensores ambientales de Penco, Camila Arriagada y Arnoldo C\u00e1rcamo, y que revoca el anterior fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Concepci\u00f3n, el cual acog\u00eda el recurso de protecci\u00f3n de la Minera Aclara. De igual forma, se emplaza al Servicio de Evaluaci\u00f3n Ambiental (SEA) a pronunciarse respecto a la intimidaci\u00f3n contra defensores de derechos humanos, en el intento de acallar voces cr\u00edticas.<\/p>\n
Dicho recurso se\u00f1alaba a Camila y Arnoldo de difundir cr\u00edticas a la minera en redes sociales en el contexto del rechazo comunitario al proyecto extractivista en el territorio. Este fue desestimado por la Corte Suprema al no existir pruebas que acrediten la autor\u00eda de los acusados de las publicaciones mencionadas en redes sociales. Entre tanto el fallo pone en evidencia la falta de rigurosidad con la que actu\u00f3 la corte inferior al no contar con antecedentes que sustentaron la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
Entre los argumentos de la Corte Suprema se lee:\u00a0 \u201cSi bien es cierto, la Constituci\u00f3n garantiza a todas las personas el derecho a la honra y la vida privada y permite el empleo del recurso de protecci\u00f3n para hacerlo efectivo, tal como se se\u00f1ala en sus art\u00edculos 19 N\u00b0 4 y 20, no lo es menos que en su art\u00edculo 19 N\u00b0 12, se garantiza tambi\u00e9n la libertad de emitir opiniones y de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esa libertad, seg\u00fan lo establezca la ley de qu\u00f3rum calificado dictada al efecto\u201d<\/p>\n
Con este fallo se sienta un precedente para los movimientos socioambientales al reconocer que la libertad de expresi\u00f3n y el derecho a defender el territorio no pueden ser censurados mediante mecanismos judiciales improcedentes.\u00e7<\/p>\n
\u00abEs una se\u00f1al muy positiva para dejar en claro que la empresa se equivoca y tiene malas pr\u00e1cticas con la comunidad al judicializar a personas con voces cr\u00edticas a este proyecto minero, y deja en evidencia el mal funcionamiento de una corte de apelaciones que daba un fallo sin tener pruebas de forma arbitraria. Todo intento de callarnos no tiene lugar en la justicia ni en el movimiento social donde llevamos a\u00f1os oponi\u00e9ndonos a este proyecto\u00bb, manifest\u00f3 Camila Arriagada.<\/p>\n
Ante la decisi\u00f3n de la Corte Suprema, desde OLCA se reafirma el compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades, la protecci\u00f3n de los ecosistemas y la denuncia de toda forma de persecuci\u00f3n judicial que busque silenciar a quienes alzan la voz frente al extractivismo, siendo este fallo un paso m\u00e1s en la lucha por la justicia ambiental y por territorios libres de amenazas corporativas.<\/p>\n
Sin embargo, se espera una respuesta de otras instituciones. \u201cEl proyecto minero de Tierras Raras est\u00e1 siendo evaluado en el marco del Sistema de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (SEIA) y las personas atacadas por la empresa son reconocidos ciudadanos\/as que participan de los procesos impulsados por la institucionalidad\u201d, expres\u00f3 Lucio Cuenca, director del OLCA.<\/p>\n
As\u00ed, el Acuerdo de Escaz\u00fa exige que el Estado,\u00a0 -representado en este caso por el SEA, el Ministerio de Medio Ambiente, la Subsecretar\u00eda de DDHH y el resto de la institucionalidad competente-, se pronuncie y tome medidas para dar garant\u00edas y protecci\u00f3n a los mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana del proceso de evaluaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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